El colapso estaba cerca y hubo que elegir. Durante la fase aguda de la pandemia, la Comunidad de Madrid estableció criterios para que los médicos de Atención Primaria designaran qué pacientes de COVID-19 podían y no podían ser trasladados desde sus casas a hospitales. El protocolo con fecha de 23 de marzo, al que ha tenido acceso eldiario.es, recomendaba dejar fuera a pacientes con "compromiso respiratorio" si tenían más de 80 años y "enfermedad en órgano terminal", aquellos con demencia moderada o grave, con cáncer en fase terminal o si tenían una enfermedad con "expectativa de vida inferior a un año".

El 23 de marzo, un tercio de todos los casos de COVID-19 se concentraban en Madrid (10.575 de 32.089). También acumulaba más de la mitad de todos los fallecidos en España (1.263 de 2.182). En esas circunstancias, la circular de manejo de pacientes en Atención Primaria remitida por la Consejería de Sanidad a los centros de salud avisaba: "Las previsiones para los próximos días señalan un aumento del número de pacientes con infección por COVID-19 y del número de casos con síndrome respiratorio agudo grave". Se trataba de una "situación excepcional y de catástrofe" que obligaba, decía, a "establecer criterios de justicia distributiva que respondan a criterios clínicos y científicos".

Jupol, el sindicato que arrasó en las últimas elecciones internas en la Policía, ha hecho pública una nota de prensa en la que atribuye el contagio por COVID-19 de un agente a su contacto "con un inmigrante llegado en patera a Almería". El sindicato amenaza a la Dirección General de la Policía con acciones legales por no haber establecido "un plan de actuación eficiente para evitar los contagios de agentes de la Policía Nacional que se encuentran en contacto con inmigrantes irregulares y posibles portadores del COVID-19".

La ausencia de dicho plan, dice Jusapol, "ha provocado estas graves consecuencias, un Policía Nacional infectado por Coronavirus y más de una decena de agentes en cuarentena por riesgo de contagio". Frente a ese contagio, las cifras de policías nacionales afectados por COVID-19 en todo el territorio nacional a fecha de 28 de mayo era de 298, de los que ocho han fallecido. La Guardia Civil cuenta con 387 contagiados y 9 fallecidos.

La desescalada hacia la denominada nueva normalidad sigue cubriendo etapas. La avanzadilla que componen las islas de Formentera, La Graciosa, Gomera y El Hierro  iniciarán el 1 de junio la fase 3. Además, pasan a la fase 2 la comarca de El Bierzo en León, por presentar unas condiciones particulares, según ha dicho el doctor Fernando Simón en rueda de prensa. También alcanzan esa fase Catalunya central, las áreas de Girona, el Alt Penedes y Garraf, Albacete, Ciudad Real y Toledo y toda la Comunidad de Valencia. Las provincias andaluzas de Granada y Málaga se igualan en fase 2 con el resto de la comunidad autónoma. En la Región de Murcia, ahora sí pasa el municipio de Totana, donde se había restringido el progreso tras un pequeño brote.

Tras recibir las peticiones de los gobiernos autonómicos "hemos tenido nueve reuniones con las comunidades en un proceso muy fluido y el resultado ha sido una decisión conjunta", ha insistido este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El desmontaje final del estadio Vicente Calderón está provocando vertido de restos y escombros al río Manzanares de Madrid. La caída de "todo tipo" de material desde "hierros a cristales" al agua ha hecho que la organización Ecologistas en Acción haya presentado una denuncia este miércoles ante la administración responsable: la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El trasvase Tajo-Segura se pasa la mitad del tiempo en situación "excepcional", según calcula el Ministerio de Transición Ecológica. Esto significa que uno de cada dos meses (el trasvase se analiza mensualmente) el agua almacenada en la cabecera no es suficiente como para enviar líquido de forma automática y hay que evaluar si es posible y cuánto (dentro de un límite máximo legal de 20 hm3).

