Fundada en 1959 como un supermercado de barrio, hablar de la cadena de supermercados Dani es hablar de su eslogan que da por  bueno la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): "La más barata de España". Daniel es el nombre del propietario y creador de un modelo casi unipersonal en el que los niveles directivos son reducidos y donde las decisiones apenas pasan por más manos que las suyas tal y como desliza  en una entrevista en 'El Español'. No obstante, se trata de una marca desconocida fuera de la provincia de Granada que cuenta con una sucursal en Jaén, otra en Almería y dos más en Málaga que se suman a las catorce granadinas empleando en total a alrededor de 500 trabajadores en diferentes puestos. Empleados que en su mayoría se encuentran con una mala situación laboral que ha salido a la luz en las últimas semanas fruto de un conflicto sindical.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denuncia que se están produciendo situaciones de 'mobbing' y acoso laboral a determinados empleados que habían decidido dar el salto y presentarse como candidatos de esta formación al comité de empresa que debe renovarse este mes de julio. El acoso consiste, según explican desde CCOO, en presionar a los trabajadores para que desistan de presentarse con amenazas de despido o invitaciones para que firmen bajas voluntarias. La denuncia, que ha servido para poner de relieve esos casos, ha sacado a la luz a su vez más prácticas que van contra los trabajadores y que estos no se atreven a denunciar dentro de la empresa por miedo a represalias.

"Vergüenza", "justicia patriarcal", "nos han agredido a todas" y "todas somos Juana" han sido alguno de los mensajes que más veces se han vuelto a escuchar en la concentración que ha tenido lugar en su pueblo de Maracena (Granada) para apoyar a Juana Rivas. La madre, que ha sido condenada a cinco años de cárcel y seis sin la patria potestad de sus hijos, ha sido la protagonista de una cita en la que, pese a su ausencia, su nombre ha estado presente para reclamar justicia con su caso.

La movilización ha reunido a algo más de un centenar de personas, en su mayoría mujeres y de mediana edad, la ha organizado la 'Plataforma de apoyo a Juana Rivas' contando con el respaldo de la 'Plataforma 25N contra la Violencia de Género' y del Ayuntamiento de Maracena. Precisamente Francisca Fuillerat, portavoz de la 'Plataforma 25N' ha querido poner el foco en la sentencia al asegurar que es "producto de un fracaso estrepitoso del sistema judicial". Para Fuillerat, tanto Juana Rivas como sus hijos son "víctimas de violencia que no están siendo tratada como tales".

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a Juana Rivas a un total de cinco años de prisión como autora de dos delitos de sustracción de menores después de que el pasado verano permaneciera un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, al que acusa de malos tratos por los que asegura que huyó junto con sus hijos del domicilio que compartían en Italia.

El magistrado, Manuel Piñar, que dictó sentencia en el mismo día del juicio, condena también a Juana Rivas a permanecer seis años sin ejercer la patria potestad sobre los niños, de doce y cuatro años, y a indemnizar a Francesco Arcuri en 30.000 euros, así como al pago de las costas incluidas por parte de la acusación. De este modo hace buenas parte de las peticiones de la Fiscalía y la acusación particular de su expareja que solicitaban dicha pena de cárcel aunque una inhabilitación de ocho años.

Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que permaneció en paradero desconocido durante un mes para evitar entregar a sus hijos a su padre, condenado por un delito de lesiones en ámbito familiar cuando vivía con ella en 2009, ha defendido su inocencia en el juzgado. Lo ha hecho en el marco de la sesión en la que se le juzga por  dos delitos de sustracción de menores y por los que se le piden hasta cinco años de cárcel y la pérdida de la patria potestad por no haber entregado a los niños cuando había una resolución judicial que le obligaba a hacerlo desde diciembre de 2016.

La mujer ha asegurado que sabía que tendría consecuencias legales pero no imaginaba que las mismas pudiesen implicar cárcel y la pérdida de la patria potestad. Rivas ha afirmado que actuó "como una madre" y que lo único que quería era evitar que sus hijos tuviesen que volver a un lugar del que ella había huido por maltrato.

La muerte no distingue. Es una frase que por repetida mil veces no deja de ser cierta. La muerte es implacable, pero hay quienes por una u otra razón hacen que sus vidas se conviertan en algo tan notable que, cuando la muerte les cobra la factura, merecen ser recordadas. Ese es el caso de Juan Carreño, un profesor cubano y republicano convencido, que hizo que Granada llorase su asesinato -como el de muchos otros- en plena Revolución de Octubre de 1934 de la que formó parte. Ahora, una simple palabra en su tumba en el cementerio de Granada, "vencida", sirve de pie de nota para certificar una segunda muerte que hay quienes quieren detener.

La asociación Granada Republicana UCAR es la que está intentando que Juan Carreño no caiga en el olvido con el desahucio de su nicho que lleva en marcha desde 2016. Para lograrlo, dicha organización ha cursado una petición al Ayuntamiento de Granada con la que pretende que el Consistorio califique a Carreño como 'persona ilustre' de la ciudad de tal manera que sus restos vayan a parar a un panteón que existe para tales personalidades en el mismo cementerio granadino. El presidente de Granada Republicana UCAR, José María García Labrac, cree que "se trata de una persona que fue muy querida por su labor con las personas más desfavorecidas" y que por eso "merece ser recordado".

