La familia se despedía de su ser querido en el Tanatorio El Salvador, en Valladolid, daba su último adiós y se marchaba pensando que el proceso estaba en marcha, que el cuerpo se consumía en ese horno. No era así. Fuentes del caso revelaron a eldiario.es que, una vez que los allegados abandonaban el recinto, el féretro salía del crematorio, si es que habían llegado a introducirlo, o de la sala de cremación, se metía en un coche fúnebre y lo llevaban al Cementerio Jardín El Salvador, en Santovenia de Pisuerga, a pocos kilómetros de Valladolid. Esta necrópolis privada cuenta también con crematorio.

Esta práctica es la que la Policía contempla como habitual en el modus operandi de la trama. Las instalaciones de Santovenia tienen un flujo de cremaciones y entierros mucho más reducido que el macrotanatorio de Valladolid. Además, hay un dato clave: el extorsionador que destapó el caso era trabajador del cementerio de Santovenia, y las imágenes se tomaron allí. Las familias nunca supieron que su ser querido hacía un último viaje de 7 kilómetros, que se le sacaba del féretro y se le reubicaba en uno más barato o sobre una tapa y que, una vez hecho cenizas, se llevaba la urna a Valladolid y se les entregaba. Parte del personal de Valladolid llevaba a cabo una puesta en escena para que nunca sospechasen nada, entre otras cosas, recomendar que no viesen como el ataúd entraba en el horno, o poner sonido que indicase que estaba en marcha.

“Si esas fotos son actuales, es que siguen dando el cambiazo”. Esa es la conclusión a la que llegó el delator de la estafa de los ataúdes, un extrabajador de la empresa que también está siendo investigado en la causa, después de que se le mostrasen fotos realizadas por la Policía Nacional durante los registros en los tanatorios de Grupo el Salvador. Los investigadores indagan sobre un fraude millonario cometido durante más de veinte años y que consistía en cambiar los cadáveres desde los féretros que compraban las familias para incinerarlos en otras cajas o envoltorios de menor cuantía.

Los informes policiales habían concluido en un primer momento que la estafa continuada se produjo entre los años 1995 y 2015, porque esos eran los años documentados por el extrabajador, un jubilado que fue condenado por intentar extorsionar a los propietarios de la empresa funeraria tras pedirles dinero a cambio de no revelar este fraude. Según contó este exempleado a la policía, la estafa siguió adelante hasta nuestros días no dejaron de hacerlo, hay detalles de las imágenes de esos registros que lo atestiguan, según fuentes del caso.

Ignacio Morchón, el señor de los crematorios en Valladolid, observa desde una celda como su imperio está a punto de hacerse cenizas. El emprendedor de Torrelobatón, el magnate de las funerarias, está hoy junto a su hijo, un prisión preventiva. Ambos están imputados junto a 16 personas más por delitos de organización criminal, fraude a la hacienda pública, estafa continuada y blanqueo de capitales.

La historia, cuyo final empezó a escribirse el pasado 31 enero con la Operación Ignis, arranca en una tierra dura, enclavada en los Montes Torozos, una de las zonas más fotogénicas de Valladolid. El castillo de Torrelobatón, símbolo de la lucha de los comuneros, se recorta en su horizonte. Allí se rodó El Cid, con Sofía Loren y Charlton Heston. Fuera de sus picos turísticos, la labranza es lo que mantiene a sus poco más de 400 habitantes. No hay mucha oportunidad de negocio allí. Morchón y su mujer empezaron con una modesta pescadería.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a primera hora de esta mañana a la hija del dueño de la funeraria que presuntamente cometió la estafa de los ataúdes, según informaron a eldiario.es fuentes del caso. La actuación forma parte de la segunda fase de la Operación Ignis, que investiga la incineración de cuerpos en féretros más baratos que los que se habían adquirido o incluso sin ellos, en los tanatorios de Grupo El Salvador, en Valladolid.

En la primera fase, adelantada por eldiario.es, la Policía detuvo a 15 personas entre las que figuraban el dueño, su mujer, el hijo y varios trabajadores. La nueva detenida es también hija de los propietarios, y estuvo presente el día 31 de enero, cuanto la Policía y funcionarios de aduanas registraron los tanatorios de Valladolid y Santovenia de Pisuerga. La joven estaba al frente de estos tanatorios encargándose fundamentalmente de la contabilidad.

