El cierre de campaña de Ciudadanos en Zamora deparaba una sorpresa. El candidato a la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, dio su 'paseo ciudadano' con la exvicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, como él, médico de profesión.

La zamorana, apartada de la política desde que la Guardia Civil la paró en un control y dio positivo en alcohol, ha asegurado que estaba allí "por el motivo más importante que puede haber, que es la amistad". Ante la prensa ha advertido que está "retirada de la política" y que no tiene "ningún interés en volver". "Lo único que he querido es demostrarle a Paco, como él ha querido demostrarme a mí otras veces, que es un amigo, que tiene por delante a las personas antes que a los partidos, que hace lo que cree que tiene que hacer", ha declarado.

El segundo debate entre los candidatos a la Junta de Castilla y León debía ser el definitivo, el que recolocase a cuatro políticos que no acabaron de brillar en el primero. El líder de Ciudadanos, Francisco Igea consiguió soltarse del todo, él mismo se definió como "la novia" y casi se convirtió en un meme de Julio Iglesias cuando afirmó con rotundidad: "todos nos quieren y ustedes, también".

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, repitió esquemas: si en el primer debate su partido era "el del empleo", "el del mundo rural" y, en definitiva el partido de todo lo que se hablase -a excepción de la corrupción, que ahí no quiso que fuera el primero- en esta segunda parte, el PP había convertido a Castilla y León en "la primera en Sanidad", la "primera en Educación", "la primera en Dependencia" y "la primera en Infraestructuras". Apenas esbozó propuestas.

La segunda parte del debate entre candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León se emitirá esta noche en diferido y Televisión Castilla y León no facilitará al resto de medios el streaming hasta las 21,30 horas, momento en que empezará a emitirlo.

La decisión, acordada en la Comisión de Debate, parte de la lucha entre distintos medios que estaban en desacuerdo con el horario elegido por RTVCyL, que apostaba por el prime time. Así, el primero de los debates, celebrado el 14 de mayo, se grabó a las 19,00 horas y se facilitó el streaming al resto de medios. El objetivo era atender a la petición de las radios, que querían conectar en directo pero no tenían desconexión territorial que lo posibilitase si se celebraba por la noche.

Un joven diputado por Ávila de Alianza Popular llamado José María Aznar llegaba a Castilla y León en 1987. Era un 'cunero' designado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón que años antes tuvo que inscribirse en la sede de AP de Ávila para poder presentarse a las elecciones de 1982. Cinco años después, por 3.000 votos arrebató al PSOE la presidencia de una Comunidad que apenas había pisado y que convirtió en su laboratorio político, un tubo de ensayo que usó tan solo durante dos años pero que le sirvió para fijar usos y tendencias del futuro Partido Popular: la presunta austeridad, el apoyo a empresarios privados y los planes de medios que facilitan el control de la información. Un dato: el primer caso de corrupción del PP, con condena incluida, se produjo en Castilla y León; el segundo, también.

Aznar, al que los suyos recuerdan con una imagen muy clásica, "con todo el pelo echado para atrás", ni siquiera tenía equipo. Durante su campaña, en el autobús en el que viajaba con los periodistas conoció al "estridente" Miguel Ángel Rodríguez, un chaval que hacía méritos en el diario decano El Norte de Castilla y que tenía 22 años. En julio de 1987 con las elecciones ganadas, Rodríguez, apodado por algunos periodistas como 'el bachiller' debido a su carencia de estudios superiores, asumió la portavocía de la Junta de Castilla y León y era el responsable de las relaciones con los medios de comunicación, de las publicaciones y de la publicidad institucional, la gran baza del PP en la Comunidad desde entonces. Nadie recuerda muy bien cómo funcionaba la chequera mediática entonces, tan sólo que la Junta empezó a hacer patrocinios en los medios de la época.

Luis Tudanca (Burgos, 1978) afronta su segunda campaña como candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León con contención: las encuestas apuntan a que el Partido Socialista será el más votado aunque necesitará pactar para gobernar. El cambio, dice, lo nota en estos días en los que recorre Castilla y León, la Comunidad más extensa de España. La gente, cuenta, ha dejado de decirle que "pida a la Junta que" para indicarle que "haga". La victoria se da por hecha.

