El juzgado que investiga a la exconcejala de Turismo de Soria y a su entorno prorroga el secreto de sumario y admite la personación de Vox

El juez ha prorrogado un mes más el secreto de sumario en la Operación Fuentona, que investiga la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal en el Ayuntamiento de Soria. El caso estalló con una entrada y registro de la Guardia Civil en el consistorio en busca de documentación con la hasta hace poco concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos. Antes de ser concejala, Santos tuvo una empresa dedicada a la educación ambiental a la que renunció. La sospecha es que la traspasó a una alcaldesa de otra localidad que actuaría como testaferro para seguir cobrando gracias a los contratos municipales. Santos fue detenida junto a otras seis personas. Todos quedaron en libertad en cuestión de horas.

Durante el registro se buscó toda la documentación relacionada con Santos y la empresa de la que llegó a tener el 33% de las participaciones, Biosfera Soria SL. Santos vendió sus participaciones al tomar el acta de concejal, ya que la normativa impide acceder al cargo con una participación superior al 10% en cualquier empresa que contrate con el Ayuntamiento. Biosfera Soria SL, cuentan fuentes del PSOE es una de las pocas en la provincia especializada en la educación ambiental y el turismo activo y ha obtenido contratos municipales “desde hace muchos años”. Para los investigadores, el dato más importante es a quién vendió Santos sus participaciones: la alcaldesa de un pequeño municipio de Soria, que a su vez tiene otra empresa también dedicada a turismo y naturaleza. Según ellos, no es más que una testaferro de Santos.

Pero para llegar a demostrar que Santos tenía una persona interpuesta, es necesario acceder a documentos y correos que de existir, estarían en el Ayuntamiento. La Guardia Civil no solo pidió documentación que incluía contratos, también realizó un volcado de varios ordenadores para acceder a otros archivos o a correos electrónicos.

Tal y como ha confirmado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga del secreto de las actuaciones un mes más a partir de hoy. Además, ha aceptado la personación de Vox como acusación popular.

Rechazada la querella del Grupo Parlamentario Vox

Sin embargo, ha rechazado la querella que presentó el Grupo Parlamentario Vox por un presunto delito de revelación de secretos. El juzgado de Instrucción 2 ha acordado la inadmisión de la querella al considerar que “no existen indicios racionales de criminalidad”, si bien la resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Vox quiso aprovechar un error del exalcalde de Soria y actual líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que en conversación con un periodista dijo que supo que se iba a registrar el Ayuntamiento “el lunes por la mañana” cuando en realidad se quiso referir al martes. Vox aludió a un chivatazo y reforzó su teoría cuando los concejales del PP y de Vox en el Ayuntamiento aseguraron que el alcalde actual, Javier Antón les comentó en Junta de Portavoces que se celebró después del registro que se le había comunicado que se iba a recabar información en el Ayuntamiento por lo que se requería su presencia. El Grupo Parlamentario Vox, alentado por un medio de comunicación, volvió a interpretarlo como un “soplo”. Poco después, cuando el bulo sobre un chivatazo había crecido demasiado, Antón aclaró que lejos de un soplo, lo que recibió fue una comunicación oficial del juzgado que instruye la causa para que estuviese presente cuando acudiesen a recabar información.