Cientos de personas se han manifestado este año en Ciudad Real con motivo del #OrgulloCLM2018. En esta ciudad, elegida como centro neurálgico de la movilización regional, las asociaciones WADO LGBTI+ de Castilla-La Mancha, Abanico por la Diversidad Sexual, EACEC, Almansa Entiende, las Quijotas de Villarrobledo y Plural LGTB Mancha Centro, junto con decenas de vecinos y gente de toda la comunidad autónoma, se han movilizado para aunar las reivindicaciones provinciales, locales y comarcales que seguirán celebrándose los próximos fines de semana hasta el desfile de Madrid del 7 de julio.

En su manifiesto, leído en la Plaza de la Constitución, han reclamado “hacer de Castilla-La Mancha una comunidad donde toda su ciudadanía pueda vivir de acuerdo a su realidad y singularidad, fuera del yugo de todas las normatividades que nos oprimen, examinan y cuestionan, día a día, creando y sustentando sistemas de clases opresores e inhumanos”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a actualizar todo el régimen jurídico referente a sus bienes de dominio público. Lo hará a través de una nueva Ley de Patrimonio mediante la cual se actualizará la normativa regional de hace más de tres décadas y que además se adapta la legislación básica estatal del Estado. Mediante la misma, incluirá nueva figuras en las que se establece la protección de todos los  bienes y derechos de los que sean titulares tanto las Cortes de Castilla-La Mancha e instituciones dependientes, como la Administración de la comunidad autónoma, y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.

Como principal novedad, el texto establece una serie de “facultades y prerrogativas” de la Administración Pública castellano-manchega para la defensa de su patrimonio que están previstas en la legislación estatal como son las de investigación, deslinde y recuperación de la posesión. Pero su regulación es amplia y ahora quiere concretar ampliamente la recogida en la anterior Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 1985. Esta última se limitaba a reconocer dichas técnicas y a veces incluso restringía estas competencias, mientras que en la futura ley se establece una “definición depurada” de cada una de las facultades y la atribución de las competencias para instruir y resolver los procedimientos.

Llega un momento en que “ya no puedes soportarlo”. Ser homosexual, lesbiana, transexual o tener cualquier otra orientación afectivo-sexual que se salga fuera de lo “heteronormativo” puede llevar a muchas personas, sobre todo jóvenes, a abandonar su barrio o su pueblo para emigrar a las ciudades. Sufren o perciben violencia, discriminación, humillación o agresiones por su condición LGTBI, en muchas ocasiones mezcladas con el racismo o el machismo, y concluyen que su vida está fuera del entorno en el que crecieron. Es el “sexilio”, un nuevo fenómeno sobre el que los colectivos LGTBI de Castilla-La Mancha han querido poner el foco en las acciones reivindicativas del #OrgulloCLM2018, que este año tienen su centro neurálgico en Ciudad Real.

Sobre esta cuestión ha impartido una ponencia en el Museo de la Merced de esta ciudad el psicólogo, cantautor y ex presidente del Colectivo Abanico, Álvaro Cuenca. Explica a eldiarioclm.es que con este término de nuevo cuño se quiere visibilizar esa necesidad de muchas personas de huir de su barrio o de su pueblo por no estar protegida la diversidad sexual. “Necesitan emigrar a ciudades donde exista esa visibilidad y unas leyes que te protejan y que les permitan vivir de acuerdo a cómo eres”.

El secretario general del PSOE de Malagón, en la provincia de Ciudad Real, y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Calzado,  ha denunciado una “brutal subida de impuestos” en esta localidad por parte del Ayuntamiento, que gobierna Adrián Fernández (PP). Según ha apuntado no se ha aplicado correctamente el tipo impositivo para el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por lo que se ha producido un “atropello absoluto” a los vecinos y contribuyentes con una subida del 72% de los impuestos. Afirma que con ello se ha realizado un “cobro indebido” de 400.000 euros de más a los vecinos.

“Es un auténtico bochorno que después de siete años al frente del Ayuntamiento lo único que haya traído el PP a Malagón haya sido esa brutal subida de impuestos”. Para explicar esta actuación, el portavoz socialista ha detallado que una persona que pagaba 1.000 euros en 2011 ahora paga 1.892 euros; o que una vivienda que contribuía con 302 euros en 2011 ahora abona un 62% más. 

Poner el foco en la comercialización de los productos ecológicos, como “cuello de botella”, es la base argumental sobre la que el Gobierno de Castilla-La Mancha incide en su estrategia de potenciación de este tipo de producción agricola. Con ello, discrepa además del planteamiento de la Comisión Europea de no condicionar las ayudas a la comercialización. Así lo ha subrayado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo, quien ha explicado “aquello que se cultiva como ecológico, que se produce como ecológico, por incluir las producciones ganaderas, debe comercializarse como tal” y “debe exigirse a los beneficiarios de ayudas públicas que una parte de lo que producen como ecológico se comercialice como tal”.

