Un año ha transcurrido desde aquel 26 de junio de 2019 en el que Granada se felicitaba porque, por fin, después de más de cuatro años de aislamiento ferroviario, provocado por las obras para la llegada del AVE, la Alta Velocidad por fin llegaba. El estreno del primer tren de este tipo que conectaba la ciudad de la Alhambra con Madrid supuso una buena noticia en materia de ferrocarriles en Granada, que se completó con el primer AVE directo hasta Barcelona. Sin embargo, en el aniversario de ese hito y con la llegada de la nueva normalidad, los granadinos ya no pueden viajar a la Ciudad Condal en AVE porque no hay.

El tren de alta velocidad entre Granada y Barcelona duerme el sueño de los justos desde el pasado mes de marzo cuando se interrumpieron los viajes ferroviarios por el estallido de la pandemia del Covid-19 que obligó a poner en marcha el estado de alarma. Desde entonces, Renfe solo ha mantenido un viaje de ida y vuelta con Madrid, dos con Sevilla y Almería y uno, solo de ida, con Algeciras, pero ni rastro de AVE porque la conexión con la capital de España se ha realizado con trenes de la serie 114. Por lo tanto, desde que empezó el confinamiento, la Alta Velocidad con Barcelona también se ha confinado.

Los trabajadores del Centro de Atención a los Usuarios (CAU) de la Universidad de Granada (UGR)están en huelga hasta nuevo aviso. Lo están porque se sienten víctimas de una decisión de la institución académica que, consideran, les deja en la calle porque no exige a la nueva empresa que llevará el servicio que subrogue sus contratos. Según denuncian, a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), lo que está ocurriendo vulnera sus derechos y los principios de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la Directiva 2014/24 sobre contratación pública y el Estatuto de los Trabajadores que, afirman, obliga a la nueva entidad a subrogarlos una vez se haga con la gestión del servicio.

El conflicto nace desde que la UGR publicó, a finales de 2019, un pliego de condiciones por el que cualquier empresa podía optar a hacerse cargo del servicio gestionado por el Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones de la Universidad de Granada (CSIRC). Entonces, los trabajadores comprobaron que dicho pliego no incluía en ningún apartado la obligatoriedad de subrogar sus contratos para que sigan trabajando en sus puestos con la nueva empresa concesionaria. Aunque esa cláusula no ha aparecido en ningún pliego previo, sí que se ha tomado por costumbre subrogar, porque, según explican los trabajadores "Sí que había interés por parte de la dirección de esos años que nos recontrataran, sobre todo, por mantener esa experiencia. Desde el principio se valoró que los trabajadores hubieran tenido experiencia en el CSIRC como becarios". Ahora, al descubrir que no existe tal compromiso ni verbalmente ni por escrito, han decidido reivindicarse.

Provocando un nuevo temporal bajo el paraguas de una "racionalización de recursos", la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Granada ha vuelto a levantar polvareda por una de sus últimas decisiones. El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Tierno Galván, inaugurado en 1991 en la capital granadina, denuncia que el Gobierno andaluz le eliminó el pasado 5 de junio un curso de infantil de 3 años en pleno proceso de admisión de alumnos, cuyo plazo no acababa, en primera instancia, hasta el día 8. Algo que no es nuevo en el entorno de la calle San Antón donde se levanta el centro, pues antes de la pandemia de la COVID-19, en marzo, la Junta ya pretendió eliminar el mismo nivel educativo en otro colegio próximo: el CEIP Genil. Lo que supone que, en cualquier caso, el Gobierno andaluz va a eliminar una línea de infantil de 3 años en la zona ya que hasta ahora había cuatro entre los dos centros y ahora serán tres.

Sin embargo, mientras en el CEIP Genil celebran que finalmente Educación no les eliminará la línea de infantil de 3 años que pendía de un hilo, en el CEIP Tierno Galván ven cómo sucede precisamente eso. Un éxito de la Junta que ha conseguido que el debate ya no sea que se va a perder una clase de ese nivel educativo, sino en qué escuela se va a perder. Ubicados a apenas 200 metros de distancia el uno del otro, la dirección del Tierno Galván y el sindicato CCOO sospechan que la Junta le ha quitado plazas a un centro para dárselas al otro. Una decisión que ha llevado a la comunidad educativa del Tierno Galván a moverse y reclamar que no les quiten esa línea de infantil de 3 años.

