El ya presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha puesto como ejemplo a seguir la sanidad de Castilla y León. Lo hizo este miércoles en su debate de investidura, para explicar por dónde van a ir sus planes para gestionar el sistema sanitario andaluz, en el que se han producido grandes protestas durante los últimos meses. Lo que sigue es una radiografía de la sanidad en Castilla y León con el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera, otro de los barones del PP. 

También allí los colectivos profesionales están sublevados contra los recortes. El próximo 26 de enero, la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León ha convocado en Valladolid una manifestación que se prevé multitudinaria, como ya ocurrió hace un año.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid ha concluido la investigación por la supuesta trama de pago de favores a un agente de la Guardia Civil de Valladolid investigado por cobrar de distintos empresarios, también investigados en el proceso judicial, a quienes, aprovechándose de su condición de servidor público, habría facilitado información y favorecido con gestiones en diferentes organismos.

El auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León trasforma las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, pone fin a la fase de instrucción y abre la de preparación del juicio. En el mismo, el magistrado considera que existen indicios suficientes para juzgar al guardia civil y a otras 10 personas, que habrían entregado dinero y regalos a cambio de favores relacionados con "la difusión y acceso a datos de carácter reservado, asesoramiento sobre procesos por multas, ayuda en los recursos con conductor falso, recepción y aprovechamiento propio de regalos externos, dinero por las ayudas que ofrecía, sin perjuicio de su inexistencia real en algunos casos, entre otros actos menores". Los delitos que se contemplan son los de revelación de secretos, cohecho, falsedad, estafa, tráfico de influencias y prevaricación.

Ni la Policía, ni el fiscal, ni la jueza de instrucción son capaces de explicar por qué no se investigaron las llamadas entre una de las tres condenadas por el asesinato a tiros de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y un asesor del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Llamadas diarias que no se interrumpieron ni el día antes del crimen, cuando se registró la más larga, ni horas antes de que se efectuasen los disparos.

La miniserie 'Muerte en León' abordó el caso hace un par de años e incluyó revelaciones inéditas. Ahora tendrá un nuevo capítulo, en forma de película documental. " Se ha hecho una segunda parte porque básicamente yo me quedé con una espina clavada, la de no poder tener una respuesta más clara al final de la serie", explica a eldiario.es su director, Justin Webster.

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, deberá dar salida a una petición de información efectuada por el Grupo Parlamentario Socialista que le afecta muy directamente. La investigación de eldiario.es sobre las obras en la casona de su familia política, tasadas en 1.165.390 euros y  pagadas por su marido sin que se haya aclarado el origen de los fondos, ya ha provocado la primera reacción en el Parlamento regional.

El caso se había soslayado hasta el momento. En la Cámara que Silvia Clemente preside desde 2015 algunos parlamentarios se excusaban en que era un asunto “personal”. Además, el Reglamento de las Cortes prohíbe preguntas sobre subvenciones, contratos publicitarios o créditos del Itacyl (dependiente de la Consejería de Agricultura) referidos a una única empresa. El dinero recibido por la empresa patatera del marido de la presidenta Patatas Meléndez SL, era una información vetada políticamente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la mañana de este jueves tres peticiones de información a la Mesa de las Cortes de Castilla y León relacionadas con la información publicada por eldiario.es que  vincula al encargado de las obras de la casa del marido de Silvia Clemente con contratos menores que recibió mientras Clemente era consejera de Agricultura y en la actual etapa de presidenta del Parlamento regional.

En concreto, las tres solicitudes de los procuradores José Francisco Martín y Pedro González incluyen "la relación de pagos, incluyendo fecha cuantía y concepto, realizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de los entes públicos vinculados o dependientes de la misma, desde 2000 hasta la actualidad" a Reparaciones Rada SL, su anterior denominación Mat obras Urbanas SL y su administrador único, Raúl David Rodríguez Ibáñez.

La empresa que figura como "contratista" en la  reforma de un millón de euros que el marido de la presidenta de Las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, realizó en una casona familiar recibió encargos de la Consejería de Agricultura y del parlamento regional cuando Clemente estaba al frente, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Raúl David Rodríguez Ibáñez, administrador único de la sociedad Reparaciones Rada SL que figura en un informe de tasación sobre el chalé como "el contratista" de la reforma de lujo que sirvió para instalar una piscina climatizada y de agua salada y una sauna finlandesa en la casa que Silvia Clemente vivió junto a su pareja, el empresario patatero Javier Meléndez, trabajó para ambas instituciones realizando cometidos de distinto tipo. Su nombre aparece mencionado en el informe pericial encargado por el esposo de Clemente cuando dirimía en los tribunales el derecho de uso y la propiedad de las construcciones que pagó en el patio de la casona de sus padres.

El estudio de arquitectos que cobró en dinero de la caja B la reforma de la sede nacional del PP en Madrid, falsificó, según un informe policial, facturas en el caso Perla Negra, una causa de corrupción que se investiga en Valladolid sobre el procedimiento que sirvió para adjudicar desde la Junta de Castilla y León que preside el popular Juan Vicente Herrera el edificio de la Consejería de Economía  que ocasionó graves sobrecostes.

La firma Unifica Servicios Integrales SL, que figura en los Papeles de Bárcenas, vuelve a aparecer vinculada a un caso de corrupción que afecta a otra administración gobernada por el PP, esta vez en Castilla y León, según ese atestado policial al que ha tenido acceso eldiario.es.

El juez de Vigilancia Penitencia de Valladolid ha corregido la decisión de la cárcel de Brieva (Ávila), donde Iñaki Urdangarin cumple condena de cinco años y 10 meses por el caso Noos, y le ha autorizado el uso de una bicicleta estática de su propiedad. El marido de la infanta Cristina de Borbón solicitó el pasado mes de septiembre que se le permitiese utilizarla y se le denegó un permiso que ahora sí recibe.

El juez niega en el auto, "frente a cierta creencia popular", que  sea "un privilegio" el aislamiento que supone el cumplimiento de su condena en la cárcel de Brieva, con un único módulo para hombres y donde el cuñado del rey es el único preso.

Los futbolistas Víctor R.R y Raúl C.H, dos de los tres jugadores despedidos de la Arandina tras ser denunciados por agredir sexualmente a una menor, no se querellarán contra la consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Alicia García, tras matizar esta  unas declaraciones que hizo sobre el caso.

García se pronunció el pasado mes de julio sobre el fichaje de V.R.R y del tercer procesado, Carlos C., por el equipo soriano Almazán, después de que la Arandina rescindiese sus contratos tras conocerse la denuncia y pasar unos meses en prisión provisional. En concreto, la consejera dijo que resultaba "bastante provocador e inadmisible" que se fichase a dos personas "procesadas por delito de abuso o agresión sexual". Los contratos finalmente no llegaron a firmarse, por lo que los jugadores consideraban que las palabras de García habían perjudicado su situación laboral.