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Un grifo de dinero público financia la crisis climática: las subvenciones a combustibles fósiles, camino del billón de dólares

Una torre de 'flare' en el distrito petrolero de Urucú en la Amazonía de Brasil.

Raúl Rejón

4 de octubre de 2026 22:11 h

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Aunque son la causa principal de cambio climático, los gobiernos pagan ahora mucho más en subvenciones al petróleo, el gas o el carbón que el año en el que se firmó el Acuerdo de París. O dicho de otra manera: destinan actualmente mucho más dinero público a financiar la producción y uso de los combustibles fósiles que provocan la crisis que ese acuerdo pretende atajar.

Si en ese 2015 las subvenciones directas llegaron 330.000 millones de dólares, cinco años después, en 2020, los subsidios directos sumaron 450.000 millones. Para 2024 —tras pasar por un pico de un billón en 2022— llegaron a 730.000 millones, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Este 2026, “las subvenciones directas van camino de alcanzar otra vez el billón de dólares y podrían llegar a 1,4 billones si el barril de crudo costara 110 dólares”, según ha calculado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

A pesar del diagnóstico científico, la dependencia del petróleo o el gas se ha dejado sentir implacablemente desde que estalló la guerra en Ucrania (2022) y le siguió el ataque de EEUU e Israel a Irán en Oriente Próximo (2026).

Así que, esta misma semana, el Gobierno ha decidido prorrogar las ayudas directas a la gasolina y el diésel en España —además de limitar la tarifa del gas—. La subvención consiste en una rebaja fiscal en el Impuesto Especial de Hidrocarburos: 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre.

Cuando tienes el poder dentro del sistema energético creado durante más de cien años y acaparas las ayudas, es muy difícil que las energías alternativas entren en el mercado

Pep Canadell — científico jefe del Centro de Investigaciones Científicas de Australia

El científico jefe del Centro Nacional de Investigación Científica de Australia (CSIRO), Pep Canadell, explica que “cuando tienes el poder dentro del sistema energético creado durante más de cien años y acaparas las ayudas, es muy difícil que las energías alternativas entren en el mercado”. Hay que tener en cuenta que la situación en el mundo es bastante diferente a España —que tiene diversas fuentes de energía— “en muchas partes los combustibles fósiles son el 80% o más de la energía”, aclara Canadell que también es director ejecutivo de Global Carbon Budget.

Detrás de las ayudas en España está el temor a la inflación. De hecho, el IPC escaló hasta el 4,9% en septiembre empujado por el precio de los combustibles. El coordinador del área de energía y clima en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, afirma que “de alguna forma, estas reducciones contienen el descontento de la población y evitan una presión social mayor para que las energéticas ajusten sus precios cuando bajan sus costos como sí hacen cuando incrementan los precios”. Y añade: “Vemos que grandes corporaciones tienen beneficios millonarios que apenas son grabados por lo que son las clases populares las que absorben el impacto del alza de los combustibles fósiles”.

Ambos conflictos bélicos han servido para que las petroleras den la vuelta a la imagen de los combustibles fósiles: de causa de un gran problema mundial como es el cambio climático a solución para tener seguridad energética. Y, a caballo de ese relato, las petroleras baten récords de beneficios en 2026.

Detrás de todas estas ayudas públicas encontramos que, en 2025, las emisiones mundiales de CO₂ por usar combustibles fósiles marcaron un nuevo récord histórico: 38.100 millones de toneladas. Un incremento del 1,1%. Ese y otros gases son los que, al acumularse en la atmósfera, atrapan el calor del sol, generan el calentamiento global del planeta y, de ahí, la alteración del clima que ya padecemos: olas de calor, sequías, tormentas más violentas, inundaciones o incendios forestales inextinguibles.

Cada vez que llega una crisis energética se repite el mismo dilema para los gobiernos. “Las subvenciones están pensadas para proteger a los consumidores al mantener los precios más bajos, pero conlleva un coste sustancial”, explican los análisis del FMI. No solo fiscales, al exprimir los presupuestos, sino que también “empeoran el cambio climático y la salud”.

Además, repite el FMI, “no están bien orientados hacia las rentas más bajas ya que el 20% de los hogares más pobres solo reciben 20 céntimos de cada dólar destinado a subvencionar combustibles”.

“Claro que hay buenas razones para estos subsidios —opina Pep Canadell— pero miles de millones cada año colocan al petróleo, el gas o el carbón en una situación de ventaja competitiva muy grande. Se está produciendo una transformación energética, pero el ritmo así es muy lento”.

La presión del 'petrolobby'

El responsable de clima, energía y transporte de Greenpeace, José Luis García Ortega, considera que el Gobierno “ha cedido a las presiones del lobby de los combustibles fósiles” y aboga por que ese dinero se destinara “a apoyar a la población para defenderse de la dependencia de los combustibles fósiles. Las subvenciones a la gasolina y el gasoil deberían usarse para ayudar al transporte público, por ejemplo ampliando el alcance del abono único, de manera que la gente no necesite utilizar tanto combustible fósil”.

Es muy difícil contener precios cuando vivimos en una demanda continuamente alcista de combustibles fósiles. Por eso pedimos planes que, por ejemplo, reduzcan el tráfico para rebajar la demanda global. Eso eliminaría gases de efecto invernadero y reduciría los costes

Javier Andaluz — coordinador de Energía y Clima en Ecologistas en Acción

La capacidad de la industria del petróleo y el gas para influir en las políticas públicas —petroestados como Arabia Saudí incluidos— ha quedado patente al ver que las palabras combustibles fósiles no aparecieron en todo el texto del Acuerdo de París y solo se consensuó pedir una “transición lejos” de estos productos en la cumbre del clima de Qatar en 2023.

El informe de la Comisión Europea sobre subvenciones a la energía publicado este septiembre confirma que “queda mucho por hacer si la Unión Europea quiere mantener su compromiso de dejar estos subsidios completamente en 2050”. Los 27 dedicaron en 2024 unos 97.000 millones de euros a subvencionar estos combustibles. Es menos que en el pico de 2022, pero muy por encima de la media 2015-2019 situada en 60 millones (un salto del 60%).

“Es muy difícil contener precios cuando vivimos en una demanda continuamente alcista de combustibles fósiles”, reflexiona Javier Andaluz. “Por eso pedimos planes que, por ejemplo, reduzcan el tráfico para rebajar la demanda global de carburantes. Eso eliminaría gases de efecto invernadero y reduciría los costes de los combustibles fósiles”.

Sin embargo, la reducción de uso no aparece en el horizonte: “Se pretende regular con medidas que son un poco café para todos y que, al final, incentivan su uso. Además, ayudan a las clases con rentas más altas —que son las que pueden consumir más fósiles— y hacen que mantengan esa demanda alta y, por tanto, continúe la escalada de precios”.

Y con la escalada de precios se atornilla las ayudas públicas a la causa de la crisis del clima. “Las grandes energéticas están haciendo ahora una cantidad de dinero tan grande que les permite hacer inversiones muy fuertes en infraestructuras para seguir extrayendo combustibles fósiles”, ilustra el director del CSIRO. “Y son inversiones a muy largo plazo, 50 o 60 años que seguirán funcionando mientras haya un comprador. Y eso les asegura el futuro”.

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