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La ley de costas amenaza las casetas a pie de mar de Menorca: “Tienen un valor histórico”

La Asociación de Casetas de Vorera insiste desde hace años en dotar de protección y de usos sociales a las casetas más antiguas con el objetivo de preservar la cultura marinera de la isla.

Santiago Torrado

Menorca —
17 de noviembre de 2026 21:45 h

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El patrimonio heredado de la cultura marinera en Menorca está, con frecuencia, semioculto, pero todavía presente en la isla. Si uno logra mirar por un segundo más allá de los transatlánticos amarrados en los puertos y de los yates de lujo en los muelles, verá que permanece, lejana, inerme, solitaria y casi abandonada, en la zona menos urbanizada de cualquier rincón de la costa insular, una caseta de vorera [caseta a pie de mar].

Son construcciones rústicas, muchas veces, apenas poco más que un habitáculo tosco de cemento y marés. Si se las observa desde el mar dibujan un sendero de blanco encalado que salpica el litoral, como pequeñas manchas de pintura de otro tiempo. Un vestigio de lo que fue la isla. Desde hace tres años, la Asociación Casetes de Vorera constituye el principal guardián de estas construcciones, ya que, insisten, no son un problema urbanístico a resolver, sino una herencia histórica que cuidar. 

Sin embargo, fue en la primavera de 2020 cuando algunos propietarios de estas construcciones comenzaron a recibir avisos de la Dirección General de Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, comunicándoles que debían desalojarlas y demolerlas “por hallarse en dominio público marítimo-terrestre”, lo cual está prohibido según la normativa del Reglamento General de Costas, según la versión de los vecinos.

Las Casetas de Vorera son una herencia histórica del pasado marinero de Menorca y cuentan con reconocimiento y protección jurídica.

Especialmente afectados fueron los residentes de Cala Sant Esteve, Es Castell y Alcaufar, en el municipio de Sant Lluís. Varias familias se enfrentaron de un día para el otro a la posibilidad de perder un pedazo de su patrimonio y de su historia, en virtud de la normativa estatal de deslinde para el dominio público marítimo-terrestre. El 30 de enero de 2021, según su versión, la Demarcación de Costas expidió una orden de derribo contra dos antiguos almacenes de barcas en el sureste insular, lo cual motivó que, hacia febrero de ese mismo año, el Consell Insular de Menorca trasladara formalmente al Ministerio de Transición Ecológica su exigencia de detener las demoliciones y proteger las construcciones históricas.

El que fuera responsable de negociar con Costas la protección de las casetas en aquel momento, el exconseller de Cultura Miquel Àngel Maria, explica: “El problema es que la actual Ley de Costas, sobre la que se basan estas órdenes de derribo –que fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy–, establece que el dominio público marítimo-terrestre debe ser, justamente eso: público. Es decir, que no puede existir un aprovechamiento privado permanente, en términos de propiedad o de derechos de un espacio. Por tanto, cualquier edificación que quede dentro de la zona de dominio público marítimo-terrestre o en determinados puntos especiales y su zona de servidumbre –si se utiliza– debe estar sometida a una concesión administrativa”.

Esto supone, según comenta el histórico dirigente ecosocialista, que el estado concede el derecho a utilizar estas zonas a cambio del pago de un canon. Sin embargo, Maria señala que la normativa “no establece tipologías” y que se aplica el mismo criterio tanto a quienes pagan una tasa por tener un restaurante del que obtienen un beneficio económico como a quienes utilizan una cochera de 200 años de antigüedad. “Es ridículo que se cobre el mismo impuesto a unos y a otros. Además, las casetas de barca constituyen históricamente un lugar de encuentro y socialización para las familias y los vecinos de la costa de Menorca”, concluye.

Es ridículo que se cobre el mismo impuesto a unos y a otros [restaurantes y casetes de vorera]. Además, las casetas de barca constituyen históricamente un lugar de encuentro y socialización para las familias y los vecinos de la costa de Menorca

Miquel Àngel Maria — Exconseller de Cultura

Ante esta situación, el Consell Insular defiende una doble estrategia: trasladar al Ministerio de Costas el inventario de casetas de vorera con valor histórico para que las tenga en cuenta antes de iniciar cualquier actuación y pedir a los ayuntamientos que incorporen estas construcciones a sus catálogos municipales de patrimonio histórico. De esta manera, cuando caduca una concesión o se plantea una demolición, Costas debería consultar si la caseta en cuestión cuenta con protección patrimonial.

Maria defiende que la propuesta pasa por “proteger individualmente las casetas tradicionales que tengan un valor histórico”, sin amparar indiscriminadamente cualquier construcción levantada en el litoral. En este sentido, considera necesario diferenciar las casetas tradicionales de las edificaciones ilegales que se han ido construyendo posteriormente. “Cuando estas casetas dejen de tener un uso privado, pueden destinarse a usos sociales, vinculados a las asociaciones vecinales o al tejido asociativo de cada municipio”, concluye Maria.

