Abascal el Bueno defiende ahora el fortín del Senado

La política española tiene una costumbre algo impúdica, pero a fin de cuentas eficaz: los acuerdos más decisivos se cocinan a oscuras mientras los protagonistas se juran odio eterno ante los micrófonos. El último tuit de Santiago Abascal —«Sánchez es capaz de todo por destruir España, pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla»— se ha vendido como una declaración de sacrificio patriótico. El sábado, el líder de Vox apeló a la responsabilidad; el lunes advirtió de que la alianza de las izquierdas exigía «sacrificios» y ofreció un entendimiento al PP, confirmado por Feijóo menos de 24 horas después. Tras pasearse a caballo como campeón de una nueva «Reconquista», el dirigente ultraderechista emula ahora a Guzmán el Bueno, aquel caballero medieval —que el franquismo elevó a modelo escolar de santidad patriótica— que arrojó el puñal para que mataran a su propio hijo con tal de no entregar Tarifa al asedio de los «moros». Ahora, el jefe del «españolísimo» Vox escenifica su propio sacrificio para blindar las murallas del Senado frente al hostigamiento de los «rojos». Moros y rojos: una asonancia propagandísticamente muy rentable.

El movimiento de las izquierdas no responde a ninguna epifanía ideológica, sino al terror de los números. Asustados por la demoscopia, el PSOE y la sopa de letras de su izquierda han decidido aparcar temporalmente su cainismo habitual para firmar un matrimonio de conveniencia en el Senado en 45 provincias. Bajo la marca «Senado de Progreso», han entendido por fin que la Cámara Alta ya no es ese cementerio de elefantes donde enviar a sus viejos roqueros a dormir la siesta. Ahora es un baluarte.

El PP ha enseñado los dientes esta legislatura demostrando para qué sirve una mayoría absoluta en esa Cámara: para convertirla en un cadalso donde hacer desfilar a ministros, subalternos y secuaces del «sanchismo» para ser ajusticiados a base de preguntas incómodas y comisiones de investigación a pecho descubierto. Por allí han pasado desde Zapatero hasta la «trama Koldo», sin olvidar la actuación estelar de Leire Díez, esa fontanera que no sabía ni dónde estaba la llave de paso del agua (sucia).

El objetivo de la alianza progresista no es legislar, sino parapetarse. Quieren conquistar el Senado para transformarlo —igual que ha hecho el PP— en un búnker desde el que torpedear y hacerle la vida más difícil a un futuro Gobierno de la derecha. Pero no solo eso. La confluencia en el Senado trata, por encima de todo, de impedir que las derechas alcancen los tres quintos de ambas Cámaras, una mayoría que permitiría impulsar determinadas reformas constitucionales y acercaría el sueño que algunos acarician desde la Transición: recentralizar España. Si no arrumbar, al menos descafeinar el título VIII de la Constitución, el mismo que ya fracturó la Alianza Popular de Manuel Fraga cuando se votó en el Congreso en octubre de 1978.

Por eso Abascal está dispuesto a tragarse el orgullo y perpetrar una retirada táctica: sacrificar sus listas al Senado allí donde no tiene opciones y pedir el voto para el PP. La negociación confirmada por Feijóo indica que el entendimiento está más cerca, aunque todavía no haya un acuerdo cerrado. Pero la pirueta es de alto riesgo político. ¿Cómo explicas a tus bases, educadas en el dogma de la traición de la «derechita cobarde», que ahora hay que marcar la casilla del vecino? ¿Cómo evitas que el votante entienda que, si en la Cámara Alta el voto útil es el PP, quizá en el Congreso también lo sea? El dilema es perverso: retirarse es dopar a Feijóo; no retirarse es hacerle el juego a Sánchez.

Pero la pregunta candente ya no es si Abascal ha tenido un ataque de responsabilidad repentino, sino cuánto costará el rescate. Si Vox contribuye a asegurar una mayoría conservadora, la deuda pendiente parece clara: más allá de la posibilidad de (re)tocar la Constitución, habrá compromisos programáticos duros en inmigración y memoria histórica, ministerios de peso y una cuota de poder innegociable. El sacrificio de las listas puede convertirse así en una inversión: renunciar a candidaturas donde Vox tiene pocas opciones para ganar capacidad de influencia allí donde realmente se decide el poder.

Con 160 senadores —el umbral de los tres quintos de una Cámara de 266 miembros; los populares llegaron a tener 144—, la entente entre PP y Vox podría elegir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado sin necesidad de contar con el PSOE, siempre que alcanzase esa mayoría. Unos nombramientos cruciales para el equilibrio de la verdadera sala de máquinas del poder constitucional. No sería un reparto automático del tribunal, pero sí una oportunidad de influir en su composición durante años. El VAR de la política española, como ha quedado demostrado con la sentencia que ha finiquitado el procés, a pesar del berrinche de Llarena.

El presidente de los populares ya no puede hacerse el gallego y esquivar indefinidamente la cuestión: ha confirmado que negocia. El problema, como el dinosaurio de Monterroso, continuará ahí cuando despierte del sueño de los justos. Vox puede retirar la papeleta este mes de octubre, pero no retirará la mano extendida al día siguiente de los comicios. Y Feijóo debería saber que los acuerdos que se cierran antes de ganar suelen salir caros. Si la operación sale bien, Abascal podrá reclamar que su sacrificio ha sido decisivo y convertirlo en influencia política. Pero la factura no la pagará solo el Partido Popular: la acabaremos pagando todos.

Mientras, el ilustre estratega de Galapagar debe estar oteando todo este ominoso panorama con su media sonrisa de Maquiavelo de vía estrecha: Podemos, ese partido solipsista que viste sus obscenas tácticas de supervivencia con los ropajes de la pureza doctrinal, ha rehusado sumarse al acuerdo progresista para el Senado. Quizás, quién sabe, porque así por fin podrán acabar de una vez por todas con el «régimen del 78», como pretendían en su momento de gloria.