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Oriol Solé Altimira

De Barcelona de toda la vida. Ha pasado por las redacciones de EFE y El País. Interesado en economía, historia y política. Cursa Ciencias Políticas.

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"En Catalunya no ha existido la violencia que requiere el delito de rebelión"

"Todo se ha confiado a policías, fiscales, jueces y código penal. Y esta situación es muy negativa". Quien dice estas palabras no es un político en un mitin, sino una magistrada de la Audiencia de Barcelona. Montserrat Comas d'Argemir (Barcelona, 1953), portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en Catalunya, deja de redactar sentencias y autos para conceder una entrevista a eldiario.es, lo que da cuenta de la sobrecarga de trabajo de la carrera judicial.

Precisamente los jueces, en especial el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, han asumido un protagonismo inédito en el proceso soberanista. Comas d'Argemir lamenta  las referencias a la ideología independentista que Llarena ha incluido en los autos por los que ha mantenido en prisión a los dirigentes independentistas, pero niega que Junqueras, Forn y los 'Jordis' sean presos políticos. También se muestra crítica con la causa por rebelión y la decisión de Carles Puigdemont y Anna Gabriel de no comparecer ante la Justicia española.

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La Guardia Civil detecta "operaciones fiscalmente opacas" en las cuentas en Andorra de empresarios del 3%

La investigación del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha permitido conocer movimientos financieros de cuatro de los empresarios imputados por pagar supuestamente comisiones ilegales al partido nacionalista. La Guardia Civil, en un informe, ha detectado "operaciones fiscalmente opacas" y sospechosas de blanqueo de capitales desde las cuentas en Andorra de estos constructores. Destacan entre ellas las de Jordi Sumarroca, del que el Instituto Armado ha descubierto, además, que traspasó a una abogada la gestión de su cuenta bancaria siete meses después de ser detenido.

Sumarroca compartía la titularidad de la cuenta andorrana con sus hermanos Carles y Albert, todos ellos hijos de uno de los fundadores de CDC. Fue abierta en agosto de 1998 en la Banca Reig, que posteriormente se convirtió en Andbank. La aportación inicial al depósito fue de 29,5 millones de pesetas "de los que se desconoce su origen", indica el informe del Instituto Armado al que ha tenido acceso eldiario.es.

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Se elevan a 73 los imputados en Catalunya por las huelgas del 3-O y el 8-N

La investigación judicial de las huelgas soberanistas del pasado 3 de octubre y del 8 de noviembre ha sumado este jueves tres nuevas causas, que elevan a 73 las personas investigadas –antes imputadas–, en su mayoría por desórdenes públicos relacionados por los cortes de carreteras que se produjeron durante los paros.

En concreto, una juez de Tarragona investiga a seis personas, sindicalistas y dos concejales de la CUP del municipio. El juzgado les ha citado como investigados para el 5 de abril a raíz de una denuncia de los Mossos d'Esquadra por cortes de carreteras el 3-O. Algunos de los investigados, en una rueda de prensa, han alegado que ni siquiera estaban en el lugar de los hechos por los que han sido denunciados.

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El fiscal pide nueve años de cárcel a dos jóvenes por dar una paliza a una pareja de gays

Severa petición de la Fiscalía contra los tres presuntos agresores de una pareja homosexual. El fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ha reclamado nueve años de cárcel contra dos jóvenes y dos para el otro hombre que formó la terna de acusados de golpear con un casco y con los puños a dos gays. La petición de pena incluye la agravante de discriminación sexual.

Los hechos sucedieron en octubre de 2016 en el barrio del Putxet de Barcelona, una zona acomodada de la capital catalana. Los tres acusados, sostiene el escrito del fiscal, venían "desde hacía tiempo" sometiendo a la pareja a "miradas desafiantes y hostiles cono evidente desprecio a su condición sexual".

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Junqueras denuncia ante el Supremo una estrategia del Estado para "criminalizar al independentismo"

Dureza inédita de la defensa de Oriol Junqueras en la causa contra la cúpula independentista que investiga el Tribunal Supremo. En un escrito dirigido al magistrado Pablo Llarena, la defensa del exvicepreident ha denunciado una estrategia del Estado para "criminalizar al independentismo catalán" mediante la "instrumentalización" de la justicia penal.

