Augustin Ndour, activista senegalés: “La regularización extraordinaria es un éxito colectivo que pensé que no ocurriría”
Augustin Marie Ndour no habla de él mismo sino del colectivo. Afincado en Granada y nacido en Senegal en 1969, este activista, que llegó a ser el primer candidato negro a la presidencia del Gobierno en España en los comicios de 2019, es hoy un hombre feliz porque su lucha ha servido para abrir camino. No en vano, es uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular (ILP) de 2024 que ha permitido ahora que el Gobierno de PSOE y Sumar, a través de un real decreto, impulsase una regularización extraordinaria que acaba este 30 de junio y que es un “éxito colectivo”, en palabras del propio Ndour.
Lo es porque durante mucho tiempo pareció imposible que España volviese a iniciar un procedimiento administrativo de este calado -la última fue en 2005 durante el Gobierno de Zapatero-. Con un creciente auge de la extrema derecha, el viraje del debate hacia posiciones xenófobas y aporofóbicas pareció guardar en un cajón la ILP que tanto había costado impulsar y que hasta el Partido Popular llegó a decir que apoyaría en su tramitación parlamentaria. “Fue frustrante. Una montaña rusa. Por momentos creíamos que no se produciría la regularización”, admite Augustin.
Ndour reconoce que hubo momentos en los que llegó a desesperarse al comprobar cómo la iniciativa quedaba atrapada entre los intereses de los partidos. “Sabíamos que era buena para el conjunto de la sociedad, pero muchas veces los intereses partidistas estaban por encima del interés común”, lamenta. Durante meses mantuvieron reuniones con representantes del PSOE, del PP y del resto de grupos parlamentarios para tratar de desbloquear una medida que parecía condenada a permanecer en un cajón. “Lo pasé mal porque uno piensa que quienes están en política están para mejorar la vida de la gente”, admite.
Un trabajo de años
Antes incluso de que la iniciativa legislativa popular llegase al Congreso, Ndour tenía claro que era el momento de intentarlo. “O era ahora o nunca”, recuerda. Temía que un cambio de ciclo político cerrase durante años cualquier posibilidad de sacar adelante una medida de este tipo. Fue entonces cuando llamó a Jorge Serrano, coordinador del Partido por un Mundo Más Justo, formación en la que milita desde hace años, y le planteó una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza. “Le dije que si no hacíamos algo, me encadenaba a los leones del Congreso”, rememora entre risas. Aquella conversación fue el punto de partida de una ILP que, con el respaldo de entidades como Regularización Ya!, la Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, Fundación porCausa y decenas de organizaciones sociales, logró reunir más de medio millón de firmas para llegar a la Cámara Baja.
“Cada organización jugó un papel fundamental. Éramos entidades muy distintas, con formas diferentes de entender muchas cosas, pero todos teníamos claro que aquí lo importante no eran los protagonismos, sino que esto saliera adelante”, insiste. Por eso rechaza cualquier intento de atribuirle el éxito en solitario. “Ha sido una victoria de la sociedad civil. Hay muchísima gente detrás que ha trabajado de manera extraordinaria durante años”.
El trabajo, sin embargo, no terminó cuando el Gobierno aprobó el real decreto que abrió el proceso de regularización extraordinaria. Durante los tres meses de plazo, las organizaciones han tenido que volver a movilizarse para intentar que ninguna persona quedase fuera por trabas burocráticas. Una de las principales dificultades fue la obtención del certificado de vulnerabilidad, un requisito que en algunos municipios se convirtió, según denuncia, en un auténtico cuello de botella.
Esa implicación práctica ha marcado también los últimos meses de su trabajo. Más allá de la reivindicación política, Ndour ha pasado buena parte de este tiempo atendiendo llamadas de personas que apuraban los plazos, resolviendo dudas sobre la documentación o intentando encontrar soluciones para quienes se encontraban con obstáculos administrativos. Para intentar salvarlos, la Fundación para la Ciudadanía Global desarrolló una aplicación que permitía tramitar ese certificado de forma telemática, verificando la identidad, la geolocalización y la situación de vulnerabilidad de cada solicitante mediante documentación y una grabación en vídeo. “Lo que más me preocupaba era que muchísimos hermanos se quedaran fuera por cuestiones administrativas. Intuimos que van a pasar muchos años hasta que vuelva a existir una oportunidad como esta”, explica.
