Dos años de mentiras pagadas a precio de oro para tumbar un Gobierno

La mentira para tumbar a un Gobierno tiene premio en España: salir de la cárcel, cobrar cientos de miles de euros o aspirar incluso a ingresar un millón. Delincuentes confesos y condenados por corrupción han desplegado durante los dos últimos años un variado catálogo de acusaciones falsas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la esperanza de resolver sus problemas judiciales.

Todo comenzó hace dos años en el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Víctor Aldama, preso en Soto del Real, llega a las diez de la mañana del jueves 21 de noviembre de 2024 para declarar de manera voluntaria. Es un empresario imputado desde febrero en el caso mascarillas. La Audiencia Nacional investiga el supuesto pago de mordidas tras la adjudicación a dedo por el Ministerio de Transportes de un contrato para adquirir material sanitario por 20 millones de euros en lo peor de la pandemia (marzo de 2020).

Aldama interviene en ese negocio como jefe de una trama delictiva que corrompe al ministro José Luis Ábalos. El comisionista gana 3,4 millones en aquella operación y reparte el botín con quien se lo ha facilitado: Ábalos y su principal asesor en el Ministerio, Koldo García.

Aquel 21 de noviembre de 2024, Aldama decide confesar su culpa y “colaborar con la Justicia”. Para entonces, la UCO de la Guardia Civil ya ha conseguido reunir decenas de pruebas de los delitos cometidos por el empresario. Pero el comisionista lleva un mes preso por otra causa mayor, un fraude fiscal vinculado al negocio de hidrocarburos, y busca con la delación una salida a su situación desesperada. Frente al juez Ismael Moreno, que investiga el caso mascarillas, muestra su disposición a colaborar con la Justicia. El guion lo ha preparado su abogado, que le pregunta sobre cuestiones que la UCO de la Guardia Civil ya ha descubierto y sobre otras que le permiten implicar a varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez en sus actividades corruptas.

Tras esa colaboración especial con la Justicia, el letrado José Antonio Choclán pide por la tarde la libertad de su cliente al juez Santiago Pedraz, instructor de la causa de hidrocarburos que mantiene en prisión preventiva a Aldama. El fiscal del caso, también Luis Pastor, apoya la petición porque el preso “ha facilitado datos relevantes para el esclarecimiento” del caso Koldo. En realidad, el informe de la UCO que el juez manejaba desde un mes antes ya esclarecía y acreditaba los delitos cometidos. Las únicas novedades que aporta Aldama al caso implican en falso a otros dirigentes del Gobierno de Sánchez.

Pedraz firma la orden de libertad para Aldama a las 20.28. El comisionista abandona Soto del Real una hora después y amenaza al presidente del Gobierno: “Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho”.

La libertad de Aldama, bajo sospecha

La sorpresa ante la excarcelación de un imputado que oculta supuestamente una fortuna en el extranjero hace que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el fiscal del caso, Luis Pastor, tengan que dar explicaciones a través de una nota que no aclara las dudas ni ahuyenta las sospechas. Nadie se explica todavía hoy en la Fiscalía cómo se dejó libre a alguien por una supuesta colaboración con la Justicia que no fue tan relevante para esclarecer el caso y, además, estuvo plagada de falsedades.

Cuenta Aldama al juez que la visita de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez a España estaba perfectamente planificada por el Gobierno de Sánchez pese a saber que lo tenía prohibido por la Unión Europea. Una acusación que ninguna investigación ha acreditado. Cuenta Aldama que estaba prevista una reunión con la fiscal general del Estado. Pero en esa fecha Dolores Delgado aún no había tomado posesión de su cargo y el fiscal interino era Luis Navajas.

Cuenta Aldama que tenía una “amistad más personal” con Ángel Víctor Torres, al que acusa de pedir 50.000 euros por un contrato de mascarillas. El ministro acredita que no mantenía ninguna relación con el empresario y que tan solo recibió en su teléfono un mensaje del comisionista que nunca respondió. Cuenta Aldama que tenía una relación “bastante intensa e importante” con Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif. Pardo de Vera lo niega y asegura que ni siquiera conocía el verdadero nombre del empresario corrupto.

Cuenta Aldama que se reunió en “varias ocasiones” con Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno, para un proyecto de la España vaciada en la que participó Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Pero Ribera asegura que solo hubo una reunión y que no participó en ella Begoña Gómez. Cuenta Aldama que el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, cobró 25.000 euros por ayudarle a aplazar una deuda con la Agencia Tributaria. Ni la deuda se aplazó ni nadie acreditó ese pago, que Carlos Moreno niega.

Cuenta Aldama que pagó 25.000 euros a Santos Cerdán en un bar frente a la sede del PSOE. Pero Cerdán lo niega y cuenta que nunca estuvo con el comisionista. Cuenta Aldama que le dijeron que las mordidas de las obras del Norte eran competencia exclusiva de Cerdán. Pero todas las pruebas de los supuestos delitos cometidos por Cerdán las tuvo siempre la Guardia Civil tras incautar a Koldo García distinto material con grabaciones comprometedoras.

