El Campo de Gibraltar suma la huelga educativa a sus movilizaciones activas por la “falta de personal” y recursos

La falta de personal, la ausencia de profesionales especializados y la insuficiencia de recursos están poniendo a prueba la educación pública en el Campo de Gibraltar. Las carencias se extienden desde las escuelas infantiles hasta los colegios e institutos y han provocado que familias y trabajadores comiencen a movilizarse para reclamar soluciones a la Junta de Andalucía. La situación de Tarifa, donde se acumulan problemas de personal, orientación educativa y atención a menores con necesidades específicas, permite poner rostro a una problemática que las comunidades educativas advierten que no se limita a este municipio.

Las once escuelas infantiles públicas de la comarca han iniciado movilizaciones para reclamar la cobertura de las vacantes y las bajas que afectan a sus plantillas. Las concentraciones, convocadas por UGT, se desarrollaron la semana pasada a las puertas de los centros, con el objetivo de visibilizar una situación que, según denuncian los trabajadores, dificulta el funcionamiento ordinario de las instalaciones y repercute directamente en la atención a los menores.

Uno de los ejemplos más preocupantes se encuentra en Tarifa, donde la Escuela Infantil Virgen de la Luz, el único centro público de educación de cero a tres años del municipio, atiende actualmente a 79 niños y niñas con solo cinco técnicos de educación infantil y ningún educador, según los datos facilitados por las familias. A esta falta de efectivos se suma una lista de espera de 42 menores que no han conseguido plaza durante este curso y cuyas familias se ven obligadas a buscar alternativas, entre ellas el recurso a ludotecas privadas.

“Como familias, estamos llegando a un punto en el que dejamos a nuestros hijos en la escuela infantil con intranquilidad. No porque desconfiemos de las trabajadoras, que hacen todo lo humanamente posible, sino porque sabemos que no tienen los recursos necesarios para atenderlos como merecen”, explican padres y madres de Tarifa, que llevan meses reclamando soluciones a la Administración autonómica.

La situación de la plantilla viene arrastrándose desde el pasado curso. Las movilizaciones de trabajadores y familias consiguieron entonces que se ampliara la dotación de personal, pero las soluciones no han tenido continuidad. Algunas de las plazas quedaron nuevamente sin cubrir después de que las personas que ocupaban esos puestos obtuvieran destinos definitivos en otras provincias o se produjeran bajas que no fueron sustituidas.

“El problema es que no se cubren las bajas. En nuestro caso, hay una sustitución pendiente desde el curso pasado y otra plaza que se consiguió después de las movilizaciones y que también ha quedado vacante. No entendemos por qué estas necesidades no se resolvieron antes de comenzar las clases”, señalan las familias.

Las consecuencias se trasladan directamente a las aulas. Durante varias semanas, uno de los grupos de la escuela infantil tuvo que ser dividido entre otras clases porque no contaba con su técnico de referencia. Los menores fueron repartidos entre distintas unidades y profesionales, lo que impidió que algunos pudieran desarrollar con normalidad su periodo de adaptación.

“Mi hija estuvo desde septiembre hasta el 14 de octubre sin su técnico de educación infantil. Tuvieron que dividir a los niños de su clase entre otras aulas. Estamos hablando de pequeños que necesitan una atención constante, que hay que cambiarles, darles de comer y estar pendientes de ellos en todo momento”, relatan los padres y madres.

La falta de personal también ha provocado situaciones que generan preocupación entre las familias. Algunas han contado que han recogido a sus hijos con irritaciones en la zona del pañal y se preguntan si la sobrecarga de trabajo puede estar dificultando que se atiendan con la frecuencia necesaria todas sus necesidades básicas.

“No queremos responsabilizar a las trabajadoras. Al contrario, sabemos el esfuerzo que hacen y las condiciones en las que tienen que trabajar. Pero no pueden multiplicarse. Hay momentos en los que una profesional tiene que atender a dos aulas y es imposible estar pendiente de todo”, advierten.

Entre los episodios que han trascendido figura el de una niña que se cayó de una trona después de que la trabajadora que estaba con ella tuviera que atender el cambio de pañal de otro menor. Una situación que, según las familias, evidencia los riesgos de mantener una plantilla insuficiente en un servicio que atiende a niños que todavía no han cumplido los tres años.

“A veces estamos más tranquilos cuando no los llevamos a la guardería. Pobres las trabajadoras, porque no pueden ni ir al baño. Y esperamos que no ocurra nada durante el invierno, porque el centro está junto al río y tenemos también preocupación por las posibles riadas e inundaciones. La escuela tiene dos plantas y una accesibilidad muy complicada. Los niños de un año que todavía no andan están arriba. Imaginemos lo que supondría tener que evacuarlos en una emergencia”, expresan las familias.

La falta de recursos también llega a colegios e institutos

Las deficiencias no terminan en las escuelas infantiles. En el conjunto del Campo de Gibraltar, las comunidades educativas vienen reclamando más recursos humanos y profesionales especializados para atender las necesidades de un alumnado cada vez más diverso. La falta de orientadores y de profesionales técnicos de integración social (PTIS), así como las dificultades para cubrir las bajas del personal laboral, forman parte de las reivindicaciones que se repiten en distintos centros.

