Jaque al Constitucional: el PP busca en las urnas lo que no puede hacer en el Senado para controlar el Tribunal

Con la solemnidad que envuelve a los discursos históricos, el profesor Manuel García-Pelayo defendió el 12 de julio de 1980 la idea de que el recién creado Tribunal Constitucional debía garantizar que la Política se sometía al Derecho y no al contrario. Elegido primer presidente de ese órgano, García Pelayo expresó en aquel acto inaugural sus prevenciones: “Si la jurisdicción constitucional es un desarrollo lógico y un perfeccionamiento técnico de la idea del Estado de Derecho, esta jurisdicción implica necesariamente un alto grado de sumisión de la Política al Derecho. Asegurar esta sumisión y no producir decisiones políticas en forma jurisdiccional es la delicada y alta tarea que se nos ha encomendado”.

Y avisó de los peligros que amenazaban al Constitucional: “Unos y otros hemos de renunciar a la tentación de hacer del Tribunal un órgano político, desvirtuando su auténtica naturaleza (…) Nuestras decisiones, aun elaboradas y fundamentadas en estrictos criterios jurídicos, tendrán efectos políticos tanto respecto a la acción del Estado como con respecto a las posiciones del poder de los distintos grupos políticos, pero esos efectos serán consecuencia necesaria del juego de las normas, nunca producto de una deliberada decisión política del Tribunal”.

El mandato de García Pelayo se prolongó de 1980 a 1986. En esos primeros seis años de vida del Constitucional, el presidente intentó demostrar imparcialidad de juicio. Con su voto de calidad avaló el decreto Ley de expropiación forzosa de Rumasa y rechazó por inconstitucional la Ley del Aborto, dos decisiones clave del primer Gobierno socialista.  

Cuarenta y seis años después, unos y otros (PSOE y PP) han cedido a la tentación. Ambos partidos trabajan intensamente para hacer del Constitucional un órgano político, desvirtuando así su auténtica naturaleza.

Cuando al Gobierno de Pedro Sánchez le tocó elegir a dos magistrados para renovar el Constitucional, designó a quienes habían sido ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y directora general de Asuntos Constitucionales, Laura Díez.

Muchos antes de aquellos controvertidos nombramientos, el PP había situado ya en el Tribunal a su diputado nacional más antiabortista, Andrés Ollero, y a un juez conservador, Enrique López, habitual de los eventos de FAES. López acabó como consejero de Justicia en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras dimitir como magistrado del Constitucional al ser condenado por conducir una moto ebrio -cuadruplicaba la tase de alcohol permitido- sin casco y saltándose un semáforo a las cinco de la madrugada en el Paseo de la Castellana. Hoy López aspira a magistrado de la sala penal del Supremo, dominada desde hace 25 años por la derecha judicial.

Con esos mimbres a uno y otro lado del Constitucional, es inevitable la sensación de que el Tribunal produce “decisiones políticas en forma jurisdiccional”, el riesgo anunciado muchos años antes por el profesor García-Pelayo.

Filibusterismo parlamentario

El Partido Popular ha tomado ahora la iniciativa en la batalla por el control de ese órgano clave para el funcionamiento de la democracia en España. Desde su poder absoluto en el Senado, la formación conservadora pretende someter el Derecho a la Política mediante un ejercicio de filibusterismo por el cual bloquea desde hace 10 meses la obligatoria renovación del Tribunal que corresponde a la Cámara Alta. Ha evitado así -o aplazado al menos- que una mayoría de magistrados de sensibilidad progresista siga controlando el Constitucional durante los próximos tres años.

Con esta maniobra de obstruccionismo parlamentario, el PP gana tiempo para intentar que las urnas del 29 de noviembre le premien con escaños suficientes ante una renovación del Constitucional que podrían decidir a su favor desde una posición más hegemónica en el Senado.

El PP incumple el mandato de la Constitución al bloquear la renovación de cuatro plazas del Tribunal cuya elección corresponde a la Cámara Alta. En una situación normal, el Senado habría designado hace 10 meses a dos magistrados elegidos por el PP y otros dos por el PSOE. De esa manera, el Constitucional funcionaría los próximos tres años con la misma mayoría que tiene ahora (siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores).  

