La ola ultra contra la inmigración provoca la falta de solidaridad de la UE con España por la crisis de Ceuta

En noviembre de 2011 tuvo lugar la crisis migratoria que sufrió Polonia con la llegada masiva de inmigrantes desde Bielorrusia. Ante una situación de grave riesgo humanitario por la utilización como arma de los movimientos de miles de personas en busca de una vida mejor por parte de régimen bielorruso de Aleksandr Lukashenko, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mostró su solidaridad con los países afectados. Von der Leyen, en un comunicado, anunció que se había puesto en contacto con los dirigentes de Polonia, Lituania y Letonia “para expresarles la solidaridad de la Unión Europea y debatir con ellos las medidas que la UE puede adoptar para apoyar sus esfuerzos a la hora de hacer frente a esta crisis”. Sin embargo, no hay anuncios de solidaridad de la presidenta de la Comisión Europea con España por la crisis migratoria en Ceuta, ni por parte de una buena parte de países de la UE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado por carta su queja a la presidenta de la Comisión Europea, al presidente del Consejo Europeo, António Costa; y al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, como país que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, y ha pedido una reunión de ministros de Interior.

Sánchez señala en su misiva que varios países “han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del espacio Schengen. Esa actitud —impulsada por los prejuicios, las noticias falsas, la ignorancia o el interés político— no solo es contraria al Derecho de la Unión Europea, al Derecho internacional humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen”.

¿A qué se debe la actitud de estos países? El Gobierno de España se ha mostrado contrario a la nueva agenda política de la Comisión Europea en temas migratorios, arrastrada por las posiciones más duras de la ultraderecha. Ha sido uno de los pocos países que se posicionó claramente contrarios a las últimas medidas aprobadas en el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo, que siguiendo la estela marcada por la extrema derecha trata de dificultar a los migrantes el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales y abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

No es solo un movimiento en la Unión Europea de derechización de las políticas migratorias, también afecta a otros ámbitos como la agenda verde, que el Ejecutivo comunitario está rebajando sus ambiciones a marchas forzadas con el argumento de la competitividad. Esta estrategia de acercamiento se ha reforzado tras el cambio de posición de los partidos de la ultraderecha europea, que han optado por una posición práctica, menos radical, que les permita sacar adelante sus postulados apoyando a los conservadores europeos. El investigador de del Centre for European Policy Studies señala que “hay un cambio de la derecha radical, que ha pasado de rechazar la Unión Europea a tratar activamente de remodelarla junto con otros partidos de la misma tendencia, y que constituye una forma de adaptación política”. En este sentido, ya han comenzado las negociaciones con el PPE para tratar de flexibilizar los objetivos de emisiones y el veto a los coches de combustión en 2035.

Mihir Sharma, columnista de Bloomberg Opinion, explica que las posiciones políticas claras y a contracorriente del Gobierno Sánchez frente a muchos Ejecutivos conservadores de Europa en temas como su posición favorable a la inmigración, gasto en defensa controlado, defensa de las energías renovables o asunción de deuda europea en el próximo presupuesto plurianual europeo más la buena marcha de la economía española lo han colocado como un objetivo a batir. Y encima España ha ganado el Mundial de fútbol.

Von der Leyen: “Las devoluciones deben ser rápidas”

Con la crisis migratoria de Ceuta, Von der Leyen se ha limitado a decir que “las imágenes que llegan desde Ceuta son inaceptables. No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin cumplir con nuestras normas. Los cruces peligrosos deben detenerse de inmediato. Las redes de tráfico deben desmantelarse. Y las devoluciones deben ser rápidas, tal como permiten nuestras normas. Encargué a dos comisarios que apoyen el control de la situación. Magnus Brunner ya está trabajando estrechamente con España y está listo para viajar a los puntos críticos. Trabajará en un apoyo operativo adicional a España, incluida la colaboración con Frontex. Dubravka Suica está en contacto con su homóloga marroquí. Tengo confianza en que nuestra estrecha asociación con Marruecos ayudará a obtener resultados concretos”. Ninguna llamada a la solidaridad con España.

Para tener en cuenta el nivel de la crisis de Ceuta: en solo 24 horas entraron en la ciudad española unos 50.000 inmigrantes, mientras que Polonia registró algo más de 7.500 solicitudes de asilo en 2021 a raíz de la crisis migratoria con Bielorrusia.

Al día siguiente, cuando la crisis ya estaba encauzada y la mayoría de las personas que habían cruzado la frontera habían vuelto a Marruecos, Von der Leyen volvió a escribir un mensaje en X en el que señalaba que “ni una sola persona llegó a la España peninsular o al resto de la UE” y añadía que “la Comisión ha ofrecido apoyo a España desde el primer momento. Recibí cartas de varios líderes y acojo con satisfacción la llamada a una videoconferencia extraordinaria para evaluar lo sucedido. Combatir la migración ilegal requiere solidaridad y una respuesta europea unida”. Pero la realidad es que en un primer momento solo hubo apoyo técnico, no hubo una respuesta política de solidaridad con España.