Tarifa ofrece una radiografía de estas carencias. Durante el curso 2025/2026, el municipio contabilizó 2.516 alumnos y alumnas. De ellos, 271 tenían necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) diagnosticadas y otros 52 se encontraban en proceso de evaluación, lo que eleva a 323 el número de menores que necesitan algún tipo de atención especializada o que están pendientes de recibirla. La cifra representa aproximadamente el 13% del alumnado.

Sin embargo, los colegios de Tarifa disponen de un único orientador para atender a 1.176 estudiantes, entre los que se encuentran 140 menores con necesidades específicas de apoyo educativo. La situación es todavía más complicada en los centros de Facinas y La Campiña, donde la atención de orientación se limita a una jornada cada dos semanas.

Las familias reclaman por ello la creación de un Equipo de Orientación Educativa (EOE) propio para Tarifa, con al menos dos orientadores, que permita dar una respuesta más cercana y continuada a las necesidades de los centros y del alumnado. La reivindicación se suma a la falta de profesionales técnicos de integración social: el CEIP Nuestra Señora de la Luz no dispone actualmente de ningún PTIS, una figura fundamental para facilitar la autonomía y la atención de determinados alumnos con necesidades especiales.

A este escenario se suma la situación del IES Almadraba, que cuenta con alrededor de 800 estudiantes y 91 profesionales, pero actualmente no dispone de ninguna limpiadora. Las familias denuncian que las vacantes y las bajas de este personal laboral de la Junta de Andalucía tampoco están siendo cubiertas con la agilidad necesaria.

“Creemos que el problema está en la forma en la que la Delegación Territorial de Educación de Cádiz gestiona las sustituciones del personal laboral. Cuando falta un maestro, normalmente se intenta cubrir en una semana o semana y media. Sin embargo, con el personal laboral estamos viendo que las sustituciones pueden tardar mes y medio o incluso más de dos meses”, sostienen representantes de la comunidad educativa.

Las familias consideran que se trata de un problema de planificación que debería haberse resuelto antes del inicio del curso, especialmente en el caso de las vacantes generadas por los concursos de traslados. A su juicio, no tiene sentido que los centros comiencen las clases con puestos estructurales sin cubrir y que tengan que pasar semanas o meses para que la Administración dé una respuesta.

Aunque las cifras de Tarifa permiten dimensionar la magnitud de las reivindicaciones, las movilizaciones de las once escuelas infantiles públicas del Campo de Gibraltar evidencian que la falta de personal es una preocupación compartida por la comarca. Las familias y los trabajadores reclaman que la Administración autonómica revise los procedimientos de sustitución y garantice que las bajas y vacantes se cubran en plazos razonables.

Reuniones institucionales y reivindicaciones pendientes

En Tarifa, la comunidad educativa ha canalizado parte de sus reivindicaciones a través de las asociaciones de madres y padres y de la federación que agrupa a estas entidades. También ha trasladado por escrito las necesidades de los centros a las responsables municipales de Educación y a los consejos escolares.

La respuesta institucional más reciente ha llegado esta semana, después de que el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos (PP), anunciara en sus redes sociales una reunión mantenida en la Delegación Territorial de Educación en Cádiz. En el encuentro participaron la concejala de Educación, Rocío García, la técnica municipal del área, Mariluz Puyol, y el jefe de Gabinete municipal, Samuel Gurrea.

Según explicó el alcalde, durante la reunión se abordaron las necesidades planteadas por los centros educativos, entre ellas la creación de un Equipo de Orientación Educativa propio y la situación de la Escuela Infantil Virgen de la Luz. Como resultado, anunció que en los próximos días se realizarán visitas a los distintos centros con la participación del coordinador del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y del jefe del Servicio de Ordenación Educativa para conocer sus necesidades y estudiar posibles respuestas.

Sin embargo, las asociaciones de familias aseguran que no han recibido información directa sobre el contenido del encuentro ni sobre los compromisos concretos que puedan haberse adquirido. También recuerdan que las necesidades de los centros ya habían sido comunicadas por escrito antes de esa reunión, por lo que consideran que la Administración conocía de antemano las deficiencias denunciadas.

La comunidad educativa espera que las visitas anunciadas se traduzcan en medidas concretas y no en un nuevo proceso de reuniones sin resultados. En Tarifa está prevista una nueva manifestación el próximo 10 de noviembre para reclamar soluciones a los problemas que afectan a la educación pública.

“El año pasado parecía que se acercaban las posturas, pero nuestra sensación es que se trataba de parchear la situación para que dejáramos de hacer ruido. Después ha empezado el nuevo curso y los recursos que se consiguieron entonces han desaparecido. No queremos volver a estar en la misma situación cada septiembre. Lo que buscamos son soluciones definitivas”, explican las familias.

Este periódico se ha puesto en contacto en varias ocasiones con la Delegación Territorial de Educación en Cádiz para conocer su punto de vista, pero no ha obtenido respuesta alguna.