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La huelga saca a toda la izquierda del Parlamento andaluz y deja a PP y Vox debatiendo solos su primer Presupuesto

La consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, presenta el Presupuesto de 2027 ante la bancada vacía de los diputados del PSOE.

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Sevilla —

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El proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2027, bajo el sintagma de la “prioridad nacional” pactada por PP y Vox, ha superado este miércoles el primer trámite parlamentario, el debate de las enmiendas a la totalidad impulsadas por la oposición al Gobierno de Juanma Moreno.

Pero, en realidad, no ha sido un debate, sino una suerte de monólogo de las fuerzas que sustentan al Ejecutivo andaluz en una Cámara medio vacía por la huelga general, tras el plantón “reivindicativo” que han dado las tres izquierdas: PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

De los 109 parlamentarios han asistido 66 [PP tiene 53; Vox 15, han faltado dos] y han causado baja los 41 de la oposición: 28 parlamentarios socialistas, los ocho de Adelante y los cinco de la coalición Por Andalucía, que se han ausentado para apoyar los paros de los trabajadores y defender las políticas progresistas que inspiran la primera huelga general en 14 años, convocada 48 horas antes del arranque de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así las cosas, el Parlamento andaluz ha vivido una jornada histórica y, a ratos, surrealista, con las fuerzas del Gobierno implantando sus decisiones políticas ante una oposición invisible. Y la sesión plenaria de hoy estaba cargada de contenido altamente polémico, no era un Pleno ordinario en el que sólo se sustancia el debate de totalidad de las cuentas andaluzas.

En ausencia de sus rivales políticos, PP y Vox han aprobado una reforma exprés de la Ley de la Cámara de Cuentas, que dejará fuera a Adelante Andalucía del órgano de control externo de las cuentas públicas, con el objetivo de preservar su mayoría absoluta en esta institución.

Los partidos del bloque conservador se han puesto de acuerdo para suprimir un párrafo de un solo artículo de dicha ley, de 1988, que obligaba a adaptar la composición de la Cámara de Cuentas al resultado de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, una reconfiguración que cedía la mayoría al bloque progresista, con capacidad para fiscalizar más las cuentas de la Junta.

El Parlamento también ha votado este miércoles de huelga general los nombramientos de la nueva Defensora del Pueblo Andaluz y la renovación del director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). Esta votación ha sido en urna. Pero, una vez más, sólo han votado los diputados de PP y de Vox, que han sido llamados uno a uno, pasando por delante de los asientos vacíos de toda la oposición.

La recién elegida Defensora del Pueblo Andaluz -primera mujer que ostenta el cargo- es Marta Bosquet, expresidenta del Parlamento durante el primer mandato de Moreno, exdirigente de Ciudadanos durante su Gobierno en coalición con el PP, y reabsorbida como alto cargo del último Ejecutivo de mayoría absoluta popular, tras la extinción del partido naranja.

Las izquierdas no estaban en la Cámara para subrayar lo que venían denunciando días antes: que es la primera vez que el nombre del Defensor del Pueblo Andaluz no se negocia con el resto de grupos, porque su designación requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara, pero PP y Vox ya suman ese margen, de modo que no necesitan los votos de la oposición.

También ha sido nombrado, por tercer mandato consecutivo, el director de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, sólo con los apoyos de PP y Vox. 48 horas antes, el PSOE había exigido su dimisión por asistir al mitin de Alberto Núñez Feijóo y de Juanma Moreno en Málaga, el pasado domingo.

Mellado explicó que había sido “invitado” como cargo institucional, pero luego el número dos del PP andaluz, Antonio Pulido, aseguró que el jefe de la RTVA acudió a título personal. “Era un mitin abierto, es libre de ir donde le parezca”. Paradójicamente, el momento de su nombramiento en el Parlamento coincidió con que la emisión de Canal Sur se había ido a negro como consecuencia del seguimiento de la huelga de parte de sus trabajadores.

El vicepresidente andaluz y líder de Vox, Manuel Gavira, saluda a Marta Bosquet, nueva Defensora del Pueblo Andaluz, en un Parlamento semivacío por la ausencia de todos los diputados de izquierdas en huelga.

