Se marcharon para llevar la ‘marca Navarra’ en volandas por todo el mundo. Ahora, al no haber cumplido la cláusula de retorno a la comunidad foral, varios de los receptores de la beca concedida como parte del Plan de Internacionalización se ven obligados a devolverla. Aunque acceden a hacerlo, alegan falta de transparencia y dificultades para hacer efectiva la devolución, lo que provoca que los intereses sigan corriendo durante meses.

101 son los alumnos que se beneficiaron de las becas. Algunos de ellos ya han devuelto el dinero, pero otros deben a las arcas forales entre 20 000 y 150 000 euros. Mientras que el Gobierno insiste en que firmaron las condiciones y por tanto deben devolver el importe recibido en concepto de beca, un grupo de becarios se ha reunido para exigir facilidades y el inicio de un diálogo que analice si el plan fue un éxito o un fracaso.

El tribunal de un examen de oposición se vio obligado el pasado 27 de mayo a recoger los exámenes que ya se habían repartido al percatarse de que las respuestas correctas estaban marcadas en gris, informa la Cadena SER. Además de algunos de los opositores al puesto de técnico del archivo municipal de Vitoria-Gasteiz, también se dio cuenta de que las respuestas estaban sombreadas un miembro de la organización, que empezó a pedir a gritos que cerrasen las hojas.

Recogidos los exámenes defectuosos, el tribunal propuso cambiar de fecha la celebración de la prueba, pero, ante las protestas de los aspirantes, la retrasó tan solo una hora y media, hasta las 10:30. Desde el Ayuntamiento se asegura que el modelo de test empleado para la segunda ocasión era nuevo, pero varios opositores identificaron preguntas repetidas, si bien con las posibles respuestas cambiadas de orden.

La mirada feminista que aplica a la economía le ha llevado a la conclusión de que éste es un momento en el que se requieren cambios sistemáticos y estructurales. Amaia Pérez Orozco, reputada economista dedicada al estudio de la sostenibilidad de la vida, considera que son las mujeres las que sostienen mayor carga de trabajo (tanto remunerado como no remunerado), al mismo tiempo que sus empleos están también más invisibilizados. “Existe la necesidad de impulsar un análisis feminista de la economía, porque estamos en un momento de urgencia”, alerta. Y con ese objetivo, con el de impulsar un debate social que conlleve cambios, compareció el pasado miércoles ante la comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco.

Según el último informe elaborado por Eustat, las mujeres realizan prácticamente dos horas más de trabajo no remunerado al día que los hombres. Es por esto que Pérez Orozco lo considera el “gran gigante oculto”. “El no remunerado también es trabajo —sostiene— y está en el corazón de las desigualdades entre hombres y mujeres”. Esto redunda en una “división sexual del trabajo”, por la que la mayor parte del trabajo de las mujeres es no remunerado, mientras que la mayor parte del de los hombres es pagado.

“Hay que poner nombre a los problemas, porque, de lo contrario, no existen”. Es una de las máximas de Andoni Anseán Ramos, presidente de la Sociedad Española de Suicidología, que considera imprescindible hablar del suicidio, un tema que hasta ahora ha estado invisibilizado. En Euskadi, se suicida una persona cada dos días, 180 al año; es, de hecho, la principal causa de muerte no natural. Con el objetivo de ilustrar sobre este asunto, la asociación Asafes ha organizado en Vitoria-Gasteiz el seminario 'Rompiendo el tabú del suicidio'.

Silenciado durante años hasta el punto que se recomendaba que los medios de comunicación no informaron de ello, los expertos coinciden ahora en que es necesario hablar sobre suicidio para poder abordarlo con mayor efectividad. Anseán ha estado acompañado de Jon García Ormaza, psiquiatra y experto en el tema, y Cristina Blanco Fernández de Valderrama, cofundadora de la Asociación Vasca de Suicidología, para aportar luz, ante más de un centenar de profesionales diferentes ramas, sobre esta oculta problemática.

“Preocupación máxima e intranquilidad total”. Esas son las sensaciones que ha transmitido el presidente de comité de empresa de Euskaltel, Javier del Blanco, ante la designación de José Miguel García Fernández como su nuevo consejero delegado. Este nombramiento va en sintonía con los movimientos emprendidos por el fondo de capital riesgo británico Zegona, entre cuyos planes se cuenta el aterrizaje de la marca Virgin Mobile a España, lo que supondría una revolución entre las operadoras españolas.

La inquietud ha llegado incluso al Parlamento vasco, que, reunido en pleno, ha aprobado un texto con los apoyos de PNV, PSE-EE y PP en el que pide al Gobierno vasco y a Kutxabank y sus propietarios la implementación de medidas que garanticen el arraigo de Euskaltel. EH Bildu había presentado previamente una proposición de ley criticando los pasos dados por el Ejecutivo en lo relativo a la empresa de telecomunicaciones. Asimismo, alegaba que ahora mismo se encuentra “bajo el control de un fondo buitre extranjero”.

