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Más sentencias que consecuencias: intentar favorecer al candidato de la casa suele salir gratis en la universidad

Las conductas irregulares en la adjudicación de plazas suelen quedar indemnes.

Daniel Sánchez Caballero

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Alejandro se presentó a un concurso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el que no había baremos. No se sabía cuánto valía cada mérito. Algo muy similar le sucedió a Lourdes en la Rey Juan Carlos, en Madrid. A Francisco en su proceso selectivo en la Universidad de Murcia no le contabilizaron varias publicaciones ni horas de docencia. Daniel se presentó al mismo concurso en la Autónoma de Madrid que el hijo de un profesor del departamento que alegó méritos que nadie comprobó que existían. María se las vio en la Complutense con un tribunal “con prejuicios y con la intención de que no pudiera optar tomar posesión” de una plaza, según admitió la propia universidad. En el CSIC, que tiene un funcionamiento similar a la universidad, varios candidatos observaron con estupor cómo un miembro del tribunal que debía adjudicar una plaza tenía “una relación íntima” con uno de los aspirantes, que acabó sacando la plaza.

Todos estos casos tienen un elemento en común: el candidato de la casa sacó la plaza en primera instancia, otros aspirantes que se sentían agraviados recurrieron y la Justicia acabó dándoles la razón. En muchas ocasiones lo hizo con sentencias en la que los jueces muestran su sorpresa por la actuación del tribunal que concedió el puesto.

“La actuación de la Comisión carece de rigor antes, durante y después de apreciarse el fallo que expuso el demandante (...). Lo que refleja el expediente y la sucesión de informes y actas es una actuación inverosímil”, dice el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas. “Llama la atención la inexistencia de comprobación alguna (...) ante la recusación formulada, máxime ante la circunstancia de que los hechos fueron advertidos (...)”, le reprocha su homólogo de Madrid al CSIC por no comprobar la relación entre el aspirante y el secretario del tribunal. “Llama la atención de la Sala la pasividad del órgano competente ante la gravedad de los hechos denunciados y las múltiples circunstancias concurrentes que, sin duda, debieron motivar una mínima indagación, de la cual no hay rastro”, continúa. El magistrado de la UAM calificó de “extraña circunstancia” que los dos primeros en un concurso rechazasen la plaza y que nadie comprobara los méritos que decía tener un aspirante. En Salamanca, otro juzgado argumentó que las plazas que había sacado la universidad “limitaban el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad” a otros candidatos por estar demasiado dirigidas.

Todos estos casos tienen otra cuestión en común: las consecuencias para quienes cometieron estas conductas irregulares (según establecen las sentencias), incomprensibles en ocasiones para los jueces, fueron nulas. En los procesos judiciales solo se responde a lo que se plantea y rara es la vez que alguien pide responsabilidades a un tribunal; si nadie les pregunta –y nadie lo ha hecho por el momento en estos casos– los jueces no entran a valorar si las hay. En los pocos casos que sí se pone una querella los supuestos responsables suelen acabar absueltos, aunque hay alguna rara sentencia condenatoria. Pero, en general, intentar favorecer a un candidato sobre otros casi siempre sale gratis en la universidad.

“Muy poca gente se atreve a denunciar”

El problema es que cuando se reclama por la vía judicial que se han cometido irregularidades en un proceso selectivo se acude al contencioso-administrativo. Y en esta instancia se evalúan solo las decisiones específicas administrativas. “En lo contencioso administrativo se va a valorar la plaza. Podrá calificar los errores si el juez se quiere mojar, pero solo revisan la actuación, no consideran si hay otro delito o falta u otra cosa”, explica Alejandro García, socio del bufete Socilegal, especializado en derecho universitario.

Parte del problema, añade el abogado, es “que las resoluciones se acaban despersonalizando, aunque las decisiones las tomen personas. Cuando se recurre se hace contra la Universidad y las personas acaban no teniendo responsabilidad porque son administración. Se desvincula a la persona que hace el acto con el acto en sí”.