Una estafa que revendió 6.000 ataúdes durante dos décadas, entre los años 1995 y 2015, en varios tanatorios de Valladolid, todos del Grupo El Salvador. Es el cálculo provisional que maneja el juzgado que investiga este caso de fraude que los investigadores cifran en millones de euros. El Juzgado de Instrucción nº 6, que persigue presuntas prácticas irregulares en la actividad de la empresa funeraria El Salvador, ha levantado este martes el secreto de sumario de la segunda pieza de esta causa que recoge, fundamentalmente, los pinchazos telefónicos a los imputados.

La investigación trata de determinar si además de dar el cambiazo por otras cajas más baratas los operarios del tanatorio llegaron a cremar cadáveres sin féretro. Tales prácticas habrían estado realizándose entre los años 1995 y 2015, pero según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no afectan a todas las incineraciones realizadas en este periodo.

Los propietarios de la empresa funeraria Grupo El Salvador, investigada por reutilizar y revender los ataúdes de las incineraciones tras sacar los cadáveres, pretendían construir un tanatorio sobre un yacimiento arqueológico en Olmedo (Valladolid) y empezaron a hacerlo hasta que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y un juzgado paralizaron las obras. En la página web el grupo funerario sostiene que la construcción sigue en marcha.

Según figura en los atestados policiales, las obras vaciaron un solar que forma parte del yacimiento arqueológico ‘Villa de Olmedo’, catalogado en el PACU (Patrimonio Cultural) de Castilla y León. Todo sin ningún tipo de licencia ni permiso administrativo. 

El Tribunal Constitucional ha ordenado a las Cortes de Castilla y León reabrir la comisión de investigación por los sobrecostes del edificio Perla Negra, la llamada trama eólica y el negocio de las sedes comerciales en el extranjero, casos todos vinculados a redes de corrupción con ramificaciones políticas que estudian varios juzgados. 

El Constitucional da la razón al PSOE y estima el recurso de amparo que promovieron dos procuradores socialistas contra un acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León que paralizaba las investigaciones abiertas en el parlamento regional sobre estas tramas.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido la incapacidad permanente a una víctima de violación por las secuelas psicológicas de la agresión. Así lo establece una sentencia del pasado mes de noviembre adelantada por Cadena Ser y a la que ha tenido acceso eldiario.es que da la razón a la mujer tras el recurso de la Seguridad Social. El organismo había impugnado la resolución de un juzgado de lo Social que le concedió la incapacidad confirmada ahora por el TSJ. La mujer la había solicitado 20 años después de la agresión y apenas un mes después de que le notificaran que el hombre salía de la cárcel.

Los hechos ocurrieron en Zamora el 1 de octubre de 1997, cuando mientras la mujer tomaba el sol en las inmediaciones del río Duero, un vecino de su barrio la secuestró a punta de pistola, la retuvo durante tres horas y la agredió sexualmente tres veces. Tenía 30 años y su vida no volvió a ser igual. Su agresor, Manuel Quintas, había salido de prisión el 16 de diciembre de 1996, tras cumplir 13 de los 76 años por el asesinato de dos jóvenes en la isla de Las Pallas. Quintas fue condenado a 27 años por un delito de detención ilegal y tres de violación y liquidó su condena en noviembre de 2017, habiendo cumplido 20. La víctima nunca se recuperó.

La Policía Nacional investiga si la trama de los tanatorios de Valladolid incineró cadáveres directamente en el horno crematorio, sin ataúd. Es una de las sospechas que manejan los investigadores y está avalada por las fotografías aportadas en un pen drive por el extrabajador del grupo funerario El Salvador que denunció la estafa. Algunas de las imágenes, según fuentes del caso, muestran cómo los cuerpos eran extraídos de sus féretros en la propia sala de incineración, una vez que se corría la cortinilla que evita que los allegados vean como el ataúd entra en el horno. En esas fotografías no se aprecia la existencia de una segunda caja.

La hipótesis de que algunos de los cuerpos hayan sido incinerados directamente sin introducir en ningún féretro cobra fuerza a tenor de las pruebas incorporadas al sumario, que investiga un fraude millonario derivado de la reventa de los ataúdes que no se quemaban.