El mandato de cada uno de los 12 magistrados dura nueve años. Este órgano se renueva por tercios (cuatro magistrados cada tres años). Un tercio le corresponde al Congreso, otro al Senado, dos magistrados son de elección directa del Gobierno central y otros dos corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Todas las elecciones, salvo la directa del Ejecutivo, se hacen con mayorías cualificadas lo que obliga a un consenso que, históricamente, ha dado como resultado un Tribunal de fuerzas equilibradas, pero con una suficiente mayoría conservadora o progresista. Siempre un desequilibrio mínimo (siete frente a cinco) decidido por el momento cada nueve años en que al Gobierno de turno le toca nombrar a dos de los 12 magistrados.

El PP tiene ahora 143 de los 266 senadores de la Cámara Alta, a sólo 17 escaños de los 3/5 necesarios (160) para no tener que repartirse con el PSOE las cuatro plazas del Constitucional que hay que renovar. Con diferentes excusas, a cual más pintoresca, el PP se ha negado hasta ahora a la renovación obligada por la Constitución. Su artículo 159.3 establece que los miembros del Tribunal Constitucional son designados por un período de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres años. Es la primera vez que se incumple ese mandato constitucional. El bloqueo ha llegado siempre de la mano del PP en 2007, 2019, 2022 y 2026.

El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió durante sus primeros cinco años de mandato (2018 a 2023) a un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora y a la contra que le tumbó varios decretos ley, algunos tan simbólicos como los que establecían distintas medidas de excepción para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Pero con el nombramiento de los dos magistrados que le correspondían al Gobierno, las tornas cambiaron en el Tribunal Constitucional y con una mayoría absoluta de magistrados progresistas se desatascaron algunos conflictos mayores. Trece años después, el Constitucional desestimó el recurso que el PP puso en 2010 contra la Ley del Aborto, con el voto en contra de los magistrados conservadores. También se anularon sentencias del Supremo, aprobadas por la mayoría de la derecha judicial en ese órgano, que condenaron a cárcel al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, por los ERE; o que sacaron del Congreso al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.  Además, el actual Tribunal Constitucional avaló la Ley de Amnistía pese al recurso del Supremo; derogó el pronunciamiento del mismo órgano que juzgó el proceso secesionista catalán y que consideró no amnistiable el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes independentistas.

La Sala de lo Penal del Supremo, corregida en sentencias clave, ha reaccionado acatando las resoluciones del Constitucional pero sin respetarlas. Manuel Marchena, magistrado de esa sala que presidió durante 10 años, firmó un auto donde considera una injerencia intolerable y una invasión de sus competencias estas resoluciones del Tribunal de garantías, al que acusa de incumplir su propia jurisprudencia. El Constitucional recuerda al Supremo que la Ley impide que sus sentencias sean criticadas o censuradas por otros órganos judiciales.

Pacto entre Feijóo y Abascal para el Senado

En esta situación de grave fractura entre instituciones clave, las elecciones generales del próximo 29 de noviembre tienen una batalla crucial a la que los principales partidos le han dado prioridad absoluta. El control del Tribunal Constitucional a través de la renovación de cuatro magistrados que corresponde al Senado es el objetivo de las estrategias de los grandes partidos.

El PSOE ha suscrito una alianza con el Frente Amplio sólo para las candidaturas del Senado con el objetivo de evitar una mayoría aplastante del PP que permita a este partido elegir a los cuatro magistrados cuya designación sigue pendiente desde hace 10 meses en la Cámara Alta.

El PP se dispone, una vez más, a sellar otro pacto con Vox. En este caso se trataría de sumar fuerzas en las listas del Senado. Atrás quedaron todos los recelos que durante años han expresado los líderes conservadores respecto a la ultraderecha que dirige Abascal. Hay un objetivo mayor: el control del Tribunal Constitucional durante el próximo sexenio.