Las 'fake news' están en boca de todos, pero eso no hace que sea más fácil definirlas. Varios gobiernos europeos que se afanan en legislar para tratar de evitar sus poderosos efectos se percatan de que no saben describir con palabras este concepto. Sandrine Morel, corresponsal de 'Le Monde' en España, considera que, si bien había ya un caldo de cultivo propicio, estas falsedades y verdades a medias han sido un vehículo muy eficaz para el auge de los nuevos populismos, los del siglo XXI. En las séptimas jornadas de 'Periodismo a pie de calle' celebradas en Vitoria, esta francesa ha analizado el peligro que supone este "cóctel desestabilizador" para Europa. 

"Los populismos del siglo XXI se caracterizan por definir un 'nosotros', un pueblo homogéneo, y un 'ellos', las élites; por criticar a la democracia representativa, y por sacralizar el referéndum", ha explicado este miércoles Morel ante una nutrida audiencia en el Palacio de Congresos Europa. En una época en que las redes sociales son el principal medio de información, considera la francesa, desaparecen los filtros que antes ejercían los periodistas y los populistas pueden llegar directamente a los electores. "Gracias a Internet, todos los mensajes se viralizan y los populistas pueden llegar a personas muy concretas, cuyas preocupaciones se conocen de antemano. Las 'fake news' refuerzan sus prejuicios, con el propósito último de cambiar su voto", explica, y añade: "Como van en línea con sus prejuicios, se creen sin hacer una lectura crítica. Cada uno puede encontrar su propia verdad en Internet".

La diplomacia palestina ha contactado con el Gobierno español para pedirle que informe a la empresa vasca CAF de la situación que se vive en Jerusalén y lograr así que no participe en la ampliación de su tranvía, para la que habrá que expropiar tierras palestinas en zona ocupada por Israel. En caso de que siga adelante, amenaza con pedir a otros "países vecinos y amigos árabes" que tomen medidas punitivas contra la empresa, negándose a trabajar con ella.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha expresado a las autoridades españolas su malestar por el hecho de que la multinacional vasca CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), con sede en Beasain, participe en un proyecto que consideran que servirá para conectar las colonias israelíes de Jerusalén Este y la Cisjordania ocupada con el centro de la ciudad. Desde la empresa, contactada por este diario, se niegan a hacer declaraciones al respecto.

Las obras para remodelar el entorno del Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria arrancan el lunes 2 de septiembre. La empresa Opacua S.A. trabajará durante once meses en cinco calles del centro de la ciudad para cambiar el pavimento, renovar las instalaciones de alumbrado y saneamiento, ganar espacio para el uso peatonal y mejorar la accesibilidad.

El eje sobre el que girarán las obras es el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, edificio que tras su inauguración en 1922 fue primero un teatro y después sede del Banco de España. El proyecto está definido en tres fases y ya en la primera de ellas se acometerá la peatonalización de la cuesta de San Francisco. Para ello, se eliminarán desde el primer día los aparcamientos de esa calle, si bien, "salvo trabajos puntuales que puedan surgir", el Ayuntamiento no prevé cortes de circulación de vehículos. La intención, según el Consistorio, es habilitar el nuevo carril definitivo —que discurrirá entre la subdelegación del Gobierno y el Centro Memorial— en esa primera fase y evitar así los cortes.

"A pesar de que el antiespecismo pida hoy por hoy unos mínimos colectivos muy sencillos de cumplir en los espacios de lucha y resistencia, estos no siempre se cumplen". Así arranca el comunicado con el que el Frente de Liberación Animal reivindica la liberación de unas gallinas en el barrio 'okupado' de Errekaleor, en Vitoria. Sus vecinos, mientras tanto, se han reunido en asamblea a raíz de este suceso para condenarlo y exigir autonomía para el barrio.

Los hechos sucedieron alrededor de las seis de la mañana del domingo 18 de agosto. "Varias personas encapuchadas atacaron el gallinero de un grupo autónomo que se encuentra en el espacio del barrio, produciendo diferentes desperfectos y haciendo desaparecer las gallinas", reza el comunicado publicado por Errekaleor Bizirik —que en euskera significa "Errekaleor Vivo"—, el colectivo que gestiona el barrio ocupado.

Ya son más de 20.000 los vascos que viven en las más de trescientas residencias de ancianos existentes. La sociedad vasca —de las más envejecidas del mundo— afronta los retos devenidos de la mayor esperanza de vida y menor natalidad, que obligan a tomar medidas. Recientemente se ha aprobado un nuevo decreto de residencias que regulará el funcionamiento, las ratios de personal y la distribución interna de todos los centros, tanto públicos como privados. Sin embargo, diferentes agentes del sector lo critican por diversos motivos.

