Meloni denuncia la regularización en España mientras llama a miles de trabajadores migrantes para Italia con un programa disfuncional

Tras la crisis por la entrada de migrantes en Ceuta, el Gobierno de Giorgia Meloni se alzó estos días cómo gran opositor a la regularización migratoria en España. La extrema derecha ha tratado de relacionar ambas realidades y Meloni ha alertado sobre el supuesto efecto llamada que esto supone para los países de la Unión Europea (UE). Sin embargo, y mientras critica la política española, Italia mantiene activo un sistema de acceso de personas extranjeras por cuota y empleo que, según cifras oficiales, puede abrir la puerta a unos 500.000 extracomunitarios entre 2026 y 2028. Para muchos, esto viene a ser una especie de regularización encubierta que contrapone el discurso antimigratorio de Meloni con la realidad de un país envejecido, con una de las tasas de natalidad más bajas de la UE, pérdida de población y necesidad de trabajadores en múltiples sectores.

El programa, sin embargo, tiene numerosas grietas. Grupos de derechos humanos y muchos migrantes que llegaron a Italia a través de este sistema denuncian que el mecanismo es disfuncional y lleno de deficiencias que hacen que parte de sus solicitantes no logren ni alcanzar Italia, o bien se vean abocados a la irregularidad una vez en el país. Muchos se convierten en víctimas de estafas o ven cómo el empresario que se comprometió a emplearlos no hace acto de presencia o ya no les contrata. Según fuentes consultadas por elDiario.es, hay miles de personas que pueden estar ahora en esta situación.

“Es un gran problema. Muchos vinimos a Italia a través de este proceso porque queríamos entrar por una vía legal y no ser irregulares, pero cuando llegamos, vimos que no teníamos ningún empleo y nos quedamos sin nada”, cuenta a elDiario.es Asili Raman, un migrante de 26 años de Bangladesh que asegura haber pagado 10.000 euros a un intermediario con la falsa promesa de llegar a Italia con trabajo y documentos, un sueño que se disipó al pisar el país, donde denuncia también la poca atención de las autoridades ante casos como el suyo.

El Decreto Flussi, la vía para la migración “legal” de Meloni

Estos años, Meloni ha hecho una diferencia entre las personas migrantes que considera “ilegales” frente a la migración “legal”, que pide fomentar de forma ordenada y con canales regulados, según las necesidades del mercado laboral. Este es el mecanismo que en Italia se conoce como Decreto Flussi (Decreto de Flujos), vigente desde 1998 y basado en la contratación de extranjeros en sus países de origen, similar al modelo de gestión colectiva de contrataciones en origen existente en España, aunque en el caso italiano prevé unos números mucho más altos. El proceso se inicia con la petición de empresarios locales en Italia que solicitan mano de obra para la agricultura, el sector inmobiliario, industrial, turístico o de cuidados, entre otros. Asimismo, esto se hace con países con los que Italia tiene acuerdos bilaterales, entre ellos Pakistán, Bangladesh, Egipto, Túnez, Marruecos o Sri Lanka, basado en cuotas para períodos trianuales reservadas para empleo permanente, estacional o por cuenta propia.

De hecho, desde que accedió al poder a fines de 2022, la coalición de Meloni amplió las cuotas de permisos para extracomunitarios en el marco de este sistema para “que responda a las necesidades de las empresas y sea también realista”. En 2025, anunció la emisión de hasta 500.000 visados para el período entre 2026 y 2028, y antes se comprometió a expedir hasta 450.000 permisos entre 2023 y 2025. “Sin decirlo muy alto, el gobierno alzó enormemente las cuotas, alcanzando hasta 950.000 potenciales entradas en seis años. En Italia ya residen 3,5 millones de extracomunitarios, y esto los aumentaría un 30%”, dice a elDiario.es el abogado Alberto Guariso, miembro de la Asociación para Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI). Sin embargo, matiza el experto, la cantidad real de personas que logra llegar y trabajar en Italia con permiso regular acaba siendo muy poca, ya que el mecanismo es “altamente inoperativo”, repleto de trámites complejos y una burocracia “muy lenta”.

Según la campaña Ero Straniero (Yo Era Extranjero), formada por varias entidades defensoras de los derechos de las personas migrantes, sólo una fracción mínima de quién solicita viajar a Italia logra obtener permiso de residencia y empleo regular en el país. En 2024, por un cupo máximo de 146.850 plazas previstas, sólo se acabaron emitiendo algo más de 24.800 permisos. En la práctica, esto supone que sólo 17% del total logró terminar con éxito el proceso. En 2025, por un cupo que aumentó a 181.450 plazas, se expedieron 14.349 permisos, lo que implica que solo “ocho de cada 100 personas completaron el procedimiento”, concreta Ero Straniero en un informe publicado a febrero de este año, donde alerta que el sistema puede llevar a muchos a la irregularidad.

