La conjura de los senadores

La actitud que está tomando el Senado ante la ley de amnistía me recuerda la inmortal obra de William Shakespeare 'Julio Cesar' en la que se relata de forma magistral la conjura de los senadores para asesinarle por considerarlo un dictador. Recrea la conspiración, el homicidio y sus secuelas políticas. Constituye uno de los varios trabajos shakespearianos basados en hechos históricos. La mayoría de las lecturas del texto realizadas a través de los siglos sostienen que Casio y los otros conspiradores actuaron motivados por la envidia y la ambición, mientras que Bruto se mueve por causas de honor y de lealtad a la patria. Si esto es así, en el momento presente, no encuentro a nadie que pueda encarnar la figura de Bruto.

Los que sostienen empecinadamente que todo lo ocurrido en el desarrollo de la hoja de ruta del procés, anunciado como promesa electoral y desarrollado a través de instituciones representativas de la soberanía popular, como el Parlament y el Gobierno de la Generalitat, constituyó una rebelión/sedición que estuvo adecuadamente castigada con penas de 13 años de prisión, creo que demuestran una notable miopía jurídica y política. Al otro lado de los Pirineos la cuestión se ve de otra manera, como se ha demostrado con las resoluciones de los jueces europeos y organismos internacionales.

Nuestros constituyentes optaron por un sistema bicameral, integrado bajo la denominación general de las Cortes Generales, que abarca al Congreso de los Diputados y al Senado. Como sucede en todos los sistemas bicamerales existe un reparto de competencias y atribuciones con predominio de la Cámara baja, el Congreso de los Diputados. Hasta el momento presente este reparto de competencias parece que ha funcionado con una cierta normalidad y sin graves confrontaciones.

La ley de amnistía ha venido a trastocar la vida política hasta tal punto que el nivel de confrontación dialéctica e institucional ha llegado a cotas indeseables y peligrosas para la estabilidad democrática de nuestra convivencia. A la refriega se ha unido, insólitamente, con grave quebranto del equilibrio de poderes y el deber de imparcialidad, consustancial al ejercicio de las funciones judiciales, no solo la mayoría del Consejo del Poder Judicial caducado sino también un grupo de asociaciones judiciales que han mostrado una beligerancia, en todo caso prematura, que deben reservar para el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Corrupción política, ruptura de España, humillación, traición a la patria, incluso la calificación de delincuentes; estos han sido los improperios que el PP, Vox y sus extensas terminales mediáticas han utilizado para atacar la decisión política de tramitar la ley.  Inmersos en este clima, las instituciones que constituyen los pilares de la democracia y del Estado de derecho, como el legislativo y el judicial, no pueden convertirse en  beligerantes contradictores, actuando al margen de sus funciones constitucionales.

Las reglas del juego están claramente delimitadas y tradicionalmente se han respetado. El Senado es una Cámara de segunda lectura de las leyes y su función está determinada con nitidez y precisión en el artículo 90 de la Constitución. El presidente del Senado una vez recibida una ley elaborada por el Congreso, deberá someterla a deliberación. Cumplidos todos los trámites previstos en su Reglamento, la última palabra la tiene el Congreso de los Diputados. La mayoría absoluta del PP en el Senado ha puesto en marcha una carrera de obstáculos con unas decisiones que solo pretenden hibernar, durante dos meses, la tramitación de la ley, conscientes de que no tiene ninguna otra posibilidad de evitar su promulgación.

La conjura se ha desarrollado en diversos escenarios. Primero se dirigen a la Comisión de Venecia, organismo consultivo integrado en el Consejo de Europa para que emitiera un dictamen sobre la constitucionalidad de la amnistía. Conviene recordar que su Asamblea Parlamentaria había criticado rotundamente las condenas impuestas a los líderes independentistas. Nada que objetar a las consideraciones que hace el informe sobre la conveniencia del consenso, la tramitación sosegada y su posible inclusión en el texto constitucional. Pero dicho en términos coloquiales, creo que todos estaremos de acuerdo en que no está el horno para estos bollos. En definitiva, la Comisión concluye afirmando que la amnistía es perfectamente constitucional.

Pero los conjurados, lejos de desanimarse, no dudan en malversar las previsiones constitucionales y legales. Los letrados habían advertido que la Mesa del Senado no puede calificar una ley como ordinaria o urgente ni puede negarse a la tramitación, fuere el que fuere el resultado de esta (vetar, enmendar, o no pronunciarse), porque de lo contrario se estaría vulnerando el artículo 90.1 de la Constitución que establece que solo el Gobierno o el Congreso puede adoptar esta decisión. Los “fervorosos constitucionalistas” no han dudado en saltarse la Constitución modificando el Reglamento del Senado porque para eso disponen de la mayoría absoluta. Cuando el Tribunal Constitucional anule este artículo del Reglamento (Art.133) dirán que está politizado y a las órdenes del Gobierno.

Enredados en sus maquinaciones se han sacado de la manga un inédito conflicto de atribuciones entre Congreso y Senado sin que sepamos muy bien cuáles han sido las competencias constitucionales y reglamentarias que les han sido arrebatadas. Incluso alguno de sus medios y columnistas afines, reconocen que es un camino hacia ninguna parte. Han apuñalado simbólicamente la Constitución y la democracia, pero la amnistía sigue viva.

Cuando la ley termine su periplo y se publique en el BOE, sus efectos serán inmediatos y sin duda se aplicarán por la mayoría de los jueces implicados. Espero atentamente las razones que la Sala Segunda del Tribunal Supremo y quizá algún otro tribunal esgriman para plantear cuestiones de institucionalidad o vulneraciones de las normas de la Unión Europea ante su Tribunal de Justicia.

Para los que suspiran por la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de unas elecciones que otorguen el poder al PP, en exclusiva o en alianza con Vox, conviene recordarles que las leyes de amnistía son irrevocables. La democracia y la Constitución como expresión de los valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político están siendo atacados desde diversos flancos.  No se puede ser constitucionalista si antes no se es demócrata.

A la vista de lo que estamos contemplando, me parece que la conjura no alcanza la grandeza dramática de la obra de Shakespeare y se queda en una pataleta que solo pretende manipular y degradar las instituciones democráticas. En su momento habrá que restablecer la legalidad quebrantada. El Senado como emanación de la soberanía nacional seguirá existiendo y los conjurados, tarde o temprano terminarán perdiendo su condición de senadores. Las experiencias que estamos viviendo con la ruptura del bipartidismo me lleva a recordar nuevamente el drama de Julio Cesar. Del mismo modo que le advirtieron que se cuidase de los idus de marzo, ante el panorama que se avecina debemos cuidarnos de las mayorías absolutas. Inevitablemente caen en la tentación de monopolizar el poder en detrimento de la democracia.