La comunidad educativa andaluza se apoya en la huelga general para reforzar el pulso a la Junta en defensa de la pública
Las aulas del CEIP Huerta de Santa Marina, en el Casco Antiguo de Sevilla, han amanecido este miércoles prácticamente vacías. Tras suspenderse el aula matinal, la actividad durante la mañana ha quedado reducida a un pequeño grupo de alumnos y docentes, mientras que el comedor y el resto de servicios complementarios también se han suspendido.
Es una de las imágenes que ha dejado la jornada de huelga educativa convocada este 11 de noviembre en Andalucía para denunciar “el deterioro de la enseñanza pública”, coincidiendo con el paro general por la crisis de la vivienda convocado a nivel nacional. Al igual que este colegio sevillano, otros centros educativos –desde Infantil hasta la universidad– se han visto afectados por la huelga que ha recorrido las ocho provincias andaluzas, con piquetes informativos, encierros y manifestaciones celebradas desde primera hora de la mañana.
La fecha estaba marcada en el calendario de la comunidad educativa andaluza desde julio, cuando la recién constituida Asamblea Andaluza por la Educación Pública fijó el 11N como el día para medir su capacidad de movilización, con la mirada puesta en reproducir en Andalucía la oleada de movilizaciones docentes que ha sacudido a otras comunidades autónomas como Catalunya o Madrid durante el último curso.
Tres meses después, el estallido de indignación social ante el desahucio de Maricarmen desembocó en una convocatoria de huelga general, la primera a las puertas de unas elecciones. Lejos de plantearse desdibujar su propia convocatoria, la comunidad educativa andaluza entendió la coincidencia como una oportunidad para impulsar su movimiento en defensa de la enseñanza pública y visibilizar la relación entre ambos conflictos, bajo la premisa de que “sin vivienda no hay educación”.
“Sin familias no hay barrio y sin barrio no hay escuela”
La coincidencia de ambas convocatorias ha llevado a la comunidad educativa andaluza a sumar a sus reivindicaciones específicas las relacionadas con la emergencia habitacional. No es una conexión ajena a los colegios. En el propio Huerta de Santa Marina, “la inmensa mayoría de familias ha secundado la huelga” porque conoce de primera mano cómo el encarecimiento de la vivienda y la presión turística están expulsando a vecinos del barrio y amenazando la continuidad de sus centros educativos, según explican desde la asociación de familias (AFA) Somos Escuela.
“Nuestro colegio se encuentra en una zona sometida a una intensa presión turística e inmobiliaria. El aumento de los alquileres, del precio de la vivienda y la proliferación de alojamientos turísticos están expulsando a muchas familias de nuestro barrio y debilitando sus redes comunitarias. Esta situación afecta directamente a la escuela pública. Un barrio que pierde a sus familias también pierde a sus niñas y niños, poniendo en riesgo la continuidad de sus centros educativos”, advierten en su manifiesto de apoyo a la protesta.
La AFA defiende que proteger la escuela pública también significa “defender las condiciones de vida de las familias que la hacen posible”. Esa conexión entre vivienda y educación ha estado presente también en las reivindicaciones de la huelga de este 11N. Junto a demandas históricas como la bajada de ratios o el aumento de recursos para los centros públicos, la comunidad educativa reclama un complemento específico para los centros situados en “zonas tensionadas”, donde el precio de la vivienda dificulta cubrir puestos vacantes porque, denuncian, resulta “inasumible” para muchos docentes.
De protestas dispersas a un frente común
Además de confluir como bloque verde en la manifestación unitaria prevista para la tarde, la comunidad educativa andaluza ha desarrollado acciones de protesta propias durante la mañana de este miércoles en las ocho provincias, con piquetes, concentraciones frente a las delegaciones territoriales de Educación y marchas por las calles de distintas ciudades. Una forma de visibilizar que, más allá de su coincidencia con el paro general por la vivienda, existe “un conflicto educativo específico” en Andalucía, con reivindicaciones que afectan “al presente y al futuro” de la comunidad.