"Hubo un día en que la política a decidió que debía "parar los pies" o ( en palabras del gobierno de España) "descabezar" al independentismo catalán. Una opción política legal y mayoritaria en Catalunya y, por tanto, imposible de ilegalizar, debía ser criminalizada, y a tal fin se diseñó o promovió una estrategia de ataque por distintos frentes con una clara instrumentalización de la justicia penal", asegura el letrado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, en su escrito, al que ha tenido acceso este diario.

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Fèlix Millet saldrá de la cárcel si paga una fianza de 400.000 euros

Fèlix Millet y Jordi Montull podrán salir de la cárcel. Si pagan. La sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha estimado parcialmente los recursos de súplica presentados por los exdirigentes del Palau de la Música contra su ingreso a prisión, donde permanecen desde el pasado 5 de febrero, y ha establecido que podrán quedar en libertad si abonan una fianza de 400.000 y 100.000 euros, respectivamente.

En un auto, los magistrados consideran que persiste el riesgo de fuga por el que decretaron la prisión provisional de Millet y Montull. No obstante, en atención a los recursos, creen que dicho riesgo se puede conjurar mediante otras medidas: la fianza de 400.000 y 100.000 euros, la obligación de comparecencia mensual en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Además, advierten a los exmandamases del Palau que volverán a la cárcel si incumplen cualquiera de estas medidas.

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La jueza avala el despliegue policial frente a la sede de la CUP el 20-S por basarse en el "seguimiento de actividades" del 1-O

Carpetazo a la investigación sobre las más de seis horas que agentes de la Policía Nacional pasaron frente a la sede de la CUP el pasado 20 de septiembre. El partido asambleario sostenía que la actuación policial podría incurrir en varios delitos al haberse llevado a cabo sin orden judicial, pero la jueza no ha visto ningún indicio delictivo y ha decretado el archivo de la causa.

En un auto, al que ha tenido acceso este diario, la titular del juzgado de instrucción 9 de Barcelona, Silvia López, concluye que la intervención policial fue llevada a cabo "en el legítimo ejercicio" de las funciones que la Policía Nacional tenía encargadas por la Fiscalía Superior de Catalunya para impedir el 1-O. La CUP recurrirá el archivo del caso.

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Suiza tardará como mínimo un año en responder a la extradición de Anna Gabriel

La  búsqueda de refugio –o huida, depende de a quién se pregunte– de Anna Gabriel en Suiza ha abierto un nuevo frente internacional en la causa por rebelión. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena constatará este miércoles que la exdiputada de la CUP no acude a su declaración como imputada. A partir de ahí el magistrado puede decidir activar una petición de extradición al país alpino.

La intención de Llarena es dictar auto de procesamiento a finales de marzo o principios de abril para los investigados que permanecen en España –a día de hoy, 22–, según los cálculos que se hacen en el propio Supremo. Esa decisión irá acompañada de la reactivación de la euro–orden contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers en Bélgica, ya con el peso de estar asentada en el citado auto de procesamiento. La petición de extradición a Suiza se podría cursar junto a la euro–orden hacia Bélgica.

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Piden quince años de cárcel para siete mossos por agredir a manifestantes de Can Vies

Casi cuatro años después de los altercados que sucedieron al desalojo y reokupación de Can Vies, la Justicia sigue examinando lo sucedido en los alrededores de este emblemático centro social del barrio de Sants de Barcelona. Y no sólo en lo que se refiere a los manifestantes, sino también en las supuestas agresiones cometidas por antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. A partir del próximo 30 de abril se sentarán en el banquillo siete agentes acusados de agredir gratuitamente a tres jóvenes.

El escrito de una de las acusaciones particulares, al que ha tenido acceso este diario, pide quince años y medio de cárcel para cada uno de los antidisturbios acusados –un sargento, un cabo y cinco agentes– por tres delitos contra la integridad moral y otros cuatro de lesiones.

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La jueza Lamela imputa a Trapero un nuevo delito de sedición por el 1-O y le cita para este viernes

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga el papel de los Mossos d'Esquadra en el proceso soberanista, ha citado a declarar como imputado –investigado, según la nueva denominación– por sedición al exmajor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por el 1-O. Trapero ya estaba investigado por la inacción de la policía catalana en la protesta frente a la conselleria de Economía del pasado 20 de septiembre.

La jueza ha citado a declarar a Trapero para este viernes, 23 de febrero, a las 9.00 horas en calidad de investigado,  cuatro meses después de su última declaración, tras la que quedó en libertad sin fianza. Su sustituto al frente de los Mossos tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Ferrán López, también deberá comparecer el viernes  ante la magistrada, aunque en su caso como testigo.

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