El presidente de la gestora de Ciudadanos, Manuel García Bofill, ha asegurado este martes en Burgos que el partido tiene "tolerancia cero" con "irregularidades" como la de Murcia o Castilla y León, en referencia a los pucherazos denunciados tras las primarias en ambas comunidades. García Bofill ha comentado que en el caso de Murcia Ciudadanos se presentó como acusación particular porque están "muy interesados en despejar cualquier duda y ver qué hay detrás".

Respecto al pucherazo de Castilla y León, donde se produjeron 81 votos fraudulentos que dieron la victoria a la candidata del aparato, Silvia Clemente, añadió que el caso está en manos de la Fiscalía Provincial, con quien están colaborando. "Actuaremos a rajatabla", señaló.

El PSOE de Castilla y León pondrá al gobierno autonómico en coalición entre Partido Popular y Ciudadanos, contra las cuerdas, con una Proposición No de Ley (PNL) registrada este lunes que les obligará a pronunciarse sobre el controvertido 'pin parental' que Vox ha logrado imponer en la Comunidad de Murcia. El PP de Castilla y León ya se opuso el pasado año a la aplicación del veto y lo hizo por boca de la consejera de Educación, Rocío Lucas, que contestó a una pregunta oral del único procurador de Vox, Jesús García Conde, que no pondría en marcha un sistema de "consentimiento" para los padres de los alumnos. En el mismo sentido se desarrolló una reunión posterior con el grupo ultracatólico HazteOír, a quien hizo saber que no consideraba que en los colegios se impusiese un "adoctrinamiento en ideología de género".

Sin embargo, el presidente del PP, Pablo Casado, ha puesto en una complicada situación a su partido, ya que se muestra a favor del veto parental que exige Vox, un partido con el que tiene pactos de Gobierno en otras Comunidades y que penden de un hilo si el Partido Popular no se pliega.

El Juzgado de Instrucción número 1 de León se ha visto obligado a reabrir la pieza separada de la Operación Enredadera dos meses después de decretar su archivo. La reapertura se produce por un oficio policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se informa del "hallazgo casual" de documentación de dos adjudicaciones del Ayuntamiento de León a la empresa Agema, propiedad del leonés Angel Luis García Martín, uno de los principales imputados en la decena de causas Enredadera abiertas en toda España. 

Martín era el socio del constructor y magnate de los medios en Castilla y León, José Luis Ulibarri. Ambos estaban presuntamente a la cabeza de una trama de amaño de concursos de adjudicación de sistemas semafóricos en ayuntamientos de todo el país así como otro tipo de licitaciones. 

El juez instructor del caso Perla Negra, que investigó el sobrecoste del edificio de la Consejería de Economía y la compra de unos terrenos para un polígono fallido en la provincia de Valladolid, ha dictado ya la apertura de juicio oral y la obligación de los 12 imputados de prestar una fianza solidaria de 18 millones de euros "antes de 24 horas". En el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez César Gil Margareto advierte que "de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

Cada uno de los investigados debería consignar en la cuenta del juzgado los 18 millones de euros, si bien lo previsible es que no logren reunir esa cantidad en tan breve espacio de tiempo y se proceda a los embargos. En el caso de uno de los principales imputados, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, la tarea se complica: Delgado ya tiene embargadas desde hace años todas sus cuentas de manera cautelar a petición de la Fiscalía. 

Terremoto en Ciudadanos a escasas semanas de que comience el proceso preparatorio de la V Asamblea General extraordinaria, prevista para el 14 y 15 de marzo. Las destituciones decididas por sorpresa por la gestora del partido del asturiano Ignacio Prendes y de la castellano-manchega Orlena de Miguel,  dos de los críticos que aún mantenían sus cargos como portavoces autonómicos, desencadenaba este martes una fuerte tensión interna que culminada a última hora de la tarde con la renuncia de Francisco Igea como secretario de Programas de Ciudadanos de Castilla y León. Tras él se sucedieron una cadena de dimisiones en esa región.

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León de Ciudadanos hacía pública su decisión en su cuenta de Twitter, en la que pedía "calma y confianza" a sus compañeros porque "todos son Ciudadanos y Ciudadanos es de todos".  

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha comunicado en su cuenta de twitter que renuncia como secretario regional de programas de Ciudadanos. El político ha pedido "calma y confianza a sus compañeros porque todos son Ciudadanos "y Ciudadanos es de todos".

