El Gobierno y las comunidades se reúnen para abordar la atención a los menores en Ceuta con el plante de Vox avalado por el PP

El Gobierno y las comunidades autónomas se reunirán este jueves por primera vez para abordar la acogida de los menores migrantes no acompañados tras la entrada de decenas de miles de personas a Ceuta. La ciudad vive una crisis humanitaria por la permanencia en sus calles de un número de personas por ahora desconocido, entre ellos muchos niños y niñas. La cita, de carácter preliminar y técnico, viene marcada por el plante de tres comunidades gobernadas por el PP y cuyos responsables de Infancia son de Vox.

Aragón, Extremadura y Castilla y León no enviarán ningún representante a una reunión cuyo único punto del orden del día es avanzar en el envío urgente y extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para paliar la situación que se vive en la ciudad española localizada en el norte de África. La cita ni siquiera es definitiva. Están convocados directores generales, de perfil técnico y no político. Será a finales de agosto cuando se celebre la conferencia sectorial, ya con presencia de la ministra de Infancia, Sira Rego, y de los respectivos consejeros autonómicos.

Desde el Gobierno rebajan la importancia de la cita, que será telemática, y ponen en duda que se aborde siquiera en el turno de ruegos y preguntas la situación en Ceuta. En realidad, la ciudad autónoma ya sufría un problema de saturación antes de la reciente crisis migratoria, como ocurre también en Canarias, aunque la gravedad ha aumentado, y mucho, con la entrada de cientos de menores hace ahora dos semanas.

PP y Vox pusieron su proa al Ejecutivo desde el primer instante, sin exigir cuentas a Marruecos. “Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos”, dijo el líder de la oposición el pasado lunes en una entrevista. Pero la legislación en España es clara y las competencias para la acogida de menores solos, sean migrantes o no, es de las comunidades autónomas.

Lo planteó poco después de la entrada de decenas de miles de personas el propio presidente de Ceuta, Juan José Vivas. El veterano dirigente del PP dijo que esperaba que los recientes pactos de su partido con Vox no “complicasen” el cumplimiento de la ley para la acogida de menores migrantes.

El líder ultra, Santiago Abascal, replicó que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a los “menas” —como dice despectivamente—, a los “invasores” y a las mafias. En Aragón, el vicepresidente y jefe autonómico de Vox, Alejandro Nolasco, ha suprimido la ayuda semanal de 17 euros a los menores migrantes no acompañados tutelados por su Gobierno en tres centros. También ha señalado públicamente a niños concretos.

Todo, con el respaldo expreso del presidente autonómico, Jorge Azcón, quien también ha dado vía libre al plante que tanto Aragón como la Extremadura de María Guardiola o la Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco protagonizarán este jueves.

Fuentes autonómicas del PP aseguran a este medio que “se respeta la decisión”. “Nuestra posición ya era oponernos por todas las vías legales a los envíos de menores pactados unilateralmente con los independentistas vascos y catalanes”, apuntan las mismas fuentes. El problema para el PP es que una reciente reforma de la ley de extranjería ha sistematizado el cálculo de cuántos menores debe acoger cada comunidad autónoma en función tanto de sus capacidades como del número de chavales que ya tiene bajo su tutela.

El PP dice que Ceuta no puede sola y deja en el aire su ayuda

Feijóo siempre ha presumido de cumplir la ley, y en esta crisis el PP ha vuelto a reiterar que lo harán. Pero sus socios de gobierno en estas regiones, además de en Andalucía, han hecho del racismo, la xenofobia y el señalamiento a los menores uno de sus principales ejes políticos electorales.

Ya en 2024 Vox rompió los primeros gobiernos autonómicos que firmó con el PP con la excusa de la acogida de menores migrantes desde Ceuta y Canarias. Ahora bien podrían volver a hacer lo mismo, por lo que la situación para la derecha es difícil de sostener.

Buena prueba de ello fueron las declaraciones de la vicesecretaria de sectorial del PP, Alma Ezcurra, este miércoles durante una visita a Ceuta. La dirigente, encargada de Feijóo para fijar la doctrina programática del partido, se reunió con Vivas, y después aseguró ante los medios que la ciudad no puede asumir por sí misma la tutela de cientos de menores. Pero, a la vez, negó que el resto de comunidades que gobierna el PP puedan hacerlo. “Es curioso que el debate gire en torno a qué van a hacer las comunidades. No sabemos de dónde son, si tienen familia, de dónde vienen, qué edad tienen. ¿Cómo vamos a saber qué hacer con ellos?”, dijo Ezcurra.

Reagrupación de menores

La primera de las alternativas en la que trabaja el Gobierno para paliar el colapso de Ceuta y la situación de emergencia humanitaria que afrontan miles de menores de edad no acompañados que entraron hace dos semanas en suelo español es la reagrupación familiar. Según fuentes del Ejecutivo, los funcionarios públicos que tratan directamente con esos menores para su censo en el sistema de acogida se están encontrando con todo tipo de casuísticas, a las que las administraciones ahora intentan dar la mejor solución.

Algunos de ellos, por ejemplo, han intentado volver a Marruecos por la frontera ante la falta de expectativas en la ciudad autónoma, tal y como hicieron decenas de miles de adultos durante las 48 horas siguientes al cruce. Sin embargo, la legislación obliga expresamente al país de llegada, en este caso España, a hacerse cargo de la tutela y la acogida de los menores de edad, y en ningún caso a devolverlos a sus países de origen “en caliente”. Ante la imposibilidad legal de dar una respuesta automática y garantista a los menores que manifiesten expresamente su deseo de volver a Marruecos con sus familias, el Ejecutivo español ya trabaja con el Gobierno marroquí un procedimiento extraordinario.

“La prioridad absoluta es que todos los menores puedan volver con sus familias a Marruecos”, dijo esta semana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Un planteamiento que comparte el Partido Popular y que incluso reclama Marruecos, que ha exigido a España estos días en boca de varios portavoces el regreso de sus jóvenes. Para el caso de los menores que manifiestan abiertamente su rechazo a volver a Marruecos, el Gobierno también trabaja en una alternativa a los centros de acogida: la reagrupación familiar con parientes directos que puedan acreditar su vínculo familiar y tengan residencia legal en España o en otro país de la Unión Europea. Se espera que ese trabajo administrativo previo que se realiza ya sobre el terreno tras el estudio de la situación de cada menor no acompañado en Ceuta reduzca ostensiblemente el número final de menores que tendrán ser acogidos por las comunidades autónomas.