Aunque no se puede cuantificar con claridad, el informe advierte de que un 7% de las 26.700 personas que llegaron al país a través del Decreto Flussi durante 2024 “están en riesgo real de caer en la inmigración irregular”. Esta cifra creció aún más para 2025, cuando hasta 11.686 personas habrían podido quedar en la misma situación.

Un sistema que “no funciona”

“La realidad es que este sistema no funciona”, señala Guariso. Según agrega, sí hay muchos casos de personas que consiguen acabar los trámites con éxito y viajar a Italia, “pero una vez aquí, su empleador desaparece o ya no les quiere contratar, lo que hace que se queden en situación irregular”, a la merced de una administración burocrática compleja y unas autoridades que en muchos casos no contemplan la opción de dar permiso de residencia a quien quedó en estado de irregularidad, pese haber hecho el proceso correctamente y según la ley.

Según el abogado, muchas jefaturas de policía provinciales –dónde los extranjeros deben tramitar su permiso de residencia en Italia– rechazan solicitudes de migrantes que se quedaron sin su empleador inicial, pero que encontraron un nuevo trabajo y podrían regularizar su situación con él. “Es un sinsentido”, lamenta Guariso, que destaca también las estafas que han sufrido muchos migrantes en el marco del Decreto de Flujos, tras ser víctimas de grupos criminales que les hicieron pagar mucho dinero por un contrato que en realidad no existía.

Muchas personas “son víctimas de estafas flagrantes o prácticas ilegítimas, tras haber pagado miles de euros a supuestos intermediarios, empleadores o empresas ficticias a cambio de empleo, para luego llegar a Italia y no volver a saber nada de ellos”, relata Ero Straniero en su informe. La desprotección lleva a muchos migrantes a acabar en la calle o en asentamientos informales precarios, pero también a quedar sometidos a un modelo de explotación conocido como caporalato, considerado una forma de esclavitud moderna aún existente en Italia.

Un mecanismo “fraudulento”

En el caso del bengalí Asili Raman, cuando llegó a Italia en octubre de 2023 pudo evitar caer en estas redes. Vio cómo sus perspectivas de empleo se desvanecían, pero tuvo el apoyo de un primo en Milán que le dio alojamiento. En su caso, cuenta, mantuvo un permiso temporal de residencia que le dio en torno a un año para buscar empleo, aunque sólo pudo regularizar definitivamente su situación con el apoyo legal de ASGI y presentando un recurso ante la Justicia italiana para obtener un permiso de residencia permanente. “Hay miles de personas en esta situación y muchos otros no lograron conseguir el permiso como yo”, cuenta Raman, quién ha trabajado estos últimos años como recepcionista en un hotel de Milán, dónde tiene una situación más estable de cara al futuro.

Sin embargo, denuncia que muchas otras personas que se vieron estafadas como él se quedaron atrás en el marco de un mecanismo que no ve funcional. “Fue una situación muy mala. Tuvimos que luchar muchísimo. Muchos de nosotros teníamos deudas tras haber pedido préstamos para viajar a Italia. Yo mismo me endeudé con 5.000 euros, y durante un tiempo me ayudó mi familia desde Bangladesh para poder sobrevivir”, relata.

Según añade, unos mil migrantes que se hallaron sin trabajo al llegar a Italia se organizaron para denunciar su situación bajo el lema “Todos somos víctimas”, y crearon una página de Facebook para ello. “Los trabajadores que llegamos con visados a través del Decreto Flussi no entramos ilegalmente a Italia. Somos víctimas de un sistema de fraude por parte de empleadores y agentes fraudulentos”, alegan en la página, donde piden mayor responsabilidad tanto de las autoridades de su país de origen como del Ejecutivo italiano para enfrentar el problema.

Para Guariso, la ineficacia del Decreto Flujos muestra “lo absurdo” de las posturas del Gobierno de Meloni. Por un lado, tiene en la lucha contra la migración irregular su caballo de batalla, pero el sistema de recepción con el que pretende que los migrantes lleguen al país por vía legal lleva a muchos a la irregularidad. A su vez, el número de personas que finalmente entran a Italia es mucho menor del previsto en relación con el cupo inicial. Según el letrado, esto denota una “omisión de responsabilidades” del Gobierno, que “no cumple lo que marcó sobre el papel”, seguramente porque “no es una medida popular que les dé votos”, pero ante ello tampoco responde a lo solicitado por empresas y agricultores que llevan años pidiendo el acceso de más mano de obra.

“Este sistema se tiene que acabar”, dice Guariso, que no ve sentido en contratar a personas en el extranjero cuando Italia está repleta de migrantes irregulares con voluntad de trabajar. Ante ello, pide una regularización extraordinaria como en España, igual que ya se hizo en Italia varias veces en el pasado, aunque la coalición dominada por la ultraderecha de Meloni se niega en rotundo a ello. “Lo más lógico sería que las personas que ya están aquí puedan regularizarse para trabajar e integrarse”, dice el letrado, que no ve otra solución posible.