Una convicción personal
Esa preocupación tiene mucho de biográfica. Ndour sabe perfectamente qué significa vivir pendiente de un plazo o de un documento. Llegó a Europa desde Senegal, pasó por Portugal y terminó instalándose en España justo cuando concluía el último gran proceso extraordinario de regularización. No consiguió acogerse a él y tuvo que buscar otras vías para obtener la documentación. “Ahora me llaman muchos chavales diciendo que todavía no les ha llegado el certificado de antecedentes penales o que les falta algún papel. Recuerdo perfectamente esa angustia porque yo también la viví”, afirma.
Su historia personal es, en buena medida, el origen de su activismo. Recién llegado a España sufrió un accidente de moto mientras trabajaba sin documentación. Acabó hospitalizado, con las piernas rotas, sin apenas hablar español y sin conocer a nadie. Aquella experiencia le llevó a acercarse a la Pastoral de Migraciones y comenzar una labor de acompañamiento que, más de dos décadas después, sigue desarrollando. “Después de haber pasado por todo aquello y ver que, veinte años después, sigue habiendo personas viviendo exactamente lo mismo, pensé que no podía quedarme de brazos cruzados”.
Aquella experiencia le permitió comprobar cómo la irregularidad administrativa se convierte en una forma de vulnerabilidad permanente. Recuerda, por ejemplo, que el empresario para el que trabajaba cuando sufrió el accidente apenas permaneció tres minutos en el hospital. “Entró, me preguntó cómo estaba y enseguida me pidió las llaves del trabajo porque no quería que aquello sirviera como prueba de que yo estaba trabajando sin papeles. Se marchó y no volvió”, relata. Para él, esa escena resume la indefensión de miles de personas que, por miedo a perder el empleo o ser expulsadas, aceptan condiciones laborales que nunca asumirían si tuvieran una situación administrativa regular.
Salir de “la cárcel”
La irregularidad administrativa, insiste, no solo impide acceder a un empleo estable. Condiciona toda la vida. “Es como estar en una cárcel y que, de repente, te digan que puedes salir”, resume. Haber trabajado sin papeles en los invernaderos de Almería o aceptar empleos precarios le permitió comprobar, dice, que quien vive en esa situación apenas puede reclamar derechos laborales básicos. “Si tienes 40 de fiebre, vas a trabajar porque sabes que, si no, te sustituyen por otra persona. Cuando te regularizas empiezas a cotizar, claro, pero también puedes exigir tus derechos, coger una baja, tener vacaciones o negarte a determinados abusos”.
Por eso sostiene que la regularización extraordinaria no debe entenderse como un punto final, sino como el inicio de un camino. “La primera integración es la integración jurídica. Sin papeles no podemos hablar de integración económica ni social porque no tienes acceso a casi nada”, defiende. Aunque celebra el proceso que ahora concluye, Ndour considera que España todavía tiene pendiente una reforma profunda de la Ley de Extranjería. Aun así, cree que la movilización social ha demostrado que es posible cambiar las cosas. “Cuando empezamos hablábamos de unas 500.000 personas en situación irregular. Ahora las estimaciones hablan de hasta 900.000, incluso cerca de un millón. Un Estado no puede permitirse tener a tanta gente viviendo en un limbo jurídico”, sostiene.
Esa es también la razón por la que rechaza el discurso que presenta las regularizaciones como un privilegio. A su juicio, lo que hacen es sacar a la luz una realidad que ya existe. “No hablamos de personas que van a venir mañana. Hablamos de personas que ya viven aquí, que trabajan, que alquilan habitaciones, que consumen y que forman parte de nuestra sociedad, aunque el Estado no las reconozca jurídicamente”, sostiene.
Lejos de dar por terminada la lucha, el activista senegalés cree que la principal victoria de estos años trasciende incluso a la propia regularización. “La sociedad civil vuelve a tener la confianza de que, cuando se organiza y se moviliza, puede conseguir cambios importantes”. Una convicción que, para él, vale casi tanto como el real decreto que este 30 de junio pone fin a uno de los procesos de regularización más importantes de las últimas décadas.
De hecho, hay cierta ironía en que quien hace más de veinte años no llegó a tiempo para acogerse a una regularización extraordinaria haya terminado dedicando buena parte de su vida a impulsar otra que puede beneficiar a cerca de un millón de personas. Ndour sonríe cuando se le recuerda esa coincidencia, pero vuelve enseguida a su idea de siempre: “No es la historia de una persona. Es la historia de muchísima gente que decidió que esto merecía la pena”.
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