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Oriol Solé Altimira

De Barcelona de toda la vida. Ha pasado por las redacciones de EFE y El País. Interesado en economía, historia y política. Cursa Ciencias Políticas.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 20086

La Confederación Brasileña de Fútbol niega el perjuicio que mantiene a Sandro Rosell en prisión

El próximo 25 de mayo se cumplirá un año del  ingreso en prisión del expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell. Hasta en diez ocasiones ha pedido a la Audiencia Nacional salir de prisión. Sin éxito. Un nuevo documento aportado a la causa que instruye la jueza Carmen Lamela podría dar un giro a su situación: la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) niega, en un certificado, que haya resultado perjudicada por la intermediación que realizó el expresidente para comercializar los partidos amistosos de la selección.

A Rosell se le investiga por, presuntamente, haberse quedado con 6,5 millones de euros procedentes de la venta de derechos audiovisuales de 24 partidos amistosos de la selección brasileña que luego habría blanqueado en Andorra. El expresidente de la CBF, Ricardo Teixeira (en libertad en Brasil) habría obtenido 8,3 millones. Según Lamela, Rosell y Teixeira habrían creado un entramado societario con ramificaciones en Nueva Jersey (EEUU) y Panamá y canalizado a través de sociedades en Andorra.

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En la cocina financiera del 1-O: "No van a encontrar malversación porque no se ha pagado un euro"

Sin pagos no hay malversación. Así lo creen quienes fueran  algunos de los cargos del departamento de Economía que estuvieron en la cocina financiera del referéndum del 1-O, que han accedido a hablar con eldiario.es sobre la investigación que la Guardia Civil sigue contra el Govern por este aspecto. Según indican, pese a los informes remitidos por la policía todas las facturas emitidas durante su mandato están justificadas y avaladas por la Intervención General de la Generalitat.

"No van a poder justificar el delito de malversación porque no se ha pagado un euro", aseguran dos de los hombres que conocen uno de los secretos mejor guardados del 1-O. Las dos fuentes consultadas aseguran que las indagaciones de la Guardia Civil dan "palos de ciego", pues se limitan a tratar de deducir, a partir del material electoral incautado o conocido, cómo se pudo pagar desde la Generalitat. "Y no lo encontrarán, porque simplemente no se abonó", remacha una de ellas.

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Copa del Rey: una década de pitadas, polémicas políticas y una condena judicial

Los himnos se han pitado muchas veces, pero el lío empezó en 2009. Fue cuando Athletic de Bilbao y F.C. Barcelona iban a disputar la final de la Copa del Rey en el Estadio de Mestalla, en Valencia. Desde las aficiones se empezó a mover un acto de protesta por motivos políticos, como la polémica en torno al Estatut catalán o la reclamación de que Catalunya o Euskal Herria tuviesen sus propias selecciones de fútbol. Así se gestó la pitada al himno nacional cuando sonaba antes de comenzar al partido, con la circunstancia de que el rey Juan Carlos y la reina Sofía estaban en el palco y también recibieron silbidos. Diez temporadas después, la polémica sigue.

La presencia del Barça en la final de Copa de este sábado, donde se jugará el título con el Sevilla en el estadio del Atlético de Madrid, ha impregnado al partido de la crisis política en Catalunya. Algo a lo que han contribuido las declaraciones de directivos del fútbol y del deporte, políticos o cargos públicos. Una polémica que ha surgido hasta en ocho ocasiones en las últimas diez finales, que por ahora ha dejado sanciones económicas para clubes y un solo condenado, pero por la vía penal.

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Lluís Salvadó (ERC) pide al juez que su conversación machista quede fuera de la causa del 1-O

El diputado y dirigente de ERC Lluís Salvadó ha solicitado al juzgado de instrucción 13 de Barcelona que excluya de la causa su conversación machista en la que se decantaba por escoger como consellera de Educación a la candidata que tuviera "las tetas más gordas". En un escrito, al que ha tenido acceso este diario, la defensa de Salvadó solicita al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer que queden fuera del sumario de la causa tanto dicha conversación como el resto de pinchazos telefónicos "que no tienen relevancia penal" y forman parte de "aspectos de la vida íntima de las personas".

Antes de decidir si lo hace o no, el juez, en una providencia, ha requerido a la defensa de Salvadó que concrete "todas y cada una de las conversaciones y/o mensajes que, por hacer referencia a 'aspectos de la vida íntima de las personas'", pretende que sean excluidas de la evidencial legal".

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El juez de Barcelona cita como testigo a la expresidenta de los medios públicos catalanes por el anuncio del 1-O

Nuevas citaciones en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer ha citado a testigos e imputados para que presten declaración en relación a la publicidad institucional del 1-O emitida en TV3, la campaña para promover la inscripción en un registro de los catalanes residentes en el extranjero y a instarles a votar y la plataforma a favor del referéndum pactado, el Pacte Nacional pel Referéndum.