Fueron dos horas donde Aldama confirmó una parte de lo que ya había probado la UCO con su investigación, y desplegó numerosas acusaciones sin pruebas, muchas de ellas falsas, contra miembros del Gobierno.

Perfecto Andrés Ibáñez, exmagistrado de la sala de lo Penal del Supremo, definió así a Aldama en elDiario.es: “Una suerte de correveidile caracterizado por la precaria calidad de sus aportaciones, de escasa o ninguna novedad sustancial, francamente tardías”.

Acusaciones falsas del corrupto en radio y televisión

Con la libertad recuperada, Aldama se paseó por platós de televisión y emisoras de radio difundiendo más mentiras contra el Gobierno. Acusó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, de ofrecerle una gran suma de dinero a cambio de su silencio. Falso. Acusó a medio Gobierno y al fiscal general del Estado de ocultar fortunas en bancos de la República Dominicana. Falso. Denunció un fraude electoral a través de la empresa Indra. Falso. Remitió al juez que investigaba el caso mascarillas una documentación oficial de presupuestos con obras subrayadas que no probaba ni esclarecía nada, inverosímil y desechada por la investigación.

En la vista oral, Aldama declaró que el número 1 de la trama corrupta era Pedro Sánchez; que hizo de intermediario para cobrar mordidas por amaño de contratos y que ese dinero acabó financiando al PSOE; que un empresario había pagado a cambio de adjudicaciones del Ministerio; que Renfe manipuló concursos; que el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda cobró 25.000 euros... Todo falso o no acreditado por la investigación.

El Tribunal Supremo le aplicó una atenuante cualificada, le rebajó en dos grados la pena —cuatro años y seis meses de cárcel— y permitió que no ingresara en prisión. La jurisprudencia señala que para gozar de esas ventajas, la colaboración con la Justicia debe ser excepcional y eficaz, que las pruebas que aporte permitan el esclarecimiento de los hechos y que ayude a procesar a otros participantes en el delito con una declaración veraz y completa, sin añadir falsedades que desvirtúen esa colaboración y perjudiquen a otros sin fundamento.

Otros corruptos del mismo caso siguieron el camino de Aldama sin obtener resultados.

Chantajes para no tirar de la manta

Abandonados a su suerte por el PSOE, José Luis Ábalos y Koldo García intentaron a la desesperada en la primavera de 2025 conseguir que les pagarán la minuta de sus abogados. Hicieron llegar mensajes amenazantes a la sede socialista en la calle Ferraz: si no abonaban su defensa, tirarían de la manta.

Koldo llegó a trasladar que si no pagaban los gastos de sus abogados, tenía unos audios de Santos Cerdán que podrían tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero en Moncloa apenas se inmutaron: “Si esto es un chantaje, han pinchado en hueso”.

Los audios de Cerdán grabados por Koldo García e incautados por la Guardia Civil salieron poco después. Formaban parte de un informe demoledor que provocó la dimisión de quien había sido secretario de Organización del PSOE en sustitución de Ábalos. Los nuevos hallazgos acorralaban al PSOE y al Gobierno. La corrupción había salpicado de gravedad a dos de sus dirigentes más poderosos entre 2018 y 2025.

Pese a todo lo descubierto, Pedro Sánchez se mantenía al margen de las graves corruptelas que amenazaban de cárcel a sus dos últimos secretarios de Organización.

Ábalos y Koldo empezaron entonces a filtrar acusaciones sin pruebas contra el presidente del Gobierno y contra su esposa, Begoña Gómez. A medida que se acercaba la vista oral en el Supremo, ambos se veían más perdidos pese a que el PP utilizaba con soltura las revelaciones de ambos para sacudir a Sánchez en cada sesión de control parlamentario.

El juicio en el Supremo se celebró rodeado de un ambiente tóxico cargado de mentiras publicadas. Con el tono del que se siente condenado, Koldo García utilizó su turno de última palabra para confesar el pecado: “A mí se me ofreció que se me iba a quedar esto en nada si decía o me metía con el Gobierno. Hay dos medios de comunicación que se reunieron conmigo para que mienta y engañe a todos los españoles. Y lo que estoy diciendo lo puedo demostrar”. El presidente del tribunal no le dejo seguir porque su confesión no era “objeto del procedimiento”. Nadie le hizo caso.

Con 19 años de cárcel pendientes de cumplir, Koldo García ha detallado a la cadena SER aquello que contó en el Supremo, pero ahora ha identificado a los protagonistas de aquellas negociaciones secretas: “En una reunión que mantuve con el señor Alberto Durán [abogado del PP], este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros. A cambio de declaraciones en contra de personas relevantes del Gobierno: del presidente, de su mujer, del expresidente Zapatero y alguno más. Aun mintiendo (...) Eduardo Inda [director de Okdiario] era el pagador el PP”.

Las mentiras de Aldama le permitieron salir de la cárcel, primero, y le perdonaron la prisión después, pese a los cuatro años y seis meses de prisión que le impuso del tribunal. Las falsedades de Ábalos, condenado a 24 años, y de Koldo (20) solo lograron titulares en los medios para destruir la imagen del Gobierno. Ambos siguen presos y sin esperanzas de salir libres en poco tiempo.