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Laura Olías

Periodista. Me interesa el periodismo más cercano y los derechos humanos. He pasado por la sección de Televisión de ABC, de vídeo en El Mundo y Desalambre. Ahora, en Economía. 

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La representatividad de los colectivos de autónomos no se mide desde 2011 aunque lo exige la ley

El Ministerio de Trabajo afronta una tarea pendiente relacionada con los trabajadores autónomos que el Gobierno del PP no resolvió en sus siete años de mandato: acordar un sistema que mida la representatividad de sus asociaciones. La primera y última vez que se calculó el respaldo de estos colectivos fue en 2011, pero el proceso provocó el enfrentamiento entre las organizaciones y, en la práctica, "nunca se ha aplicado", explican desde Trabajo. El Gobierno del PP ordenó que antes del 26 de abril de 2018 se tenía que desarrollar ese sistema de representatividad, pero incumplió su propio plazo y a día de hoy aún no existe.

La medición de la representatividad de las asociaciones de autónomos está prevista en el Estatuto de Trabajo Autónomo, de 2007, que regula los derechos y las condiciones de los trabajadores por cuenta propia. En su artículo 21, la ley contempla algunas líneas generales de cómo deben ser las organizaciones que alcancen el rango de "representativas" a nivel estatal, aunque emplaza a concretar los criterios reglamentariamente.

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La recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años aumentará un 43% sus beneficiarios

El Gobierno prevé que la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años,  que recoge en sus Presupuestos Generales para 2019, incremente en un 43% el número de beneficiarios. Este porcentaje se traduce en unas 114.000 personas más de entrada, especialmente gracias a rebajar la edad de acceso a la ayuda de los 55 a los 52 años. Unas 265.500 personas cobran este subsidio para parados de avanzada edad, según los datos medios del pasado noviembre. Con las reformas del Ejecutivo, el número de perceptores alcanzaría más de 379.500 personas.

El acceso al subsidio para desempleados mayores de 52 años quedó endurecido por el Gobierno de Rajoy en varios decretos. El PP elevó la edad para recibir esta prestación a los 55 años, obligó a sus beneficiarios a jubilarse en la primera oportunidad que tuvieran (no a la edad ordinaria como estaba antes), redujo la cotización de la Seguridad Social para la jubilación de estos trabajadores y disminuyó la cuantía de la ayuda cuando el último empleo del desempleado hubiera sido a tiempo parcial.

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La "paguilla" de actualización de las pensiones según el IPC supondrá unos 13 euros más en febrero

La "paguilla" de comienzo de año para los pensionistas supondrá unos 13 euros de media más en su nómina. Son los datos de previsión del Ministerio de Trabajo, como ha comunicado el secretario de Estado para la Seguridad Social este jueves. Este pago pretende actualizar las pensiones según el IPC de 2018, para que sus beneficiarios no pierdan poder adquisitivo. En total, el gasto en esta partida será de 127 millones de euros. 

El anuncio ha tenido lugar en la rueda de prensa que la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha ofrecido junto a los secretarios de Estado de su gabinete para explicar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Valerio ha recordado que el sistema de protección social contará este año con 151.492 millones de euros, un 6,7% más que en 2018, para sufragar las pensiones, la prestación por incapacidad temporal, las familiares por maternidad y paternidad y otras rentas. 

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Unidos Podemos avisa al Gobierno de que tumbará el decreto del alquiler y negocia cambios para apoyar el de pensiones

" Pacta sunt servanda". "Lo pactado obliga". La frase la ha repetido varias veces en la tribuna del Congreso el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, como advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez de que debe cumplir íntegramente el acuerdo firmado por ambos en La Moncloa el pasado mes de octubre. Lo repetía este mismo miércoles la portavoz del grupo confederal, Irene Montero, en una entrevista en eldiario.es. Y la primera demostración práctica puede llegar el martes, cuando los 67 diputados de Unidos Podemos voten en contra de la convalidación de dos de los principales reales decretos aprobados por el Gobierno: el del alquiler y el de las pensiones.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de diciembre un real decreto que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para alargar los plazos de los alquileres, hacer los contratos más largos y, así, intentar restringir la subida de las rentas que pagan los ciudadanos por sus viviendas. Pero la norma no incluía un aspecto clave para Unidos Podemos: permitir a los ayuntamientos limitar el precio de los alquileres en "zonas tensionadas". Es decir, allí donde más, y más rápido, suben los precios. 

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La justicia reconoce una prestación a una trabajadora sin el mínimo cotizado debido al cuidado de sus hijos

Un paréntesis en la carrera profesional de una trabajadora para que las excedencias por cuidado de sus dos hijos no resten en el cómputo de su cotización a la Seguridad Social. Es la interpretación del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) en una reciente sentencia que reconoce a una mujer el derecho a recibir una prestación de incapacidad por contingencias comunes. Su cobro había sido negado por la mutua Ibermutuamur, ya que no cumplía con los 180 días cotizados en los últimos cinco años anteriores a la baja. El tribunal considera que sí respeta este precepto debido a una interpretación del caso desde una perspectiva de género.

