Aunque la política nacional a veces todo lo eclipsa, la elección de un alcalde es la opción democrática de proximidad que más afecta a la ciudadanía en España. En la actualidad son multitud las competencias de las que disponen los ayuntamientos y que gestionan, con mayor o menor acierto, afectando directamente a nuestra vida cotidiana. A ello debemos añadir un escenario de futuro que las administraciones locales no pueden obviar y que viene marcado por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El objetivo número 11 busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y en las manos de los alcaldes que saldrán de las urnas tras el 26 de mayo se encuentra la llave principal para eliminar los obstáculos de ese camino.

Una de las medidas más importantes de la actual legislatura en Castilla-La Mancha para hacer frente a los desahucios fue la creación de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, que actualmente funcionan en las cinco provincias de la región. En estos cuatro años han evitado que se produzcan lanzamientos hipotecarios de orden judicial pero la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que estipula que los jueces, antes de decretar un desahucio por impago de hipoteca, deben avisar a los servicios sociales para valorar si hay vulnerabilidad, ha provocado que en estas oficinas se hayan visto con las manos atadas por procedimientos paralizados.

La consecuencia es que hacen falta más trabajadores sociales, apuntan desde el Colegio Oficial de este colectivo profesional, y por ello llevan meses trabajando en un nuevo protocolo junto con la Dirección General de Vivienda.  

Una de las frases que más se repitieron en los meses posteriores al incendio que el 13 de mayo de 2016 arrasó con casi con 88.000 toneladas de neumáticos -de las 100.000 acumuladas ilegalmente entre los términos municipales de Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid)- es que un siniestro de este tipo no se volvería a repetir. Al menos así se ha venido reiterando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que asumió la práctica totalidad de las tareas de extinción del fuego y la posterior restauración de la parcela. Fue la primera crisis ambiental a la que tuvo que enfrentarse, al año de su estreno, el Gobierno de Emiliano García-Page, debido que dos tercios de la parcela afectaron a territorio castellano-manchego y a que una inmensa columna de humo y cenizas desató todas las alarmas.

El incendio y su posterior combustión estuvieron activos 24 días y alrededor de un millar de personas tuvieron que ser desalojadas de la urbanización ‘El Quiñón’ de la localidad toledana. Los niveles de contaminación del aire sufrieron picos alarmantes pero finalmente no hubo que lamentar afectados de gravedad.

“Darle la vuelta al mundo para traer lo mejor a Castilla-La Mancha”. Con estas palabras ha resumido Unidas Podemos -la confluencia de Podemos, Izquierda Unida y Equo para las elecciones autonómicas en esta comunidad autónoma-, el programa electoral que hoy han presentado en Toledo. Se basa principalmente en las cien medidas que ya recibieron luz verde del Consejo Ciudadano, y que ha resumido en varios ejes programáticos ilustrados con fotografías del líder regional de la formación morada y candidato a la Presidencia, José García Molina, subido en una moto; y con varias medidas “importadas” de países europeos, en los que también se incluye España.

Desde Holanda se apunta al animalismo en primer término, con objetivos como la aprobación de una Ley avanzada de Bienestar Animal, campañas gratuitas para la castración y esterilización de animales domésticos, o medidas de promoción de la adopción frente a la compra de mascotas. Con el patrimonio cultural se apunta a Italia: entrada gratuita a todos los muesos, archivos y bibliotecas para ciudadanos empadronados en la región o incentivar el turismo y bono cultural para jóvenes. Y de Suecia, compromisos para el empleo como la cuota cero para autónomos, la lucha contra la brecha salarial y políticas contra la precariedad.

Mítines sin líder, atriles vacíos, candidatos y candidatas de baja, teniendo que elegir entre pagar la factura de la luz o las medidas para curarse. Este es el escenario que Médicos del Mundo quiere que imaginen los partidos políticos de Castilla-La Mancha. ¿Cómo afrontarían la campaña electoral si enfermaran? El objetivo de la ONG es que pongan en el centro de sus políticas el derecho a  la salud, una prioridad para la ciudadanía que las formaciones “ignoran una y otra vez en sus discursos y promesas”.