“Son un elemento característico del litoral menorquín”

Una pieza fundamental para el diálogo entre ayuntamientos y Costas fue la aparición de una entidad social que agrupó y agrupa a los usuarios de casetas en la isla: la Associació de Casetes de Vorera. “Nos constituimos como asociación en junio de 2022 para defender estas construcciones porque entendemos que son elementos etnológicos característicos del litoral menorquín y porque creemos que hay que poner en valor toda la cultura popular ligada al mundo del mar y de los pescadores”, explica Rita Pabst, integrante de la Asociación.

Pabst insiste en que también buscan defender los usos tradicionales de estas construcciones, entre ellos la pesca, la varada y el almacenamiento de embarcaciones: “Creemos en que puede existir un modelo que permita compatibilizar la conservación de este tipo de patrimonio con los usos del dominio público de la costa”.

La Caseta Jaume fue construida en 1926, permanece desde hace 30 años sin concesión y se enfrenta a una posible demolición ordenada por Costas.

El trabajo de la Asociación ha sido exhaustivo desde su nacimiento: impulsaron la creación de catálogos e inventarios coordinados con técnicos especializados en patrimonio, con el objetivo de conocer y clasificar los distintos tipos y tamaños de casetas de Menorca. Esto permitió, según cuentan, declarar algunas de estas construcciones como Bien de Interés Cultural y así otorgarles un principio de protección jurídica.

Según explica Gonçal Seguí, presidente de la Asociación, existen unas 177 casetas –también conocidas popularmente como escars–, repartidas por toda Menorca, de las cuales unas 75 se encuentran en zonas consideradas de dominio público marítimo-terrestre y que podrían ser objeto de expedientes administrativos.

Existen unas 177 casetas –también conocidas popularmente como escars–, repartidas por toda Menorca, de las cuales unas 75 se encuentran en zonas consideradas de dominio público marítimo-terrestre y que podrían ser objeto de expedientes administrativos

Según cuentan los integrantes de la Asociación, la mayoría de las casetas fueron construidas por los propios pescadores para guardar las embarcaciones durante el invierno y almacenar las herramientas y los utensilios necesarios para salir a pescar. “Con el tiempo se han conservado otros usos muy tradicionales en Menorca, como anar de vega o a romandre, es decir, a pasar el día en la caseta, organizar una paella, tocar la guitarra y cantar canciones junto al mar”, explica Gonçal.

La mayoría de las casetas fueron construidas por los propios pescadores para guardar las embarcaciones durante el invierno y almacenar las herramientas y los utensilios necesarios para salir a pescar

Por su parte, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua defiende que la futura Ley del Litoral contempla mecanismos para proteger el patrimonio marítimo tradicional de las islas. Según explica el departamento que dirige Juan Manuel Lafuente, el proyecto prevé crear un registro patrimonial en el que podrán incluirse construcciones tradicionales con un valor singular, aunque advierte de que esta catalogación “no supone su legalización automática ni autoriza nuevos usos o actividades”.

Una respuesta que no termina de convencer a Gonçal Seguí, presidente de la Associació de Casetes de Vorera, quien recuerda que la protección de estas construcciones lleva tres años pendiente de aprobación en el Parlament. “Mantuvimos una primera reunión, al principio de la legislatura, con el conseller Lafuente que parecía que iba a ser el inicio de una relación más fluida. Entonces nos prometió una ley que todavía está en trámite y que ha sufrido sucesivas modificaciones”, señala.

La Conselleria, además, confirma que el texto continúa en tramitación parlamentaria y que todavía no hay una fecha prevista para su aprobación definitiva. También insiste en que la futura normativa no modificará el régimen estatal de Costas: la ocupación del dominio público marítimo-terrestre seguirá sujeta a las autorizaciones y concesiones correspondientes y no se permitirá, por esta vía, una autorización general para nuevas edificaciones o actividades lucrativas.

Seguí considera, sin embargo, que el debate sobre la ley está condicionado por otros intereses: “Los principales afectados por esta ley no somos las casetas de vorera... los grandes intereses en juego son los del sector turístico: los chiringuitos, las hamacas, el alquiler de embarcaciones y las fiestas marítimas o en costa”. A su juicio, la presión de este sector para evitar salir perjudicado explicaría las sucesivas modificaciones del proyecto, mientras que la protección específica de las construcciones tradicionales apenas habría cambiado respecto a los primeros borradores.

La Caseta Jaume

La Caseta Jaume es una construcción situada en la urbanización costera de Alcalfar, en el municipio de Sant Lluís, que adorna –según el catastro municipal– la playa de ese pueblo desde 1926. Una casa a la que, durante los cien años transcurridos desde su construcción, se le fueron añadiendo algunas intervenciones que la convirtieron en algo más que un depósito de barcas, pero que, en todo caso, reviste un interés patrimonial, según subrayan tanto los integrantes de la Asociación como los representantes de la corporación municipal.

