Es la declaración actual de intenciones del Gobierno de Castilla-La Mancha tras décadas de debate en torno al agua y a los continuos trasvases del Tajo al Segura. El borrador de posición en defensa del agua en esta comunidad autónoma busca convertirse en  un pacto regional de consenso con el que presentarse ante el Ejecutivo regional. Sin embargo, tras el cambio de Ejecutivo en La Moncloa, ya se han aprobado otras dos nuevas derivaciones de agua desde la cabecera del Tajo hacia Levante, sin que hasta el momento haya habido cambios significativos en la política hídrica del Gobierno central en cuanto a la transferencia de agua entre cuencas.

El documento castellano-manchego se encuentra actualmente abierto a aportaciones, con fecha límite del 15 de septiembre, y el objetivo es remitirlo al Ministerio para la Transición Ecológica cuando esté finalizado. Por ahora han mantenido reuniones con la Junta en torno a este texto la Federación de Municipios y Provincias, Ecologistas en Acción y la Asociación de Municipios Ribereños del trasvase Tajo-Segura, entre otros. Todavía no ha mostrado su adhesión el PP, mientras que es previsible el apoyo de Podemos, que forma parte del Gobierno de Emiliano García-Page.  

En Castilla-La Mancha, cuatro de sus cinco capitales de provincia tienen una población de entre 50.000 y 100.000 habitantes. Son ciudades de tamaño medio y donde hasta una quinta parte de las personas mayores habita en viviendas con condiciones "muy deficientes". Así lo desvela un informe del Observatorio Social de “la Caixa”, que precisa que en este tipo de ciudades, el 21,5% de los mayores no dispone de viviendas aptas. Es lo que llaman “vulnerabilidad residencial extrema” por acumulación de problemas graves en el inmueble.

Albacete es la única excepción en este análisis, puesto que cuenta con una población de más 170.000 habitantes. En este caso, el porcentaje se reduce hasta el 19,5%, por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 20%. El resto de municipios de Castilla-La Mancha se encuentran en su mayoría en la franja de entre 5.000 y 10.000 habitantes: en estos casos el porcentaje es del 19,7%. Y en los más pequeños sigue reduciéndose hasta el 16,6%, para pueblos de menos de 2.000 habitantes.

Castilla-La Mancha es de las comunidades autónomas donde más volumen de reclamaciones presentan los consumidores en el sector del gas y de la electricidad. Concretamente, ocupa la segunda posición con casi 7 reclamaciones por cada 100 clientes, según los datos difundidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que reflejan que a nivel nacional la media es mucho más baja, aunque con un total de 1,5 millones de reclamaciones contra compañías de electricidad y gas en todo el país.

En cuanto al ranking autonómico, la primera posición es para la Región de Murcia, que lidera la presentación de reclamaciones en el sector del gas, con 7 quejas por cada 100 clientes. Tras Castilla-La Mancha, en el tercer lugar se sitúan Galicia (6,4) y Madrid (6,1). País Vasco fue la comunidad que menos quejas presentó, con una media de 2,6 reclamaciones por cada 100 clientes.

No son tan populares ni tan famosas como las ITV de los coches, pero sí más necesarias en la medida en que constituyen una forma de garantizar la calidad y las condiciones de habitabilidad dignas de una vivienda. El Informe de Evaluación de Edificios (IEE) es el documento que acredita la situación en la que se encuentran las construcciones en relación con su estado de conservación, con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, y con el grado de su eficiencia energética. De esta forma se asegura su salubridad y accesibilidad de forma que no supongan riesgos para sus usuarios. Que las edificaciones cuenten con estos documentos en regla es necesario para acceder a ayudas públicas para la rehabilitación de inmuebles, entre otros condicionantes. En la actualidad, las condiciones higiénicas de las viviendas en España son las que establecen las leyes autonómicas y municipales.

En Castilla-La Mancha ha salido a información pública el proyecto de decreto por el que se regula el Informe de Evaluación del Edificio, que será de aplicación a toda construcción o edificación catalogada o con algún tipo de protección patrimonial, así como a todas aquellas que tengan una antigüedad superior a 50 años. No están incluidas aquellas edificaciones sobre las que se haya iniciado un expediente de declaración de ruina.

