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Laura Olías

Periodista. Me interesa el periodismo más cercano y los derechos humanos. He pasado por la sección de Televisión de ABC, de vídeo en El Mundo y Desalambre. Ahora, en Economía. 

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La recuperación no impide que la población más pobre crezca en España y tenga más difícil salir de la exclusión

Vivir con 355 euros al mes. Es lo que afrontaban 3,2 millones de personas en España el año pasado, el 6,9% de la población total. Este colectivo se encuentran en situación de "pobreza severa", según la mide la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES): tener ingresos inferiores al 30% de la renta mediana del conjunto de la sociedad. Pese a la recuperación económica, su número aumentó en algo más de 300.000 personas con respecto a 2016 y su porcentaje crece casi de manera ininterrumpida desde 2008.

Este 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la EAPN España alerta de que, tras la disminución del dato global de la población en riesgo de pobreza, hay un "claro empeoramiento de las condiciones de vida de las personas más pobres". Así lo indica la plataforma en su último  informe anual sobre la situación en España, que proporciona una radiografía de la población en riesgo de pobreza en la que sobresalen los menores y las mujeres.

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El alarmismo sobre los efectos en el empleo del aumento del salario mínimo no se sustenta en datos

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) recogida en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos acaparó la mayoría de los titulares. No es para menos: el aumento ascendería al 22,3% en un año, el mayor de la democracia. El alza ha revitalizado un histórico debate entre economistas sobre los efectos en el empleo de las subidas del salario mínimo. También el alarmismo de algunos sectores conservadores que auguran la destrucción de puestos de trabajo. Varios expertos que advierten de las posibles consecuencias negativas reconocen, no obstante, que por el momento no hay evidencias empíricas contundentes sobre ellas en la práctica del mercado laboral en España. 

Tras el anuncio de la subida pactada hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas, las alarmas sobre la destrucción de puestos de trabajo saltaron desde la patronal y otros gabinetes de estudios liberales, como suele ser habitual en estos casos. El candidato a suceder a Joan Rosell al frente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que "puede llegar un momento en el que las empresas no puedan pagar ni contratar a la gente" y desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE, think tank de la patronal) han lanzado el mismo mensaje: "Ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y elevará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados".

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El acuerdo presupuestario no recoge la subida de un indicador clave para las ayudas sociales congelado por el PP

El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos ha destacado por la histórica subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 900 euros mensuales en 2019. La más alta de la democracia. Ambas partes han señalado el impulso para los trabajadores con sueldos más precarios, pero hay otro indicador clave para las personas más desfavorecidas del que no hay rastro en el pacto: el IPREM. Este índice, prácticamente congelado desde 2010 y que el Gobierno del PP no incrementó cuando llegó la recuperación económica, es clave para el acceso y la cuantía de ayudas, subsidios, becas y prestaciones. 

Fuentes del Ministerio de Trabajo afirman que la ausencia del IPREM en el acuerdo presupuestario se debe a que aún es un punto "pendiente de cerrar" y que se discutirá con los sindicatos y la patronal de cara a la ley presupuestaria del año próximo. Desde Unidos Podemos explican que su grupo pedía una subida "sustancial" de este indicador, pero "no fue aceptada por el PSOE".

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El Gobierno reconocerá el derecho a paro de las empleadas del hogar

El Gobierno reconocerá el derecho a paro de las empleadas del hogar y de cuidados, que en la actualidad no tienen acceso a esta protección social. Es una de las consecuencias que tendrá la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que queda contemplada en el acuerdo presupuestario con Unidos Podemos. Aunque  el Ministerio de Trabajo ya había anunciado su intención de ratificar este convenio internacional, el documento pone fecha finalmente: 2019.

El documento que han sellado ambas partes para sacar adelante las cuentas públicas del próximo año incluye el compromiso de ratificar "dentro de 2019" convenios internacionales que aún no han sido suscritos por España. Uno de ellos es la Carta Social Europea revisada en 1996 del Consejo de Europa y el otro se trata del Convenio número 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de 2011.

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Los cambios en la reforma laboral: registro de jornada, pero no consta la supremacía del convenio sectorial

El acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 suscrito entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos concreta algunos de los elementos en los que las partes han llegado a acuerdos para modificar la reforma laboral del PP de 2012. Entre ellos, destaca la ausencia del retorno a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, una cuestión que sigue defendiendo el Gobierno, según ha afirmado hoy la ministra de Hacienda. Sí figuran en el texto otras medidas clave, como ampliar la ultraactividad de los convenios colectivos y obligar a que se registre la jornada de los trabajadores.