La trabajadora, que llevó el caso ante los tribunales asesorada por el sindicato UGT, cotizó de manera ininterrumpida desde 2002 a 2012. Ese último año tuvo su primer hijo y pidió una excedencia para su cuidado desde julio de ese año hasta octubre de 2014. Durante el periodo de excedencia, la trabajadora tuvo un segundo hijo, por el que percibió la prestación de maternidad hasta el 14 de enero de 2015. La mujer encadenó la baja por maternidad con otra excedencia por cuidado de hijo, que se alargó hasta el 24 de septiembre de 2017.

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La organización de autónomos ATA pide integrarse en la CEOE

La organización de autónomos ATA ha solicitado su integración como miembro de pleno derecho en la patronal CEOE. Así lo han confirmado fuentes del colectivo a eldiario.es y desde la cuenta de Twitter de la organización han difundido también la noticia, que se ha acordado hoy en la Junta Directiva de la Federación Nacional.

Hoy hemos aprobado en Junta directiva solicitar la incorporación de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA en @CEOE_ES como miembro de pleno derecho. #autónomos #autónomas #seguimostrabajando pic.twitter.com/NrsDA3x8af

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El Gobierno prevé sacar a 82.000 niños de la pobreza severa este año con una nueva estrategia para los más vulnerables

Apuntar de manera diferenciada contra la pobreza infantil más dura. Es la nueva estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez, con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil a la cabeza, que ha dejado plasmada en los Presupuestos para 2019. La intención del Ejecutivo socialista es sacar a 82.000 niños de la pobreza severa, hasta dejar la tasa en un 6,6%, el dato más bajo desde 2013. Para ello, el Gobierno pretende doblar la ayuda que reciben las familias más pobres, con una nueva categoría dentro del colectivo de hogares desfavorecidos que acceden a esta prestación.

La pobreza severa queda identificada como la de aquellas familias que viven en hogares con ingresos por debajo del 25% de la renta mediana de la población en España. En la práctica con menos de 355 euros al mes. En 2017, último año con datos oficiales al respecto, 630.000 niños y niñas vivían en esa situación, según los datos del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Un 7,5% de la población infantil en España.

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Trabajo reorienta el fomento del empleo: bajan las ayudas a las empresas que contraten y aumenta la formación

Las políticas de fomento del empleo aumentan un 4,7% en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, pero este incremento no se aplica a todas sus partidas. El Ministerio de Trabajo dirigido por Magdalena Valerio se ha mostrado crítico con la eficacia de las bonificaciones a la contratación para las empresas, una queja habitual de los sindicatos. En las cuentas socialistas, el Ejecutivo reduce estas ayudas para las compañías en 79 millones, mientras que otras políticas como la formación y la orientación obtienen más fondos.

El presupuesto total para las políticas de fomento del empleo asciende a 5.985 millones de euros en 2019, un 4,7% más que en 2018. El incremento es el mayor desde 2016, cuando se presupuestó un alza de un 8,17 respecto al ejercicio anterior. El Ejecutivo recuerda que esta partida "comprende las denominadas políticas activas de empleo, un instrumento esencial para combatir el desempleo y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, haciéndolo más eficiente".

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El Gobierno prevé sacar casi 3.700 millones de la 'hucha de las pensiones' y dejarla con 1.350 millones en 2019

El Ejecutivo prevé tener que sacar de nuevo este año dinero del Fondo de Reserva de las pensiones, la llamada 'hucha de las pensiones', para afrontar el pago de las nóminas de los pensionistas este 2019. El importe que ha presupuestado es de 3.693 millones de euros. Es una de las medidas aprobadas por el Gobierno para mantener el abono de las pensiones pese al déficit del sistema de la Seguridad Social, de 18.650 millones de euros.

El Fondo de Reserva cuenta en la actualidad con 5.043 millones de euros, respecto a los casi 67.000 millones que llegó a tener en 2011. Con la retirada estimada por el Gobierno socialista la 'hucha de las pensiones' se quedaría en mínimos: unos 1.350 millones de euros. La cifra podría variar algo según la rentabilidad de los activos financieros del fondo, que el pasado año fue negativo. La hucha perdió más de 23 millones solo por ese motivo.

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El Tesoro prestará unos 15.000 millones a la Seguridad Social para pagar las pensiones en 2019

La Seguridad Social necesitará de nuevo este 2019 un cuantioso préstamo del Tesoro Público para pagar las pensiones. "Unos 15.000 millones de euros", adelantan fuentes de la Seguridad Social a falta de conocerse la cifra concreta plasmada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno presenta este lunes. Esta vía de financiación, que inauguró el Mariano Rajoy en 2017, no es del gusto de los socialistas, pero la ministra  Magdalena Valerio ya adelantó que tendría que recurrir a ella dado el déficit de las cuentas de la Seguridad Social.

Valerio había afirmado que confiaba en que el crédito de este ejercicio fuera inferior al de 2018, algo que finalmente no se ha cumplido. El préstamo del Tesoro del pasado año ascendió a los 13.830 millones de euros, aunque se complementaron con 1.334 millones de euros que el Estado transfirió a la Tesorería de la Seguridad Social para apoyar su "equilibrio presupuestario". En total, ambas partidas sumaron 15.164 millones.

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