Las villas de lujo abren sus puertas “en horario matinal” para salvar las escaleras ilegales que privatizan la costa de Ibiza

El sudoeste de Eivissa es el kilómetro cero de la destrucción del paraíso. En las inmediaciones de Cala Llentrisca, la vista aérea resulta particular: villas de lujo levantadas sobre unos escarpados acantilados que descienden hacia el Mediterráneo. La mayoría de estas mansiones se construyeron durante los años 70 y 80 en una zona que los nativos evitaron como la peste durante siglos. Por la inclinación, fortísima, y el tipo de suelo, arcilloso. 

Cualquier familia de es Cubells –la parroquia donde se encuentra este enclave, municipio de Sant Josep de sa Talaia– sabía que aquellas marinas podían convertirse en un tobogán cuando cayeran las tormentas de otoño. La toponimia no engaña; el nombre del lugar –es Salt d’en Sit– incluía la palabra salto. Para actuar con sentido común, la sabiduría ancestral no necesita de estudios en Arquitectura, Ingeniería o Geología. 

Pero en plena dictadura, la codicia ganó la partida. Sin planes generales de ordenación urbana ni, mucho menos, leyes que protegieran la costa, la zona se convirtió en un enjambre de inversores, conseguidores, constructores y, al final de la cadena, compradores. Millonarios que no dudaron en derramar cemento para inventarse escaleras para alcanzar la orilla. Sin respetar la servidumbre, esa franja de entre seis y veinte metros que debe dejarse entre las edificaciones y el litoral. Basta un vistazo en Google Maps para localizar unos accesos que, de facto, son privados. 

La Administración, explican los expertos consultados por elDiario.es, podría actuar “de oficio” para eliminarlas. Sin embargo, los documentos que ahora mismo tiene sobre la mesa el Govern pretenden conseguir una concesión que dé cobertura legal durante las próximas cinco décadas a una de esas escaleras.

Thomas Friedrich Schlytter-Henrichsen. Así se llama el propietario que ha solicitado este permiso a la Direcció General de Costes i Litoral, el departamento que otorga o deniega la instalación de chiringuitos, lotes de hamacas y sombrillas, o muelles y embarcaderos desde que en julio de 2023 el Estado transfirió parte de sus competencias a la comunidad autónoma balear. 

Para tramitar el permiso, el Govern le ha puesto una condición a Schlytter-Henrichsen: abrir las puertas de su mansión a cualquiera que desee utilizar la escalera. Es decir, si el expediente –que ya se ha publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears– se aprueba, quien quiera dirigirse a la costa tendría que pasear por un camino que recorre el jardín de la finca.

Thomas Friedrich Schlytter-Henrichsen, propietario de una mansión en la isla, tendrá que abrir las puertas de su casa a cualquiera que desee utilizar la escalera que da acceso al mar

En diciembre de 2024, Schlytter-Henrichsen presentó ante el Govern un proyecto técnico firmado por Antonio Garau Obrador, un ingeniero de caminos con despacho en Mallorca. El objetivo de la solicitud era obtener el título administrativo que le permitiera, en concreto, encargarse del mantenimiento y la conservación de las escaleras, que el documento sitúa entre los hitos 1100 y 1101 del deslinde costero vigente. 

La infraestructura está formada por unos escalones de hormigón que, adaptándose al terreno rocoso, dan a la mansión acceso directo al mar. A costa de ocupar 42,92 metros cuadrados del dominio marítimo-terrestre. Un descenso de más de 30 metros de altura que daría sentido al muro lateral y los cabos marinos anudados a una barandilla de madera que completan la escalera y figuran en los documentos elaborados por el ingeniero Garau. Según el proyecto, las obras se hicieron antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas (1988) y se encuentran en buen estado, por lo que no sería necesario ejecutar nuevas actuaciones. 

Por eso, el proyecto que presentó Schlytter-Henrichsen ante el Govern contemplaba un presupuesto bajísimo: apenas 9.552,75 euros. Una minucia en el mantenimiento que conlleva una vivienda que, según el Catastro, ocupa una superficie de 278 metros cuadrados.

Pese a que el uso recreativo de las escaleras parece evidente –para disfrutar de una tarde de sol en una cala sin bañistas, para recibir a invitados que lleguen en yate–, el ingeniero Garau presentó otros argumentos, siempre apoyado en documentación. El proyecto asegura que obtener un permiso para evitar que los peldaños sigan en fuera de juego urbanístico se debe al interés de facilitar el acceso a la costa y puedan ser útiles para servicios de vigilancia, salvamento y uso de las fuerzas de seguridad.