En Castilla y León se ha votado mayoritariamente al PSOE en las Elecciones Generales y eso no ocurría desde 1986 ¿Cómo valora esos resultados?

La Diputación de Valladolid contabiliza como patrimonio inmovilizado una pista de esquí seco que ya no existe. El proyecto Meseta Ski, que comenzó con un presupuesto de 4 millones de euros y se adjudicó a Isolux Corsán, acabó costando 12 y se quedó en nada cuando sucesivas sentencias judiciales determinaron que era ilegal, puesto que se había construido sobre un monte quemado en Villavieja del Cerro (Valladolid). Todo lo edificado acabó desmontándose para restituir la legalidad de acuerdo con las sentencias. El juzgado que ordenó su desmantelamiento dio por ejecutada la sentencia en enero de 2018.

Sin embargo, en la contabilidad de la sociedad pública de la institución provincial, Sodeva, que ese bien haya quedado reducido a escombros no merma su valor. Así se desprende de las cuentas anuales de la institución. El pasado 11 de abril el Consejo de la sociedad computó como patrimonio inmovilizado 10.030.959,29 millones de euros, que es lo que costó la polémica pista de snowflex. Tal y como publicó eldiario.es, la Diputación llegó a pagar seis millones de euros por unas obras que supuestamente se desarrollaron a pesar de un juzgado había paralizado la construcción tras una primera denuncia de colectivos ecologistas.

El día en que a Sara, de 4 años, la agredieron sexualmente y le dieron una paliza mortal, sólo había tres personas en la vivienda: ella, el novio de su madre y presunto agresor, y su hermana de 12 años. Posiblemente esta menor tiene todas las claves de la espiral de abusos que sufrió Sara desde que la nueva pareja de su madre llegó a su vida, pero o no recuerda o no quiere contar nada. La niña fue explorada -término jurídico que se usa para los interrogatorios a menores- tres meses después de los hechos, en octubre de 2017 y en dependencias de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León.

La grabación de esas declaraciones se ha escuchado este miércoles en el juicio en el que están acusados la madre de Sara, Davinia M.G y su pareja, Roberto H.H. La adolescente apenas aportó información. Cada respuesta, casi monosilábica, que dio, iba precedida de un largo silencio. O no se acordaba, o no sabía, o no contestaba. La menor relató, como pudo, la noche antes a la paliza de Sara, cuando jugó con su hermana al pilla-pilla y "estaba bien", y lo ocurrido la mañana de los hechos, el 2 de agosto de 2017, cuando Roberto la despertó para decirle que su hermana estaba "malita". En realidad Sara no respiraba, había entrado en parada cardiorrespiratoria a consecuencia de los fuertes golpes en la cabeza que recibió, que le provocaron una intensa hemorragia cerebral y la muerte clínica.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha vuelto tumbar una norma de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuyo titular, Juan Carlos Suárez-Quiñones, es juez de profesión. La sala de lo Contencioso-Administrativo es tajante al anular en parte un decreto que permitía la instalación de explotaciones ganaderas sin la preceptiva licencia ambiental. "La modificación efectuada excede con mucho a lo que está permitido a una norma de carácter reglamentario, en cuanto que, de un lado, modifica normas con rango de Ley y, por otro, altera de forma sustancial el contenido fundamental del régimen de licencias y comunicaciones ambientales que son exigidos como requisito previo para el ejercicio de actividades".Según ha explicado el colectivo que impugnó el decreto, Ecologistas en Acción,  el TSJ ha anulado la exención de licencia ambiental concedida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las explotaciones ganaderas intensivas, mediante el Decreto 4/2018 por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas en Castilla y León.

