Feijóo asume las peticiones de la patronal y anticipa recortes en bajas médicas y ayudas sociales

El PP quiere acabar con “el cáncer” del “absentismo laboral”, como lo tildó su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, este martes en un acto organizado por empresarios vascos. Un mensaje calcado a los que lanza la patronal, que señala a los trabajadores que reciben una baja médica o hacen uso de los permisos legalmente establecidos. En su intervención, Feijóo apuntó que, si llega al Gobierno, tomará “una decisión” para atajarlo, y planteó tanto reducciones de sueldo como de “prestaciones”. “Con o sin acuerdo” con los sindicatos.

El comentario de Feijóo desató una tormenta de críticas desde el Gobierno, partidos políticos y sindicatos. El PP intentó este miércoles aparentar que modulaba su discurso por boca del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Pero lo que hizo fue ratificar las líneas centrales de lo dicho por su jefe de filas.

En una gira televisiva por la mañana, Bravo apuntó a que el fraude está detrás del incremento del coste que el “absentismo” tiene para las arcas públicas y de las empresas. En concreto, el dirigente dijo que España ha pasado de gastar 14.000 millones en 2018 a unos 33.000 millones en 2025. Y planteó que el objetivo de Feijóo es recuperar los niveles de 2018.

“Feijóo hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas”, apuntó Bravo en La Sexta. “Lo que él decía es que en este caso [fraude en las bajas] no parece adecuado que cobren el 100%” del salario, añadió. Bravo aseguró que su jefe no se refería a “cuando una persona esté de baja por enfermedad”.

Según Bravo, “los datos” indican “que hay fraude”. Fue ahí cuando dio la mencionada cifra de 14.000 millones: explicó que Feijóo quiere “trabajar sobre ello para reducirlo y para que no hablemos de 33.000 millones, sino que estemos más cerca de 14.000, que posiblemente responde más a las situaciones de enfermedad”. Con este marco, el PP está situando bajo la sospecha de abuso más de la mitad del gasto actual, algo que no hacen ni las patronales más beligerantes en este tema.

Reconocen que no tienen datos del porcentaje de fraude

Desde la dirección del PP reconocen a elDiario.es que no tienen datos concretos sobre el porcentaje de fraude que hay dentro del “absentismo laboral”, un concepto con el que el PP y patronales denominan a las bajas médicas, pero también en ocasiones otras ausencias, como aquellas por permisos retribuidos. Pero apuntan a que “no está justificado que cada año suba más de 4.000 millones” el coste que acarrea.

“Hay que bajarlo al máximo”, añaden las mismas fuentes. “Eso significa recuperar antes y mejor al que tiene una patología, luchar contra el fraude y mejorar las condiciones de todos los trabajadores”, concluyen.

La magnitud del recorte del gasto del PP es mayúscula. El partido quiere recuperar el nivel de gasto de 2018, con la realidad de 2026, algo que es incompatible sin aplicar recortes, por muchos motivos. Por un lado, porque los salarios de los trabajadores son ahora mucho más altos que en 2018, además de haber también más empleo, por lo que el coste de las bajas se elevaría por defecto aunque hubiera el mismo porcentaje de bajas. El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha cifrado este miércoles que la buena situación económica, con más empleo y mayores salarios, explica por sí sola “un 40%” del aumento del gasto en incapacidad temporal.

Por otro lado, además, hay un aumento notable de bajas por enfermedad por motivos muy claros, como el envejecimiento de la población trabajadora y el enorme deterioro de la salud mental tras la pandemia. Cuerpo ha estimado que otro 30% del incremento del gasto se debe a una mayor duración de estos procesos de bajas laborales (algo que sucede especialmente entre la gente mayor y en procesos de salud mental) y el “30% restante” debido a “una mayor incidencia” de las bajas. Cuando se amplía la mirada, se observa que no solo es un proceso que atraviese España, sino que también sucede en muchos otros países.

En las comunidades donde gobierna el PP, hay algunas muestras cómo están gestionando este tema. En Galicia, el Gobierno de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, ha ofrecido a los médicos cobrar un plus si acortan las bajas de sus pacientes. En Catalunya, donde gobierna el PSC, el Govern rectificó hace unos meses y retiró los incentivos a los ambulatorios para acortar bajas laborales.

Esta mañana Bravo reiteró también otra de las advertencias que lanzó Feijóo y que más estupor provocaron: que esa futura reforma se acometerá “con o sin acuerdo” social. Con o sin los sindicatos. “Porque el Gobierno lo que está diciendo es que como no hay acuerdo, no toma las medidas”, zanjó. La patronal ha recibido el planteamiento del PP con alborozo: “Nos alegra que haya políticos responsables”. Hace unas semanas, varias patronales emplazaban al “futuro gobierno” a tomar medidas como recuperar el despido por absentismo y permitir que las mutuas –gestionadas por organizaciones empresariales– den de alta a los trabajadores por enfermedad común (algo ahora reservado a la sanidad pública).

