Atención al 16 de julio: el TJUE pone fin al debate sobre la ley de amnistía

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anunciado que el 16 de julio hará pública la sentencia sobre la ley de amnistía. Con dicha sentencia, sea en el sentido que sea, se pondrá fin al debate sobre la juridicidad de la ley de amnistía. Si la ley de amnistía no tiene cabida en el derecho europeo, tampoco puede tenerla en el derecho español y tendría, en consecuencia, que ser expulsada del ordenamiento jurídico lato sensu.

Si, por el contrario, la ley tiene cabida en el derecho europeo, quedaría despejada la única duda que quedaba sobre su vigencia. Podrá continuar el debate jurídico académico o el debate político, como ocurre con cualquier norma jurídica después de que el máximo intérprete de la Constitución o del Derecho Europeo haya resuelto las dudas sobre la misma, pero su inclusión en el derecho español y europeo sería ya indiscutible. La última palabra estaría ya dicha.

Dado que la legislatura que se inició con las elecciones del 23 de julio de 2023 ha girado desde el primer momento sobre la amnistía, el alcance de la decisión que se va a conocer el 16 de julio no puede ser mayor. El TJUE avalará la estrategia de acoso y derribo del PP, Vox y de buena parte de la judicatura o, por el contrario, avalará la legitimidad y legalidad de la mayoría parlamentaria y su Gobierno.

En el primer caso, nos encontraríamos ante una crisis constitucional prácticamente inmanejable. Es muy poco probable que se produzca. En el segundo el nacionalismo catalán recuperaría la posición que ha ocupado en el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución.

La sentencia va a ser, inevitablemente, una sentencia extraña ya que en el asalto a la ley de amnistía se ha practicado avant la lettre, la consigna de José María Aznar del “que pueda hacer que haga”. Han sido tres años de una guerra de guerrillas contra la ley en la que han participado los grupos parlamentarios de PP y Vox en el Congreso de los Diputados y en el Senado (en esta última cámara de manera fraudulenta); el Tribunal Supremo en varias ocasiones, así como también la Audiencia Nacional y algunos Tribunales Superiores de Justicia de varias comunidades autónomas y el propio Tribunal de Cuentas. Además de algunas de las asociaciones de jueces, que llegaron a convocar manifestaciones en las puertas de las Audiencias Provinciales e incluso huelgas, que carecen de cobertura constitucional. Y la “Brunete” mediática, por supuesto.

No todas las acciones han acabado siendo judicializadas, pero muchas sí lo han sido. Cada una ha tenido el recorrido judicial que le correspondía. En consecuencia, el debate sobre la ley de amnistía no ha sido un debate nítido. No ha sido un debate con base en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados o senadores del PP y Vox o en una cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo, a las que se podría haber anudado una cuestión prejudicial ante el TJUE. Ha sido un debate con múltiples voces y ante diferentes instancias. Como consecuencia de ello, la cacofonía jurídica ha sido enorme.

Como consecuencia de esta enorme cacofonía, el TJUE se va a pronunciar este próximo 16 de julio sobre dos cuestiones prejudiciales menores, se podría decir, elevadas por el Tribunal de Cuentas la primera y por la Audiencia Nacional la segunda. Pero ambas van a despejar las dudas sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho europeo.

El Tribunal de Cuentas analiza la responsabilidad contable del expresident Carles Puigdemont y otros miembros del Govern, y pregunta si amnistiar el desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés vulnera la directiva europea de protección de los intereses financieros de la Unión.

La cuestión elevada por la Audiencia Nacional se produjo en relación con la causa que afecta a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). La Audiencia Nacional considera que el TJUE debe decidir si la cobertura que da la ley de amnistía a la actuación de estos Comités es compatible con la Directiva europea de lucha contra el terrorismo o si, por el contrario, genera un espacio de impunidad incompatible con el marco comunitario.

En noviembre del año pasado, el Abogado General descartó que la ley de amnistía fuera incompatible con la normativa europea sobre protección de fondos o sobre terrorismo.

También descartó la alegación de que la ley de amnistía fuera una ley de “autoamnistía”, es decir, que se aprobaba por quienes había cometido delitos durante el procés para eximirse de cualquier tipo de responsabilidad. Los redactores de la ley serían, pues, los beneficiarios de la misma, con lo que se produciría un intercambio de votos por impunidad.

Ya el Tribunal Constitucional argumentó que el objetivo de la norma no era un beneficio personal, sino un fin legítimo de Estado: buscar la normalización política y la convivencia en Cataluña tras la crisis constitucional de 2017. Con esta opinión es con la que coincide el Abogado General.

La opinión del Abogado General no es vinculante, pero estadísticamente suele anticipar el fallo definitivo.

De ser así, el TJUE estaría desbloqueando la situación jurídica de los líderes independentistas condenados o encausados, aunque todavía no condenados, como es el caso de Carles Puigdemont.

El nacionalismo catalán del que procede Junts ha sido una pieza muy importante en el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución. Materialmente, representa una parte importante de la Constitución de España. La guerra de guerrillas contra la ley de amnistía lo ha descolocado. ¿Será posible que, resuelta la cuestión de la amnistía, esa forma de manifestación del nacionalismo catalán vuelva a hacer política de la forma en que demostró que sabe hacerlo?