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Alberto Garzón Espinosa

Coordinador federal de IU y diputado en el Congreso por Unidos Podemos. Autor de La Gran Estafa (Destino, 2013) y La tercera República (Península). 

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Federalismo republicano frente a los monstruos

Mientras polémicas intrascendentes sacuden día tras día nuestra actualidad política, otra serie de procesos están desarrollándose en nuestro país sin que reciban la atención debida. Entiéndase bien: no es que el trabajo de fin de máster de Casado sea un tema insignificante, pues es síntoma de la corrupción desaforada en algunas universidades, del clientelismo político de toda la vida y del tipo de educación clasista que lleva años imponiéndose en España, sino que no permite ver la panorámica completa. Por decirlo de otra manera, los chanchullos y mentiras académicas de los líderes políticos no dejan de ser meros árboles, podridos, de un bosque mucho más grande y cuya propia existencia está severamente comprometida.

Partamos de un punto básico: para relacionarnos entre nosotros los seres humanos levantamos instituciones que nos facilitan la vida. Nos dotamos de reglas comunes que evitan que tengamos que empezar siempre desde cero. Imagínense que cada vez que tuviéramos un pleito contra alguien tuviéramos que iniciar un largo debate sobre qué es la justicia y cómo y quién la aplica… la vida sería insufrible y caótica. Si las instituciones están bien diseñadas pueden ser muy duraderas e incluso pueden rebasar en tiempo la vida de cualquier ser mortal. Esa es la razón por la que a veces nuestro pensamiento nos traiciona y nos hace creer que esas instituciones siempre estarán ahí en el futuro: que valores como la igualdad, la libertad o la justicia siempre se definirán e interpretarán de la misma forma. Sin embargo, la historia ha demostrado sin cesar que las instituciones están permanentemente mutando, y que a veces lo hacen más radicalmente a través de reformas parciales e incluso por revoluciones.

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Operación Chamartín: cómo hacer negocio privado a costa del suelo público

Una de las puertas que se abre tras la moción de censura que ha llevado a Rajoy de Moncloa a Santa Pola es la posibilidad real de que se produzca un vuelco en las políticas opacas, corruptas y al servicio de la oligarquía financiera que el gobierno del Partido Popular ha protagonizado en los últimos años.

Hacer negocio privado a costa de lo público ha sido una constante que es imprescindible detener de manera inmediata. Por eso, los principios e instrumentos de actuación pública en materia de urbanismo fueron siempre los grandes olvidados por la derecha en nuestro país. Y un ejemplo claro es el desarrollo de la Operación Chamartín en la ciudad de Madrid que, si bien nacieron bajo el gobierno del PSOE en 1993, su deriva -siempre buscando el beneficio de los intereses privados- ha ido incrementándose con las consecuentes renovaciones de convenios y pactos entre ADIF, DCN (formada por el BBVA y la Constructora San José) y el Ayuntamiento de Madrid.

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Diez proposiciones sobre la clase trabajadora actual

En noviembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos y una parte del mainstream estadounidense se echó las manos a la cabeza mientras se preguntaba por cómo un multimillonario machista y xenófobo había obtenido casi 63 millones de votos. En la búsqueda de respuestas cobró fama un libro escrito en 1997 por Jim Goad en el que se desarrollaba una polémica tesis que parecía, veinte años después, toda una profecía. Según el 'Manifiesto Redneck', la izquierda había sido responsable de mantener durante décadas un peligroso discurso que excluía a la clase obrera blanca, mientras al mismo tiempo abrazaba y defendía preferentemente las demandas de colectivos como las mujeres o las minorías étnicas. Esas políticas, llamadas de identidad, estarían provocando un rencor y resentimiento creciente en la clase obrera blanca que explicaría que ésta fuera el motor principal del ascenso de un personaje como Trump.

