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Laura Olías

Periodista. Me interesa el periodismo más cercano y los derechos humanos. He pasado por la sección de Televisión de ABC, de vídeo en El Mundo y Desalambre. Ahora, en Economía. 

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La Policía Nacional sigue sin tener un protocolo contra el acoso sexual 12 años después de la Ley de Igualdad

La Policía Nacional aún no tiene un protocolo de actuación frente al acoso sexual en sus filas, ni está elaborándolo, según han confirmado fuentes de la Dirección General de Policía a eldiario.es. Este cuerpo se queda así a la cola frente a la Guardia Civil, que está configurando uno, y las Fuerzas Armadas, que ya lo tienen aunque "necesita mejoras", denuncian desde la 'Plataforma de mujeres policías y militares para impulsar su visibilización', que se presentó esta semana en Madrid. Desde 2007, la Ley de Igualdad que aprobó el Gobierno de Zapatero exige a las Administraciones públicas negociar con los representantes de los trabajadores este tipo de protocolos.

"No tenemos nada, absolutamente nada", critica la agente Marisa Estévez, secretaria de Organización de Igualdad del Sindicato Unificado de Policía (SUP). "Si hay un caso de acoso, la compañera tiene que denunciarlo en una comisaría, como cualquier ciudadano, con el hándicap de que somos parte del cuerpo y siempre hay cierto corporativismo", prosigue.

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El Gobierno aprueba un plan para el retorno de 23.000 emigrantes españoles con ayudas laborales y becas

El Gobierno ha aprobado este viernes un plan de retorno para emigrantes españoles con el que pretende que vuelvan a establecerse en el país un total de 23.000 personas al final del periodo, en 2020. El programa, nombrado 'Un país al que volver', cuenta con una dotación presupuestaria de 24,2 millones de euros para este 2019 y el próximo año, según ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

La medida, en la que han participado comunidades autónomas, municipios y los sindicatos y la patronal, sale adelante a un mes de las elecciones generales. La ministra Celaá ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy la gran cantidad de personas, muchas de ellas jóvenes pero no solo, que se marcharon de España durante la crisis económica "en búsqueda de oportunidades que no encontraban en su país".

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Una de cada cinco personas paradas lleva más de cuatro años sin encontrar un empleo

Con la recuperación económica, los niveles de paro se han reducido desde el máximo registrado en 2013, de casi 6,3 millones de personas desempleadas. En el último semestre del pasado año, esta cifra alcanzaba a 3,3 millones de trabajadores. CCOO ha subrayado este jueves que para una gran parte de estas personas la situación de desempleo se ha enquistado. Un 20%, unos 640.000 trabajadores, lleva más de cuatro años apuntados a las oficinas públicas de empleo sin lograr reengancharse al mercado laboral.

El llamado "paro de larga duración", aquel en el que la búsqueda de empleo supera los 12 meses, es una de las materias en las que el Ministerio de Trabajo está trabajando antes de dejar el Gobierno. La ministra Magdalena Valerio ha anunciado un plan para este colectivo, que pretenden aprobar en los próximos Consejos de Ministros.

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La ministra de Trabajo rectifica a Granado: "El Gobierno no tiene ninguna intención de modificar a la baja las pensiones de viudedad"

"Rectifico totalmente". Así ha enmendado la plana la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a su secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, por sus declaraciones de ayer en las que abogó por vincular las pensiones de viudedad al nivel de renta de los beneficiarios. "Para nada está en nuestra previsión modificar a la baja las pensiones de viudedad", ha sostenido este miércoles Valerio sobre las palabras de Granado.

La ministra ha criticado de forma clara las palabras de Granado: "Opina en alto, va a conferencias, a charlas, él opina, opina... y a veces no se da cuenta de que forma parte de un Gobierno. Sabe mucho, es un buen técnico de la Seguridad Social... y de vez en cuando tengo que ir yo aclarando algunas cuestiones", ha recogido la Cadena Ser.

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El Gobierno admite que la cotización de los becarios a la Seguridad Social no podrá iniciarse el próximo curso

La cotización de los becarios a la Seguridad Social probablemente no se implantará el próximo curso, 2019-2020, como estaba previsto. Así lo reconocen fuentes del Ministerio de Trabajo a eldiario.es, dado el adelanto electoral y el retraso en la aprobación del reglamento que lo regulará, que debía estar listo antes del 1 de abril y aún no se ha constituido ni la mesa de negociación. "No creemos que dé tiempo", reconocen en Trabajo.

El Gobierno aprobó un 'macrodecreto' laboral y de pensiones a final de 2018 que incluyó la obligación de que los estudiantes en prácticas, fueran o no remuneradas, cotizaran a la Seguridad Social. La medida afectaba tanto a los "alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como por alumnos de formación profesional de grado medio o superior", fueran las prácticas obligatorias dentro de los currículos formativos o voluntarias.