Su azaroso estilo de vida y su pluma inquieta lo llevaron a descubrir diferentes rincones del mundo. A mediados de los años veinte, cayó en esta esquina bañada por las aguas del Cantábrico. Ernest Hemingway, cuya carrera sería reconocida tres décadas después con los prestigiosos premios Pulitzer y Nobel, quedó prendado de inmediato por las tierras vascas, y así lo hizo notar también en sus obras. Ahora, un siglo después, se pueden seguir los itinerarios que trazó el escritor estadounidense, incansable viajero, con el diseño de un recorrido en seis etapas y conocido como 'The Hemingway Basque Route'.

La travesía arranca en San Sebastián. La primera etapa, 'The Sun Also Rises / Fiesta', con 35 km, dirige al viajero desde San Sebastián hasta Txingudi. La segunda, denominada 'Uno de los grandes', son 76 km desde la capital guipuzcoana hasta Eibar. De este pueblo armero sale la tercera etapa, bajo el título de 'Los vascos son muy buena gente', que lleva al viajero hasta Bermeo.

Labastida es un pueblo de unos 1500 habitantes ubicado en La Rioja alavesa. En los comicios municipales celebrados el pasado 26 de mayo, el Partido Popular se impuso y obtuvo cuatro escaños, seguido del Partido Nacionalista Vasco, con tres, y EH Bildu, con dos. Daniel García, el joven candidato de los populares, de tan solo 22 años, había conseguido llevar a su partido al triunfo en un pueblo hasta entonces gobernado por el PNV. García ha sorprendido a la dirección de su propio partido ofreciendo a Bildu un gobierno de coalición. Una oferta que también iba a trasladar al PNV; su máxima, que no puede haber líneas rojas. Estas intenciones contrastaban con las declaraciones hechas por Alfonso Alonso poco antes, advirtiendo al Partido Socialista de Navarra de que "es peligroso" acordar con Bildu porque aún no ha condenado "la historia criminal de ETA".

En uno de los pocos municipios vascos en los que el Partido Popular había logrado ser la lista más votada, García le ha ofrecido a Bildu las concejalías de Deportes y Euskara. En una entrevista para esRadio, el popular aseguraba: "en un ayuntamiento tan pequeño nos tenemos que entender todos". "El candidato de Bildu lleva toda la vida implicado en el mundo del deporte y, por tanto, le pedimos que dinamice el deporte desde el ayuntamiento", justificaba.

Clases pasivas o Seguridad Social. La diferencia, hasta 1000 euros cuando llega la jubilación. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los 1300 funcionarios de la Administración de Justicia englobados en ese primer régimen, alrededor de la mitad, perciben hasta mil euros menos de pensión.

La historia se remonta a 1996, cuando se produjo la transferencia del personal administrativo de Justicia a la Administración autonómica. El sindicato alcanzó en 2010 un acuerdo con el Departamento de Justicia para paliar las diferencias, en caso de que existiesen. Apoyándose en una sentencia firme, la CSIF exigió la elaboración de un estudio comparativo en 2017, que mostró que unos y otros percibían efectivamente cantidades diferentes. Tenía como fin “equiparar las diferencias a las mejores condiciones” que pudiesen existir. El estudio concluyó que el personal en régimen de clases pasivas cobraba menos cada mes: los que habían sido trabajadores de auxilio judicial, la categoría en la que se notaron las mayores diferencias, percibían 1064 euros menos. Estas, aunque en menor medida, se daban también en otros puestos.

La lucha de las trabajadoras de las residencias de Bizkaia continúa. Ante el anuncio de los nuevos pliegos de concertación y de la congelación del precio por plaza en 81 euros hasta al menos octubre del año 2018, las trabajadoras decidieron la semana pasada continuar con la huelga hasta el 31 de octubre. Desde ELA se denuncia también que los salarios son entre un 40 y un 60% inferiores en las residencias subcontratadas. Asimismo, el número de trabajadoras que establecen las ratios para las concertadas son mucho menores. “Las ratios son trampa porque incluyen a todo el personal. Queremos que se suban las de atención directa”, exigen las trabajadoras reunidas con este diario. No obstante, denuncian que tanto la Diputaciónde Bizkaia como la patronal ignoran sus reivindicaciones. “Nadie quiere reunirse con nosotras, así que vamos a seguir igual”, aseguran.

La huelga sobrepasa ya los 300 días, pero las trabajadoras no están dispuestas a rendirse. La Diputación mantiene su postura de que se trata de un conflicto laboral entre empresas y trabajadoras, pero estas no lo consideran así. Marina Costa, que se muestra dispuesta a alcanzar la jubilación en huelga, cree que la resolución del conflicto concierne a la Diputación. “Si está subvencionando el 70% de las plazas concertadas algo tendrá que decir. Le compete. Es responsable de las condiciones de las trabajadoras y los residentes”, asegura. “Teniendo en cuenta", apunta, que nuestras condiciones son directamente proporcionales a la calidad y a la calidez del cuidado, la Diputación es directamente responsable”. Goizalde Barreras también opina que es esta institución la que debe dar los pasos en pos de una solución: “Tiene la llave y debería cerrar el grifo: decirle a las empresas que hasta que no lo arreglen no se les va a dar más dinero. Se está ofreciendo con dinero público un servicio irreal, que en realidad no existe como tal”.