El CNI admite cuatro años después que espió al exdiputado de la CUP David Fernàndez

Pese a los retrasos y a las trabas que acumulan, las investigaciones por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los independentistas deparan sorpresas. La inteligencia española ha admitido cuatro años después de estallar el escándalo Pegasus que espió al periodista y exparlamentario de la CUP David Fernàndez, algo que no había ocurrido hasta ahora.

El nombre de Fernàndez aparece en el acuerdo del Consejo de Ministros por el que el Gobierno, a petición del juez, autoriza la desclasificación de una pequeña parte del espionaje al periodista y al exparlamentario de la CUP Carles Riera. Como ya ha ocurrido en anteriores casos, la información que el Ejecutivo facilita a requerimiento de los jueces que investigan el espionaje es parcial y limitada.

A diferencia de Fernàndez, Riera sí formaba parte de los 18 independentistas a los que la exdirectora del CNI Paz Esteban admitió haber espiado en el Congreso en 2022. En el documento, el Consejo de Ministros niega que el CNI espiara al exdiputado Albert Botran, querellante del caso junto a los otros dos exdiputados.

Los únicos documentos que el Gobierno facilita al juez son los autos del Tribunal Supremo por los que se avaló el espionaje solicitado por el CNI. Como ya ha ocurrido en otros espiados, como el expresident Aragonès o el exviceconseller Sergi Sabrià, el Ejecutivo los envía al juez con numerosos tachones para no desvelar, según el Ejecutivo, “actividades, medios y procedimientos” del centro.

El Ejecutivo expone en el acuerdo de desclasificación que el espionaje sobre Fernàndez fue autorizado por el Supremo en diciembre de 2019 y que se prorrogó hasta el 2 de junio de 2020. Por entonces el procés digería las protestas que en otoño de 2019 convocó Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés del Supremo, si bien la pandemia cortó toda actividad en la calle.

Fernàndez había dejado de ser diputado en 2015 y por entonces era militante de la CUP, periodista y activista en varias organizaciones soberanistas como Òmnium Cultural.

En el caso de Riera, el espionaje coincide con su periodo como diputado del Parlament. El Supremo avaló la infiltración en su teléfono casi dos años, entre el 23 de junio de 2020 y el 24 de mayo de 2022. El Ejecutivo alega, en base a los informes del CNI, que se trató de una “actividad legal y autorizada judicialmente”, tal y como ha defendido Esteban en la media docena de causas en las que está imputada por el espionaje a los independentistas.

El rastro técnico del espionaje en los teléfonos móviles de varios espiados por Pegasus ha permitido constatar un patrón común en el uso del programa espía Pegasus contra los independentistas, tanto en aquellas infiltraciones avaladas por el Supremo como en las que no lo estuvieron.

En el documento de desclasificación, el Gobierno vuelve a omitir si usó el programa espía Pegasus contra Riera y Fernàndez, y se limita a indicar que ambos “fueron efectivamente objeto de unas medidas de interceptación legal de las comunicciones”, sin más concreciones.