Las escasas muestras de respaldo a España han llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrar su descontento. Primero lanzó un mensaje en redes sociales donde admitió que “la solidaridad y la empatía son opcionales”, pero ha señalado a un grupo de países por la llegada de inmigrantes ilegales: “Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex: Por Italia: 478.600 Por los Balcanes occidentales: 340.600 Por Grecia: 259.800 Por España: 234.760 Por la frontera oriental: 48.000.

El presidente del Gobierno ha añadido que ante una crisis de estas proporciones “no es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida”.

Posteriormente Sánchez envió el sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea en la que criticó que varios gobierno europeos hayan “optado por atacar” a España tras la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta. Sánchez pidió una reunión de urgencia de ministros del Interior.

La falta de solidaridad no ha sido únicamente por parte de la presidenta de la Comisión Europea. Varios países se han mostrado claramente beligerantes contra España: la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado “medidas extraordinarias” como la suspensión temporal del espacio Schengen con España con la incorporación de controles fronterizos en aeropuertos y puestos. Posteriormente, el primer ministro de la República Checa, el populista de derechas Andrej Babis, exigió que “el espacio Schengen debería cerrarse a España de inmediato”, mientras que la ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen, respaldó a Italia apuntando que “España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular”. Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, defendió que la Unión Europea debe considerar “todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen” a España“.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, respondió en X a las declaraciones más extemporáneas de los líderes de los países de la UE asegurando que “la práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos. No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada”.

Posteriormente, ante la gran cantidad de turismo español que visita Italia, el Gobierno de Meloni ha matizado que los controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos de países de fuera de la Unión Europea llegados desde España.

Alberto Alemanno, catedrático Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea en HEC París, explica que “desde su llegada al poder, el Gobierno de Giorgia Meloni ha autorizado aproximadamente 450.000 permisos de trabajo para el periodo 2023-2025 y ha aprobado un contingente ampliado de casi 500.000 entradas legales para el ciclo 2026-2028, con el fin de cubrir las necesidades de sectores clave como la agricultura, el turismo y la industria manufacturera. Por tanto, este ataque directo contra España no tiene que ver realmente con la inmigración en sí, sino con el uso de su última manifestación como una conveniente arma política contra otro Estado miembro, destinada al consumo político interno más que a responder a un auténtico objetivo jurídico o de seguridad”.

Solo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su “solidaridad con España, con su Gobierno y con su pueblo” y ofreció “toda la ayuda necesaria”, mientras que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció en la red social X: “Expreso mi solidaridad con España ante la situación actual de inmigración irregular en Ceuta”.

Otros países simplemente han optado por evitar cualquier mensaje de respaldo político explícito al Gobierno de Pedro Sánchez. El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que España debe recuperar el control en Ceuta y mostró su satisfacción por la decisión española de no permitir a los migrantes ilegales entrar en el continente europeo y afirmó que espera que Rabat los readmita inmediatamente. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, aseguró que su gobierno no considera necesario suspender a España del espacio Schengen tras la crisis migratoria en Ceuta y las peticiones de algunos países europeos al respecto, aunque alertó de que la política de migración de España puede provocar un “efecto llamada”.

Aunque no ha habido movimientos de inmigrantes a Europa, la crisis de Ceuta no se va a quedar aquí. Las derechas europeas van a aprovechar la situación para tratar de endurecer aún más las políticas contra las migraciones. Italia, Dinamarca y otros 20 países europeos pidieron este sábado una reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE para analizar la crisis migratoria de Ceuta y acordar una respuesta coordinada y acciones inmediatas para el control de la frontera exterior. En la misiva se pide tener en cuenta, concretamente, el refuerzo del apoyo de Frontex y la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos.

La imposibilidad de expulsar a España de Schengen

La Comisión Europea descartó la posibilidad de expulsar a España del Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de ciudadanos entre los países europeos, por la crisis migratoria en Ceuta. Un portavoz de la institución comunitaria explicó que “no se ha observado ningún movimiento desde Ceuta hacia la España peninsular ni hacia otros Estados miembros” y se ha constatado que “las autoridades españolas están controlando las fronteras exteriores para garantizar que no se produzcan esos desplazamientos hacia el resto de la Unión”.

Ahora bien, Bruselas sí que ha puntualizado que un país de la UE puede restablecer los controles en sus fronteras con otro país dentro del área Schengen, como anunció Italia. De hecho, la Comisión Europea tuvo que mandar un requerimiento a un grupo de países (Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia) ante los continuos controles de las fronteras interiores por el endurecimiento de las políticas antiinmigratorias que está afectando a la libre de circulación de personas que se establece en el espacio Schengen.

“La normativa establece que los Estados miembros pueden, con carácter excepcional y temporal, restablecer los controles en las fronteras interiores como último recurso, para hacer frente a amenazas graves al orden público o a la seguridad nacional”, según un portavoz de la Comisión. Ahora Italia deberá notificar y justificar por qué toma esta decisión ante las autoridades comunitarias.