También ha incidido en que hay que transmitir a los propios consumidores que estos productos son “de extraordinaria calidad y no solo buenos desde el punto de vista de la salud, sino que, lo son desde el medio ambiente y la conservación del territorio”. En este sentido, ha puesto sobre la mesa una serie de iniciativas que impulsarán este sector, y que se incluyen en la estrategia de agricultura ecológica impulsada por el actual Gobierno de Castilla-La Mancha y que recupera el plan estratégico de agricultura ecológica que estuvo vigente hasta el año 2011.

Como ya hiciera hace una semana con las ayudas al alquiler de vivienda, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado también las bases reguladoras de las subvenciones para la rehabilitación edificatoria. Concretamente, son las incluidas en el programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y del Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. La ejecución está a la espera de la correspondiente convocatoria que aún está pendiente de la aprobación definitiva del Plan Regional de Vivienda, el séptimo que tendrá la Comunidad Autónoma. 

Tal y como aparece en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la orden determina las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas con la que se apuesta por la rehabilitación como forma de recuperar un “gran parque de viviendas infrautilizado”, y con ello mejorar la calidad de vida de las personas que las habitan, y a la vez impulsar el sector de la construcción. Ambos programas están dirigidos tanto a los elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva de viviendas, como a las viviendas ubicadas en ellos y a las viviendas unifamiliares.

“Una cosa es el Gobierno y otra el Parlamento”. Con estas palabras ha resumido la diputada de Podemos en Castilla-La Mancha María Díaz la decisión de su grupo parlamentario de no intervenir y ausentarse en la votación en comisión del proyecto de Ley de Mecenazgo de esta comunidad autónoma. La ausencia de la formación morada, que forma parte del Ejecutivo castellano-manchego, junto con el hecho de que el PP haya votado en contra del dictamen de la norma -donde incluso se habían incorporado sus propias enmiendas- ha provocado el rechazo del texto. Ahora, el proyecto de ley vuelve al Gobierno regional, que decidirá si quiere rehacerlo con un nuevo texto y hasta qué punto esto afectará a la coalición de Gobierno.

No era el primer traspiés de este proyecto de ley. A mediados de abril, con el inicio de su tramitación parlamentaria, la Mesa de las Cortes no calificó las 20 enmiendas  presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos por haberse presentado fuera de plazo. La diputada María Díaz acusó entonces al PP de haber pedido la “invalidación” de estas propuestas y de faltar a su palabra cuando los tres grupos parlamentarios acordaron que se ampliara el plazo antes de la elaboración del dictamen en la Comisión de Cultura. Pidió entonces que el proyecto de ley no se tramitara. Y ese ha sido el motivo de su ausencia en la votación.

La Consejería de Economía, Empresa y Empleo ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el acuerdo de finales de mayo por el que se declara la urgente ocupación de bienes y derechos necesarios en la explotación de los trabajos, instalaciones y servicios en el término municipal de Abenójar (Ciudad Real), para la ejecución del  proyecto de mina de wolframio de la empresa Mining Hill's SL. El wolframio o tungsteno es una materia prima utilizada en la industria y la infraestructura militar.

En su resolución, la Consejería repasa los trámites iniciados desde agosto de 2015 y alude al último informe jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, de 8 de mayo de 2018, favorable a la legalidad del proyecto, subrayando que en el expediente constan como razones "diversos intereses sociales, económicos y laborales que no son objeto de valoración jurídica sino de oportunidad, sin perjuicio de la jurisprudencia y doctrina al respecto".

Bajo el lema #OrgulloCLM2018 ya se encuentran calentando motores las numerosas actividades que los colectivos LGTBI de Castilla-La Mancha están preparando para celebrar el mes de junio, ya convertido en símbolo de la lucha por el derecho a la libertad afectivo-sexual. Este año, el núcleo central de los actos regionales se desplaza hasta Ciudad Real, que toma el relevo a Albacete, ciudad que fue el centro neurálgico el año pasado, bajo el objetivo de que las acciones sean itinerantes y se celebren por toda la región para llegar cada vez a un mayor número de ciudadanos en su visibilidad y concienciación.

La programación del Orgullo Regional de este año ha sido posible gracias a la colaboración de asociaciones como WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha, Plural, Abanico, Almansa Entiende, Las Quijotas y EACEC, además de los sindicatos CCOO y UGT, organizaciones como Cruz Roja Juventud y diversas administraciones públicas junto al Instituto regional de la Mujer.