Si se cree que alguien ha cometido un delito (el más común es la prevaricación, que implica tomar una decisión injusta a sabiendas) hay que denunciar específicamente esa conducta. “Pero muy poca gente se atreve”, sostiene José Mateos, profesor ayudante doctor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia y que previamente ejerció como abogado durante 12 años, llegando a representarse a sí mismo en un par de procesos selectivos en la universidad. “Por un lado porque es muy caro, y más en el caso de un proceso penal [como sería un caso de prevaricación]. Por otro está el miedo a la estigmatización que mucha gente tiene. En la universidad se conoce todo el mundo y si quedas como conflictivo va a trascender tu departamento”.

También existe la posibilidad de denunciar internamente, a los servicios que la universidad tenga habilitados para ello, pero por esta vía es aún más infrecuente el éxito. “Las universidades tienen la potestad de sancionar administrativamente a los funcionarios. Tienen sus códigos de conductas y herramientas, que pueden ir desde el reproche hasta la suspensión de seis años de empleo y sueldo. Podrían abrir expedientes, sin llegar a la vía penal. Pero no lo hacen porque –supongo– hoy por ti, mañana por mí”, ilustra el abogado García.

Un corporativismo que conoce todo el que se ha acercado alguna vez a una universidad y que se materializa en que tres de cada cuatro profesores están trabajando en la misma universidad en la que hicieron la tesis, según datos del Ministerio de Universidades. El proceso es más o menos así: alguien entra en un grupo de investigación para hacer el doctorado, se pasa cuatro o más años trabajando en él. Su(s) jefe(s) quieren que se quede y le piden a su departamento que saque una plaza. Ese puesto es para él, pero como las convocatorias para ser funcionario tienen que ser públicas y abiertas a todos siempre se puede colar un intruso. Y para evitarlo a veces se dirigen los concursos. La fórmula más habitual es solicitar unos méritos, un perfil, que se ajusten al del candidato que se quiere favorecer. Pero a veces no se publican los criterios con los que se va a adjudicar una plaza. O no se le da publicidad para evitar concurrentes. O se dirigen las entrevistas para dar más puntos a alguien.

Pero a veces se hace con exceso de celo y el intruso recurre. Y gana. El problema es que el precio lo paga quien denuncia, quien quiere que se haga justicia y la plaza se adjudique por igualdad, mérito y capacidad, como establece la Constitución.

Y denunciar tampoco suele resolver la situación. Lo habitual es que los jueces –casi siempre en segunda instancia, en la primera no se suele mojar– den la razón al demandante, anulen las actuaciones y obliguen a repetir el proceso, con lo que esa persona se puede ver de nuevo frente al mismo tribunal al que ha denunciado. “El sistema favorece que pase esto en la universidad, y la gente que está haciendo carrera universitaria se siente más indefensa que en otras administraciones”, corrobora Mariona Torra, abogada especialista en derecho administrativo del Colectiu Ronda. “Y los jueces son reticentes a meterse en el papel cualificador”.

En la Oficina de Integridad Científica han lidiado con estos problemas. “Demostrar una prevaricación administrativa es muy complicado”, explica uno de sus miembros. “Hay abogados y jueces que no acaban de entender el problema de la endogamia y eso afecta a los juicios. Hemos tenido casos en los que había que explicárselo al juez de manera detallada”, explican.

Y en cualquier caso siempre es complicado certificar la mala voluntad expresa, añade Mateo. “A la hora de demostrar la malicia, el dolo que justifica la prevaricación, los jueces suelen exigir una prueba plena, incontestable, y absolutamente evidente de la existencia de ese ánimo de prevaricar (dictar una resolución administrativa a sabiendas)”.

En cualquier caso, cierra, “es muy importante que la gente se anime y acuda a la vía penal. Si no, estas cacicadas son como jugar a un videojuego. Los que las cometen, meten a sus enchufados, manejan aquello como si fuera un cortijo están jugando a un videojuego. Si va bien, estupendo. Si no, el efecto negativo es el mismo que perder una partida”.

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