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José Antonio Martín Pallín

José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936). Fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo. Ha sido Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Presidente de la Unión Progresista de Fiscales y Portavoz de Jueces para la Democracia. Colaborador de Amnistía Internacional y de la Comisión Internacional de Juristas en misiones de investigación sobre derechos humanos en Latinoamérica y Palestina. Premio Nacional de Derechos Humanos en 2006.

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La Junta Electoral Central pudo tomar otra decisión

La Junta Electoral Central (JEC), en su decisión de 3 de enero de 2020, por una estrecha mayoría (7 votos contra 6), resolvió aplicar al president de la Generalitat, Quim Torra, el artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica General Electoral, por el que se consideran inelegibles, en virtud de una modificación realizada por la ley Orgánica 1/2003 de 10 de marzo, a los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra la Instituciones del Estado, a la pena de inhabilitación para cargo público.

La ley de 10 de marzo de 2003 se titula y tiene por objeto la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los concejales. Según su preámbulo, se promulga para modificar determinadas normas de nuestro ordenamiento jurídico de manera que se permita hacer realidad la decisión de aislar a los terroristas, garantizando una mayor eficacia en el uso de los recursos de los que puede disponer nuestro sistema político. Se hacen referencias continuas a los Ayuntamientos, lo que nos permite denunciar su extensión, vedada por la ley, a supuestos y personas no previstas por el legislador.

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Un suplicatorio de ida y vuelta

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 19 de diciembre de 2019 ha venido a trastocar todo el entramado jurídico penal, construido en torno a lo acontecido en Cataluña a partir de las leyes de referéndum y de desconexión.

El juicio oral finalizó el 12 de junio de 2019 y el 14 de octubre de 2019 dictan la sentencia condenatoria. El Tribunal Supremo, el día 1 de julio de 2019, es decir, antes de dictar sentencia, suscita la llamada "cuestión prejudicial" al Tribunal de Justicia Europeo, preguntando si es necesario solicitar un suplicatorio para detener o, en este caso, mantener detenido en prisión provisional a un parlamentario electo.

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La democracia española: una bella fachada

Si un estudiante de Derecho de una Universidad de un país lejano o un simple curioso tiene en sus manos un ejemplar de la Constitución española de 1978, su lectura le llevará a la convicción de que el esquema y el desarrollo, responde a los cánones del constitucionalismo moderno. La soberanía reside en el pueblo español del cual emanan todos los poderes del Estado, el Parlamento es el representante de la voluntad popular, y existe una independencia de poderes hasta con un cierto predominio del Poder judicial al que se concede la posibilidad de fiscalizar la legalidad ordinaria de las decisiones de los otros dos poderes del Estado. Y cierra el círculo con un Tribunal Constitucional, que es el intérprete y guardián de la interpretación del texto constitucional.

Quizá le pueda llamar la atención el hecho de que se encomiende al Ejército la salvaguarda del orden institucional, abriendo la posibilidad de que algún indigente en valores democráticos y constitucionales, nostálgico del pasado dictatorial, pretenda justificar su intervención en casos, como por ejemplo el de Cataluña. Como en todo país democrático, está prevista la intervención del Ejército, pero sólo excepcionalmente y bajo control gubernamental y parlamentario, en los casos del Estado de sitio equivalente, en otros países, al Estado de alarma o guerra.

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Gobierno de coalición: una sinfonía inacabada

Estamos asistiendo a los últimos acordes de una sinfonía que, mucho me temo, finalizará como la famosa "inacabada" de Franz Schubert. Nunca sabremos si el compositor austriaco no pudo acabarla o quiso dejarla así. Como melómano impenitente, recomendaría a los políticos actuales y a los futuros que se aficionasen a la música clásica. Les ayudará a entender cómo se pueden ensamblar y hacer sonar armónicamente los diversos instrumentos que forman una orquesta sinfónica. Las familias musicales, la cuerda, el viento y la percusión deben entenderse y mirarse unas a otras para que todas las notas suenen de forma armónica y melodiosa.

