El PP se encomienda a la Virgen de la Bien Aparecida para mantener el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional

El PP considera que el Tribunal Constitucional es una de esas instituciones “invadidas” por el ‘sanchismo’. Un órgano tomado al asalto por el PSOE para ponerlo al servicio del Gobierno con sentencias como la de la ley de amnistía. Su principal ‘infiltrado’ es el presidente del órgano, Cándido Conde Pumpido. Su mandato concluyó el pasado mes de diciembre, pero el PP bloquea su renovación desde hace meses. La última prórroga, hasta el 30 de septiembre, se debe a la cántabra Virgen de la Bien Aparecida.

Así figura en las actas tanto de la Mesa del Parlamento de Cantabria como del propio Senado. La asamblea autonómica aprobó el pasado 4 de mayo pedir a la Cámara Alta retrasar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional hasta después del 15 de septiembre. Ese día es la festividad autonómica de la Virgen de la Bien Aparecida, y el calendario de plenos no suele empezar hasta después de esta celebración. 

La decisión se tomó con el visto bueno de todos los miembros de la Mesa oída la Junta de portavoces. El PSOE aceptó con naturalidad la decisión sin cuestionarse si la demora en la elección responde a un interés político en Madrid, informa Olga Agüero.

En el Senado la votación fue distinta, tal y como figura en el acta de la reunión del 12 de mayo. El PP usó su mayoría absoluta para aprobar una nueva prórroga del plazo para presentar candidatos con el voto en contra del PSOE. El documento recoge las quejas de los representantes socialistas, que consideraron que no se había “ofrecido la debida justificación” y que, en todo caso, el Parlamento cántabro tenía muchas semanas por delante antes del verano para hacer sus deberes. 

El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, zanjó el debate sin atender a estos razonamientos y aludió a una hipotética falta de acuerdo en el Parlamento Cántabro que no se había mencionado previamente, según el acta.

Un bloqueo con objetivo político

El Senado acumula así media docena de aplazamientos de la renovación del tribunal de garantías español, pese a que el PP lo ha puesto en su punto de mira como uno de los organismos que Pedro Sánchez ha “asaltado” para utilizarlo en su interés, con su presidente, Cándido Conde-Pumpido, como principal objetivo de las críticas de la derecha.

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, y se renueva cada tres años por bloques de cuatro magistrados. Un tercio le corresponde al Congreso, otro al Senado y el tercero se lo reparten Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. La elección en las Cortes Generales requiere de una mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara, lo que ha obligado históricamente al entendimiento entre el PP y el PSOE, con momentos de participación de otros partidos.

En el caso del Senado, tres quintos representan 159 senadores. El PP tiene 143 (ha perdido alguno tras cedérselos a Vox en sus pactos autonómicos). Esos 16 senadores de diferencia explican el bloqueo al que la derecha somete al máximo órgano de interpretación de la Constitución española.

El mandato de los magistrados elegidos hace nueve años por el Senado concluyó el pasado mes de diciembre. Entre ellos está el actual presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, gran enemigo de la derecha ya desde los tiempos en que fue Fiscal General del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero.

El PP ha acusado a Pumpido expresamente de tumbar sentencias o avalar leyes para favorecer al PSOE y al Gobierno (como el ‘caso ERE’ o la amnistía a los líderes del procés, por ejemplo). También la judicatura se ha lanzado contra el presidente del Constitucional por revertir sentencias del Supremo.

El PP tiene la mayoría absoluta del Senado, y cabría pensar que querría sacar a Pumpido lo antes posible de uno de los cargos institucionales más relevantes que existen en España. Pero no. Los de Alberto Núñez Feijóo han hecho lo posible por posponer el relevo con diferentes excusas.

Pumpido mandó una carta al Senado en agosto de 2025 para recordar que debían poner en marcha el proceso de renovación. La Cámara tenía por delante varios meses para hacerlo, pero el PP optó por el bloqueo. 

La primera excusa para posponer la elección llegó al filo de noviembre, María Guardiola anunció la disolución de la Asamblea de Extremadura y la convocatoria de elecciones para diciembre. El Senado elige a los magistrados del Constitucional a partir de las propuestas que le llegan de los parlamentos autonómicos. Y con el extremeño disuelto, el PP pidió la prórroga.

La excusa decae cuando se constata que el Senado esperó al 15 de diciembre de 2025 para abrir formalmente el plazo de presentación de candidaturas, apenas a dos días de la expiración de los mandatos de los magistrados, y sabedores de que el arranque de 2026 estaría plagado de convocatorias electorales autonómicas.

Los comicios extremeños llegaron el 21 de diciembre. En febrero, fueron los de Aragón. En marzo, los de Castilla y León. Y en mayo, los de Andalucía. Cada elección ha dado lugar a su respectiva prórroga, aplicable a todas las regiones pese a que tanto antes como entre medias ha habido oportunidades para que dichas asambleas legislativas cumplieran con su obligación constitucional.

Porque no solo estas cuatro han pedido prórrogas y están pendientes de enviar sus candidatos. La Asamblea de Madrid, por ejemplo, reclamó el pasado 17 de abril retrasar el plazo con el objetivo de disponer de más tiempo para negociar, proponer y consensuar los perfiles entre los grupos parlamentarios. Su petición fue atendida y sirvió para llevárselo a después del verano.

Otros sí han cumplido. El Parlamento Vasco aprobó el pasado 30 de abril nominar para el cargo a Xabier Arzoz Santisteban y a Javier García Roca. Esta es, junto con la catalana, la única cámara autonómica donde el PP es irrelevante a efectos de una mayoría cualificada.

Dar la vuelta a la mayoría progresista

La realidad, expresada por diferentes dirigentes del PP, es que Alberto Núñez Feijóo no quiere pactar con el Gobierno de Sánchez para evitar los ataques de Vox. El líder de la oposición no quiso dar un perfil pactista con “la mafia”, como llaman al Ejecutivo, durante los procesos electorales de la primera parte del año. Así lo han referido altos cargos del PP en los últimos meses cuando se les ha cuestionado por el bloqueo a la renovación. 

Pero la derecha sueña, además, con ampliar su mayoría en el Senado en las próximas elecciones generales, lograr esos 16 escaños que le faltan para alcanzar los tres quintos y elegir los cuatro nuevos magistrados sin contar con el PSOE.

De esta forma, el PP daría la vuelta a la actual mayoría progresista del Tribunal Constitucional y podría elegir al futuro presidente del órgano.

El pasado marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, denunció en el Senado que el PP “incumple la Constitución” por no renovar “en plazo” el tribunal de garantías. “Fijemos día y hora, señora portavoz, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación”, dijo Bolaños.

No ocurrió. Y sigue sin ocurrir, confirman desde el Ministerio de Presidencia, “lo que evidencia la nula disposición del PP”. El departamento de Bolaños asegura a elDiario.es que “queda clara la voluntad expresa de la mayoría del PP en el Senado para incumplir el mandato constitucional de renovar el Tribunal Constitucional en el plazo debido”, y recuerdan que el partido de Feijóo ya lo hizo con “el Consejo General del Poder Judicial por cerca de cinco años”.