Las izquierdas han priorizado su apoyo a los paros que la defensa de sus enmiendas a las políticas del Gobierno de Moreno, dibujadas en la ley de Presupuestos. PP y Vox, que controlan el Parlamento con una mayoría de más de tres quintos, consideran que el paro convocado por los sindicatos es “electoralista” y se han negado a cambiar el orden del día, como se ha hecho en el pasado, cuando el presidente de la Junta tenía agenda en Bruselas o asistía a un partido de fútbol de un equipo andaluz en competición europea, o cuando la consejera de Hacienda, Carolina España, se ausentó para estar en la feria internacional del turismo en Londres.

La líder del PSOE andaluz y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, pedía posponer el debate presupuestario al jueves para evitar que coincidiera con la huelga. Moreno movió el Consejo de Gobierno del martes al miércoles, día de los paros, pero la presidenta de la Cámara, la popular Ana Mestre, rechazó de plano retrasar 24 horas el debate de totalidad.

Las enmiendas de la oposición han sido debatidas y votadas sólo por los partidos que las rechazan. Iban a decaer de todas formas, porque las izquierdas están muy lejos de la mayoría absoluta que suman PP y Vox. Pero que el resultado fuera previsible es secundario. En este Pleno tan atípico el mayor mensaje político era el plantón de las izquierdas, alineadas con una huelga general que parece interpelar más a la oposición -responsable de tumbar los decretos de vivienda en el Congreso- que al propio Gobierno.

Así ha discurrido la sesión, con más eco de lo normal en el salón de plenos, porque la mitad de la Cámara estaba vacía. Con la consejera de Hacienda lanzando reproches y señalando con el dedo a una bancada vacía. Y con los diputados de PP y Vox aplaudiéndose a sí mismos. “Ni un solo euro público para los MENA. Primero los españoles, el dinero se queda en casa. No son presupuestos para argelinos ni magrebíes. Basta ya de importar personas que no conocemos”, leyó el portavoz de Vox, Javier Cortés.

Los números de 2027 se conocían y la defensa que hicieron los portavoces de PP y Vox mutó en un mitin electoral contra Pedro Sánchez y los sindicatos, artífices de la huelga general. Los primeros Presupuestos de esta legislatura ascienden a 54.716 millones de euros, un 6% más que el del presente ejercicio (3.118 millones). 

El Ejecutivo andaluz presenta, una vez más, cifras “récord”, un 2,3% más que este año, con una previsión de crecimiento de empleo del 2,5% (92.800 más) hasta alcanzar los 3,7 millones de ocupados el próximo año. Las cuentas dedican las mayores partidas al gasto social -sanidad, educación, dependencia (donde está el gasto estructural en plantilla de empleados públicos). En total 35.246 millones. El dinero para infraestructuras cae un 7,9%, de 6.409 millones a 5.901 millones.

La consejera de Hacienda ha subrayado la importancia del presupuesto de vivienda -leitmotiv de la huelga general- como uno de los mayores “compromisos” y “apuestas” del Gobierno de Moreno para el próximo año. El montante global para este departamento no es de los más altos del Presupuesto -954 millones- pero sí crece un 22% más respecto a este año. Montero sostiene que el 60% del gasto para vivienda de las cuentas andaluzas provienen de fondos del Plan estatal de Vivienda, un dato que la Junta desmiente.

El primer Presupuesto de PP y Vox en Andalucía anticipa ya algunos de los puntos del acuerdo de Gobierno firmado el pasado julio, bajo la premisa de la “prioridad nacional”, esto es, la discriminación de los inmigrantes en las prestaciones sociales y ayudas públicas en favor de los nacidos en España. Moreno ha transigido en recortar gasto en materia de migración, aportaciones a sindicatos y cooperación internacional, en cumplimiento de las exigencias de la ultraderecha.

CCOO y UGT seguirán percibiendo las partidas que la Junta reparte a través de la Ley de Participación Institucional (1,7 millones para los sindicatos; 3,5 millones para la patronal), pero sí se recortan un 50% las ayudas nominativas de la Consejería de Empleo: de 1,2 millones a 600.000 euros.

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