El contexto de descenso global de precipitaciones y disminución de recursos de agua a lo largo de los años en España -que se acentúa por el cambio climático, según indica el consenso científico- ha agudizado esta situación de excepción que se ha instalado en el trasvase. En los 68 meses que han discurrido desde la actual regla que rige este acueducto, instaurada en 2014, y mayo de 2020, el Tajo-Segura nunca ha estado en el nivel I, el mejor. Y solo un 28% de las veces alcanzó el nivel II. Estos dos niveles son los únicos que garantizan el envío de agua sin más condiciones. 

A las ocho de la tarde rompían los aplausos. En la plaza de Arturo Barea en Lavapiés (Madrid) sonaba estridente "Sanidad pú-bli-ca!" mientras los manifestantes protegidos con mascarillas y a distancia aguardaban a las batas blancas. Poco después los sanitarios han salido a la puerta del centro de salud del barrio también a aplaudir y con algún resto de EPI puesto. "¡Salvadores!", les han llamado. Pero en apenas cinco minutos han vuelto al interior del centro: el turno no había acabado. Una escena similar se vivía también en el hospital La Paz, donde un gran grupo de trabajadores con sus uniformes blancos compartieron su reivindicación en defensa de la Sanidad con personas que se acercaron hasta las puertas del centro sanitario para mostrar su apoyo. 

Este lunes 25 de mayo, la plataforma Sanitarios Necesarios ha promovido en la Comunidad de Madrid una concentración para pedir que la sanidad pública quede blindada tras su papel crucial durante el pico de la pandemia de COVID-19. La exigencia principal es que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso mantenga a los 10.000 profesionales que reforzaron el sistema y cuyos contratos ahora están en el aire.

La entidad es mixta. Su pretensión es aunar el interés de las instituciones comunitarias y de las empresas farmacéuticas. Su nombre es Innovative Medicines Initiative (IMI), pero, según la investigación de las ONG Global Health Advocates y Corporate Europe Observatory sobre entidades público-privadas de investigación en la UE, los intereses privados imponen sus prioridades.

El estudio de las entidades sociales, al que ha tenido acceso eldiario.es, dibuja una estructura institucional de asociaciones público-privadas que consagra "privilegios y ventajas" para el sector privado y "deberes y obligaciones" para el sector público, como descuidar la preparación para una pandemia como hizo la Federación de Farmacéuticas en el seno de esta IMI en marzo de 2018.

Agenda propia y daño al clima. Éste es el ecosistema creado por la entidad mixta público-privada de la Unión Europea BBI, según la investigación de las ONG Global Health Advocates y Corporate Europe Observatory.

De acuerdo con sus estatutos, el BBI es una entidad público-privada creada entre lobbys de las industrias agroindustriales, forestales, biotecnológicas, químicas y de combustibles fósiles, por un lado, y la Comisión Europea a través de su dirección general de Investigación e Innovación. ¿Con qué fin? Ayudar a construir una "economía sostenible con bajas emisiones de carbono".

No hay certeza de que el verano vaya a ser un aliado potente en la contención de la pandemia de COVID-19. La subida de temperaturas en el hemisferio norte no puede conllevar una bajada de la guardia en las medidas de prevención contra el SARS-CoV-2 porque los estudios que están relacionando el clima con la distribución del virus "deben ser puestos en cuarentena, en lo que a evidencia científica consistente se refiere". Es la conclusión de una revisión exhaustiva de publicaciones llevada a cabo por un equipo mixto de la Universidad de Málaga y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

"Resulta claramente precipitado, por no decir incorrecto, asumir la hipótesis de que su distribución actual [de la COVID-19] está en pseudoequilibrio con el clima", explica el trabajo publicado en la revista Investigaciones Geográficas. Si bien se acepta de manera general que los factores ambientales (como los climáticos) pueden estar influyendo en la distribución de la pandemia, los autores insisten en que "el ser humano ha sido el vector fundamental de propagación de la COVID-19 y que la distribución global del SARS-CoV-2 está condicionada por el mapa de la movilidad de la población y la conectividad geográfica". Es decir, de momento, lo que está asegurado es que son las personas y sus movimientos (locales, nacionales o globales) la clave para gestionar la pandemia en esta fase que denominan "de propagación".