La consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha propuesto en la Conferencia Sectorial de Comercio que las tiendas empiecen a cobrar a quienes se prueban la ropa. La inusual sugerencia la ha hecho ante la ministra del ramo, Reyes Maroto. Según del Olmo es una solución que da para que “la gente” no compre después la ropa “en las grandes compañías que venden en internet”.

Tal y como recoge Europa Press, los consejeros autonómicos han acordado con la ministra la creación del Observatorio de Comercio 4.0 para dar respuesta a los desafíos del mercado digital. Es en ese contexto en el que Del Olmo se ha descolgado con la idea de cobrar a quienes van a las tiendas a probarse prendas, porque es el momento de aplicar “ideas innovadoras”, “motivadoras” y “revolucionarias” que beneficien a los pequeños comerciantes. La propuesta, dice, se debatirá en mesas de trabajo de la Conferencia Sectorial de Comercio.

"No son manipulaciones, son errores informáticos". Con estas palabras en 2008, el entonces alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, aseguraba que el PGOU de Valladolid, la norma que rige el urbanismo de los municipios, no se había alterado intencionadamente. El PSOE había denunciado que el documento que se aprobó en Pleno no coincidía con el publicado en el Boletín Oficial de la Provincia –el legalmente válido–. Había 88 artículos y cinco planos que cambiaban edificabilidades, calificaciones, normativa… y siempre en beneficio de constructores y promotores, la mayoría conectados entre sí a través de diferentes sociedades mercantiles.

Este martes, diez años después de la denuncia, con una instrucción más que compleja y plagada de recursos y 13 acusados en el banquillo, arranca un juicio cuya duración prevista es de dos meses. Los delitos que figuran en el cierre de la instrucción son prevaricación, falsedad en documento oficial y contra el patrimonio histórico.

A tan sólo 24 horas de una moción de censura que previsiblemente lo descabalgará de la Alcaldía, el regidor de Villaquilabre (León), Manuel García, ofrecía una rueda de prensa para insistir en su inocencia y rechazar cualquier implicación la trama de amaños de contratos públicos que reventó con la Operación Enredadera el pasado 3 de julio.

En medio de la operación, García, que además de alcalde es diputado autonómico, fue detenido y trasladado a comisaría. Las conversaciones de los principales investigados en la trama le aludían directamente como uno de los políticos dispuestos a arreglar concursos de adjudicación en su Ayuntamiento e incluso mediar en los de otro municipio.

La oposición pide su dimisión pero no se va. Se considera un “cabeza de turco” por hacer su trabajo. “Arrepentimiento, ninguno”, dijo en el parlamento regional el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aparece en el sumario de la  Operación Enredadera ofreciendo obras e información al cabecilla de la trama de amaño de contratos públicos, José Luis Ulibarri. El responsable de Obras del Gobierno de Juan Vicente Herrera insiste, pese a los informes policiales que le atribuyen graves delitos y los pinchazos incorporados en la Operación Enredadera, en que su actuación fue “limpia” y “honrada”.

Fue lo que dio de sí la comparecencia de Suárez-Quiñones este miércoles en una comisión ordinaria presidida por el diputado y alcalde de Villaquilambre, Manuel García, uno de los detenidos en la Operación Enredadera y que continúa imputado en este caso de amaños de contratos en distintas administraciones públicas.

En el centro del salón de plenos, el exfutbolista Ronaldo Nazario de Lima, estrella mundial que a finales de los 90 y los primeros 2000 vistió las camisetas del Barca, el Madrid, el Inter de Milán y la selección brasileña sostiene una del Valladolid. Lo arropa el alcalde de la ciudad, el socialista Oscar Puente, entre un corro de autoridades. Es el nuevo propietario del club tras adquirir el 51% de las acciones que del presidente, Carlos Suárez, tras desembolsar 30 millones de euros.  

La venta dará oxígeno al club, que acaba de ascender a primera y arrastraba una deuda de unos 23 millones, que llegó a ser de 73. Pero lo insólito no era la venta, que se rumoreaba desde hace tiempo, sino la presentación. No fue en las dependencias del propio club, sino en la sala noble del consistorio. La convocatoria, de urgencia, llegó a las 8 de la mañana. En ella se citaba a la prensa a las 12,00 horas y se informaba de que estarían presentes el alcalde, Óscar Puente, y el presidente del club, Carlos Suárez. La intensa presencia policial en los alrededores hacía presagiar algo más gordo: Ronaldo estaba allí.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asegura en una entrevista publicada hoy en el diario El Norte de Castilla  que la UDEF no debería haber transcrito en el sumario de la Trama Enredadera la grabación de una conversación suya  con el empresario José Luis Ulibarri porque "no tiene nada que ver con lo que se investiga, que es lo de los semáforos". "Han vulnerado el derecho de la inviolabilidad de mis comunicaciones»", afirma el consejero y juez de profesión.

Aunque la Operación Enredadera comenzó rastreando el amaño de contratos públicos de redes semafóricas, los pinchazos telefónicos revelaron que el empresario afincado en León, José Luis Ulibarri, utilizaba sus medios de comunicación para presionar a políticos y conseguir concursos de todo tipo en ayuntamientos y administraciones de media España.

Un imputado en la trama Enredadera –la red de empresarios y políticos que amañaba concursos públicos en diferentes instituciones de toda España– va a presidir la comisión parlamentaria en las Cortes de Castilla y León donde el consejero de Fomento del Gobierno regional, Juan Carlos Suárez-Quiñones, deberá explicar sus tratos con el constructor José Luis Ulibarri. 

El titular de Fomento en el gabinete de Juan Vicente Herrera –no imputado en este caso– aparece citado en el sumario por las conversaciones interceptadas por la policía en las que ofrece una obra sin concurso y anuncia otras que el Gobierno planeaba a Ulibarri, un influyente empresario de la obra pública y los medios de comunicación, encarcelado como cabecilla de la trama Enredadera. 

Además de enviarlo a prisión como supuesto cerebro de una trama de contratos amañados en distintas administraciones públicas, la investigación del sumario Enredadera ha arruinado la imagen de impecable y triunfador hombre de negocios de José Luis Ulibarri, constructor y propietario de distintos medios de comunicación en Castilla y León.

Los pinchazos de la UDEF a Ulibarri y a su socio, Ángel Luis García dejaron al descubierto presuntas prácticas delictivas más allá de la red que lideraba para el amaño de concursos públicos. Ulibarri ya había estado bajo la lupa policial en la investigación del caso Gürtel, por el que próximamente se sentará en el banquillo y se enfrentará a una petición de 7 años de cárcel, pero ni siquiera ese sumario había servido para desvelar sus manejos políticos, ni su capacidad de influencia en importantes dirigentes de la región que llegó a asombrar a la Fiscalía, ni algunos de sus controvertidos métodos.

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León trata de evitar que el alcalde de Villaquilambre (León), detenido e imputado en la 'operación Enredadera', presida la comisión de Fomento en la que el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones deberá dar explicaciones sobre su relación con el presunto cabecilla de la trama, el empresario José Luis Ulibarri, en prisión preventiva desde principios de julio.

El responsable de Fomento aparece en el sumario en dos ocasiones. Concretamente, en las transcripciones de los pinchazos telefónicos: realizó una llamada a Ulibarri y le ofreció hacerse cargo de las obras de una carretera.  "Yo soy la Administración", fue su alegato. Además, meses antes, tal y como reveló eldiario.es, comió con Ulibarri y le adelantó información sobre cuatro obras. Este encuentro es conocido porque el propio Ulibarri se lo relató a su hija en una llamada.