La sentencia, es en opinión de Ecologistas en Acción, una "excelente noticia" para el medio ambiente de Castilla y León y un "fracaso más" del consejero "incapaz pese a ser él mismo juez en excedencia de observar la más elemental legalidad en las disposiciones de su Consejería en relación a materias como la participación ambiental, la caza, la conservación del lobo, la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica o ahora las actividades clasificadas, en las que ha recibido sentencias contundentes de los tribunales".

La sentencia declara que no es posible modificar por decreto una ley como la de Prevención Ambiental de Castilla y León, invadiendo de esta forma el Consejo de Gobierno de la Junta la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico: "La modificación efectuada afecta al contenido fundamental de la norma con rango de Ley, en cuanto que aspectos nucleares del mismo, como son todos aquellos sometidos al régimen de licencia o autorización, ahora se trasvasan desde el de licencia, más exigente en su régimen jurídico -información pública, informes preceptivos de la comunidad autónoma, etc.-, hacia un mero régimen de comunicación previa, sin que existan garantías equivalentes, como es la necesidad de evaluación ambiental previa", precisa la resolución judicial.

El Consejo Consultivo no detectó la vulneración

Ecologistas lamenta que esta "vulneración de la separación de poderes" no fuera advertida por el Consejo Consultivo de Castilla y León, considerando su "examen de legalidad" inútil. Para la organización, el tribunal ha detenido "la pretensión de desregulación por esta vía de estas actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de manera que todas las explotaciones ganaderas no orientadas al autoconsumo doméstico vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y León, debiendo someterse a información pública, informes previos y audiencia a los vecinos colindantes antes de implantarse, como venía sucediendo desde 1961, en que se aprobara el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas".

Una conclusión que extraen los ecologistas es que "una gran explotación ganadera industrial como la proyectada en Noviercas (Soria), con 20.000 vacas de leche, que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superiores a una ciudad como Soria, no podrá empezar a funcionar sin información pública ni informes". Añaden además que "a otra escala cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves tampoco podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan que según denuncia Ecologistas "era lo que pretendía la Junta". Así "todas las explotaciones ganaderas intensivas que se hayan iniciado en el último año deberán legalizar su situación, correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los gastos ocasionados a la Junta de Castilla y León, como responsable de la regulación ahora ilegal".

De cara a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, Ecologistas espera que su resultado "destierre definitivamente esta forma arbitraria y autoritaria de gobernar, restableciendo las garantías y controles ciudadanos en materia de biodiversidad y de prevención ambiental, en atención al principio de legalidad, a la protección de la salud y el medio ambiente y a los derechos constitucionales a la información, a la participación y a la tutela judicial efectiva".

El consejero precisa que la exención era para explotaciones "menos invasivas"

Sin embargo, el consejero realiza una interpretación algo distinta de la de los Ecologistas. Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado este miércoles que el decreto de exención de licencias ambientales para explotaciones que el TSJCyL ha anulado, pretendía facilitar la tramitación administrativa para proyectos en el medio rural "menos invasivos con el medio ambiente".

El primer debate entre candidatos a la presidencia de Castilla y León en 24 años, arrancó con cierto acartonamiento de sus participantes pero evolucionó rápidamente, aunque no igual para todos. Pasada la primera media hora, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, no consiguió sacudirse el aire de mitin mientras el resto, Francisco Igea (Ciudadanos), Luis Tudanca (PSOE) y Pablo Fernández (Podemos-Equo) se iban soltando.

Pablo Fernández no varió demasiado ni el discurso ni la actitud que suele tener en el hemiciclo: serio, casi enfadado y con léxico literario. Su intervención arrancó con cierto aire de victoria haciendo alusión al final del "largo y crudo invierno" de Castilla y León y ofreciendo lo que tiene que ofrecer todo político que quiere captar votos: empleo, educación, servicios sociales, infraestructuras y lucha contra la corrupción. Desgranó parte de su programa sin demasiadas ganas y sin grandes anuncios, apenas dos: una ordenación territorial por cabeceras comarcales y convertir a Castilla y León en el centro de la transición energética. Fernández sólo se creció un poco cuando se abordó el bloque de la regeneración democrática, un eufemismo para corrupción.