España es incapaz de cumplir el límite de emisiones tóxicas de amoniaco marcado por la legislación europea. En 2018 volvió a rebasar el tope en un 33%. "Arrastrada por el aumento de la cabaña ganadera y el uso de fertilizantes", encadena nueve cursos fuera del techo que entró en vigor en 2010, según analiza el Inventario Nacional de Contaminantes Atmosféricos del Ministerio de Transición Ecológica.

En 2018 se liberaron al aire 473.700 toneladas de este compuesto corrosivo con  efectos nocivos para la salud y el medio ambiente. Un poco menos (1,9%) que un año antes, pero todavía 121.000 toneladas por encima del tope asignado. La gran mayoría proviene de la degradación de residuos animales. El estiércol del ganado está detrás del 78% ya sea por la gestión de desechos o su aplicación a los suelos. Solo la cabaña porcina emitió 72.000 toneladas de NH3.

Cada año, unos 2,5 millones de viajeros vuelan entre Madrid y Barcelona. Todos esos viajes lanzan a la atmósfera un promedio de casi 300.000 toneladas de gases de efecto invernadero, origen de la crisis climática, para cubrir un trayecto de 610 kilómetros. 192 gramos por pasajero y kilómetro, según cálculos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha vuelto a sacar este asunto a la palestra al explicar este miércoles que su equipo renunciará a tomar un avión siempre que el destino no supere los 1.000 kilómetros de distancia y pueda llegarse en menos de siete horas.

Los regantes españoles quieren librarse del control ambiental a su actividad que supone la Vicepresidencia de Transición Ecológica de Teresa Ribera. La federación nacional que aglutina sus comunidades, Fenacore, desea que las competencias generales sobre agua sean asumidas por el ministro José Luis Ábalos y, si no, "que dependiera de Agricultura", al mando de Luis Planas. Cualquier cosa menos Ribera.

Los regantes se rebelan ante el modelo de gestión del agua impulsado por la ahora vicepresidenta –y su secretario de Estado, Hugo Morán– que defiende una nueva estrategia en el contexto de escasez asociado al cambio climático. El Gobierno ha reconocido por escrito que España debe afrontar una disminución de entre el 20% y el 30% del agua disponible y que los trasvases para riego "serán cada vez menos viables".

La designación para encabezar el Ministerio de Agricultura y Pesca no suele desatar grandes alharacas mediáticas. Sin embargo, de su labor dependen –al menos parcialmente– la negociación de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) de la UE, las cuotas pesqueras, el modelo ganadero... y su encaje con la sostenibilidad ambiental y el arraigo de la población en la España vaciada. 

Buena parte de lo que influye en la agricultura y la pesca en España viene marcado por decisiones en la Unión Europea. La PAC post-2020 está en plena fase de negociación y a estas políticas se destina el 40% del Presupuesto Europeo. En ese contexto, Pedro Sánchez escogió para su primer ejecutivo a Luis Planas (Valencia, 1952) que había desarrollado mucho de su carrera política en las instituciones europeas. La elección se ha repetido en 2020.

El problema de la invasión de especies exóticas ha llegado a un nuevo nivel. Australia ha comenzado este jueves a sacrificar 10.000 dromedarios silvestres por motivos ambientales. En realidad porque consumen un bien escaso: agua en medio de una severa sequía. Esos animales son nietos de los ejemplares trasladados allí por británicos a mediados del siglo XIX y que, cuando dejaron de servir como animales de carga, se asilvestraron y expandieron por los ecosistemas australianos convirtiéndose en una de las especies invasoras más dañinas. 

Tras décadas de dispersión y daños ambientales (consumen el 80% de las plantas disponibles y causan gran impacto en el delicado ecosistema árido), los dirigentes australianos han decidido matar dromedarios desde el aire porque se beben un agua cada vez más carente en una región golpeada por una sequía aguda.

El nombramiento de Teresa Ribera (Madrid, 1969) como vicepresidenta completa el viaje que el presidente Pedro Sánchez ha realizado hacia la política medioambiental. Sánchez recuperó a Ribera en 2017 para colocarla a la cabeza de la Transición Ecológica en el PSOE y la escogió para darle un superministerio al llegar a la Moncloa con la moción de censura de mayo de 2018. Le asignó, no solo las competencias de medioambientales, sino que le añadió las de energía. Le puso a lidiar con las grandes compañías eléctricas.

Ahora, Ribera manejará la transición hacia una economía descarbonizada que afronte la emergencia climática desde la vicepresidencia del Gobierno. Además, ha añadido las competencias sobre el reto demográfico, según han detallado fuentes de gubernamentales. El cargo llega en un momento en el que han aparecido nuevos discursos negacionistas que ponen en duda medidas para atajar el cambio climático.

Dos meses después de las elecciones generales de noviembre y una vez tomada posesión del cargo de presidente del Gobierno, la Conferencia Episcopal Española ha felicitado a Pedro Sánchez. El cardenal y presidente episcopal, Ricardo Blázquez, "ha enviado su saludo" este miércoles al nuevo jefe del Ejecutivo, según informa la CEE. 

El "saludo" llega después de que los obispos mantuvieran silencio primero y luego expresaran preocupación por la situación derivada de los resultados electorales del 10 de noviembre pasado. Tras salir el PSOE como partido más votado, la Conferencia nunca felicitó a Pedro Sánchez como sí había hecho, por ejemplo, en los comicios de abril. En esta ocasión, PSOE y Unidas Podemos escenificaron con rapidez su acuerdo para gobernar juntos: al día siguiente de las elecciones, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron un preacuerdo y se dieron un abrazo.

Cuatro años después de que un grupo de lobos protegidos por la ley se cruzara ante los rifles de una cacería de jabalíes en Ávila y, al menos, uno de ellos muriera, un juez decidirá si dos de los cazadores fueron responsables. Sin embargo, en lo que supone uno de los primeros juicios por matar ilegalmente ejemplares de lobo en zona protegida, la Fiscalía pidió que se sobreseyera el caso. "Efectivamente se produjo la muerte, pero, en cuanto a la autoría, únicamente contamos con sospechas, pero no con indicios para sostener una acusación", han justificado.

La montería celebrada el 29 de noviembre de 2015 terminó en matanza de lobos. Eso no se pone en duda. En principio, la Guardia Civil investigó la caza furtiva de dos ejemplares tras el testimonio de los testigos. Pero los cuerpos desaparecieron, los testigos se desdijeron días después y los acusados aseguraron que se disparó a un jabalí.

Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la contaminación atmosférica en las que afirmó que "nadie ha muerto tampoco de esto", reafirman la línea seguida desde hace tiempo por esta política del PP para afrontar la polución del aire: no negar frontalmente que haya un problema, pero restar importancia: "La contaminación a nadie nos gusta", dijo, pero "no se va a morir la gente. Tal y como se expone muchas veces creo que no es real". 

La historiadora de la ciencia Naomi Oreskes ha explicado en su análisis Mercaderes de la duda  que esta línea de actuación –utilizada por negacionistas desde la adicción creada por el tabaco, la lluvia ácida hasta el cambio climático– es "una historia sobre vender incertidumbre para evitar la regulación".