La promoción interna de cinco cabos a sargentos dentro del cuerpo de bomberos de Granada capital ha provocado malestar entre los profesionales. Estos denuncian que el Ayuntamiento ha permitido que el número de puestos de mando siga creciendo cuando falta personal de base, que es el que se trabaja en el terreno durante la extinción de un incendio. Se trata de unos nombramientos que ya han sido aprobados por el pleno municipal y que, según los dos sindicatos mayoritarios, incumple la normativa interna del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Granada (SPEIS) y hace saltar por los aires un acuerdo plenario del año 2017.

El problema de fondo no es nuevo. El cuerpo de bomberos de Granada padece la falta de efectivos desde hace tiempo. Hace una década contaba con más de 200 profesionales y hoy apenas supera los 160. Una cifra que el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) y Comisiones Obreras (CCOO) explican por la escasa tasa de reposición. En los últimos años, el número de profesionales que se han jubilado ha superado siempre al de aquellos que han entrado al cuerpo. De hecho, la última convocatoria de plazas es de 2018, la oposición aún no se ha celebrado, y apenas supone la entrada de 9 bomberos.

Cuando Javier colgó en el balcón de la vivienda que comparte con sus padres una bandera republicana en honor a Julio Anguita, histórico líder de Izquierda Unida recientemente fallecido, no se imaginaba que días después tendría que enfrentarse a una paliza por ello. Al menos eso es lo que denuncia este vecino y músico de Granada de 44 años. Según su testimonio, cuatro hombres llegaron a entrar en el domicilio, en el que está viviendo durante este estado de alarma, para golpearle y provocarle varias contusiones y heridas que le obligaron a pasar por el hospital. Y todo porque uno de ellos orinó bajo el balcón en el que está ubicada la enseña tricolor.

Según la denuncia, en la que Javier pide que los agresores sean investigados por un presunto delito de odio y a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, los hechos se produjeron el pasado sábado 23 de mayo en el barrio granadino de Fígares, muy próximo al centro histórico de Granada capital. Sobre las diez menos cuarto de la noche, Javier escuchó gritos de su padre, su madre y su hermana en la puerta de la vivienda. Sobresaltado, acudió a ver qué sucedía cuando comprobó que había cuatro hombres que habían entrado en la casa, pero que ya estaban marchándose.

Granada es, junto con Madrid y Barcelona, la ciudad más contaminada de España por la calidad del aire que respiran sus ciudadanos. Así se deduce de informes como el de Ecologistas en Acción titulado "La calidad del aire en el Estado español en 2018 elaborado por Ecologistas en Acción". Con la crisis del coronavirus la ciudad se ha visto inmersa en una contradicción "verde": por un lado, está virando a políticas de movilidad sostenible al tiempo que está permitiendo la tala masiva de árboles.

Así, el Ayuntamiento de Granada ha elaborado un plan que pretende cambiar el mapa de la ciudad para el paso de vehículos y de personas. El Consistorio, gobernado por Ciudadanos y Partido Popular en minoría, ha contado con el respaldo de la oposición de PSOE, Podemos-IU y Vox, para impulsar un proyecto que, con matices, todos los partidos ven con buenos ojos. Porque se trata de un lavado de cara profundo para la capital granadina. Basado en dos ejes: carriles específicos para autobuses, bicicletas, patinetes y taxis y peatonalización parcial del centro. En definitiva, tratar de alejar al coche de las calles.

La desescalada se está produciéndo en España hacia la "nueva normalidad" para controlar la pandemia provocada por la COVID-19. En este contexto, Granada es, junto a Málaga, la única provincia de Andalucía que no ha pasado a la fase 1 que permite mayor libertad de movimiento de sus ciudadanos. Y ese hecho ha provocado airadas protestas por parte del alcalde de la capital granadina, Luis Salvador (Cs), que ha tachado de injusto que no se haya pasado de etapa cuando "se están publicando datos de determinadas ciudades del País Vasco con indicadores infinitamente peores que Granada". A las críticas del regidor se han sumado en tromba Partido Popular y Vox que ven en la decisión del Gobierno de Sánchez un ataque político.