El informe técnico sostiene, además, que la instalación no afecta a la dinámica del litoral y que su ubicación permite descartar perjuicios ocasionados por los efectos del cambio climático durante el plazo de concesión solicitado. ElDiario.es se ha intentado poner en contacto con el ingeniero Garau por vía telefónica y por correo electrónico. En el momento de publicar este reportaje, sin respuesta.

La infraestructura está formada por unos escalones de hormigón que, adaptándose al terreno rocoso, dan a la mansión acceso directo al mar

El requerimiento de Costas

La Direcció General de Costes i Litoral del Govern respondió casi diez meses después, en octubre de 2025, a la solicitud de Schlytter-Henrichsen. Para justificar el interés público de las escaleras y garantizar que la ciudadanía pudiera acceder al mar, el propietario tuvo que mover ficha de nuevo. En junio de 2026 presentó un anexo: proponía habilitar un itinerario que enlazara la calle con el primer escalón. Cruzando la villa de cabo a rabo.

El recorrido, de algo más de un metro de anchura, atravesaría su parcela usando una escalera y una pasarela que ya existen, y un tramo de jardín. Para delimitar el recorrido, se instalarían postes de madera –también unidos por cabos– para señalizar el paso. El anexo también prevé la apertura de una puerta peatonal –la villa cuenta con otra destinada exclusivamente a vehículos–, pero sólo “durante el horario laboral diurno”. Por la noche se cerraría por “motivos de seguridad”. 

Según el texto del ingeniero Garau, fue una solución planteada de forma independiente después de que un vecino –también propietario de un chalé de grandísimas dimensiones– se negara a coordinar un itinerario común para ambas escaleras. Esta parcela también trata de buscar un amparo legal para su escalera. Que también invade el dominio marítimo-terrestre.

Schlytter-Henrichsen también ha adjuntado a su petición una declaración responsable en la que reconoce que sólo es posible acceder fácilmente a las escaleras –y, por tanto, al mar en este tramo de la costa– a través de la propiedad privada. Y en la que añade: “Dado el carácter del uso para el que ahora se solicitan las obras objeto de la concesión, esto es público y gratuito, en beneficio de mejora del interés general y público de las mismas”.

Schlytter-Henrichsen reconoce que sólo es posible acceder fácilmente a las escaleras –y por tanto al mar en este tramo de la costa– a través de la propiedad privada

En el mismo documento se compromete a señalizar debidamente y a instalar los elementos desmontables necesarios para conectar el vial público. elDiario.es también se ha puesto en contacto con la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, que ha declinado hacer declaraciones sobre las respuestas administrativas o la habilitación del acceso. 

Cortar una calle pública

La hemeroteca recoge cientos de noticias –en la prensa local, nacional e internacional– sobre estas mansiones situadas entre la bucólica iglesia de es Cubells y las casetas de pescadores de Cala Llentrisca. Desde que en 1977 la actriz Ursula Andress –chica Bond en 007 contra el Doctor No– vendiera su casa, rajada por los deslizamientos que tanto temían los campesinos del terreno. Y hasta que el ex futbolista Marco Borriello recurrió la millonaria sanción que le intenta imponer el Consell d'Eivissa por construir cientos de metros cuadrados sin licencia de obra –un proceso judicial que empezó en 2023 y todavía no se ha resuelto–, las historias jugosas se acumulan. 

Marco Borriello ha recurrido la millonaria sanción que le intenta imponer el Consell d'Eivissa por construir cientos de metros cuadrados sin licencia de obra –un proceso judicial que empezó en 2023 y todavía no se ha resuelto–

La prueba de que quien compra en es Salt d’en Sit busca exclusividad durante todo el año puede leerse en este reportaje de elDiario.es. En enero de 2025, un vigilante negó el paso a unas excursionistas en una calle pública cortada por una valla. Cuando el grupo llegó a la garita de seguridad, el trabajador contratado por el complejo de viviendas de lujo les explicó que, si no vivían en la urbanización no podían continuar, unos hechos calificiados como “ilegales” por la Policía Municipal.

La calle que les querían cortar es la misma por la que circulan con sus coches cuando entran y salen de casa tanto Borriello como Schlytter-Henrichsen –el que fuera delantero centro del AC Milan, la Roma o la Juventus y este empresario de apellidos germánicos son vecinos, puerta con puerta—. Unos metros más allá, el asfalto desaparece y da paso a un camino de tierra que después se estrechará, transformado en sendero. Es la única forma –sin recurrir al trekking– de bajar por tierra a Cala Llentrisca. 

