La corrupción del Partido Popular nació en Castilla y León. El primer caso que tuvo que enfrentar José María Aznar como presidente del Gobierno se remonta a su etapa como presidente de esa Comunidad. El que fue su consejero de Economía, Miguel Pérez Villar, fue condenado e inhabilitado durante 8 años por el Tribunal Supremo en 1995 por prevaricación. Su mujer se había hecho cargo de un despacho que antes regentaba él y que se dedicaba a asesorar a empresas mineras. Pérez Villar le concedió 151 millones de pesetas en subvenciones. Nunca volvió a la política.

A pesar de este arranque del PP, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, repite incesantemente que los casos que atenazan a la Junta no son "corrupción política, es corrupción de personas” o que “Castilla y León no está en el mapa de la corrupción”. Los planos que maneja Herrera están desactualizados, porque lo cierto es que en los casos más sonados del PP asoma la comunidad que preside:

La Diputación de Valladolid, a través de su sociedad pública Sodeva, cambió la forma de pago a la empresa que iba a encargarse de las obras de construcción y explotación de  la pista de esquí fallida en Villavieja del Cerro (Valladolid), beneficiando, por razones desconocidas, a la adjudicataria, Isolux Corsán.

El pliego aprobado establecía que el coste de la pista, 4,7 millones de euros se pagaría en dos plazos, el 40% durante la obra y el 60% durante el periodo de explotación, que era de dos años. Sin embargo, en el contrato de obra y prestación de servicios que se firmó tras la adjudicación, el 13 de julio de 2006, se cambió esa forma de pago, que pasó a ser del 100% del coste durante la obra. Cuatro meses después, el 17 de noviembre de 2006, en una reunión del consejo de Sodeva, se les informó de otro cambio: la superficie para esquiar iba a ser mucho mayor (más del triple del previsto inicialmente), y el material que se iba a emplear (snowflex) mucho mejor. Además, Corsán, en lugar de gestionar la pista durante dos años, lo haría durante 8.

Desde que accedió a la presidencia de la Junta de Castilla y León, en 2001, Juan Vicente Herrera, ocupa una vivienda oficial que paga el gobierno regional. Herrera, que presume de austeridad y la impone, vive en la ‘milla de oro’ de Valladolid, en un piso de 200 metros cuadrados y dos plazas de garaje en la Acera de Recoletos, frente al Campo Grande. Se trata de un caso único. Ninguna otra Comunidad sufraga la vivienda de su presidente. Es más, las residencias ‘presidenciales’ en propiedad se han ido desocupando paulatinamente. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Feijóo, sí dispone de vez en cuando de la residencia oficial de Monte Pío, en las afueras de Santiago, si bien siempre se ha resistido a ocuparlo. El que la Junta alquilase un piso ‘presidencial’ fue una imposición de José María Aznar cuando aterrizó en la Junta de Castilla y León en 1987. En el imponente piso con vistas al pulmón de la ciudad, el Campo Grande, se instaló junto a su mujer, Ana Botella, durante dos años. Fue en ese corto periodo de presidencia, cuando nació su tercer hijo, Alonso. Quien asistió a Botella fue el exalcalde y entonces ginecólogo en ejercicio, Javier León de la Riva.

Tras su marcha, el piso fue ocupado por Jesús Posada, Juan José Lucas y finalmente por Herrera en 2001. El uso de un piso presidencial no responde a razones operativas: está a unos 15 minutos en coche de la sede de Presidencia, en un barrio de la zona sur de Valladolid. Tampoco a razones de seguridad, puesto que se trata de un edificio residencial en el que no hay control de acceso.

“Los somníferos inyectados a nuestra Universidad son muy poderosos y destruir los intereses creados es una empresa de titanes. Pero, como dice el refranero, torres más altas han caído y situaciones más graves han desaparecido”, decía Enrique Álvarez Conde en una de sus últimas entradas en su blog personal. Quizá derribar alguna de esas torres era lo que buscaba el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y director del máster de Cristina Cifuentes, al  acusar el viernes al rector de la URJC, Javier Ramos, de haberle encargado la falsificación del acta de la entrega del trabajo de fin de máster de la presidenta madrileña. Pero la torre puede caérsele encima, tras confesar que fue él quien “reconstruyó” esa acta, y después de que Ramos esté estudiando querellarse contra él por sus declaraciones.

No es la primera vez que Álvarez Conde trata de salvarse a sí mismo ante un turbio episodio académico en la universidad. Nada más iniciar su labor docente, cuando entre 1974 y 1976 ejerció como profesor ayudante de Derecho Político en la Universidad de Valladolid, su alma máter, le tocó dirigir una tesis sobre Derecho Constitucional que resultó ser copiada de un libro. El asunto supuso un escándalo en ciertos círculos universitarios de la capital castellanoleonesa aunque se mantuvo en secreto y el doctorando hizo más tarde una nueva tesis. Pues bien, entonces y ahora Álvarez Conde asegura que fue un encargo de su mentor, Ferrando Badía, quien se la jugó, y que él no tuvo responsabilidad en el contenido del texto copiado presentado por el que era el hijo de un destacado alcalde de un municipio de la provincia.

