EATC, la empresa presuntamente creada por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier  Ramos –según ha informado El País,– y a la que la institución académica cedió la gestión de sus instalaciones aeronáuticas a dedo por 25 años, participó en la organización de un máster precisamente sobre accidentes aeronáuticos promovido por una escuela privada que no llegó a materializarse a pesar de cobrar por matrículas, según ha detallado uno de los afectados. La figura de EATC, estrechamente ligada a la URJC, se tradujo en que el curso se publicitara como  universitario, con un título expedido por la Universidad y con el sello de la URJC, como muestra la documentación que se hacía llegar a los candidatos. 

La empresa Escuela Politécnica Superior Europea (EPSUE) aprovechó el sistema de privatización de cursos aeronáuticos impartidos en instalaciones públicas instaurado en la Universidad Rey Juan Carlos para lanzar en 2016 un "máster universitario en investigación de accidentes e incidentes aeronáuticos" en asociación con la empresa EATC. Esta última aportaría el material para las prácticas: "Colaboración y aviones para prácticas. EATC", explicaba la escuela. 

La caza de tórtolas en España debe detenerse para salvar a la especie. Así lo recoge el Plan de Acción para la tórtola europea ( Streptopelia turtur) que ha aprobado este jueves la Comisión Europea. El documento establece una moratoria temporal "hasta que [los Estados] se aseguren de que se alcanzan niveles de caza sostenibles". 

El plan, que ha contado con el respaldo del Gobierno español, indica que esta medida es "esencial" y que debe ponerse en marcha de inmediato. Esta tórtola se ha visto diezmada por la pérdida de hábitat y la presión cinegética en los países que todavía permiten su caza, como España. Su población ha caído aquí un 25% desde 1998, según la Sociedad Española de Ornitología. De hecho, hace solo dos años y medio fue incluida en la Lista Roja de Especies Amenazadas con la categoría de vulnerable. Al ser una variedad migratoria, las poblaciones del norte de Europa se han desplomado hasta un 40% por las pérdidas en los estados donde aún es legal su abatimiento.

La Universidad Rey Juan Carlos ha abierto una "información reservada" sobre la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) que obtuvo allí el diputado del PP, Pablo Casado. Según un correo electrónico remitido por el equipo de Gobierno universitario al alumnado: "El rector ha encomendado a la Jefa de la Inspección de Servicios de esta Universidad la elaboración de dos Informaciones Reservadas". Así, las dos licenciaturas que Casado incluye en su currículo son objetos de sendas investigaciones: la Complutense revisa su título de Derecho.

En el comunicado, la URJC dice que abre sendos expedientes "para esclarecer la situación de los estudios de Grado del estudiante Pablo Casado Blanco y la de los estudios, distintos de los que ya están siendo investigados en el juzgado, del estudiante Álvaro Morente Hidalgo". Morente Hidalgo está imputado por el máster de Derecho Autonómico que, al menos en cuanto a matriculación, compartió con la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Ese curso lo investiga un juzgado de Instrucción madrileño.

El Gobierno ha troceado durante años el presupuesto de la lucha contra el dopaje deportivo de manera que decenas contratos pudieron ser adjudicados de forma directa, sin publicidad ni concurso. 

Entre las materias afectadas están desde el material para realizar las pruebas, el transporte de muestras, los servicios jurídicos o la realización de los análisis adjudicados por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD),  que cuelga del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Con retraso, el Gobierno ha aprobado el decreto que traslada a España la normativa europea sobre reducción de uso de bolsas de plástico. Los comercios deberán cobrar  desde el 1 de julio por las bolsas ligeras entre 5 y 15 centímos. A partir de 2021, no podrán distribuir bolsas ligeras o muy ligeras que no sean biodegradables a la clientela. El decreto no prevé sanciones para aquellos que incumplan las obligaciones.

La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha explicado que la norma diseñada no contempla multas: "Hay un registro de productores y podrán operar los que estén incluidos", ha dicho. Luego ha añadido: "Se harán controles".

Europa ha avisado a España de que debe prohibir de manera general la caza de aves cantoras. Y amenaza con llevar el caso a los tribunales si no se da una respuesta satisfactoria para pararla en dos meses, según ha confirmado este miércoles la Comisión Europea. Permitir esta práctica, base del silvestrismo, conduce a un proceso sancionador.

El Ejecutivo europeo ha remitido la advertencia urgiendo al Gobierno a que se adecue la legislación sobre caza a la legalidad de la Unión Europea, en especial la normativa sobre conservación de aves silvestres. La CE ha revisado la situación de cinco especies codiciadas por los silvestristas:  el jilguero, el pardillo común, el verdecillo, el pinzón y el verderón, cuentan fuentes comunitarias.

España se libra del expediente europeo por el exceso de contaminación del aire que se registra en Madrid y Barcelona desde hace años. La Comisión Europea ha decidido llevar a seis estados ante el Tribunal Europeo pero España ha esquivado el caso.

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Rumanía y Hungría sí van a ser llevados ante los jueces continentales por la Comisión Europea. Los ministros de Medio Ambiente de los países con graves problemas de polución fueron convocados por la Comisión a finales de enero. El Ejecutivo comunitario los conminó a tomar acciones efectivas para rebajar la contaminación en sus puntos negros. Los planes de España han bastado, de momento, para convencer a la CE.

La jueza Carmen Rodríguez Medel ha decidido investigar el máster del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y diputado nacional Pablo Casado. El cóctel que conforman un título universitario cursado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, la dirección del catedrático Enrique Álvarez Conde y la convalidación múltiple de asignaturas de las que se benefició ha llevado a la jueza a indagar específicamente sobre el curso del político popular. 

El curso al que se apuntó Pablo Casado en 2008 era el máster de derecho autonómico del Instituto de Derecho Público de la URJC. La investigación de eldiario.es sobre el máster de Cristina Cifuentes ha desvelado que en ese instituto y ese máster se había creado un sistema que aunaba la necesidad de captar alumnos (y la financiación económica que traen consigo) con el deseo de algunos de alcanzar ciertos niveles académicos. Esa dinámica provocaba, por ejemplo, las convalidaciones con actas con firmas falsificadas a un grupo de alumnos entre los que estaba Cristina Cifuentes.

El título de máster de Cristina Cifuentes ha dejado un rastro de falsificaciones para conseguir, primero, un certificado académico con todas la calificaciones de cada asignatura. Y, después, exhibir un acta recién fabricada el 21 de marzo de 2018 que se intentó hacer pasar por el documento que atestiguaba que la expresidenta de Madrid había superado una prueba de defensa pública de su trabajo de investigación en julio de 2012. La jueza Carmen Rodríguez Medel  ha terminado por citar como investigada a Cifuentes para ver hasta dónde llega su responsabilidad en la creación de estos documentos oficiales, presuntamente, falsos.

Dos calificaciones fueron retocadas en 2014 (cuando el curso al que se apuntó Cifuentes terminó en junio de 2012): la referente a financiación autonómica y local y el propio trabajo de fin de máster (TFM). La mano que modificó esas notas fue la de la administrativa Amalia Calonge, quien también está imputada en el proceso.