La huelga que retrata a PP y Vox

Las huelgas generales son siempre algo más que una medida de presión sindical: expresan un estado de ánimo social y ponen a prueba la capacidad de una sociedad para convertir el malestar en reivindicación colectiva. La convocatoria coincide esta vez con el arranque de la campaña electoral del 29N. Su impacto no se medirá solo por el seguimiento del paro o la asistencia a las manifestaciones, sino por su capacidad para colocar en el centro del debate una cuestión que atraviesa la vida de millones de personas: trabajar ya no garantiza acceder a una vivienda ni llegar a final de mes.

La ciencia política ha mostrado que la protesta puede alterar la agenda pública. No determina el voto, pero moviliza a la ciudadanía y obliga a los partidos a posicionarse. Los datos explican su importancia. En el barómetro de octubre del CIS, el 55,7% cita la vivienda entre los tres principales problemas del país, frente al 37,5% de septiembre. La preocupación alcanza al 44,2% de quienes votaron al PP y al 35,1% de los votantes de Vox en las últimas generales. La vivienda se ha convertido en uno de los grandes conflictos sociales y generacionales.

Pero esta huelga también retrata la posición de PP y Vox ante la protesta social. Feijóo ha pedido a los sindicatos que la desconvoquen, mientras Abascal les ha advertido: «tomaremos nota» si se produce un cambio político. El mensaje es revelador: quien cuestiona sus planteamientos deja de ser interlocutor y pasa a ser adversario.

No es un episodio aislado. Responde a una lógica de la extrema derecha: dividir entre quienes representan a la nación y quienes quedan fuera. En la España que reivindican Vox y parte del PP no caben el feminismo, el pluralismo, el sindicalismo reivindicativo o las ONG que trabajan con personas migrantes. Vox se atribuye la representación de España, como si discrepar fuera dejar de pertenecer a ella. La bandera se convierte en frontera y quien no comparte su proyecto corre el riesgo de ser presentado como enemigo.

Esta ofensiva empieza también con el bulo de que los sindicatos viven de las subvenciones públicas. Se les presenta como organizaciones subvencionadas, aunque entre el 80% y el 85% de sus ingresos procede de cuotas y recursos propios. Se puede exigir transparencia, pero no utilizar la financiación pública como excusa para negarles legitimidad.

Esa deslegitimación tiene consecuencias cuando se gobierna. Castilla y León fue el primer laboratorio de la coalición PP-Vox. En 2022, el Ejecutivo de Mañueco anunció recortes de más de 20 millones de euros: redujo a la mitad las ayudas a sindicatos y patronal para participación institucional, eliminó 3,6 millones destinados al diálogo social y la prevención de riesgos laborales y recortó otros 12 millones para orientación profesional y empleo. También desaparecieron 925.000 euros para la integración sociolaboral de personas migrantes.

El patrón se extendió a otros pactos autonómicos. En Murcia, PP y Vox acordaron reducir un 25% las aportaciones a sindicatos y patronal en 2024 y otro 25% en 2026. Vox convirtió el debilitamiento de los interlocutores sociales en condición de gobierno y el PP la asumió.

Pero hay una contradicción de fondo: Vox se presenta como defensor de la clase trabajadora mientras debilita a quienes la representan. La extrema derecha busca apropiarse del malestar social, dirigirlo contra los sindicatos y ofrecer identidad nacional en lugar de derechos laborales. Su referente internacional, Donald Trump, es un multimillonario del negocio inmobiliario que se presenta como portavoz de las clases populares.

En España, ese relato encuentra un límite en los hechos. Desde 2018, bajo los gobiernos progresistas, el SMI ha subido un 66%, hasta los 1.221 euros, y los permisos retribuidos por nacimiento y cuidado han pasado de 16 a 19 semanas. Un balance que contrasta con su discurso obrerista y su hostilidad hacia las organizaciones de trabajadores. La defensa de la clase trabajadora se demuestra con derechos, no con banderas.

Abascal aspira a representar a las clases populares. Marine Le Pen ha avanzado más en esa operación. El Rassemblement National combina la defensa del Estado del bienestar con la preferencia nacional: reserva la protección social a quienes considera parte de la comunidad nacional. Es el llamado welfare chauvinism o chovinismo del bienestar. Vox persigue esa apropiación del voto obrero, pero su ofensiva contra los sindicatos y los recortes a su capacidad de representación exponen las contradicciones de ese proyecto.

Frente a este intento de debilitar a quienes representan a los trabajadores, conviene recordar el papel de los sindicatos. No son una concesión de ningún Gobierno: representan intereses colectivos, negocian condiciones laborales y ejercen de contrapoder. El diálogo social no es una reunión que un presidente convoca cuando le conviene y cancela cuando le incomoda; forma parte de la arquitectura democrática.

La jornada del 11N permite observar algo más que la capacidad de movilización de los trabajadores. Pone a prueba qué lugar ocupa la protesta en la democracia que PP y Vox aspiran a gobernar. Porque una democracia no se mide solo por la libertad de votar cada cuatro años, sino por la posibilidad de disentir, organizarse, negociar y ocupar la calle sin ser señalado como enemigo.