Los activistas climáticos, pendientes de dónde les juzgan: “Se reprime con mayor dureza todo lo que sucede en Madrid”
Mientras la agenda verde europea se destiñe, el petróleo gana el relato y las ayudas públicas a los combustibles fósiles se encaminan al billón de dólares, los activistas climáticos en España gastan sus energías en defenderse en los juzgados por sus acciones de protesta.
Al tiempo que ya se sabe que el planeta superará “en los próximos años” el límite de seguridad de recalentamiento trazado en los 1,5ºC extra, se están celebrado o tienen fecha varios de estos juicios —algunos atascados durante años—. Los resultados son dispares: absoluciones históricas tras bloquear un puerto durante unas horas, multas por echar agua tintada al Congreso y condenas por cortar el tráfico.
Además, sobre los activistas juzgados planea la sombra de la cárcel. La Fiscalía está buscando penas de prisión con la idea, expresada en algún proceso, de que eso sirviera de escarmiento: “Prevenir que no se repita. Que no vuelvan a hacerlo”, defendió un fiscal durante una de las vistas orales de este 2026.
Todo acaba dependiendo del juzgado en el que te toque. Y esa sensación se repite en la propia calificación de los hechos porque ahora mismo trabajamos en cuatro procedimientos penales abiertos por acciones similares y a cada uno le han colocado un delito distinto
La abogada Greenpeace, Inés Díez, cuenta que “todo acaba dependiendo del juzgado en el que te toque”, por eso la disparidad de fallos que se están observando. “Y esa sensación se repite en la propia calificación de los hechos porque ahora mismo trabajamos en cuatro procedimientos penales abiertos por acciones similares y a cada uno le han colocado un delito distinto”.
Hace solo unos días, un juzgado de Madrid encontró culpables de resistencia a la autoridad a tres activistas (Jorge Reichmann, Marina Magdalena Martínez y Francisco del Pozo) por una acción el 7 de octubre de 2019: centenares de personas cortaron el tráfico de una calle durante algo más de una hora. De los 40 identificados, ellos tres fueron además arrestados.
El fallo los condena a una pena de un mes y 15 días de multa por resistencia a la autoridad (tuvo que aplicar eximente por dilación indebida). “Se está instrumentalizando el Código Penal para penalizar la desobediencia civil pacífica”, subrayan las organizaciones en las que participan los condenados: Ecologistas en Acción, Extinction Rebellion y Greenpeace.
“Desde luego que está claro que la personalidad y sensibilidad del juez que te toque es decisiva”, añade el abogado de Ecologistas en Acción, Jaime Doreste.
Por eso contrasta esa reciente decisión tomada en Madrid, y es lo que argumenta también la letrada Díez, con la absolución histórica que otro juzgado, en esta ocasión de València, decidió el pasado 6 de octubre. Once activistas de Greenpeace afrontaban una petición de cinco años de cárcel por impedir la entrada de un buque con gas al puerto de Sagunto. La magistrada no vio el delito de desórdenes públicos agravados solicitado por la Fiscalía.
“No se aprecian actos de violencia o intimidación para alterar gravemente la paz pública en los términos exigidos”, concluyó la sentencia.
Francisco del Pozo es activista de Greenpeace y estuvo tanto en el bloqueo marítimo de Sagunto como en el corte de tráfico de Madrid. Absuelto en uno y condenado en el otro, comenta que “hace unas semanas la Justicia en València sentenció que la protesta pacífica es una herramienta indispensable para proteger la democracia. Pero ahora un tribunal en Madrid pretende criminalizarnos por transmitir una realidad incómoda, pero cierta”.
Los procesos, sus aplazamientos, cómo se están alargando en el tiempo al final resultan un freno al activismo. “Es desgastante sobre todo para las personas imputadas, pero también para el colectivo que tiene que concentrarse en la antirrepresión en lugar de enfocarse en la crisis climática”, explican desde el grupo Futuro Vegetal que tiene pendientes múltiples procesos. El más reciente debería haberse celebrado este jueves, pero fue aplazado por problemas técnicos con el sistema de videoconferencia, subrayan.
Tratamiento dispar
“En general tenemos la impresión de que se reprime con mayor dureza todo lo que sucede en Madrid”, analiza Inés Díez. Al final “resulta más peligroso el activismo en Madrid”. Y pone como ejemplo la diferencia de trato en sendas acciones muy similares y recientes que han llevado a cabo en Valencia y Madrid.
“En julio detuvieron a diez activistas y pasaron a disposición judicial por desplegar una pancarta en el arco de Moncloa. Tienen pendiente un proceso penal”. Por otro lado, el pasado 21 de septiembre, en la víspera del juicio a sus compañeros, 43 activistas de la organización pusieron un gran ojo de 530 m² sobre la cúpula del Hemisfèric. “Se nos dejó terminar la acción, no se detuvo a nadie y no nos requisaron el material”, ilustra la letrada.
En el colectivo Futuro Vegetal creen que “la represión es más o menos igual en todas partes, pero en Madrid hay más casos”. Ellos cuentan que a su activista, que será juzgada en Córdoba, “al principio querían imputarle delitos de odio y daños graves, hasta que un juez decidió que sería delito de daños”. En Barcelona, otra activista refiere: “Fui detenida por casualidad a tres calles de mi casa el día que teníamos un juicio”.
La serie de vistas no está cerca de terminar. Tras el aplazamiento el pasado jueves, de momento sine die, del juicio a la activista de Futuro Vegetal para la que piden 14 meses de cárcel por “manchar” la fachada de la subdelegación del Gobierno en Córdoba con “acuarela lavable”, explica este colectivo, debería iniciarse en una semana el de sus compañeras por la protesta en el aeropuerto de Barajas. Para 2027, aguardan los procesos a las activistas que cortaron la avenida de los Reyes Católicos en la cumbre europea de Granada de 2023 —enfrentan petición de dos años de prisión— y a los que se pegaron a los marcos de un cuadro de Goya en el museo de El Prado.
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