La decisión del TJUE sobre la amnistía marcará el futuro de Puigdemont y el final de la legislatura

La amnistía fue el pegamento que en 2023 permitió a Pedro Sánchez armar la mayoría para conservar la presidencia del Gobierno. Tres años después, la norma de olvido penal del procés conocerá el resultado de su examen más decisivo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emite este jueves su fallo sobre la norma.

El independentismo espera que la sentencia del TJUE sea el primer movimiento para deshacer el nudo en el que se ha convertido la materialización de la amnistía a los líderes del procés, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a causa de la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla. El líder de Junts cumplirá nueve años en Bélgica en octubre, con el único paréntesis de su aparición y fuga en Barcelona de agosto de 2024.

Aunque formalmente el TJUE no ha examinado el caso de Puigdemont y Junqueras del Alto Tribunal, un aval de los jueces de Luxemburgo a la norma pondría en bandeja al Tribunal Constitucional español, que ya ha respaldado la ley en líneas generales, anular la negativa del Supremo a amnistiar a los líderes soberanistas.

Como en casi todo el mapa judicial del procés, hay que tener en cuenta varios planos:

Qué resolverá el TJUE este jueves

Los jueces de Luxemburgo responderán a las cuestiones prejudiciales que le enviaron cuatro juzgados españoles. Las más destacadas fueron las remitidas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en los casos sobre los gastos del 1-O y los CDR acusados de terrorismo. Las dos instancias consideran que la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la UE y vulnera la directiva europea de lucha contra el terrorismo.

El abogado general, una figura del TJUE que da a los magistrados opiniones jurídicas sobre los casos tras estudiarlos a fondo, avaló el grueso de la ley y rechazó los principales argumentos de la Comisión Europea, que se alineó con el PP, contra la norma. Sus conclusiones no son vinculantes, pero guían al TJUE en la redacción de la sentencia.

Lejos de tildarla de “autoamnistía”, como hizo el abogado de la Comisión en referencia al apoyo de los independentistas a la investidura de Sánchez, el abogado general concluyó que la medida de gracia encajaba en la normativa europea.

Al entrar al detalle de la ley, el abogado general la consideró “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación” y rechazó que buscara “proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales”.

Qué pasará en España... y en el Supremo

Los efectos prácticos más evidentes en España recaerán en los tribunales que enviaron las cuestiones prejudiciales: si el TJUE avala la norma en línea con el abogado general, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional tendrán que absolver a la treintena de expolíticos y altos cargos del Govern por los gastos del 1-O y a los 12 CDR acusados de terrorismo, pues las resoluciones de Luxemburgo son de obligado cumplimiento para los juzgados nacionales.

Lo mismo ocurre con los otros dos tribunales que plantearon sus dudas al TJUE: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) con los exaltos cargos de Economía Lluís Salvadó y Josep Maria Jové por los preparativos del 1-O y un juzgado de Vilanova de un ciudadano acusado de desobediencia.

Lo del Supremo con Puigdemont y Junqueras es distinto. El Alto Tribunal encabezó la negativa judicial a aplicar la amnistía. Mientras la gran mayoría de juzgados catalanes archivaban sin ruido las causas (afectaran a policías o a independentistas), tanto el juez Llarena como el tribunal presidido por Manuel Marchena rechazaron perdonar a Puigdemont, Junqueras y el resto de consellers.

Los dirigentes independentistas recurrieron la negativa del Supremo al Tribunal Constitucional. Su caso todavía no se ha estudiado, pues el tribunal de garantías ha priorizado resolver los recursos de las comunidades del PP y varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas desde varios tribunales. El aval a la norma ha sido casi total.

El espaldarazo del TJUE a la amnistía daría al Constitucional impulso para tomar una de las decisiones más delicadas de su historia reciente: deshacer la negativa del Supremo a amnistiar a Puigdemont, obligarle a aplicar la norma sobre el líder de Junts y retirar la orden de detención contra él vigente desde hace casi nueve años. El juez Llarena no la ha dejado sin efecto pese a los sucesivos reveses que ha recibido de tribunales europeos en sus intentos fallidos para extraditar al expresident.

La clave: el margen de maniobra de los jueces nacionales

Uno de los puntos a tener en cuenta de la sentencia será el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo pueden dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía. Si la sentencia se sitúa en los planteamientos del abogado general, los jueces españoles no podrán ignorar la norma. En cambio, si el fallo del TJUE apoya parte de la tesis de la Comisión, la última palabra para determinar si la ley es demasiado “amplia o vaga” en el caso de los CDR correspondería a la Audiencia Nacional, que ya anticipó su rechazo a amnistiarles.

Para saber qué ocurre con Puigdemont habrá que esperar a lo que diga el Constitucional y una eventual maniobra del Supremo para desoír al tribunal de garantías y mantener sin amnistía a los líderes del procés. En círculos independentistas no descartan una nueva pirueta del Alto Tribunal similar el argumento de que Puigdemont y sus consellers no pagaron el procés de su bolsillo, que sirvió para dejarles fuera del olvido penal.

La dinámica política ha cambiado respecto a 2024, cuando el Supremo se negó a amnistiar a Puigdemont: aunque con contestación interna en su partido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abogó hace dos semanas por pasar página del procés después de encabezar en la calle y los tribunales la oposición a la amnistía, en vistas a posibles acuerdos con Junts tras las elecciones generales del año que viene.

En suma, con la sentencia de este jueves empieza el último capítulo para cerrar, de una vez por todas, una década de procés, rehabilitar por completo a sus líderes y permitir el regreso de Puigdemont a España sin riesgo de ser detenido. Siempre que el Supremo no quiera añadir un epílogo.