Para cerca de 100 millones de personas en el mundo enfermar no es un simple desafío electoral. Significa caer en la pobreza  extrema para pagar los servicios de salud, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es el motivo que ha llevado a esta ONG a poner en marcha la campaña “Lo que nos importa es la salud. ¿Y a ti?”.

La campaña electoral en Castilla-La Mancha de cara a los comicios del 26 de mayo comienza sin grandes sobresaltos ni estridencias por parte de los diferentes partidos que confían en obtener representación en las Cortes regionales. Millón y medio de votantes están llamados a las urnas, de los cuales aproximadamente unos 300.000 son indecisos. El Gobierno actual del PSOE, con Emiliano García-Page a la cabeza, repite el mismo ‘mantra’: confían en conseguir la mayoría absoluta para dar continuidad a la era post-Cospedal iniciada hace cuatro años cuando la ex presidenta del PP perdió el Ejecutivo castellano-manchego.

La fragmentación de las derechas es en este caso un arma de doble filo y abre muchas vías. Desde la Junta creen que puede aupar a García-Page hasta la mayoría absoluta, pero también es posible que no sea así y que PP, Ciudadanos y Vox sumen lo necesario para gobernar. La traslación de los resultados electorales de los comicios generales lo hubiera permitido.

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha informado de la aprobación en Consejo de Gobierno del Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones de carácter incentivador para proyectos dinamizadores de empleo local con un presupuesto para 2019 de un millón de euros. La finalidad de estas ayudas es incentivar e impulsar la creación de empleo en la región fomentando la implantación de proyectos que apuesten por la contratación indefinida.

En concreto, podrán acogerse a estas ayudas las empresas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades de bienes, sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro, de carácter privado. El portavoz ha detallado que se subvencionarán los contratos laborales por tiempo indefinido a jornada completa o fijos-discontinuos cuya suma de la jornada en cómputo anual sea, en todo caso, igual o superior al 50% de la jornada ordinaria de la empresa y que se formalicen con trabajadores desfavorecidos que en el momento de la contratación se encuentren inscritos como demandantes de empleo, no ocupados.

La sentencia del Tribunal Supremo en la que, por iniciativa de las plataformas en defensa del río Tajo, se imponía judicialmente respetar los caudales ecológicos del río, sigue siendo la vía con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta para que dejen de aprobarse trasvases desde la cabecera hasta el Segura. Así lo ha afirmado el portavoz de la Junta, Nacho Hernando, con motivo del último aprobado por la Comisión de Explotación, precisamente cuando el Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a dos nuevos recursos judiciales, en este caso contra las derivaciones de agua de diciembre de 2018 y de enero de 2019, de 38 hectómetros cúbicos cada una. En total, Castilla-La Mancha ya ha presentado 33 recursos.

Al igual que en todos los casos anteriores, el Gobierno regional ha argumentado que estos trasvases son “ilegales” porque no cumplen con el principio de prioridad de la cuenca cedente, en este caso del río Tajo, ni garantizan por tanto su caudal ecológico, tal y como pide la sentencia del Supremo.

La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ya ha transferido a sus cinco direcciones provinciales los fondos previstos para pagar a los profesores que participaron en los tribunales de las oposiciones de Enseñanzas Medias de 2018. Concretamente, según apuntan fuentes de la Administración regional, ya han cobrado los docentes de Cuenca y Albacete, y en las otras tres provincias los impagos se sufragarán en un máximo de diez días.

Se trata de una polémica que salió a la luz hace unos días debido a la denuncia de varios sindicatos. Desde ANPE se ha exigido este “pago inmediato” tanto en las mesas sectoriales como en las juntas provinciales de personal, y han afirmado que este retraso “ha repercutido en los bolsillos de los miembros de los tribunales, demorando inexplicablemente este pago”.