Ruido de recortes en otras propuestas del PP

No es la primera vez que el líder del Partido Popular asume de pleno una reivindicación de la patronal. Es el sello de su propuesta económica desde que llegó a Madrid, en 2022.

Aunque no ha sido nunca tan expreso como en esta ocasión con las bajas médicas, el PP ya ha hecho sonar las alarmas de los sindicatos por propuestas concretas que denotan posibles recortes laborales si vuelve a gobernar. Por ejemplo, con el lema “250 son los nuevos 50”, de su ideario político a propósito de su 21º Congreso Nacional, el PP defendió “eliminar las trabas y los umbrales regulatorios asociados al tamaño empresarial”.

Esas “trabas” y “umbrales” se refieren al límite a partir del cual se crean a día de hoy miles de comités que representan a los trabajadores en sus empresas, defienden sus intereses y negocian sus condiciones laborales. CCOO y UGT, así como la vicepresidenta Yolanda Díaz, han alertado de que elevar este límite a los 250 trabajadores supone vaciar de poder a la parte trabajadora en la mayor parte de empresas del país, que son de menor tamaño.

Las pensiones son otro de los ejes sociales con los que el PP juega a la ambigüedad. Aunque públicamente asegura que defiende este pilar público, a renglón seguido suele insistir en su insostenibilidad y en criticar que las reformas aprobadas por el Gobierno de coalición son “insuficientes”. También dice compartir que las pensiones suban con el IPC, pero en el pasado ha votado varias veces en contra de la medida y el partido llegó a presentar una enmienda a la totalidad en el Congreso para intentar tumbar la reforma de Escrivá que recuperó el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Los sindicatos y colectivos de pensionistas tienen memoria y conservan el recuerdo del Gobierno de PP de Mariano Rajoy, que aprobó la reforma de 2013, con amplios recortes presentes (en la subida anual de la pensión) y futuros (a través del factor de sostenibilidad, que no se llegó a aplicar nunca).

Lo mismo sucede con las bajas médicas. Que el PP hable ahora de recortar lo que perciben los trabajadores de baja no extraña si se tiene en cuenta que fue una medida que aplicó el propio partido en el Gobierno a los trabajadores públicos en la pasada crisis. Rajoy también facilitó el llamado “despido por absentismo” en su reforma laboral de 2012, para trabajadores que sumaran más bajas médicas, la primera medida que desmontó Yolanda Díaz al frente de Trabajo.

El ingreso mínimo vital

El PP también ha puesto en su mirilla uno de los grandes hitos del Gobierno de coalición: el ingreso mínimo vital. “Se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras de Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular.

El mensaje de Feijóo busca atacar, a la vez, esta prestación, surgida durante la pandemia, y a las personas migrantes. “Cualquiera puede entrar ilegalmente y, sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato, y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital”, ha dicho. Una afirmación falsa.

En la ponencia política que aprobó el PP en su congreso de hace un año se proponía “eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas”, una forma de referirse al IMV sin mencionarlo expresamente. Una situación en la que Feijóo ha dicho que hay “muchos, muchos miles” de personas. El problema es que para cobrar el IMV hay que tener una residencia legal y efectiva de más de un año en España.

La “prioridad nacional” amenaza las ayudas sociales

Pero quizá el mayor riesgo para el sistema asistencial en España sea la “prioridad nacional” que el PP ha pactado con Vox ya en cuatro comunidades autónomas, y que se extenderá a los lugares donde la derecha y la ultraderecha tengan que entenderse para gobernar.

En los pactos firmados por los barones del PP, con el sello de aprobación del equipo más cercano a Feijóo, se asegura: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Aunque todavía este principio no está desarrollado legalmente en detalle, los documentos suscritos por María Guardiola, Jorge Azcón, Alfonso Fernández-Mañueco y Juan Manuel Moreno hablan de un “periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio”. Pero va más allá y establece una “trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema”, lo que puede significar la exclusión no solo de migrantes en situación irregular, sino de españoles ajenos al sistema, en situación precaria o que han trabajado mayoritariamente en la economía sumergida.

El acuerdo deja entrever, incluso, que PP y Vox podrían recuperar uno de los principales recortes que impuso Mariano Rajoy en 2012: la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas migrantes. El pacto avalado por Feijóo apunta a la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.