Con el ascenso de organizaciones populistas de extrema derecha en toda Europa este debate ha traspasado el ámbito estadounidense y no son pocos los que han concluido que, efectivamente, la culpa de las nuevas formas de fascismo europeo y del Brexit la tiene la clase trabajadora y las políticas de identidad de la izquierda. En este artículo trataré de defender que esta tesis no sólo es falsa sino también peligrosa.

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Crítica de la crítica a la diversidad

El escritor Daniel Bernabé acaba de publicar La trampa de la diversidad, un polémico libro escrito con tanta brillantez como agudeza y que tiene el objetivo de confrontar con cierta visión política y social de la izquierda. El libro no aspira a ser un manual ni tampoco tiene pretensiones académicas, y quizás por ambas razones no siempre es fácil esclarecer cuál es la tesis principal del libro y cómo se combina con sus diferentes argumentaciones. La trampa de la diversidad es, ante todo, una gran queja ante el comportamiento reciente de una parte de la izquierda, que por otra parte nunca es señalada ni definida en términos claros.

El razonamiento del libro podría resumirse del siguiente modo. El neoliberalismo es un proyecto estratégico de las élites que ha utilizado al posmodernismo para desmantelar a la izquierda y para extender su amoralidad y cinismo como valores aceptables. Esto lo habría conseguido a través de dos mecanismos. El primero, usando reivindicaciones justas, como las del feminismo y la defensa de los animales, para blanquear valores culturales tales como el de la competitividad y el individualismo. De esa forma el neoliberalismo extiende la cultura del posmodernismo por todos los ámbitos de la sociedad sin que sea percibido como algo negativo sino, de hecho, todo lo contrario. El segundo, el neoliberalismo es la causa de la gran ficción de la clase media, una identidad aspiracional que fue fortalecida para que sirviera de guardia pretoriana al nuevo orden en detrimento de la clase trabajadora industrial. La consecuencia de todo ello habría sido doble. Por un lado, la política se ha transformado en un producto en sí mismo en la que las organizaciones políticas tratan de dar respuesta a unas identidades débiles y fragmentadas, haciendo que los movimientos críticos contemporáneos sean una herramienta inútil para los problemas cotidianos de la gente. Por otro lado, este proceso evita que hallemos esa identidad que nos lleve a la ideología de la acción política colectiva, esto es, a una identidad común de las víctimas del capitalismo y el neoliberalismo que nos permita conseguir objetivos políticos también comunes. En suma, la trampa de la diversidad es precisamente este proceso por el cual lo que aparentemente es bueno y justo, el reconocimiento de la diversidad, es usado por el neoliberalismo como arma para fortalecer su proyecto social y político.

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La IU que necesitamos

Izquierda Unida acaba de cumplir 32 años. Nació al calor de las movilizaciones contra la entrada de España en la OTAN, y solo ocho años más tarde de la aprobación de la Constitución Española de 1978. Miles de mujeres y hombres, de culturas diversas de la izquierda, compartían un proyecto de país desde una voluntad de unidad y desde una convicción: la de articular un espacio político que sirviera de instrumento de transformación económica, social y cultural a una España cuyo Gobierno daba señales de que se arrinconaba de nuevo cualquier política de verdadero cambio. Hablábamos entonces no sólo de otra política, sino de otra forma de hacer política, a través de la elaboración colectiva de sus fundamentos y programa.

Qué duda cabe de que nuestro país ha cambiado mucho desde entonces, tanto política como económica y socialmente. Y en cierta medida, durante todo este tiempo hemos conseguido adaptarnos al menos lo suficiente como para seguir existiendo, evitando caer en el canto de sirenas de un capitalismo que nos exigía claudicar. Nuestra incesante lucha por un trabajo y una vida dignas siempre ha tenido enfrente al capitalismo, al patriarcado y a la corrupción que a ambos alimenta. El patrimonio acumulado de resistencia, dignidad política y coherencia de miles de personas, militantes, simpatizantes y activistas es un orgullo para quienes pertenecemos a IU, y amplios sectores de la sociedad ajenos a nuestra organización así lo reconocen.