La renuncia, sobre la que no da explicaciones se produce poco después de que la gestora comunicase a los portavoces de Asturias y Castilla-La Mancha su destitución como portavoces autonómicos.

El cura de Valladolid imputado por enviar un vídeo sexual a una niña de 14 años despertaba todo tipo de sospechas entre los padres de las menores que forman parte de la Cofradía de las Angustias, perteneciente a la Iglesia Penitencial de las Angustias, donde el sacerdote O.F.L. era rector capellán.

Según ha podido saber eldiario.es, desde que el párroco se puso al frente de esta iglesia, en 2017, los progenitores "nunca" dejaban solas a las niñas con él, porque no les gustaba "cómo las miraba". El ahora investigado llevaba tras de sí un oscuro historial. En 2010 el padre de una menor de 14 años viajó de Alicante a Valladolid para interponer una denuncia contra el cura en la Comandancia de la Guardia Civil. El cura había estado mandando mensajes inapropiados a la niña, a la que decía que estaba "tremenda" o que era "un bellezón". El asunto nunca llegó a judicializarse pero el párroco, por entonces de Zaratán, un pequeño municipio pegado a Valladolid, fue apartado por el Arzobispado. En Zaratán se le recuerda no sólo por eso, también por su rigidez y su falta de "empatía" con los fieles.

El Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid, en funciones de guardia, acordó  el domingo - tras la solicitud de la Fiscalía Provincial - la detención y puesta a disposición judicial de un sacerdote por supuestamente enviar un vídeo de contenido sexual a una menor de 14 años. El párroco es O.F.L, de 40 años, y ya fue investigado hace 10 años por contactar con otra niña a través de la red social Tuenti para decirle que era un "bellezón" y lo "tremenda" que estaba en bikini. En el momento de los hechos era párroco en Zaratán, un municipio muy cercano a Valladolid.

Tras tomarle declaración, el juez decidió, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la puesta en libertad del detenido con las medidas cautelares de alejamiento, prohibición de comunicación con la víctima y obligación de comparecer una vez al mes en sede judicial. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el cura está siendo investigado por un delito contra la libertad e indemnidad sexual de menor de 16 años, en concreto en la modalidad contenida en el Artículo 183 ter del Código Penal. 

Este artículo se refiere a los delitos de abuso y agresión sexual a menores de 16 años y establece las penas para quien contacte con un menor para concertar un encuentro y cometer un acto delictivo sexual, o bien para engañarle para que le facilite material pornográfico de un menor. 

Las mismas fuentes que informaron del caso no precisaron en qué consistió la propuesta del investigado, si en tratar de tener un encuentro con la niña o en solicitarle imágenes sexuales.

En el primer caso las penas irían de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses. Estas penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. En el segundo caso, si no hubiese tratado de mantener un encuentro pero sí de obtener imágenes pornográficas de la menor, la pena va de seis meses a dos años.

El Arzobispado de Valladolid ha optado por apartarle de sus funciones mientras se investigan los  hechos, tal y como hizo hace una década. El sacerdote ejercía ahora de capellán en una céntrica iglesia de la ciudad y participó con cierta asiduidad en el canal de YouTube que tiene que la archidiócesis de Valladolid.

Fueron algo más de tres horas broncas. La gestora de Ciudadanos sabía que la Asamblea Extraordinaria en Valladolid del pasado miércoles no iba a ser fácil pero no esperaban un respaldo tan obvio a quien se ha convertido en piedra de toque de partido, Francisco Igea.  El encuentro ya arrancó mal con el veto de entrada a dos cargos públicos: el viceconsejero de Transparencia, Fernando Navarro, afiliado en Baleares, y del concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, Martin Fernández Antolín, militante desde el pasado mes de diciembre. Pero las cosas se torcieron más cuando intervino Igea.

El hombre que se enfrentó a la candidata de aparato para presidir la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, que denunció el pucherazo de 81 votos falsos que casi le arrebatan la victoria y que hoy se posiciona para disputar las primarias a Inés Arrimadas si fuese necesario, cosechó una cascada de aplausos, largos, tras una intervención que no llegó al cuarto de hora. Entre los que componen la gestora y presentes en esa reunión estaba Fran Hervías, el hombre que llegó a plantear el pasado mes de febrero que si Igea perdía las primarias debía abandonar Ciudadanos.