La urbanización privada está ubicada en un Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP). Se trata de una de las áreas naturales de la isla declarada de especial interés mediante la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección.  

Explotación privada de un recurso natural

“Lo que pide el propietario de este chalé está en la estratosfera de nuestro ordenamiento jurídico. Se corre el riesgo de que el propietario de la concesión abra y cierre la puerta cuando le dé la gana. El acceso sería a través de su casa”, explica una fuente especializada en el ámbito del Derecho urbano y medioambiental.  Esta voz experta considera que una concesión para mantener una obra que invade el dominio marítimo-terrestre sólo puede concederse “por causas justificadas de interés público”. Y pone un ejemplo muy concreto: “Por usos industriales, como el acceso a un embarcadero o a una playa donde, de forma racional, se explote un recurso natural”. Como las antiguas canteras donde ibicencos y formenterenses arrancaron marès –arenisca dunar–, la pedra morta que convertían en cal, reforzaban las paredes de pozos y aljibes, o, ya en el siglo XX, levantaron casas y teatros de estilo indiano como el Pereyra. Un uso que no aparece en la solicitud de Schlytter-Henrichsen. 

Aparentemente, este empresario –que entre 2004 y 2019 administró Fairlane Trading SL, una sociedad domiciliada en Eivissa y dedicada al negocio inmobiliario– quiere seguir bajando unos peldaños que salvan un desnivel de más de treinta metros para pegarse un chapuzón en el Mediterráneo. Algo que, para la fuente consultada por elDiario.es, “nunca autorizaría la Demarcación de Costas ni la Abogacía del Estado”. Ahora, sin embargo, decidirá el Govern.

La escalera ibicenca será una de las primeras patatas calientes de Joan Cristòfol Jaume Mulet como director general de Costes i Litoral. Marga Prohens tuvo que recurrir a este veterano de la política mallorquina –concejal de Urbanisme y alcalde de Llucmajor, vicepresidente del PP durante el turbulento período de Juan Ramón Bauzá– para sustituir a Xima Ferrer Matas. 

Ferrer es funcionaria de carrera. Cuando el popular Carlos Simarro abandonó la dirección general para irse al Senado, el Govern la eligió como sustituta. Durante el año en que gestionó los 1.573 kilómetros de la costa balear, Ferrer se destacó por denunciar que un empresario le había intentado regalar una caja de bombones que contenía 20.000 euros en metálico. Los altos cargos del gobierno autonómico aplaudieron su integridad. Pero las alabanzas duraron poco. Al inicio del verano, la directora general trató de impedir que se plantaran más hamacas en las playas de Formentera. La destituyeron el 8 de agosto.

Poca garantía de recuperación del dominio público

“La situación puede ser muy enrevesada si esa escalera se construyó antes de 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas (que es la que sigue rigiendo, aunque las competencias se hayan transferido a la comunidad autónoma), pero, teóricamente, esa invasión del dominio público se tendría que resolver con un expediente de recuperación”, reflexiona esta fuente experta en urbanismo y medio ambiente. 

La Illa de Toralla sería el paradigma de litoral colonizado: una docena de chalés con jardín y piscina a los que sólo un espigón separa de las aguas de la Ría de Vigo. Construidos durante el desarrollismo franquista, ahí siguen. La recuperación de algunos ríos cántabros –como el Asón– a base de limpiarlos de todo lo que se levantó en los terrenos inundables de sus márgenes sería, para esta voz experta, un buen ejemplo para explicar por qué lo individual no debería primar sobre lo colectivo:

–En el caso de Ibiza, ordenar la convivencia entre los chalés que están encima del acantilado y el acceso a la orilla, también es una cuestión de interés público. Lo que no se me ocurre es cómo se puede dar una concesión a un particular. Si yo soy la Administración, no le puedo dar una concesión a Pepe, Juan o Manolo.

–¿Aunque Pepe, Juan o Manolo abran las puertas de su finca para permitir que cualquiera baje hasta el mar? O, volveríamos a lo mismo: que el acceso del dominio marítimo-terrestre sólo se puede limitar por razones de interés público?

–Así es. Por ejemplo, para proteger una playa donde haya nidos de animales. Pero si es el dueño de un chalé que está bloqueando el acceso al mar, entiendo que no. Además, permitir que pase gente [a través de su propiedad], pero sólo por la mañana (para que por la tarde y por la noche nadie le moleste), no tiene ningún tipo de cobertura a través de nuestro ordenamiento jurídico. Si se lleva a cabo –que no te digo que no– será una chapuza porque al final se le intenta dar forma a toda. Lo que habría que garantizar es recuperar el dominio público con unas condiciones que sean positivas para el entorno.