En el Parlamento, los tribunales o la calle: el PP pelea por defender la privatización de los servicios básicos

Acción-reacción, el PP está respondiendo a los movimientos de los últimos meses del Gobierno para limitar la expansión de lo privado en la educación y la sanidad. Desde lo legislativo, a través de leyes autonómicas o iniciativas diversas, hasta lo judicial, donde entran los recursos hasta donde haga falta llegar, los populares defienden su modelo educativo, que por extensión es lo mismo que defender la “colaboración público-privada”, alrededor siempre de la idea de la “libertad de elección”, que el Estado no puede socavar favoreciendo lo público, según su argumentario.

Universidad, FP, educación obligatoria, atención primaria, especializada, hospitales... El partido de Alberto Núñez Feijóo pelea en todos los frentes y contras las medidas del Ejecutivo en favor de lo público. En el Congreso o en las asambleas autonómicas. En la calle, en los medios o en los juzgados, y lo hace como parte de un enfrentamiento abierto entre PP y Gobierno a cuenta del modelo de país. Pedro Sánchez, tras siete años largos en La Moncloa, ha decidido dar la batalla ideológica al PP, históricamente menos reacio a aplicar sus políticas allá donde puede.

Lo explicó el presidente el día que presentó el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades. “Primero recortan recursos para minar su funcionamiento y, después, se cuestiona su servicio y calidad, precisamente afectados por los recursos que se detraen. Finalmente, cuando el deterioro es evidente, presentan la privatización como única salida”, razonó entonces Sánchez. Sirve para los colegios, las universidades o los hospitales.

Primero fue la universidad, luego los hospitales

Recurrir este decreto, que el Gobierno modificó el pasado mes de octubre para endurecer los requisitos necesarios para abrir (o mantener) una universidad, ha sido precisamente lo último que ha hecho el PP en materia educativa. Los populares han cargado contra este RD por todas las vías. Han acudido a los tribunales bajo la idea de que “invade competencias” y están tratando de derogarlo en el Congreso porque considera el partido que el Gobierno “se ha extralimitado en la regulación de una materia que precisa rango de ley, generar inseguridad jurídica, haber sido aprobado sin consenso, y regular unos criterios que atentan a la calidad del sistema universitario”, pese a que la CRUE (que reúne a más de 80 universidades, tanto públicas como privadas), sindicatos, alumnado y el resto de los partidos están a favor del texto, que también ha sido avalado por el Consejo de Estado.

También se han revuelto los populares contra el anuncio de una Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que pretende limitar, ni siquiera revertir, la privatización del sistema sanitario que comenzó con José María Aznar en 1997 y que en algunas comunidades gobernadas por los populares –históricamente Madrid, en los últimos años Andalucía aparece como alumna destacada– se ha disparado.

Tanto el PP nacional como los autonómicos salieron en tromba contra la ministra Mónica García. “La ministra García prefiere una sanidad 100% pública y colapsada que una sanidad eficaz que cuente con la colaboración público-privada. No se trata de gestión, se trata de sectarismo”, valoró la portavoz popular, Ester Muñoz, en una entrevista en RNE. “Andalucía defenderá su autonomía. No vamos a permitir que desde un despacho en Madrid se nos diga cómo gestionar nuestros hospitales si el modelo de colaboración es eficiente”, dijo Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz. “Esta ley es un ataque directo a la libertad y a un modelo que funciona. Intentan prohibir por ley lo que funciona para imponer su ideología, aunque eso suponga más listas de espera para los ciudadanos”, añadió la madrileña Díaz Ayuso.

El partido ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional con unos argumentos similares a los empleados para el decreto universitario: invade competencias. Lo afirmó Díaz Ayuso el mismo día que se anunció la norma, exactamente como sucedió con el decreto de universidades.

En el apartado de oposición y recursos futuros está también la FP desde que el presidente Sánchez anunciara, hace dos semanas, que pretende limitar la expansión privada en este sector, desenfrenada como lo está en otras etapas educativas o en la sanidad. Explicó Pedro Sánchez que el Gobierno va “a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías” porque algunos se han convertido en “chiringuitos que solo dan diplomas”, un argumentario calcado al que se utilizó con la universidad.

Calcada también ha sido la reacción popular. El portavoz de Educación, Jaime de los Santos, tachó a Sánchez de “hipócrita”. El del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, sostuvo que “el único chiringuito” es el que puso en marcha su mujer, Begoña Gómez, en alusión a la cátedra de la Complutense.

Regular a favor

Además de oponerse a lo que va intentando hacer o anuncia el Gobierno, la otra vía de defensa de lo privado pasa por regular en su favor allá donde puede, que en estos momentos es en varias comunidades autónomas, siempre con Madrid a la cabeza.

Está sucediendo estos días, con unas dificultades probablemente inesperadas que se han cobrado la cabeza del consejero de Educación, con las universidades. Entre otras muchas medidas, el proyecto de ley pone a disposición de los campus privados los recursos de los públicos como laboratorios, etc.

En Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla ha aprobado en solitario una ley que da voto a las universidades privadas en el diseño del sistema público.

Pero el ejemplo más paradigmático de esto quizá sea la Ley Maestra de libertad de elección educativa madrileña. Elocuente desde el nombre, la normativa se hizo en 2022 específicamente como respuesta a la ley nacional aprobada por el PSOE (Lomloe) y para “blindar” la escuela privada concertada, busque insignia del modelo educativo popular en la región, según admitió en su momento Ayuso.

Lo hace, por ejemplo, introduciendo el término “demanda social” para garantizar la oferta de plazas “sostenidas con fondos públicos”, la muletilla habitual cuando se quiere meter en el mismo saco a la escuela concertada y a la pública. Con esta “demanda social” y la “libertad de elección”, que el Gobierno regional nunca ha explicado como calcula, y cuando lo ha intentado no había argumentos, se justifica la creación de centros privados subvencionados, obviando que es difícil elegir público cuando no existe, como sucede en muchos nuevos desarrollos de Madrid.

Ya entonces el PP había recurrido a su movimiento habitual de intentar ganar en los tribunales lo que había perdido primero en las urnas y luego en el parlamento. Los populares participaron muy activamente de la campaña Más Plurales para intentar tumbar la última ley de educación, la Lomloe, a la que acusaban de atacar a la concertada. Fue aquella una campaña agresiva, en la que participó Hazte Oír con autobuses que mezclaban la imagen de la entonces ministra, Isabel Celáa, con Hitler, y en la que se recurrió incluso a niños pequeños.

El partido entonces de Pablo Casado recurrió a una táctica habitual en los azules: llevar a Europa lo que pierde en España. Como es habitual, porque muy rara vez Bruselas se inmiscuye en una ley nacional, no tuvo éxito.

Ayuso también ha sido pionera en crear el cheque-bachillerato, con el que paga parte de las matrículas centros privados de una etapa no obligatoria a familias que ingresen hasta 140.000 euros al año, un colectivo que para la presidenta es “clase media” y que necesita ayuda porque nunca nadie se acuerda de él, según ha explicado en alguna ocasión.