La convocatoria del 11N suponía también una prueba de movilización para el mayor sector público de Andalucía, integrado por más de 108.800 docentes, y para un movimiento que durante años ha tenido dificultades para trasladar a las calles el malestar acumulado entre profesorado, familias y alumnado. Pese a las frecuentes denuncias sobre el progresivo “desmantelamiento” de la enseñanza pública —con cierres de unidades, falta de recursos y aumento de las ratios—, las protestas habían permanecido tradicionalmente fragmentadas entre sindicatos, organizaciones estudiantiles, asociaciones de familias y plataformas locales.
La principal novedad de la Asamblea Andaluza por la Educación Pública ha sido precisamente reunir a esos sectores en una misma mesa para superar la dispersión y unificar las reivindicaciones de todas las etapas, desde Infantil hasta la universidad. Su objetivo es construir una agenda compartida que permita mantener la presión sobre la Junta durante todo el curso.
El movimiento considera que Andalucía comparte los problemas estructurales que han alimentado las protestas educativas en otros territorios, pero advierte de que aquí existen además factores que agravan el escenario, como la pérdida continuada de unidades escolares o la entrada en déficit estructural de las universidades públicas. Un diagnóstico que, a juicio de los convocantes, evidencia el alcance del deterioro que denuncian y refuerza la necesidad de articular un frente común en defensa de la educación pública.
Una movilización con reivindicaciones propias
La unidad que perseguía la Asamblea Andaluza por la Educación Pública se ha hecho visible en las concentraciones de este miércoles, en las que han participado sindicatos como Ustea, CGT, CCOO y UGT, además de plataformas de las distintas universidades, entre otros colectivos de la comunidad educativa.
Todos ellos han apelado a las mismas reivindicaciones: la reducción de las ratios, el aumento de los recursos destinados a la escuela pública —especialmente para atender al alumnado con necesidades educativas especiales—, la desburocratización de la labor docente y la mejora de las infraestructuras y su adaptación climática. También reclaman frenar las políticas de privatización en ámbitos como la Formación Profesional y la enseñanza universitaria, entre otras demandas.
En Sevilla, las organizaciones han comenzado la mañana con piquetes informativos en centros educativos y facultades de la ciudad, antes de confluir a las 12.00 en una marcha desde la Alameda hasta las Setas de la Encarnación, al grito de “estudiar es un derecho, no un privilegio”. Pese al aviso naranja y a la lluvia caída durante toda la mañana, los convocantes cifran en 10.000 las personas asistentes, una estimación pendiente de contrastar con los datos de la Subdelegación del Gobierno.
En Málaga, la concentración convocada en defensa de la educación pública también ha desbordado las previsiones de la organización al terminar convirtiéndose en una manifestación “masiva” hasta la plaza de la Constitución. La calle Larios, en el centro de la capital, se ha llenado de camisetas verdes por la escuela pública. “No esperábamos tanta gente”, reconocen desde la Asamblea, destacando la dimensión de una movilización que ha superado con creces sus expectativas.
Las estimaciones de los convocantes contrastan, sin embargo, con la cifra de seguimiento ofrecida por la Junta de Andalucía. Según los datos difundidos por la Consejería de Educación, a las 12:30 los colegios e institutos públicos dependientes de la administración autonómica habían registrado 4.214 ausencias del profesorado sobre una plantilla de 108.827 docentes, lo que supone un seguimiento del 3,9%. La Consejería sostiene que los centros han abierto sus puertas “con normalidad” y precisa que los datos proceden de los registros realizados por las direcciones de los centros en la plataforma Séneca.
“Esto es solo el principio”
Tras las protestas de la mañana, la Asamblea Andaluza por la Educación Pública hace un balance optimista de la respuesta de la comunidad educativa. “Esto es solo el principio”, aseguran desde la organización, convencida de que la “lucha colectiva” es el camino para conseguir mejoras en la educación andaluza.
Tras un descanso para comer y recuperar fuerzas, la jornada tendrá un último punto de encuentro por la tarde. A las 18:00, la comunidad educativa se sumará a la huelga general con un bloque verde en la manifestación convocada por la crisis de la vivienda. Dos convocatorias con orígenes distintos, pero que comparten un mismo diagnóstico: las dificultades para vivir dignamente también condicionan el acceso y el sostenimiento de los servicios públicos.
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