Vox impone su agenda en su regreso a los gobiernos con el PP dos años después de abandonarlos en bloque

“Spain is different” fue el eslogan que el franquismo, con Manuel Fraga como ideólogo, lanzó en los años 60 del siglo pasado para atraer el turismo europeo. El reclamo: toros, playas y sangría. Más de medio siglo después, el partido fundado por aquel ministro de la dictadura, el PP, y su escisión ultra, Vox, han recuperado para Andalucía la “promoción de la tauromaquia, la caza y la pesca como atractivos turísticos”.

Es el punto 43 del acuerdo firmado el jueves por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y el que será su vicepresidente, Manuel Gavira. Tras meses diciendo que no iba a pactar con Vox, el barón del PP rubricó el jueves en primera persona un prolijo documento que sigue la estela de los cerrados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Los de Santiago Abascal han vuelto así a los gobiernos de coalición con el PP dos años después. Como entonces, tendrán cuatro vicepresidencias y varias consejerías, pero esta vez tendrán un peso específico y un presupuesto asignado. Además, han arrancado sendos senadores por designación autonómica en cada comunidad, puestos en la mesa de los parlamentos regionales. Mención aparte de los futuros nombramientos en organismos y puestos por determinar.

Vox no solo regresa a la gestión con más poder y dinero. También con sus banderas ideológicas intactas. Aunque el reparto de competencias y cargos no es el mismo en todas las comunidades, sí hay puntos comunes y una intencionalidad clara en los ultras: evitar problemas en la gestión e imponer su guerra cultural.

Gavira será vicepresidente de la Junta de Andalucía y aglutinará bajo su mando las cuatro carteras que Moreno les ha cedido: Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Son competencias muy similares a las que Moreno ya cedió al entonces líder de Ciudadanos, Juan Marín, en 2019.

Las dos primeras son las más importantes. Según datos de la propia Junta, en 2025 se registraron 37,9 millones de visitantes, más de 30.000 millones de ingresos y 482.000 trabajadores. Según Caixabank, esta industria representa casi un 13% del PIB. En cuanto a la cartera de Justicia, supondrá que todos los juzgados de primera instancia andaluces dependerán administrativamente de Vox. Eso incluye las contrataciones de personal, las condiciones materiales o la llamada justicia juvenil, que se dirige a los menores infractores.

Es una de las competencias más importantes que ha logrado Vox en esta segunda ronda negociadora con el PP para los gobiernos autonómicos. En 2023 las materias que lograron los ultras fueron menos importantes y, sobre todo, con una ínfima dotación económica si se compara con lo obtenido en 2026.

Aquella mala negociación, en la que Vox era principiante, supuso un fiasco para sus votantes, que fueron abandonando paulatinamente al partido de Abascal. Las encuestas lo detectaron y, apenas un año después, la dirección estatal impuso la ruptura en bloque de todos aquellos gobiernos. De aquella hornada de vicepresidentes autonómicos solo queda el aragonés Alejandro Nolasco, quien repite ahora como número dos del Gobierno de Jorge Azcón. El resto han sido relegados o purgados y expulsados, como ha ocurrido en el caso de Juan García-Gallardo o del murciano José Ángel Antelo.

Nolasco es, así, vicepresidente primero. Vox tendrá además otros dos consejeros en el Gobierno de Azcón. Las materias que han obtenido son Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medio Ambiente y Turismo.

Son muy parecidas a las cedidas por Alfonso Fernández-Mañueco en Castilla y León, donde Vox tiene, además de la vicepresidencia, Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte. En Extremadura, María Guardiola entregó una consejería menos y los ultras se quedaron con Desregulación, Servicios Sociales y Familia; y Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

El triunfo de la “prioridad nacional”

Más allá de diferencias puntuales debido al diferente peso electoral de Vox en cada comunidad, su gran triunfo ha sido ideológico. Y la principal conquista, la “prioridad nacional”, que ya es una realidad en los gobiernos de coalición de PP y Vox.

Cuando los de Abascal dieron la espantada en 2024 eligieron como excusa el acogimiento de los menores migrantes que viajan solos. PP y Vox se enfrentaron, y los de Feijóo defendieron en un primer momento que no podían dejar de atender a los llamados ‘menas’.

Apenas dos años después, los acuerdos cerrados por Moreno, Guardiola, Azcón y Mañueco atacan directamente a la solidaridad con las personas más desfavorecidas. Con el eslogan de la “prioridad nacional” por bandera, los pactos de gobierno en Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León establecen la eliminación de subvenciones a ONG que atienden a los migrantes. Desde Cruz Roja a Cáritas.

También se plantea la prohibición de la llegada de más menores extranjeros y la expulsión de los que ya están viviendo en esos territorios. Se “endurece” su situación en los centros en los que están internos y se relaciona su presencia con la inseguridad. Así lo ha firmado, textualmente, Juan Manuel Moreno en Andalucía.

Pero la “prioridad nacional” no deja de lado solo a los inmigrantes. El encaje de esta medida en el “arraigo” y “la trayectoria de cotización y actividad laboral” que se ha anotado en todos los acuerdos implica que también los ciudadanos españoles que han sobrevivido en la economía sumergida y fuera de los circuitos laborales habituales también podrían quedar excluidos de las viviendas sociales o las ayudas públicas. Incluso se establece su “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales” salvo en “supuestos de urgencia vital”.

De los acuerdos han desaparecido las referencias a la violencia estructural contra las mujeres o las políticas destinadas a personas LGTBIQ+. Vox tiene testado sociológicamente que el motor de su éxito electoral es su discurso racista y xenófobo contra las personas migrantes, tal y como ya hiciera el antiguo Frente Nacional en Francia, Giorgia Meloni en Italia y tantos partidos ultras en otros países de Europa.

Los documentos asumidos por el PP cargan contra las políticas verdes puestas en marcha tanto para reducir la emisión de gases contaminantes como para impedir la degradación de los ecosistemas. Vox ha obligado a los de Feijóo, por ejemplo, a reducir los espacios reservados para la llamada Red Natura y otros territorios de especial protección. Pero también se asume la defensa de la energía nuclear y la criminalización social de energías verdes, como la fotovoltaica o la eólica, para anteponer un “uso agrario”. Hay estudios que apuntan a que la fotovoltaica ocupa el 0,12% de España.

La consecuencia material y social de estos gobiernos de coalición, que apenas han echado a rodar, está todavía por evaluarse. Pero ya ha tenido su traslación política. Feijóo ha abandonado en apenas un año su promesa de gobernar en solitario.

Y, además, ha asumido algunas de las tesis centrales de la extrema derecha: desde esa “prioridad nacional” que hoy justifican algunos de sus rostros más pretendidamente suaves, como Borja Sémper, a la denuncia de que procesos como las nacionalizaciones extraordinarias derivadas de la 'ley de nietos' tendrá efectos “desde el punto de vista cultural”. Un paso más en la asimilación del discurso más ultra por parte de quien hizo de la “moderación” su carta de presentación.