Sin embargo, el día a día de la ciudad parece llevarles la contraria en algunos aspectos. El Ejecutivo de Sánchez ya avanzó en un documento emitido desde Moncloa y en otro publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que para que cada región pasara de fase se tendrían en cuenta diferentes marcadores, que no son exclusivamente sanitarios. Estos abarcan también la movilidad y aspectos económico-sociales. Si bien el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, dijo el pasado sábado que Málaga y Granada están en "una buena situación" para avanzar a la fase 1, también recordó que faltan "detalles por pulir". En ese sentido, Simón indicó que había dudas con respecto a la movilidad. Granada, que es una de las ciudades más contaminadas de España junto a Madrid y Barcelona por culpa de su elevado tráfico rodado,aún no ha tomado ninguna medida al respecto de su movilidad, peatonalizando parte del núcleo urbano o reduciendo el número de carriles que pueden utilizar los coches en beneficio de las bicicletas para permitir la distancia social que frene el contagio por COVID-19, como sí ha sucedido en Madrid y Barcelona.

La Zona Norte de Granada capital lleva tiempo siendo un quebradero de cabeza para las administraciones públicas. Barrios como La Paz, Rey Badis o Casería de Montijo son lugares deprimidos social y económicamente desde hace décadas. En los últimos años, el Ayuntamiento ha tratado, sin éxito, de acabar con los problemas de delincuencia relacionados con el cultivo de marihuana y los cortes de luz que provocan las plantaciones, aseguran. Ahora, tras el decreto del estado de alarma que ha obligado al confinamiento de la población para frenar el coronavirus, muchos vecinos están sufriendo por vivir en sus casas sin electricidad, lo que ha obligado a tomar nuevas medidas que han hecho florecer un nuevo enfrentamiento entre administraciones. Ayuntamiento y Subdelegación, que se reunieron a finales de abril para tratar el tema, coinciden en el origen del problema, pero no en su solución.

Ambas instituciones asumen que los cortes de luz que se producen en la Zona Norte están relacionados con la existencia de grandes plantaciones de marihuana. Sin embargo, los esfuerzos que hace la Subdelegación del Gobierno por asegurar el lugar no convencen en el Consistorio granadino. Su alcalde, Luis Salvador, explica a este medio que "la marihuana es el problema" y apunta directamente a las mafias que operan con ella. Según el primer edil, no se trata de un asunto que tenga que ver con una infraestructura deficitaria en electricidad, pues "hay mucha más potencia de la que hace falta", sino que existen numerosos enganches ilegales. Según Endesa, la compañía responsable del suministro eléctrico, el 78% del consumo del distrito procede de ellos mientras se ha producido una reducción de casi un 50% en el número de contratos eléctricos.

La crisis del coronavirus ha provocado que muchas empresas se hayan visto obligadas a cesar su actividad y que sus empleados hayan sido despedidos o se hayan tenido que acoger a expedientes de regulación de empleo. Una de ellas es Os Zagales, una entidad contratada por la Junta de Andalucía para ofrecer apoyo escolar a estudiantes de integración social, que no paga a sus empleadas porque, argumenta, el Ejecutivo andaluz no la indemniza tras haber cesado su actividad. El contrato con Os Zagales empezó a finales de febrero, así que no tuvo actividad en dicho mes. Por lo tanto no cumple una de las condiciones impuestas por el Gobierno autonómico, que es tener facturación en febrero.

Gloria Aguilera es una de las trabajadoras afectadas por los impagos. En su caso, como el del casi centenar de compañeras de Granada en su misma situación, se lamenta del presente precario al que se enfrenta. No tienen que hacerlo porque la empresa ha cesado actividad, pero la mayoría siguen trabajando por decisión propia para no dejar abandonados a sus alumnos. "Las trabajadoras no pueden pagar sus facturas e hipotecas, tienen que acudir a familiares para que les echen una mano y poder llenar la nevera. En muchas familias este es el único salario que entra en casa y es en el mejor de los casos de entre 700 y 800 euros, por lo que no nos ha permitido ahorrar en estos años", explica.