Las reivindicaciones arrancaron en septiembre de 2016, cuando las trabajadoras de las residencias de Bizkaia se lanzaron a la huelga, para protestar por las precarias condiciones laborales que las asfixiaban. La huelga terminó al cabo de 370 días, con la firma de un preacuerdo de convenio con las patronales del sector. Este verano llegó el turno de las trabajadoras guipuzcoanas, con unas exigencias muy similares: mejora de las ratios para poder cuidar a unos ancianos que se merecen dignidad. En Álava ha habido también protestas, aunque menos contundentes.

El ingente despliegue de seguridad con motivo del G7, que se celebra en Biarritz pero que afecta de lleno al día a día de la zona fronteriza con España, ha motivado la movilización de 2.810 efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi, 1.878 guardiaciviles y 932 policías nacionales. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha dado este jueves el pistoletazo de salida a este despliegue extraordinario al visitar San Sebastián –donde se reúne una de las mesas de crisis creadas para la gestión de las incidencias de la cumbre y de la contracumbre-, la frontera a la altura de Behobia y las patrullas de la Guardia Civil del puerto de Hondarribia.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen competencias limitadas de control de fronteras y apoyo de la Policía francesa, mientras que el papel protagonista a este lado de la frontera en cuanto a orden público y control del Tráfico es responsabilidad de la Ertzaintza, que tiene operativos estos días hasta 4.000 efectivos. Pero Grande-Marlaska ha reconocido que Guardia Civil y Policía Nacional han movilizado también equipos operativos y unidades especiales "como apoyo" de la Policía autonómica tanto para una "hipotética petición de cooperación" como para actuar "cuando sea necesario e indefectible actuar".

Mientras los veraneantes que quedan en la coqueta Biarritz hacen cola para comprar un par de bolas de helado junto a la gran playa de la localidad vascofrancesa y los surferos cazan olas, una tanqueta negra de los RAID de la Policía Nacional de Francia patrulla el centro de esta ciudad de 25.000 habitantes. Al doblar la esquina aparecen motoristas de la Gendarmería y un poco más allá se ven furgonetas antidisturbios por doquier. Al pasear hay que tener cuidado para no golpear con la mochila el cañón de la metralleta del agente apostado en la esquina. Los militares hacen estiramientos en sus garitas. También se ven perros y artificieros. La llegada de los principales líderes mundiales para el G7 de este fin de semana ha parecido traer la antesala del fin del mundo a esta ciudad balneario.

Este miércoles se han completado las ruedas de reconocimiento de los seis hombres acusados de la violación grupal. Este procedimiento no ha alterado las medidas cautelares impuestas contra ellos. Tres han pasado por dos ruedas de reconocimiento en las que la víctima ha conseguido identificarlos a todos. Sin embargo, la jueza ha decretado que permanezcan en libertad, alegando que puede haber dudas sobre la identificación y que, además, han de comparecer diariamente ante el juzgado. De los otros tres acusados, uno permanece en prisión y no ha pasado por este trámite judicial, ya que fue identificado claramente a partir de un tatuaje. Los otros dos se sometieron este martes a otro proceso de identificación, en el que la víctima confundió a un figurante con uno de ellos. Uno está en libertad con cargos, mientras que el otro continúa en prisión, dado que tenía unos arañazos en la espalda que la víctima aseguró haberle hecho tratando de defenderse.

La víctima ha identificado en dos ruedas de reconocimiento celebradas este miércoles a los tres acusados que han pasado por ellas. En la primera había dos investigados acompañados de cuatro figurantes, mientras que el otro acusado ha compartido sala con cinco figurantes. Fuentes judiciales informan a Efe de que, pese a que la víctima ha identificado a los tres, la jueza ha decidido dejarlos en libertad, puesto que tienen impuestas medidas cautelares y han de comparecer a diario ante el juzgado.

Nuevo vertido en aguas alavesas. La semana pasada fue en el río Omecillo y, en esta ocasión, le ha tocado al Baias. El PP y la plataforma ecologista Zadorra Bizirik denunciaron el lunes un vertido contaminante, "al parecer, de aguas fecales", cerca de la localidad de Pobes, que ha provocado que las aguas se enturbien y emitan mal olor en la zona. La Agencia Vasca del Agua (URA) se ha acercado para tomar muestras, pero de momento se limita a pedir más tiempo para analizarlas.

"Por los datos de los que disponemos, se trata de un colector que está vertiendo residuos cerca de Pobes, río abajo, donde apenas corre agua. Parecen aguas fecales", comenta el portavoz ecologista Andrés Illana acerca del Baias. Explica que existen diferentes puntos de la cuenca del río en los que los vertidos están autorizados, si bien uno de ellos, que pertenece al municipio de Ribera Alta, está catalagado como "desconocido"; esto es, no es público qué entidad vierte ahí. Podría ser uno de los contaminantes.