Cinco países de la Unión Europea han decidido no esperar más tiempo a que la Comisión adopte una posición común y han puesto en marcha un sistema para expulsar a países del Tercer Mundo a los solicitantes de asilo que han visto rechazada su petición. El destino solo puede ser de momento Ruanda, que ya firmó un acuerdo similar con Reino Unido que no se llegó a poner en práctica. Encerrarlos a miles de kilómetros de distancia parece ser la solución. Tiene que ver con la campaña electoral española, porque es también la opción del Partido Popular, que lo lleva en el punto 45 de su programa electoral.
El asunto surgió en la entrevista a Pedro Sánchez en Telecinco en la noche del lunes. España y Francia se han posicionado en contra de la medida. Carlos Franganillo tuvo la peregrina idea de preguntarle si no se sentía como un “conductor kamikaze”, el loco que va en dirección contraria por la autovía y cree que todos los demás están equivocados. Después de una carcajada, Sánchez respondió: “Me siento como una persona con principios, de un país grande que respeta los derechos humanos”. No le vendrá mal ante su electorado reafirmar una posición de principios alejada de los gobiernos europeos de derecha.
Los centros de deportación son un buen ejemplo del grado de manipulación del debate en toda Europa. La prioridad para muchos gobiernos es hacer ver a sus ciudadanos que están dispuestos a hacer algo al respecto contra la inmigración con independencia del resultado que esperan obtener. Creen además que reforzar la idea de la fortaleza europea impenetrable tendrá un efecto disuasorio entre los que quieren venir a vivir a Europa. Por la misma razón, se oponen a la idea de concederles papeles, como ha ocurrido con la regularización aprobada por el Gobierno español.
El PP está en esa línea en su programa: “Utilizaremos todos los destinos que el Reglamento (europeo) permite, incluidos terceros países seguros y primeros países de asilo, e impulsaremos acuerdos para crear centros de retorno en terceros países”.
Centros de retorno no deja de ser un eufemismo. Como resulta muy difícil conseguir que los países emisores de migrantes acepten el regreso de sus nacionales, hay que buscar un agujero bien lejos donde no molesten. Y así se puede neutralizar el debate sobre si se les debe conceder papeles que legalicen su estancia.
El Gobierno británico conservador se gastó no menos de 700 millones de libras en crear esas instalaciones en Ruanda hasta que sus tribunales dictaron que el proceso vulneraba la ley sobre solicitantes de asilo. Los cinco países europeos pretenden utilizar esos centros y terminar de construirlos. Prometen que se respetarán los derechos humanos de los migrantes, lo que resulta muy dudoso con los antecedentes del Gobierno ruandés. Su presidente, Paul Kagame, lleva 26 años en el poder. En las últimas elecciones de 2024, fue reelegido con el 99% de los votos, según el escrutinio oficial.
Los nuevos planes para Ruanda han sido definidos como “un programa piloto” que afectará de momento a un número muy reducido de migrantes. “A quienes sean acogidos en Ruanda se les ofrecerá la posibilidad de regresar a sus países de origen, integrarse en la sociedad ruandesa o trasladarse a otro destino”, dijo el ministro ruandés de Interior. En cualquier caso, los países europeos ya se habrán desentendido de ellos. Años de arraigo en las sociedades de Europa no les habrán servido de nada.
Sánchez no va a ceder en su oposición a estos planes: “No le veo ni futuro ni humanidad”. Sobre lo primero, conviene observar lo ocurrido en Italia. Meloni pactó con el Gobierno albanés enviar a su país a solicitantes de asilo. La justicia italiana lo vetó y ahora se utiliza a medio gas con extranjeros que vivían en Italia sin papeles. Hay encerrados unos 500, una cifra ínfima comparada con el número total de inmigrantes indocumentados.
El Partido Popular ha elegido utilizar el rechazo de la inmigración como medio de intentar cortar la pérdida de votantes hacia Vox, que algunas encuestas cifran en más de un millón de votos. No hay límite para las promesas del PP. Feijóo quiere hacer creer al electorado que nadie será más duro que él a la hora de limitar la inmigración, aunque, como bien sabe Meloni en Italia, sus soluciones están muy lejos de tener posibilidades de éxito.
“Si un país no coopera en las readmisiones, condicionaremos a ello los visados, la cooperación al desarrollo y la posición de España en la política comercial europea”, dice su programa. La realidad es que la política oficial de la Comisión Europea consiste desde hace años en llenar de dinero y ayuda material a los países emisores de migrantes en África para que hagan de vigilantes a distancia de las fronteras europeas. Sin importar cuál sea su historial de derechos humanos. Nadie habla de amenazarles con sanciones.
A Feijóo le vale con hacer comentarios un tanto simplistas como decir en Lleida que “un inmigrante no tiene más derechos que un catalán”. Nadie afirma lo contrario. Plantearlo en esos términos es como decir que está ocurriendo eso mismo y que hay rectificar. Lo que sucede es que los inmigrantes sin papeles son presa fácil de los abusos y delitos laborales cometidos por españoles de origen o sufren discriminación al intentar alquilar una vivienda. “La inmigración no puede ser excusa para violar nuestras leyes y nuestros valores”, dijo también. Igualmente, nadie sostiene que los inmigrantes tengan derecho a pasar por encima de las leyes.
Peor aún es inventarse una cifra. “Hay medio millón de inmigrantes cobrándolo (el ingreso mínimo vital) sin haber trabajado una sola hora en el último año”. Sólo se puede llegar a ese número sumando un altísimo número de niños que suponen el 40% de los beneficiarios de esa ayuda. Así el líder del PP extiende la idea falsa de que los inmigrantes son unos privilegiados, que es lo que siempre ha sostenido la extrema derecha.
Xabier García Albiol, uno de los puntales del PP en esta campaña, se declaró encantado con las noticias del pacto de cinco países europeos. “España se ha convertido en una ONG, qué barbaridad”, dijo esta semana. Un partido en el Gobierno debe proteger múltiples intereses y derechos, y no todos ellos serían aceptables para una ONG. Pero no es una barbaridad tener unos principios sobre la inmigración que se parezcan más a los del Papa León XIV que a los que apuestan por pagar a dictadores para que internen bajo llave a los migrantes que Europa no quiere.
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