El caso que se convirtió en un “auténtico calvario” para el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, no ha acabado aún. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León han confirmado que el próximo martes tendrá lugar una vista por el recurso de la Fiscalía contra la sentencia del caso de las Comfort Letters, que absolvió al exregidor y a dos de sus concejales.

Las Cartas de Conformidad firmadas por León de la Riva para financiar el fallido soterramiento del tren, hicieron que el Ayuntamiento fuese el avalista de créditos de 400 millones sin que la decisión pasase por el Pleno y la Intervención.

La Asociación El Defensor del Paciente ha denunciado en el juzgado de guardia de Valladolid al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado por la gestión de las listas de espera. El colectivo considera que ambos son autores de “presuntos delitos que afectan a la prestación del servicio público de salud de Castilla y León y por lo tanto a la salud de los castellanos y leoneses”, según la denuncia adelantada por Europa Press y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El Defensor del Paciente se refiere a la “absoluta dejación de funciones, inacción y omisión del deber de protección de la salud" y a la comisión por parte de Herrera y de Sáez Aguado de un delito de omisión del deber de socorro en relación a un delito de denegación de auxilio en la prestación del servicio público de salud tipificados en los artículos 195.1, 196 y 412.3 del Código Penal. Presidente y consejero son responsables, según la denuncia, de la situación de las listas de espera que ponen en “grave riesgo” a pacientes que necesitan cirugías o pruebas diagnósticas con “injustificados riesgos de espera” en los que las patologías se agravan “en el cien por cien de los casos” y que convierten en “imposible” su tratamiento “por leve que al principio fuera su patología”.

La ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso (Segovia) Beatriz Marcos García que dimitió el pasado viernes a raíz de que  eldiario.es publicase que se había apropiado de fondos de una anciana en la residencia donde trabajaba fue condenada a seis meses de cárcel por esos hechos. 

El pasado mes de abril la entonces edil aceptó una sentencia de conformidad que la condenó a seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida, que la inhabilitaba para el derecho de sufragio pasivo y le obligaba a correr con el pago de las costas procesales. Beatriz Marcos García dimitió el pasado viernes tras publicar eldiario.es que había sustraído 2.315 euros a una mujer tutelada en la residencia donde trabaja. Según explicó ella misma, lo hizo porque pasaba “por una mala racha económica”. La ya exconcejala aseguró en un comunicado que dejaba su acta de concejal para defender sus derechos “como ciudadana”, mientras que el alcalde, José Luis Vázquez, definía la información de eldiario.es como “filtración interesada” y “hechos descontextualizados”. Ambos, alcalde y concejal, omitieron que la exedil ya había sido condenada por los hechos según prueba la sentencia en poder de esta redacción.

La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso (Segovia), Beatriz Marcos García, ha presentado su dimisión esta tarde, tras conocerse  que sustrajo más de 2.000 euros a una mujer en la residencia donde trabaja porque pasaba por “una mala racha económica”.  Aunque Marcos aseguró este jueves a este diario que el asunto estaba “parado” y que no había ningún expediente disciplinario sobre ella, la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León confirmó este viernes la existencia de una investigación en curso en manos de la Fiscalía. 

El expediente contra esta edil se abrió el 26 de septiembre de 2016, tal y como han asegurado a esta redacción fuentes de la Consejería de Familia y Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Las mismas fuentes han explicado que “cuando unos hechos objeto de responsabilidad disciplinaria pudieran tener también repercusión de carácter penal, (como es este caso) la obligación de las administraciones públicas es dar traslado a la Fiscalía para que se depuren las posibles responsabilidades penales que pudieran existir. Eso obliga, por Ley, a suspender la tramitación de los expedientes disciplinarios hasta que la justicia se pronuncie sobre si hay o no responsabilidad penal”.

La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso (Segovia), Beatriz Marcos García (PSOE), sustrajo más de 2.000 euros a una mujer en la residencia donde trabaja y lo hizo porque pasaba por “una mala racha económica”. Así se refleja en la documentación del centro a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Marcos, auxiliar administrativo en la Junta de Castilla y León, en la Residencia de Asistida de Personas Mayores de Segovia, además de ser concejala y teniente de alcalde. Una de sus funciones era retirar de las cuentas de algunos ancianos las cantidades que ellos les indicasen para sus gastos de bolsillo. Este cometido se acordó verbalmente con el banco después de que dejase de enviar personal al  centro para facilitar las transacciones a los residentes.

El exalcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), José Manuel Méndez Freijo, condenado en 2014 a tres  años de prisión por cohecho y prevaricación, debido a las recalificaciones en favor de una constructora, se dedica ahora a la gestión inmobiliaria. Lo hace en el mismo municipio en el que prevaricó y vendiendo locales construidos por la promotora a la que benefició.  Tal y como ha podido comprobar eldiario.es, Méndez aparece como gerente de Villabol Gestión Patrimonial SL en las tarjetas de visita que reparte. Esta inmobiliaria tiene su sede en la calle Francisco de Vitoria, en uno de los edificios Mahía, una constructora gallega cuyo dueño, al igual que Méndez, fue condenado a tres años de prisión.

La nueva empresa que da trabajo al exalcalde, se creó en 2016 y tiene como administrador único a un hombre con cargos activos en 42 sociedades. Hasta el momento, y según los anuncios en distintas webs, Villabol sólo vende locales y pisos en Arroyo, y todos fueron construidos por Mahía. Méndez ha rechazado hacer declaraciones a eldiario.es.

José Manuel Méndez Freijo, exalcalde del municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda desde 2003 hasta 2014 y condenado por corrupción urbanística en 2013, fue otro de los beneficiarios de la amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno del PP en 2012,  declarada inconstitucional en 2017 y cuya lista de agraciados renunció a publicar en julio el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según confirman fuentes judiciales a eldiario.es, en 2012, tras cerrarse la instrucción del caso por el que acabaría siendo condenado y cuando todavía era alcalde de ese municipio, Méndez aprovechó la amnistía que puso en marcha Cristóbal Montoro para regularizar 211.485 euros cuyo origen indaga ahora la Audiencia Provincial de Valladolid en una investigación por posible blanqueo de capitales.

El Ayuntamiento de Pajares de la Laguna (Salamanca) sigue esquivando la Ley de Memoria Histórica y mantiene la denominación franquista de dos de sus calles. Hace 10 meses, su alcalde, Juan Antonio Benito de Dios (PP) se vio obligado a dimitir  por una carta plagada de descalificaciones hacia el presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, al que llamó “mamporrero”,  el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el grupo Compromís.    

Su sucesor en el cargo, Juan Antonio Valle de Dios, se ahorra los insultos pero sí incurre en lo que el portavoz de Compromís, Carles Mulet, denomina "troleo". En una carta remitida el pasado 14 de septiembre, Valle de Dios pide a García-Escudero "información sobre en qué términos incumplen la normativa actual los nombres de las Calles Calvo Sotelo –ministro de Hacienda en la dictadura de Primo de Rivera- y Salas Pombo- jefe provincial del Movimiento y gobernador civil en la etapa franquista-". El regidor admite que, en todo caso "se seguirá tratando dicho asunto en próximos plenos" y finaliza con "un saludo para el Senado de Pueblo Español",  

El caso de la manipulación del  Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid ha pasado de tener 14 acusados a cuatro. El tribunal que enjuicia los hechos ha comunicado hoy el sobreseimiento libre por prescripción de delitos para 10 acusados, todos ellos constructores y promotores beneficiados  por la alteración del documento. La herramienta más importante del planeamiento urbano de los municipios fue alterada intencionadamente para favorecer los intereses de los empresarios encausados. La modificación del plan se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, pero cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, había más de 80 artículos manipulados.

Los hechos se denunciaron en 2008. El entonces alcalde, Javier León de la Riva, aseguró que se trataba de "errores informáticos". Gracias al cambiazo, cuya autoría no se ha determinado, las edificabilidades se multiplicaban hasta por 14 y los suelos cambiaban de calificación, entre otras consecuencias. El juicio había arrancado el 18 de septiembre pero se suspendió al día siguiente, después de que en las cuestiones previas, los abogados defensores alegasen, entre otras vulneraciones de derechos, la prescripción.