El texto con las claves de las cuentas del Estado para el próximo año no solo contiene partidas presupuestarias, como el aumento de las pensiones o de las ayudas por hijo a las familias más desfavorecidas, sino que también recoge compromisos de cambios legislativos y políticas que aplicar a futuro.

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El Pacto de Toledo sella la revalorización de las pensiones "en base al IPC" con la excepción de ERC

La comisión del Pacto de Toledo ha cerrado este miércoles su recomendación sobre la revalorización de las pensiones, para que estas se actualicen anualmente "en base al IPC real", con la excepción de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). En opinión del partido catalán la redacción, que  adopta el texto del preacuerdo alcanzado a finales de septiembre entre las distintas fuerzas parlamentarias, es "ambigua" y no garantiza que las pensiones suban siempre con el IPC. Por ello, el portavoz de ERC, Jordi Salvador, ha afirmado que su grupo emitirá un voto particular en esta materia. 

La recomendación cerrada hoy ha sido una de las más conflictivas en el seno del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que diseña las recomendaciones para el futuro del sistema público de pensiones. Hay que recordar que lo pactado en la comisión no es vinculante, sino que forma parte de una guía que envían los distintos partidos políticos al Gobierno, que es el encargado de legislar las reformas que considere, tradicionalmente tras pactar con los sindicatos y las patronales de empresarios.

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El Gobierno necesitará pedir un crédito al Tesoro para pagar las pensiones en 2019

En 2019 será necesario volver a pedir un préstamo al Tesoro Público para pagar las pensiones. Así lo ha afirmado la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, este martes ya que, a pesar de que los ingresos por cotizaciones sociales están aumentando, esta vía y las compensaciones mediante los Presupuestos Generales del Estado no serán suficientes para abonar las pagas extra de Navidad y verano a los pensionistas. "El año que viene se necesitará también algún crédito", ha reconocido.

En un almuerzo informativo organizado por el club Siglo XXI, Valerio ha pedido confianza en el sistema público de pensiones y ha reiterado que "el Gobierno de España no va a dejar de pagar las pensiones a los pensionistas".

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El Gobierno asegura que la ‘hucha de las pensiones’ pierde dinero por la gestión del Ejecutivo de Rajoy

El Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha recurrido al Fondo de Reserva, conocido como ‘hucha de las pensiones’, para pagar las prestaciones, pero este sigue mermando en algunos millones. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha explicado este martes en la comisión del Pacto de Toledo que "todos los activos financieros del Fondo de Reserva están en depósitos e inversiones con rentabilidad negativa" desde mediados de 2017. El resultado: la pérdida de algo más de 23 millones en lo que va de año debido a esta rentabilidad negativa.

La 'hucha de las pensiones' cuenta en la actualidad con 8.061,56 millones de euros, mientras que a finales de 2017 tenía 8.085,37 millones (a percios de mercado). Así, en estos meses el fondo ha perdido 23,81 millones, según han concretado desde la Seguridad Social. 

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España, entre los países europeos con más mujeres "inactivas" debido a los cuidados no remunerados

Los cuidados no remunerados lastran la incorporación de las mujeres al mercado formal de trabajo. En España esta "carga" es mayor que en otros países de su entorno como determinante para que las mujeres no tengan un empleo remunerado. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 25,1% de las mujeres inactivas en España afirman que no están disponibles para un empleo ni lo buscan debido a estas tareas de cuidado, lo que sitúa al país como el quinto con mayor porcentaje en la Unión Europea. La media de los 28 países de la UE es del 19,3%.

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Cinco claves de la sentencia del Supremo que blinda a los interinos contratados de forma abusiva

Dos sentencias del Tribunal Supremo conocidas esta semana sientan doctrina sobre las consecuencias de que la Administración pública abuse de la contratación temporal de funcionarios interinos y personal eventual. Las resoluciones crean jurisprudencia y en la práctica  "blindan" en sus puestos a estos empleados hasta que la institución pública cumpla con la normativa aplicable. Estos fallos pueden tener notables repercusiones en muchas Administraciones, según varios expertos en Derecho del Trabajo consultados, ya que los abusos en la contratación temporal son frecuentes.

Los sindicatos denuncian que la excesiva temporalidad en el mercado laboral español, la mayor de la UE, no es exclusiva del sector privado y que las administraciones públicas también se alimentan de la contratación temporal injustificada. Son frecuentes  las sentencias de interinos que ocupan sus puestos durante numerosos años consecutivos, pese a ser una vía de contratación "por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia".

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