Está en su "mejor momento como mujer y como cantante". Así resume Luz Casal, en una entrevista con eldiarioclm.es, el proceso vital en el que se encuentra, dentro de la gira de su nuevo disco 'Que corra el aire', un trabajo de "amor, vida, homenajes y verdades" producido por Ricky Falkner, con el que recorre toda España y que recala en Toledo el próximo día 14 de agosto. También pasará por Ciudad Real el 17 de agosto y por Albacete el 15 de septiembre.

Con esta gira espera seguir cumpliendo su objetivo de comunicar con la gente y de expresar su máxima del "aquí y ahora". La cantante gallega, la voz más carismática y conmovedora de las últimas décadas, es una de las artistas españolas más reconocidas en todo el mundo pero le gusta la discreción, la tranquilidad y no quiere banderas ni clichés sobre su música ni sobre su vida. "Aprendo a vivir con cada estación", reza una de las canciones de su último álbum, y así nos abre las puertas de esa experiencia.

Tras más de tres años de legislatura y muchos preparativos, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha sacado a información pública el proyecto de decreto de procedimiento para el reconocimiento de la situación de Dependencia. Se trata de una medida muy esperada por los afectados y que derogará la normativa que a este respecto aprobó el Ejecutivo anterior de María Dolores de Cospedal en 2013 y que sigue vigente.

Acabar con esta normativa “llena de restricciones” fue una de las principales promesas que el presidente actual, Emiliano García-Page, realizó durante su discurso de investidura, y el hecho de no haberlo aprobado todavía ha provocado críticas muy duras de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha.

Hace justo un año que Castilla-La Mancha se convirtió en la primera comunidad autónoma de España donde PSOE y Podemos pactaban un gobierno de coalición. Ese 10 de agosto puso fin a una crisis a mitad de legislatura que venía derivada de la no aprobación de los presupuestos autonómicos y del “incumplimiento” de los acuerdos de investidura que el Ejecutivo de García-Page había pactado con la formación morada. Pasaron a formar parte de la Junta el secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, como vicepresidente segundo; e Inmaculada Herranz, como consejera encargada del Plan de Garantías Ciudadanas (‘Plan Podemos’).

Con ello, se salvaron las cuentas públicas y se inauguró una nueva etapa que ha querido servir de ejemplo para ‘exportar’ este pacto a la Moncloa.  Mientras, no obstante, ha cambiado el Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez es nuevo presidente en minoría y no se atisban acuerdos de gobierno con la formación morada.

El respeto a la libertad de la persona y a los derechos del paciente constituye el eje básico de las relaciones asistenciales en el sistema sanitario público. En Castilla-La Mancha existe un  Registro de Voluntades Anticipadas desde el año 2005, donde los ciudadanos podemos dejar constancia de nuestro “testamento vital”, es decir, las instrucciones que deben tenerse en cuenta acerca de la asistencia sanitaria que deseemos o no recibir en situaciones que nos impidan comunicarnos personalmente. Concretamente, nos permite decidir sobre tratamientos médicos y cuidados, ayudando a familiares y profesionales sanitarios en la toma de decisiones clínicas.

Desde el Gobierno recomiendan que antes de redactar este documento, que puede elaborarse con un funcionario habilitado para ello, ante notario o con tres testigos, se realice una reflexión previa sobre sus objetivos y consecuencias, sobre los valores personales, deseos y actitudes que deberían guiar las diversas decisiones que se tomen.

El desperdicio alimentario supone un “problema de gran impacto económico, social y ambiental”. Es la premisa con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido iniciar un proyecto normativo, bajo forma de decreto, para evitar este fenómeno y al mismo tiempo reducir la generación de residuos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Con ello también busca facilitar la recuperación y redistribución de los excedentes alimentarios, de manera que alimentos seguros y comestibles lleguen a quienes más lo necesitan. Todo ello forma parte de las medidas para promover la economía circular que también quieren articularse en forma de ley.

Además, en una comunidad eminentemente agrícola como la castellano-manchega, el Ejecutivo parte del hecho de que la producción agraria tiene una importante contribución a la emisión de gases de efecto invernadero, que se ve incrementada con el desperdicio y generación de residuos, así como la pérdida de materia orgánica para el suelo.