En una providencia, a la que ha tenido acceso este diario, el juez Ramírez Sunyer cita como testigo a Núria Llorach, expresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente que agrupa a los medios públicos catalanes. Además de Llorach –que ocupó la presidencia de la CCMA hasta este mes de enero, cuando se reincorporó Brauli Duart– para el próximo 9 de mayo están citados el director de El Punt Avui, Xevi Xirgu; y el del digital directe.cat, Joan Puig. Asimismo, para el mismo día deberán comparecer como testigos tres representantes de agencias publicitarias.

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Las dudas sobre la malversación añaden más trabas a la causa contra el procés

El Tribunal Supremo, un juzgado de Barcelona y jueces escoceses, belgas y alemanes tratan de determinar cómo pagó la Generalitat los gastos de organización del referéndum del 1-O, sin que hasta ahora se haya podido concluir de dónde salieron esos fondos. La Guardia Civil  apunta al desvío de dos millones de euros de dinero público, pero el ministro de Hacienda lo niega públicamente. Tras descartar la rebelión, Alemania plantea dudas sobre el delito de malversación, el único que ahora podría motivar la entrega de Carles Puigdemont a España. El expresident de la Generalitat declaró que el referéndum se pagó con fondos de una caja de resistencia y con ayuda de algunas empresas que renunciaron a cobrar por sus trabajos.

El primero que comenzó a seguir el rastro de ese dinero fue el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Apuntó a un desvío de 6,2 millones, el resultado de la suma de 5,8 millones incluidos en los presupuestos de la Generalitat para "procesos electorales y participativos" y otros 400.000 euros incluidos en otras dos partidas con ese mismo fin. La Fiscalía incluyó esa cifra cuando presentó su querella por rebelión contra los miembros del Govern y la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela la usó para imponer una fianza a los investigados.

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La Guardia Civil eleva la malversación que niega Montoro a casi 2 millones de euros por el 1-O

Un nuevo informe de la Guardia Civil incorporado a la investigación del Tribunal Supremo por el 1-O eleva a casi 2 millones de euros el dinero público presuntamente malversado para la organización del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El atestado lleva fecha de 26 de marzo de 2018 y actualiza el estado de las investigaciones, que en un informe anterior cifraba en 1,6 millones el dinero público invertido en el 1-O.

El informe se conoce en medio de la controversia que mantienen el juez Llarena y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cuenta del dinero público gastado en el 1-O. Tras reiterar el ministro, como ya hizo el pasado mes de agosto, que no le consta que el 1-O se sufragara con fondos públicos, el juez ha requerido a Montoro que documente su afirmación.

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Nuevo informe de la Guardia Civil: "JxSí ha podido emplear dinero de subvenciones públicas para el 1-O"

Un nuevo informe de la Guardia Civil entregado al juez Pablo Llarena establece la posibilidad de que el grupo parlamentario Junts pel Sí "ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas para hacer frente al pago de la representación del referéndum". El instituto armado plantea esta hipótesis a partir del contrato de la cesión del espacio del Teatro Nacional de Catalunya (TNC) firmado por Jordi Turull en calidad de presidente del grupo parlamentario, para un acto a favor del referéndum que se celebró el pasado 4 de julio.

El gasto total fue de 17.690,20 euros abonados por el grupo parlamentario de Junts pel Sí. "Ese acto tenía como objeto difundir y alentar la participación ciudadana y sobre todo el voto del SI en ese referéndum", recoge el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso eldiario.es. El propio grupo parlamentario desveló la cifra de 17.690 euros el pasado mes de julio después de que el juzgado de instrucción 13 de Barcelona requiriera al TNC el coste del alquiler de la sala del teatro.

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Un juez investiga si dos mossos agredieron a un joven tras llamarle "morito"

Un juez de Barcelona ha admitido la denuncia de un joven de origen marroquí, M.E., por una supuesta agresión racista que sufrió por parte de dos agentes de los Mossos d'Esquadra. El joven ha denunciado que el pasado mes de febrero, cuando volvía de trabajar de madrugada de un restaurante del Puerto Olímpico, los policías le pararon para que se identificara y le retuvieron. Uno de ellos le habría dicho "morito, eres un listillo", tras lo que habría seguido una sucesión de empujones. La denuncia del joven añade que los agentes lo lanzaron al suelo, donde le habrían propinado varios golpes y patadas en todo el cuerpo, incluida la cara.

La versión de los Mossos d'Esquadra difiere de la del denunciante. Se reconoce que M.E. fue agredido, pero no por los agentes. Según una diligencia policial aportada a la causa –es la que ha permitido a la acusación identificar a dos agentes–, el joven fue requerido por los policías como "sospechoso" de haber robado a un turista. El documento policial, fechado tres días después del día de los hechos, añade que los agentes informaron al joven de que sería denunciado por amenazarles, ya que se mostró "muy agresivo".

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El Supremo pide a Montoro que explique cómo sabe que el 1-O no se pagó con dinero público

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre "el soporte objetivo concreto" de sus declaraciones en las que dijo tener certeza de la ausencia de gasto público para la organización del 1-O. El magistrado destaca que esas declaraciones contradicen "las fuentes de prueba" que figuran en la instrucción de la causa.

En una providencia dictada hoy, el instructor señala que se ha objetado por varios de los procesados, en las declaraciones indagatorias celebradas los días 17 y 18 de abril de 2018, “la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros”, fundando sus alegatos “en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción”.

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