La política, encarnada en los diversos partidos que conforman el arco parlamentario, debe comportarse, sobre todo en los momentos de una investidura, de manera que las diversas ideologías que configuran el pluralismo político, sean conscientes de la complejidad de un Parlamento en el que conviven numerosos partidos políticos. Su tarea es buscar la armonía y el pacto. Una de las acepciones de la palabra armonizar es pactar.

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Votos y vetos

Tengo la sensación de que nuestra democracia pasa por horas bajas. Muchos expertos sostienen que se trata de una epidemia generalizada en la mayor parte de los sistemas democráticos actuales. Es posible que sea cierto pero el diagnóstico no alivia, ni mucho menos, nuestra preocupación. Los organismos como los cuerpos sociales reaccionan de distinta manera ante los posibles tratamientos de sus males. Como sucede con las enfermedades, no todas las personas responden de igual manera ante los antibióticos. Por eso me centro exclusivamente en lo que considero una cierta degradación de los principios constitucionales que informan nuestro sistema.

Me intranquiliza especialmente la devaluación del valor superior que representa el pluralismo político. No hemos sabido asimilar su importancia para la convivencia entre las distintas tendencias ideológicas. En estos momentos, por una crisis que espero sea pasajera, se demoniza e incluso amenaza, a formaciones políticas como el Partido Nacionalista Vasco, la antigua Convergencia i Unió, incluyendo en el paquete a Esquerra Republicana, que sirvió para sustentar el tripartito que gobernó la Generalitat pero ahora se la excluye por su ideología independentista, ignorando que es un partido de izquierda y progresista.

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¿Golpe de Estado o golpe de efecto?

Cuando no se quiere o no se sabe analizar un problema, se suelen sustituir las conclusiones por frases o conceptos rotundos con los que se elude el difícil ejercicio intelectual de profundizar en cuestiones que no son tan simples como algunos tratan de transmitir a la opinión pública. En el caso del proceso de Catalunya, la idea del golpe de Estado, agigantada por los efectos acumulativos de los medios de comunicación y las redes sociales, ha conseguido incrustarse en gran parte de nuestro cuerpo social que lo ha asimilado con facilidad, quizá porque les parece una imagen plástica que, en cierto modo, compendia algo que rechazan visceralmente.

No recuerdo quién fue el primero en acuñar el vocablo para definir el proceso político iniciado con el propósito de llegar a la declaración de la República independiente de Catalunya. Lo cierto es que ha hecho fortuna y los comentaristas políticos, los periodistas y los políticos profesionales lo utilizan como argumento para justificar una inevitable condena por hechos que algunos, en un desliz imperdonable y carente de la más mínima racionalidad, comparan con el golpe armado y con tiros del 23F. Puesto en circulación el molde, se convierte en una moneda de cambio que circula con fluidez, obviando la necesaria tarea de realizar un profundo análisis de la cuestión para encajarla en su verdadera dimensión política y jurídica.

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El voto gamberro

Los politólogos han acuñado una expresión muy gráfica, el "voto gamberro", para etiquetar determinadas actitudes electorales de los ciudadanos que acuden a la llamada de urnas. En realidad, se trata de un voto contra el sistema ejercido por los que aprovechan la convocatoria de los comicios para depositar deliberadamente votos nulos, tachando los nombres de candidatos o emborronando las papeletas con expresiones inequívocas de rechazo o menosprecio por la democracia y las votaciones. No confundir con los votos en blanco que son una expresión incuestionable de vocación democrática.