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Presupuestos de 2018: la herramienta de las élites para imponer su ideología

Desconfíen cuando se intenta sumergir en planteamientos técnicos y despojar de ideología algo tan aparentemente árido como los Presupuestos Generales del Estado. Nada hay más ideológico que la plasmación en las cuentas públicas de una posición política determinada. Al fin y al cabo los presupuestos determinan qué parte de la población y con qué intensidad va a verse beneficiada por las políticas públicas, cómo se va a repartir parte de la riqueza y la renta que generamos entre todos y todas, y cómo se va a definir e influir en las características del modelo productivo, social y ecológico de nuestro país.

Si algo queda claro con el Proyecto que se somete a tramitación por parte del gobierno del Partido Popular y sus aliados de Ciudadanos es la estrategia de la derecha: quieren un país en el que la importancia del estado social continúe menguando, en el que se mantengan tasas de paro muy superiores a la de nuestros vecinos, en el que la precariedad impregne, si cabe aún más, el mercado laboral afectando especialmente a mujeres y a jóvenes, en el que el nivel de desigualdad siga siendo de los más elevados de Europa, en el que los pensionistas se empobrezcan progresivamente, en el que el modelo productivo se caracterice por un bajo valor añadido y tecnológico, en el que el modelo energético siga anclado al siglo XX, en el que la vivienda sea un lujo y no un derecho, etc. Porque los presupuestos generales no los han diseñado para combatir los enormes desafíos económicos, sociales y ecológicos a los que nos enfrentamos, sino para cumplir reglas fiscales carentes de cualquier fundamento técnico que impone la Unión Europea y que han demostrado de manera evidente su inoperatividad para alcanzar los objetivos que le importan a la inmensa mayoría de la gente. Unas reglas carentes de todo sustento científico y técnico que están siendo utilizadas como excusa para deteriorar los servicios públicos y permitir más espacio de negocio a los agentes privados. No hay otra cosa que ideología detrás del disfraz de ciencia. Lo malo es que esa ideología va contra los intereses de la mayoría social. Los retos que debería abordar un presupuesto que se nos plantea al tiempo que el gobierno presume de “haber salido de la crisis” deberían pasar por abordar la realidad de los casi 4 millones de personas desempleadas, en el millón personas que viven en hogares sin ningún tipo de ingreso, en los casi 8 millones de personas que no llegan a final de mes, en la gente que tiene contratos basura. Tendría que mostrar con claridad para qué sirve la herramienta presupuestaria para la gente que sigue siendo desahuciada de sus viviendas o para los casi 13 millones de personas que viven en riesgo de pobreza.

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Por Andalucía y la República Federal

El 28 de febrero de 1980, hace ahora treinta y ocho años, tuvo lugar el referéndum en el que Andalucía conquistó su autonomía. El 55,80% del censo votó por el SÍ, mientras que el NO apenas alcanzó el 3,44% del censo. A pesar de que el censo estaba inflado con la presencia de miles de personas fallecidas, la participación fue del 64,2% y la abstención, que fue la opción promovida por la derecha de UCD y AP, fue derrotada. Además, tanto los niveles de participación como de apoyo al SÍ fueron en Andalucía superiores a los que se habían obtenido, un año antes, tanto en Cataluña como en el País Vasco, lo que ponía de relieve que la pluralidad de España no se limitaba ni mucho menos a las llamadas nacionalidades históricas –Galicia, Cataluña y País Vasco.

