Elena Díaz, relatora de la ONU sobre pobreza: “En España no se adoptan medidas para garantizar el derecho a la vivienda”

Elena Díaz Galán (Madrid, 1990) es desde hace medio año relatora especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, una tarea para la que son elegidos expertos independientes con la misión de informar sobre la cuestión. En su caso, ha recibido el encargo tras una carrera académica centrada en estos temas y mientras ejerce como profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su discurso se centra en la necesidad entender la lucha contra la pobreza como una cuestión de derechos humanos y en no desviar el foco de la cuestión en un momento en el que asegura que no es prioritaria para muchos estados.

Su primer informe como relatora se centra en la pobreza en las ciudades, que actúan como “la primera línea que recibe las crisis”. Y, en ese contexto, destaca el papel “fundamental” que juega la vivienda en las situaciones de pobreza, en una conversación que se produce justo antes de su participación en el II Simposio Europeo sobre Aporofobia, organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) en Santiago de Compostela. En una jornada en la que se ejecutó el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, en Madrid, Díaz Galán recuerda que el derecho a la vivienda es esencial y uno de los que “se supone” que en sociedades como la española “tendrían que estar garantizados plenamente”. Pero avisa de que ni la Unión Europea ni España ni las administraciones locales están adoptando las medidas necesarias para ello.

En el simposio va a hablar del marco europeo contra la aporofobia, ¿qué tal lo está haciendo Europa?

Estas cuestiones siempre han sido fundamentales, pero en un momento como el actual, complicado en materia de derechos humanos, todavía más. Queda mucho por hacer para que se reconozcan esos delitos de odio, tanto en Europa en general como en la Unión Europea en particular. El marco general está bien, pero hay que trabajar todavía bastante para reconocer y regular jurídicamente, que es un paso necesario, la condena a todos estos actos.

Habla de un momento complicado para los derechos humanos, ¿qué está pasando?

Creo que el trabajo que debe hacer Europa debe complementarse con lo que se haga a nivel universal. La UE puede tener un papel clave, al ser una organización de integración, para establecer mecanismos de garantía eficaces para controlar estos comportamientos y estas violaciones de derechos humanos, porque yo siempre sostengo que la pobreza es una cuestión de derechos humanos y que su garantía efectiva contribuiría mucho a combatir y a erradicar la pobreza. Se ve un ataque a los derechos humanos a nivel nacional, pero sobre todo a nivel regional y universal. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Consejo de Europa, que cuenta con mecanismos para la protección de los derechos humanos, hay algunos estados que, por la situación geopolítica internacional actual, se han salido de la organización. En el marco de otras instancias, como Naciones Unidas, hay algunas limitaciones, sobre todo de recursos. Se han visto recortes importantes y eso es consecuencia directa de las políticas que se están desarrollando y de la importancia en la que se están situando los derechos humanos como una prioridad o no tanta prioridad para los estados frente a otras cuestiones. Y se puede apostar por la protección de los derechos humanos al mismo tiempo que se garantizan la paz y la seguridad internacionales. Hay dos cuestiones fundamentales: no retroceder ni un milímetro en todo aquello que hemos conseguido en protección y garantía de los derechos humanos y compaginar esto con la seguridad internacional.

¿En qué cuestiones está centrando su periodo como relatora especial?

Ya hemos lanzado el primer informe, que es sobre ciudades y pobreza, que ya está publicado. El alto comisionado de Naciones Unidas sitúa a las ciudades como la primera línea que recibe las crisis. Dentro de ese informe se están desarrollando otros temas, como la lucha contra la feminización de la pobreza, que necesita ser abordada todavía de forma intensa. Y hay que avanzar hacia la consagración de un instrumento que proteja a las personas que viven en pobreza para evitar actos de aporofobia.

Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en España, más acuciante en entornos urbanos, es la vivienda, que acapara rentas. El caso de Maricarmen, una anciana de 87 años que vive en Madrid, es la cara más reciente de los desahucios, pero son habituales las historias de personas vulnerables que tienen que dejar su vivienda. ¿Cómo se relacionan vivienda y pobreza?

Tiene un papel fundamental. Una de las cuestiones del simposio es qué derechos se ven más afectados para quienes sufren actos de aporofobia. Hay una cuestión extremadamente preocupante y es que, en muchos casos, son derechos de naturaleza civil y política, es decir, los de primera generación, que se supone que, en nuestras sociedades, ya tendrían que estar garantizados plenamente, también para las personas que viven en la pobreza. Y vemos muchas violaciones en ese sentido. El derecho a la vivienda es uno de los esenciales que se ve violado y creo que es una preocupación esencial para Europa y, en particular, para la UE. No hay que irse a ninguna parte remota del mundo; lo encontramos muy cerca. Lo que observamos es que no se están adoptando las medidas a nivel nacional, y no hablo solamente de España, sino de toda la UE, pero tampoco a nivel local. El papel de las ciudades y de los gobiernos regionales es fundamental, porque se encuentran en un primer término del problema. No se hace lo suficiente para garantizar este bien básico que es la vivienda.

¿Cómo ve una experta en cuestiones de pobreza y derecho internacional como usted la situación en Ceuta y los términos en los que se está dando el debate?

Hay que plantear la cuestión desde la perspectiva de la protección y la garantía de los derechos humanos en primer término. Ahí se ve bien cómo se agrava la situación de las personas que viven en la pobreza con otras circunstancias o elementos, como los grupos a los que puedan pertenecer. Los migrantes en situación de pobreza tienen una situación más grave que una persona que viva en pobreza, que ya es complicado de por sí. No hay que perderlo de vista, porque complica aún más la situación.

¿Se acumulan varias capas de discriminación?

Sí, se agrava el rechazo, si es que eso es posible. Llegamos a una situación de completa exclusión social e invisibilidad. Un migrante en situación de pobreza está más sometido a un eventual desprecio que una persona no migrante, que está sometida también a desprecio.

¿Qué piensa de discursos, a menudo basados en bulos, contra el ingreso mínimo vital o sobre las ayudas a personas migrantes? ¿Hay una distancia entre una parte de la sociedad y estas realidades?

Hay una labor importante para concienciar y desarrollar políticas educativas para ello. Queremos consagrar un instrumento jurídico que obligue a los estados, porque, si no existe esa obligación, es complicado que se vean resultados efectivos para personas que viven en la pobreza. Hay pasos previos o complementarios a ese instrumento vinculante, que son políticas públicas para concienciar a la sociedad, que creen una atmósfera positiva para entender la situación. Las causas por las que uno tiende a pensar de una manera u otra son diversas y no voy a generalizar, pero muchas veces es desconocer a qué nos referimos, qué consecuencias tiene ese discurso para las personas en situación de pobreza. Se ha observado en muchos estudios que se genera una situación de inferioridad y que se sienten humilladas y culpables por encontrarse en esa situación. Y es muy grave decir esto.