Los que tenemos una cierta edad, cuando se habla del "voto gamberro", nos acordamos de lo que sucedía con ocasión de las votaciones convocadas por el Sindicato Español Universitario (SEU), adscrito al Movimiento Nacional, para Delegados de curso, de Facultad y de Universidad. La afiliación era obligatoria y el voto también, aunque no eran muy estrictos en su exigencia. Al realizar el escrutinio, se podía observar que, en muchas papeletas, en lugar de las candidatos presentados, figuraban, con llamativa frecuencia, el nombre de Sofía Loren o de alguna otra celebridad del momento. Era una forma de hacer constar nuestra disidencia con el sistema dictatorial y, a la vez, una demostración de la inutilidad de esas votaciones.

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La justicia: la gran ausente en el debate electoral

Cuando llegan los periodos electorales, todos los partidos proclaman a los cuatro vientos cientos de medidas que piensan poner en marcha si los ciudadanos les confían las riendas del poder. Pienso que los profesionales de la información política las habrán leído, pero es evidente que tal cúmulo de buenos o malos propósitos no caben en los espacios informativos; por lo que necesariamente tienen que centrarse en aquellas cuestiones que consideran más relevantes o en la fanfarria, pretendidamente patriótica, que sustituye el mensaje por la brocha gorda.

Confieso que no he leído en su integridad todas ellas, pero es notorio que el tema de la organización, funcionamiento o mejora del servicio público de la justicia no sale en ninguno los mensajes que escuchamos o leemos a diario en los medios informativos. Los símbolos de lo que algunos llaman su patria, los mensajes catastrofistas sobre la supervivencia de nuestro país ante el peligro separatista o la invasión inmigratoria, incluso la defensa de nuestro costumbrismo, como los toros o la caza, son el único apoyo que algunos encuentran para confrontarse con sus adversarios políticos. Ocasionalmente, se abren espacios para hablar de "las cosas que interesan a la gente" como el paro, las pensiones, la sanidad, la educación, ofreciendo la fórmula milagrosas de potenciar su mejora, bajando impuestos.

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El impuesto de sucesiones y la Lotería Nacional

No entiendo la corriente negacionista de la justificación y justicia tributaria del impuesto de sucesiones. Se ha instalado, como un mantra, en el mensaje político de los sectores conservadores, situados en el espectro peculiar de la derecha española, la tesis que considera el gravamen sobre las herencias como una medida confiscatoria. Con gran desparpajo intelectual se han apropiado, con suma ignorancia y menosprecio, del significado de la etiqueta liberal e incluso, dando un paso más, se han adjudicado la exclusividad de la ortodoxia constitucional.

Los autoproclamados liberales propugnan, sin pudor, la fragmentación de la justicia social, la arbitrariedad en la distribución de la riqueza y la jibarización de la contribución de los ciudadanos al sostenimiento de las cargas del Estado. No les preocupa que el impuesto de sucesiones se haya convertido en una especie de tómbola, con diecisiete tenderetes que pujan para atraer a las grandes fortunas hacia sus chiringuitos tributarios, verdaderos paraísos fiscales, en aras de la defensa de los sectores financieros especulativos y con absoluto desdeño del bien común.

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Los límites de la inviolabilidad del rey

Las recientes informaciones sobre las posibles actividades económicas del Rey emérito y la apertura de una diligencias informativas por la Fiscalía General del Estado obligan a delimitar, urgentemente, el ámbito de la inviolabilidad del Jefe del Estado. Nuestra historia constitucional, desde sus orígenes, ha consagrado la inviolabilidad e incluso la sacralidad de su persona. Todos los derechos y  libertades deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Acuerdos y Tratados Internacionales sobre estas materias ratificados por España.

La Declaración Universal proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y la Constitución consagra la igualdad como un valor superior. Ello no impide que se establezcan diferencias de trato en función de su distinta condición personal, ya que solo se viola el derecho a la igualdad si el reconocimiento de los privilegios absolutos carece de justificación objetiva y razonable. No discuto que la persona del rey o de la reina debe gozar de inviolabilidad, pero no de manera absoluta, sino dentro de unos límites que respondan a los valores y principios constitucionales.

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