El silencio, el olvido y la lejanía son los peores compañeros de viaje para una persona que ha tenido que dejarlo todo atrás y empezar una nueva vida. Quienes emigran saben bien de qué se trata sentir la desazón de un nuevo comienzo. Un sentimiento que aflora aún más cuando al decir adiós a sus raíces lo hacen prácticamente con lo puesto. Solo en 2017, según datos del Ministerio del Interior, cerca de 30.000 personas llegaron de manera ilegal a España tanto por mar como por tierra. Aunque no todas han logrado quedarse en el país. Quienes sí lo han hecho, saben lo duro que es comenzar sin nada en la maleta.

Para tratar de ayudarles en esa travesía, Granada cuenta con varias asociaciones que dan asistencia y cobertura legal a inmigrantes que por distintas razones necesitan del amparo social. Una de esas asociaciones es Inlayapas (acrónimo de Inserción laboral y acompañamiento pastoral). Una organización sin ánimo de lucro formada por  miembros de la Sociedad del Sagrado Corazón, Compañía de María, Apostólicas del Corazón de Jesús, Hijas de Jesús, Misioneras Combonianas, Congregación Jesús-María y laicos. Ubicada en el corazón de Granada capital, esta asociación cumple ahora una década ayudando a mujeres que llegan a nuestro país necesitadas de ayuda. En los últimos meses, los hombres inmigrantes también empiezan a tener su hueco en ella aunque son una clara minoría.

Federico ha vuelto a Granada. Lorca ya descansa en el centro que lleva su apellido y que abrió hace ahora tres años con la esperanza de albergar su legado. El mismo, que cuenta con más de 5.000 documentos de incalculable valor, descansa desde las 14.00 horas de hoy en el museo que desde ahora tendrá la ciudad de la Alhambra de su poeta más universal. Aunque no está en su totalidad, ya que la parte que corresponde a la época posterior a 1936, cuando Lorca fue asesinado, se irá depositando paulatinamente a partir del 30 de junio.

No obstante, el traslado es el resultado de una sucesión de acontecimientos que tiene más de una década a sus espaldas. El legado de Federico García Lorca ha sido uno de los temas más controvertidos en el plano político granadino en los últimos años y pese a la llegada del mismo aún no quedan resueltas las dudas que existen sobre la gestión de la Fundación Lorca que es propietaria del legado lorquiano y que preside la sobrina del poeta, Laura García Lorca.

Si el futuro que se dibuja para la humanidad se asemeja en algo al apocalíptico panorama que se augura en la película  Interstellar (Christopher Nolan, 2014), la salvación del ser humano puede empezar en Granada. Porque como se cuenta en ese film, un futuro en el que la Tierra esté dominada por desiertos y condiciones climáticas extremas podría ser posible con el paso del tiempo, por lo que no sería descabellado empezar a pensar en soluciones por si ese momento llegase. Bajo la premisa del aumento de la temperatura que se está produciendo con el cambio climático, ha nacido en Gorafe, en la comarca de Guadix y a unos 100 kilómetros de Granada capital, un proyecto que quiere resolver parte de los problemas a los que se enfrentarán los hombres y mujeres del futuro a la hora de tener dónde vivir.

"La casa del desierto" es el nombre con el que se ha bautizado una construcción novedosa que incide precisamente en su capacidad para dotar a las personas de un espacio habitable en un lugar que en principio no estaría preparado para ello. La firma nortemericana 'Guardian Glass', con base en Michigan (Estados Unidos), es la responsable de esta idea que sorprende por muchos motivos. Para empezar, por el emplazamiento en el que está ubicada. Porque se extiende sobre una badland junto al desierto de Gorafe que con su singular paisaje explica las temperaturas a las que puede llegar: -10º en invierno y más de 45º en verano. No en vano, este tipo de terrenos son zonas desérticas de las que hay pocos ejemplos en el mundo y aún menos en Europa. De hecho, los únicos europeos están en la península Ibérica.

El futuro de Juana Rivas ha vuelto a dar otro giro. La madre de Maracena (Granada) que fue protagonista el verano pasado por no querer entregar a sus hijos a su padre y expareja condenado por malos tratos en 2009, Francesco Arcuri, ha vuelto a protagonizar otra situación judicial inesperada. Uno de sus letrados, Juan de Dios Ramírez, ha decidido abandonar este jueves la causa justo en el momento en el que se estaba produciendo la vista previa al juicio por la sustracción de los hijos de Juana entre julio y agosto del año pasado. La sesión, en la que   la Fiscalía solicita cinco años de cárcel contra Juana Rivas y seis de inhabillitación para ejercer la patria potestad por dos delitos de sustracción de menores, ha quedado suspendida hasta el próximo 18 de julio.

El abogado ha sostenido ante el Juzgado de lo Penal 1 de Granada que no estaba capacitado para ejercer la defensa de Rivas porque era otro de los abogados de la madre quien debía hacerlo. Por esa razón, Ramírez ha solicitado la suspensión del juicio hasta que el otro letrado, José Estanislao López, de baja por enfermedad, pudiese asistir al mismo. Según el abogado, él no ha podido prepararse la defensa de Rivas "por falta de tiempo", recordando que el pasado lunes presentó un escrito alertando de la situación de Estanislao López que le impedía asistir a la cita judicial. Además, según Ramírez, la baja del letrado que se habría preparado la defensa con Juana se podría prolongar hasta septiembre.