A pesar de estar incluida en el catálogo de patrimonio del municipio, el pasado 3 de noviembre Costas comunicó al Ayuntamiento de Sant Lluís su decisión de proceder al derribo de la Caseta Jaume, cuyos trabajos ya habían sido adjudicados por cerca de 45.000 euros a una empresa de demolición. A pesar de los intentos de elDiario.es por recoger la versión de la Demarcación de Costas, desde el Ministerio no han brindado detalles sobre las actuaciones previstas en la Caseta Jaume ni en otras casetas de vorera de Menorca. 

Por su parte, la alcaldesa de Sant Lluís, Loles Tronch, tras recibir la notificación de Costas, firmó una resolución el 5 de noviembre para suspender la demolición durante tres meses y ordenó a la Policía precintar el inmueble. “La demolición de la caseta incumple la Ley de Patrimonio Histórico de las Illes Balears. En ese sentido he ordenado la paralización cautelar de las obras y he solicitado al Consell Insular la ampliación del catálogo municipal para incorporar esta caseta y otros elementos singulares del litoral que, en todo caso, ya figuran como patrimonio protegido”, ha explicado Tronch a elDiario.es. 

La demolición de la caseta incumple la Ley de Patrimonio Histórico de las Illes Balears. En ese sentido he ordenado la paralización cautelar de las obras y he solicitado al Consell Insular la ampliación del catálogo municipal

Loles Tronch — Alcaldesa de Sant Lluís

Según explica la primera edil, actualmente Sant Lluís cuenta con 21 casetas similares, aunque solamente la Caseta Jaume se encuentra en peligro de demolición. Tronch ha explicado la paralización de las obras debido al valor patrimonial de la Caseta Jaume y ha anunciado su inclusión en el inventario de elementos singulares de la costa, donde ya figuraba desde 2024 con un nivel de protección B. Esto significa que el Consistorio le reconoce un valor patrimonial, aunque no necesariamente está protegida de forma integral. Es decir, cuenta con protección, pero no es intocable.

“Es un bien catalogado tanto por el Consell Insular como por el Ayuntamiento. Lo que ocurre es que recientemente ampliamos el catálogo especial que tenemos donde figura esta y otras casetas de vorera. Esta ampliación todavía no está aprobada por el Consell. Las que tienen concesión cumplen con lo que deben cumplir en materia de Costas, y eso es un asunto entre ellos. Nosotros no entramos en los demás casos”, añade. El Consell Insular, por su parte, se remite a la versión del Consistorio.

La paralización de la demolición Caseta Jaume se extenderá por tres meses hasta que se resuelva su inclusión en el nuevo expediente de casetas protegidas del ayuntamiento de Sant Lluís.

En relación a la Caseta Jaume, Tronch explica que la concesión original databa de 1975 y que se otorgó por quince años, por lo que venció en 1990. “Entre 1990 y 2006 no hubo concesión. La caseta lleva 36 años en esa situación y ahora Costas ha iniciado el procedimiento de demolición”, reflexiona la alcaldesa. Según explica, la intención es que la caseta tenga un uso público. “Me gustaría solicitar la concesión a Costas y destinarla, por ejemplo, a unos baños públicos para el Camí de Cavalls, que justo pasa por el costado de Alcalfar”, explica. 

La alcaldesa explica que la autorización de Caseta Jaume venció en 1990 y que su intención es que tenga un uso público: 'Me gustaría solicitar la concesión a Costas y destinarla, por ejemplo, a unos baños públicos'

Sobre la ampliación del catálogo patrimonial de Sant Lluís, Gonçal Seguí reivindica el rol de la Associació de Casetes de Vorera como impulsor de la patrimonialización de, entre otras, la Caseta Jaume. “En 2024, el Ayuntamiento elaboró su ficha y la incorporó al catálogo. Fue una propuesta nuestra y ahora el Consistorio utiliza esa catalogación como argumento para defender su protección ante el Ministerio. En todo caso, nos resulta decepcionante porque, si nos hubieran hecho caso cuando empezamos a trabajar en ello, en 2023, visitando las casetas una por una, a estas alturas los ocho catálogos municipales podrían haberse integrado en un catálogo insular aprobado por el Consell de Menorca. Eso habría permitido dotarlas de una protección jurídica más sólida y no estaríamos como estamos”.

Finalmente, Loles Tronch señala que recientemente han comunicado a Costas la resolución municipal para suspender la demolición, aprobada mediante decreto el viernes pasado, y explica que todavía no han recibido ninguna respuesta. “No nos han respondido, ni un llamado ni un por escrito. Estamos a la espera”, insiste, aunque, reconoce que “lo primero es preservar la casa”. 

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