El caso Perla Negra,  que investiga el sobrecoste del edificio de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León y la compra de unos terrenos para un polígono a empresarios con precios inflados, afronta ya una de sus últimas fases. El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid está a la espera de recibir varios informes para poder continuar con las diligencias y decidir sobre nuevas imputaciones o archivos. Entre esos informes pendientes está el de la Agencia Tributaria acerca de las 83 cuentas del exvicepresidente Tomás Villanueva y sus familiares. No se esperan grandes resultados ya que Villanueva falleció un día después de que se le comunicase la diligencia que le afectaba y la investigación penal no puede avanzar tras la muerte del investigado, aunque sí que se podría exigir la responsabilidad civil a sus herederos si se descubriese algún delito.

Además, la UDEF está investigando el patrimonio de una buena parte de los investigados, en busca de algún indicio de enriquecimiento ilícito, y también las extrañas transacciones económicas entre los arquitectos que cobraron los 4,4 millones y que realizaron ingresos a Parqueolid, la constructora del edificio.

Ni una sola explicación sobre los gastos, aparentemente de difícil justificación, que se produjeron en la sede de la Junta de Castilla y León en Bruselas y que publicó  eldiario.es.

Las facturas de bebidas, limusinas, y comidas de hasta 4.000 euros enervaron los ánimos de casi todos los grupos políticos a excepción del PP, pero la consejera de Economía, Pilar del Olmo, no comparece. El último en recibir una negativa ha sido el procurador de IU-Equo (Grupo Mixto), José Sarrión. El letrado de las Cortes contesta que hay una comisión de investigación en marcha, pero lo cierto es que lleva más de dos años bloqueada.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y sus consejeros no sólo no se aprietan el cinturón: le hacen un agujero más. Mientras hablan de austeridad y de recortes sanitarios, ellos no renuncian a un solo euro. La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente,  ha hecho públicos, por primera vez, los datos sobre las retribuciones –llamadas indemnizaciones– que perciben los diputados autonómicos –o procuradores– sin dedicación exclusiva y que en 2017 ascendieron en total a 948.960 euros. Esos sueldos los cobran también Herrera y sus consejeros.

Las indemnizaciones por dedicación no exclusiva tratan de paliar de alguna forma el dinero que pierden los procuradores cuando se ausentan de su trabajo si lo tienen, o el trabajo que no pueden tener precisamente por su actividad en las Cortes. Incluyen tanto la asistencia a plenos, 220 euros por cada día –dos por Pleno, y dos veces al mes– que suman 880 euros mensuales, como a comisiones.

La Junta de Castilla y León ha tenido que reconocer, dos años y medio después, la información publicada por  eldiario.es sobre la contratación del ex alto cargo y principal beneficiario de la Trama Eólica, Alberto Esgueva como SL.

Apenas unos días después de que la consejera de Economía, Pilar del Olmo, contestase en el Pleno al PSOE que no iba a facilitar los contratos de las sedes en el exterior porque no pertenecían a una empresa pública, ha hecho lo contrario. El Grupo Parlamentario Socialista ha recibido ya el contrato que se hizo a Esgueva como consejero delegado de Excal, una empresa financiada al 98% por la Junta en la que se mantenía, hasta ahora, total opacidad.

La consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, no da ni una sola explicación sobre los abrumadores gastos de la sede comercial de Bruselas, ni sobre las 16 restantes. El Grupo Parlamentario Socialista preguntó en el Pleno qué tenía que ocultar el Gobierno regional sobre las sedes en el exterior, ya que no remite la información que solicita desde hace más de un año. Aunque los socialistas pidieron y obtuvieron el amparo de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, para que se les facilitase la documentación, la Consejería de Economía contestó hace dos días por escrito “con milongas jurídicas”. En síntesis, lo que Economía dice es que las oficinas del exterior –que financia la Junta- no pertenecen al sector público.

El procurador socialista, Javier Izquierdo, reprochó el afán de ocultación de Del Olmo, a quien hace unos días pedía la dimisión. Izquierdo lamentó que escondiese  “porquería” bajo las alfombras de “Sicilia y León”. “Lleva usted años negándonos los contratos de sus 15 embajadas –No incluye las descubiertas por  eldiario.es en Miami y Panamá  -en las que han despilfarrado en alquileres millonarios y en gastos superfluos, lo que demuestra que ustedes no necesitan tarjetas black, que saquean directamente el erario público mientras el Presidente de la Junta dice, al hilo de la financiación autonómica: ‘No necesito ingresos para embajadas o para una vida lujosa, sino para la sanidad, en especial en el medio rural’. Hay que tener cuajo”, añadió.