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El despido de una sindicalista de CNT por Médicos Sin Fronteras reaviva las denuncias de represalias en la ONG

Regina, captadora de socios de Médicos Sin Fronteras, fue despedida el mes pasado tras 12 años como empleada en la organización humanitaria en Madrid. La ONG argumenta el despido porque la trabajadora no era "sostenible" debido a sus resultados, pero el sindicato CNT, del que forma parte Regina, denuncia que se trata de "otro caso de represión sindical" en la entidad. La organización anarcosindicalista recuerda que en Galicia tienen otros ocho casos similares denunciados, de momento sin éxito, y Comisiones Obreras también ha recurrido ante los tribunales la salida forzosa de otros cuatro sindicalistas en la misma comunidad autónoma.

Tras más de 12 años como trabajadora de la organización humanitaria, una de las empleadas más veteranas en la tarea de captación de socios de Médicos Sin Fronteras (MSF), Regina recibió en febrero un expediente contradictorio en el que se explicaba la intención de la empresa de extinguir su contrato por sus resultados de trabajo. Fuentes de la ONG sostienen que "dados los resultados de esta persona y resto del equipo, objetivamente, no era sostenible para la organización".

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El Gobierno hace que casi 25.000 empresas más deban implantar planes de igualdad en los próximos tres años

El decreto de igualdad laboral que aprobó el Gobierno el pasado 1 de marzo amplía, además de los permisos de paternidad como una de las medidas protagonistas, la obligación de que las empresas elaboren planes de igualdad. Hasta ahora solo era un deber para las compañías de más de 250 trabajadores, pero el decreto rebaja ese límite a los 50 empleados. En total, la extensión alcanza a 24.865 empresas, las compañías en España que emplean entre 50 y 250 trabajadores según los datos de la Seguridad Social, y a sus 2,4 millones de empleados. La norma se aplicará de forma progresiva en los próximos tres años, por lo que no afectará a todas al mismo tiempo.

Los planes de igualdad son "un conjunto ordenado de medidas", indica la ley de igualdad de 2007, "tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo". Deben contar con un diagnóstico, en el que se analiza de forma objetiva la situación de la empresa, y después se establecen unos objetivos concretos para avanzar en la igualdad, así como las estrategias y prácticas para alcanzarlos y un sistema de seguimiento que permita evaluar si se consigue llegar a estas metas.

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Los sindicatos piden la 'contrarreforma' laboral y creen que el Gobierno no ha hecho todos los esfuerzos para aprobarla

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han exigido de nuevo este jueves que Pedro Sánchez lleve a uno de los llamados "viernes sociales" un decreto ley con los cambios prometidos en la reforma laboral del PP de 2012. La semana pasada la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, admitió que no desmontarían esa normativa porque eran "realistas" y había posibilidad de cerrar un acuerdo. Las centrales sindicales no lo tienen tan claro: apuntan que no les consta esa falta de apoyos garantizada y, además, ponen en duda que haya existido una negociación "real" en esta materia. 

En una rueda de prensa conjunta, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han defendido que "hay tiempo" para sacar adelante este decreto ley antes de las elecciones general del 28 de abril y han recordado las tres cuestiones sobre la mesa: la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga cuando concluyen sin acuerdo de uno nuevo) y la garantía de derechos laborales de los empleados subcontratados respecto a la empresa principal para la que trabajan. 

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Pagos en B y contratos temporales durante una década: las irregularidades destapadas por un juez en la UGT gallega

Trabajó durante siete meses sin contrato, periodo durante el que cobró en B. No se trata del abuso laboral de una empresa cualquiera: la ilegalidad tuvo lugar en el sindicato UGT en Galicia entre 2001 y 2002. Es una de las irregularidades que destapa una sentencia de un juzgado de lo social de Vigo, que anula el despido de la sindicalista Rosa María Acuña y concluye que la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato en Galicia usó un ERE para "liquidar" a rivales tras unas elecciones internas.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso eldiario.es, recoge que la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato en Galicia no cumplió "ninguno de los requisitos" establecidos para el despido colectivo, en el que incluyó a Rosa María Acuña y otros tres trabajadores, más un quinto que se sumó voluntariamente.

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Las propuestas electorales de CEOE: subir la edad de jubilación, rebajas de impuestos y mantener la reforma laboral

La patronal CEOE ha difundido este miércoles un documento con más de un centenar de propuestas para las próximas elecciones generales del 28 de abril. Entre sus recomendaciones destacan la rebaja generalizada de impuestos, menos cotizaciones sociales para las empresas, el aumento de la edad de jubilación conforme a la esperanza de vida y mantener los elementos clave de la reforma laboral del PP de 2012 que el actual Gobierno pretendía cambiar, como la prevalencia del convenio de empresa sobre el del sector.

Los empresarios subrayan en su documento (aquí en PDF) "cuatro grandes riesgos" en clave nacional: la inestabilidad política, la falta de disciplina presupuestaria, el abandono del proceso de reformas estructurales y el quebrantamiento de la unidad de mercado. Si se materializan estos riesgos, la CEOE sostiene que "se podría acelerar la tendencia a la desaceleración que ha iniciado la economía española".

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