Sánchez se planta con Meloni y entra al choque con Italia tras calmar al resto de socios europeos

Vuelven a Europa los viejos tiempos de los controles fronterizos. La decisión unilateral del gobierno italiano de Georgia Meloni de discriminar a los ciudadanos procedentes de España del resto de europeos y someterlos a un control de entrada al país al margen de la libre circulación del espacio Schengen tuvo una repuesta contundente desde España: someter a esa misma excepcionalidad a los ciudadanos que viajen desde Italia que pisen suelo español desde este fin de semana.

El Gobierno de Pedro Sánchez había reclamado a Italia de manera insistente en los últimos días que cesara en su actitud “injusta, discriminatoria y desproporcionada” de entorpecer la libre circulación de españoles en base a un argumento que ven poco justificable: la entrada por la frontera de Ceuta el pasado 31 de julio de hasta 72.000 personas, según los datos oficiales.

“La medida adoptada por el Gobierno italiano es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española. Por ello, instamos al Gobierno de Italia a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos. Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”, rezaba el comunicado oficial remitido por el Ejecutivo español el viernes a modo de advertencia y ultimátum.

No tardó en replicar entonces Meloni. “Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”, señaló el gobierno italiano en un comunicado hecho público a mediodía del viernes en el que especificó que mantendrá esos controles al menos hasta el próximo 15 de agosto, una de las fechas mencionadas por varios grupos de WhatsApp e Instagram que organizan un nuevo cruce a Ceuta desde Marruecos. Y fue entonces cuando el Gobierno anunció que esos controles a ciudadanos italianos entrarían en vigor de manera inminente, desde este sábado en el que, según ha informado el Ministerio del Interior, se han practicaco 199 controles a pasajeros de terceros países procedentes de Italia en los pasajes de 12 vuelos desde las 00.01 y hasta las 21.00 horas.

El choque entre ambos países, vecinos y socios europeos, se desató tras la entrada en suelo español de 72.000 personas por la frontera entre Marruecos y Ceuta. En plena crisis y con la ciudad autónoma colapsada, Italia promovió un escrito de varios gobiernos de la UE para reprender la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez y llegó a plantear incluso la exclusión española del espacio Schengen de libre circulación. España recibió ese movimiento como una declaración de hostilidades y una deslealtad.

“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros. A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”, recriminó este viernes el Gobierno español en el mismo escrito de advertencia a Meloni.

“Solo cuando tengamos la certeza de que no hay riesgos de seguridad y de terrorismo y de que no habrá una nueva oleada y de que no haya migrantes irregulares que se dirijan a territorio europeo, nos plantearemos revisar las decisiones que hemos tomado hasta ahora”, replicó el Ejecutivo de Meloni en lo que supone ya un choque al máximo nivel entre los dos países. Pese a eso, Italia también intentó rebajar trascendencia de cara al futuro: “Cuando pase el peligro, mantendremos una relación constructiva”.

En su anuncio de controles a ciudadanos españoles, el Ejecutivo de Sánchez respondió con la misma moneda: “El Gobierno ha decidido restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de la República Italiana, ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”

En paralelo a esa crisis institucional con Italia, el Gobierno se ha volcado en revertir el rapapolvo generalizado que recibió de la mayoría de socios europeos en el peor momento de la crisis de Ceuta. Con decenas de miles de personas deambulando por las calles de la ciudad autónoma, 22 de los 27 países miembros se adhirieron a los reproches de Italia y dejaron a un socio como España abandonado a su suerte en un momento de riesgo sin precedentes en la frontera sur de Europa. Una respuesta “egoísta e irresponsable” que provocó la queja formal de España.

Sánchez contactó con Macron para encauzar la situación

Ese toque de atención, con una carta de Pedro Sánchez a la presidenta de la Comisión Europea, desencadenó además movimientos diplomáticos de primer nivel que han servido para encauzar la situación, al menos públicamente. Pedro Sánchez contactó personalmente con el presidente francés, Emmanuel Macron, un socio clave para España que se descolgó de la escalada de reproches generalizados y que ha jugado también un papel relevante en que las instituciones europeas hayan recuperado en los últimos días su buen tono con nuestro país.

El lunes, Von der Leyen se rectificó a sí misma y felicitó tanto a España como a Marruecos por la gestión de la crisis. El martes llegó un mensaje unánime de “solidaridad” de los ministros europeos de Interior, que también valoraron “los rápidos y eficaces esfuerzos de las autoridades españolas”. Y cerró el círculo el Comisario Europeo de Interior y Migraciones para desvincular lo ocurrido en Ceuta de la regularización de migrantes llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, uno de los mantras de los últimos días difundidos por la derecha y la extrema derecha española y europeas.

Ahora, el Gobierno se centra en dos frentes. El primero, garantizar la seguridad de la frontera española con Marruecos tras los últimos llamamientos a replicar episodios como el del 31 de julio. La seguridad del Estado se toma en serio esos mensajes distribuidos por redes sociales y el Ministerio de Interior ha aumentado el dispositivo desplegado en Ceuta. Para este fin de semana la Policía Nacional va a desplegar una nueva Unidad de Intervención Policial (UIP) integrada por 45 agentes. Además, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se ha reforzado con 160 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía, y cuenta además con la colaboración de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la ciudad autónoma.

Desde el Gobierno se incide, no obstante, en que “nada hace prever” que una situación remotamente similar pueda volver a producirse. En primer lugar, argumentan, porque ya se cuenta con información fidedigna de esos movimientos al otro lado de la frontera y no existe el factor sorpresa. Pero también porque se sigue confiando en la cooperación con Marruecos, a quien el Ejecutivo español continúa sin hacer reproche público alguno por lo ocurrido. “Sin la colaboración de Marruecos no hubieran vuelto 70.000 personas en 48 horas”, resaltan.

Pero también urge la crisis humanitaria que viven en primera persona los miles de niños, niñas y menores no acompañados que aún permanecen en Ceuta, muchos de los cuales no han tenido hasta ahora garantizados servicios básicos de acogida como comida, agua, ducha o un lugar para dormir. El Gobierno central ha dotado un presupuesto extraordinario de 25 millones de euros para ayudar en esa acogida a la ciudad de Ceuta, a pesar de lo cual cientos de menores continúan sin un lugar al que acudir, durmiendo a la intemperie y dependiendo de la solidaridad de los vecinos de Ceuta.