Las sanciones por acceder sin permiso a la zona de bajas emisiones Madrid Central seguirán activas. Así lo ha decidido el juzgado nº24 de lo Contencioso tras escuchar las alegaciones del Ayuntamiento de Madrid que pretendía mantener la moratoria de multas decretada a partir del 1 de julio y anulada por este magistrado. También otro juzgado, el nº7, ha dictaminado otras cautelares en contra de la decisión del Gobierno de PP y Ciudadanos.

El juez Jesús Torres Martínez, que tomó una medida cautelarísima el 5 de julio tras el recurso de Ecologistas en Acción, ha explicado que la decisión del alcalde José Luis Martínez Almeida (PP) de desactivar las sanciones de Madrid Central se tomó sin ofrecer "ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar en el plano medioambiental".

La sucesión de hechos ha sido rápida: desde el 1 de julio, el Ayuntamiento de Madrid desvirtuó la zona de bajas emisiones (ZEB) Madrid Central al suspender sus sanciones. La Comisión Europea recordó a España el 9 de julio que incumple la ley sobre contaminación y conminó a hacer más. 48 horas después, la CE ya pensaba en reactivar el expediente sancionador que iba camino de los tribunales europeos en dos semanas.

España disfrutaba de un periodo de gracia desde diciembre de 2018 mientras otros cuatro estados con problemas similares ya han sido llevados ante los jueces: Italia, Alemania, Reino Unido y Francia. La prórroga se ha evaporado tras las decisiones del gobierno de Madrid del PP y Ciudadanos apoyados por Vox. Después del intento de desactivar las restricciones al tráfico con criterios ambientales del nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, Bruselas ha exigido "medidas adicionales".

El Ayuntamiento de Madrid ha alegado ante el juez que ha suspendido su moratoria de multas por acceder sin permiso a Madrid Central, que, mientras eliminó las sanciones, la contaminación en la ciudad disminuyó. 

En su escrito al magistrado Jesús Torres Martínez, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida asegura que entre el 1 y el 4 de julio, "solo siete estaciones superaron la cota de dióxido de nitrógeno permitido mientras que la semana anterior se rebasó en trece". Y luego añade que "Durante los días en que se volvió a la fase informativa, la estación de El Carmen, situada dentro de Madrid Central, no rebasó ningún día la cota marcada por la Organización Mundial de la Salud, como sí lo hizo el viernes 28 de junio –mes laborable–, alcanzando los 44 μg/m3".

A España se le acaba el tiempo de gracia para evitar ser llevada a los tribunales europeos por no cumplir la ley y mantener niveles de contaminación del aire por encima de lo permitido. La Comisión Europea ha avisado al Gobierno este miércoles por escrito de que la paciencia y la prórroga concedidas hace siete meses se agotan: "Parece que las medidas anunciadas y tomadas no son suficientes".

Bruselas abrió expediente a España en junio de 2015 por el exceso de dióxido de nitrógeno en Madrid y Barcelona. En febrero de 2017 lanzaron un ultimátum antes de llevar el caso a la justicia por el "incumplimiento constante". Pero las cosas de la Unión Europea van despacio y, en enero de 2018, el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, todavía mantenía advertencias: "A la vista del fracaso prolongado". Exigía medidas "suficientes para alcanzar los objetivos sin ningún retraso". 

La Comisión Europea ha remitido una carta al Gobierno de España para que tome más medidas que atajen los incumplimientos en cuanto al exceso de contaminación del aire cuyos peores niveles se centran en Madrid y Barcelona. La misiva del comisario Karmenu Vella ha recordado que las administraciones deben poner en marcha "medidas adicionales a las existentes", según ha contado la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha recibido el escrito.

"Me gustaría llamarle la atención sobre la grave situación de la contaminación en España", arranca la misiva fechada el 9 de julio. Ribera ha relatado este miércoles que Vella le ha pedido que se implementen todas las "sinergias posibles" para cumplir los compromisos del país en materia de contaminación para el año 2020.  La carta ha sido reenviada al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y a la Generalitat catalana, según ha dicho la ministra. Aunque hay otras áreas con niveles fuera de la ley como Granada, ambas son las administraciones más relevantes que vulneran la normativa europea sobre límites de gases tóxicos. 

A mediados del siglo XX, en plena Guerra Fría, las potencias nucleares se lanzaron a la fabricación de armas atómicas. Sus pruebas alteraron la cantidad de carbono almacenada en los organismos. Más de cincuenta años después, ese fenómeno permite destapar a los traficantes de marfil: sus piezas ilegales reflejan esa alteración atómica y las delatan como modernas. Si se puede estudiar su cargamento.

Es ilegal vender marfil posterior a 1947 según el Convenio internacional sobre Tráfico de Especies Amenazadas (CITES). Ha dado igual. La caza furtiva se llevó 14.000 ejemplares al año entre 2014 y 2017. El objetivo eran sus colmillos con los que alimentar ese comercio ilegal. Solo el pasado junio, la Guardia Civil incautó en diferentes provincias 543 de estas piezas destinadas al mercado asiático. España es un punto clave de redistribución.

Hace menos de diez días, el organismo público Instituto de Salud Carlos III destituyó como director de su Centro Nacional de Microbiología al biólogo Julio Vázquez por haber cobrado honorarios de la farmacéutica GSK mientras coordinaba el centro. Se trataba de una de las "transferencias de valor" con las que la industria farmacéutica financia a profesionales y organizaciones sanitarias. En 2018 fueron 597 millones de euros, un 20% más que hace cuatro años.

Los listados de ese flujo económico solo se conocen desde 2016. Ese curso se estrenó el nuevo sistema de autorregulación de Farmaindustria –que se adhería así al código de la patronal europea del sector– por el que cada empresa publica cuánto abona cada año. La secuencia de los pagos totales que se ha podido conocer es corta (abarca desde 2015 a 2018) y como sigue: 496, 501, 564 y 597 millones de euros. 

PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid han acordado en su programa conjunto de gobierno impulsar una medida creada hace 14 años y cuya última actualización data de 2013: la tarjeta sanitaria al que le ponen el apellido de "única".

Fue una de las propuestas aireadas por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el debate electoral televisivo del 23 de abril donde mostró un modelo en el que la mayoría de la superficie de la tarjeta estaba cubierta por los colores de la bandera de España. Sin embargo, el Real Decreto que regula la "tarjeta sanitaria individual" en todo el Estado es de 2005. En esa primera versión, revisada hace seis años, ya se introdujo la leyenda: "Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud."

La tarea no era fácil: presentar que una zona que restringe parcialmente el tráfico en virtud de las emisiones de gases atribuidas a los modelos de vehículos (más contaminante, más restringido) aumenta los niveles de contaminación. Pero el Ayuntamiento de Madrid aseguró el miércoles que la activación de Madrid Central había producido un incremento generalizado de NO2. Lo cierto es que es los datos validados por el propio Ayuntamiento indican lo contrario: mientras la zona funcionó con sus sanciones en vigor, en 22 de las 24 estaciones de medición (el 91%) se registraron promedios de ese gas inferiores a la media histórica entre 2010 y 2018 en esos mismos puntos. Ahora, un juez acaba de validar el argumento y ha dictaminado que se reactiven las multas.