No obstante, la autonomía hubo de conquistarse en una segunda fase debido a que los resultados del SÍ en Almería se habían quedado por debajo del 50%, que era el umbral establecido por el artículo 151 de la Constitución de 1978. La movilización y presión política –que incluyó encierros en ayuntamientos y huelgas de hambre de dirigentes políticos- permitió que en noviembre de 1980 se modificara la Ley de Referéndum para que el resultado en Almería no fuese obstáculo a la consecución definitiva de la autonomía de Andalucía. De esa forma el Congreso adaptó el marco legal a una realidad social y política que desbordaba entonces las calles de Andalucía y de toda España, como se había puesto de relieve muy especialmente durante la jornada del 4 de diciembre de 1977. Andalucía conquistaba así una autonomía que la izquierda y los movimientos populares identificábamos con la salida del subdesarrollo económico de nuestra tierra.

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No pretendamos que la historia cambie si siempre hacemos lo mismo

Se reanudan esta semana los trabajos de la Comisión de Investigación de la crisis bancaria con la comparecencia, entre otros, de Rodrigo Rato, Pedro Solbes, Elena Salgado o Julio Segura. Se trata de actores fundamentales con enorme responsabilidad en la quiebra del sector financiero que sigue suponiendo una sangría en términos de fondos públicos. Precisamente por eso, la intención ha sido la de obstaculizar la labor de quienes, como el grupo parlamentario Unidos Podemos, queremos esclarecer lo ocurrido.

Actitudes como la de cambiar el formato habitual de interrogatorio por turnos de discursos en la comparecencia del que fuera ministro de Economía, director gerente del FMI y presidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, no son más que un torpe intento de facilitar a uno de los protagonistas fundamentales de este episodio negro de la historia de este país. Se une este hecho a las maniobras coordinadas entre PP y PSOE para evitarle a Aznar, Zapatero, Núñez Feijoo y a los principales banqueros el engorroso trámite de explicarle a la gente cómo es posible que se hayan volatilizado ingentes cantidades de dinero de todas y todos para salvar a las élites, sin que se haya culpables. Dado que en esta legislatura no han podido bloquear la Comisión de Investigación como ya hicieron con la presentada por Izquierda Unida-Izquierda Plural en la X Legislatura en 2012 y que no pudo prosperar al sufrir el veto propiciado por la mayoría absoluta de la que entonces gozaba en el Congreso el Partido Popular, optan por poner palos en las ruedas para que cejemos en nuestro empeño de poner luz sobre esta iniquidad.

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El gobierno de España contra los refugiados políticos

Para Dogan Akhanli y Hamza Yalçin

Eran las 08.30 del pasado 19 de agosto cuando el escritor turco-alemán Dogan Akhanli se encontraba listo para salir, junto a su mujer, a visitar la Alhambra de Granada. La pareja estaba de vacaciones en España, un viaje que el escritor había planificado para profundizar en el estudio de la literatura española. Sin embargo, una llamada a la puerta de su hotel alteraría todos los planes. Un total de ocho policías tenían órdenes de detener a Akhanli y llevárselo a la Audiencia Nacional, como respuesta a una orden internacional de Interpol que tiene su origen en una reclamación de Turquía.

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Llamazares y la honestidad en política

Estos días hemos conocido que Gaspar Llamazares ha fundado un nuevo partido político, que tiene vocación electoral, y también hemos sabido que se lo comunicó a Pedro Sánchez en una reunión privada que tuvo lugar a mediados de julio.

En primer lugar, llama la atención ese gesto de cordialidad con el líder del PSOE, porque tanto Ramón Argüelles, coordinador de IU Asturias, como yo mismo, coordinador de IU Federal, nos hemos enterado de los planes de Llamazares por la prensa. Desde luego, lo más grave es que la militancia de IU tampoco sabía nada. Y ya me diréis qué hay de normal en que los dirigentes de otro partido político se enteren antes que la propia gente a la que se representa como cargo público. Es verdad que todos intuíamos que algo se tramaba, pues veíamos ciertos indicios en los medios de comunicación, pero Llamazares, que lleva meses sin ir a las reuniones de IU Federal, no ha dado nunca ninguna explicación ni a la militancia que le hizo candidato ni a los órganos de IU a los que debería representar.

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