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Roger Español hace nueve años que espera justicia. El 1 de octubre de 2017, perdió un ojo por una bala de goma. Según un informe de los Mossos, el agente de la Policía Nacional UC563 no solo fue el autor del disparo de ese proyectil. Instantes antes de la lesión, el mismo policía ya había disparado a este activista.

Junto al citado agente se sentarán otros tres en el banquillo. Son los únicos policías que no han sido amnistiados. La defensa de Español y la acusación particular piden hasta 13 años por un delito de torturas. No lo tienen fácil porque la Fiscalía se ha situado desde un principio del lado policial al considerar que solo cumplieron con la orden judicial de requisar urnas y papeletas del 1-O.

La cuestión es si se extralimitaron en su deber. Primero, porque desde el 30 de abril de 2014, en Catalunya está prohibido el uso de las balas de goma, algo que a la Policía Nacional le ha importado muy poco.

La decisión de vetar el uso de este tipo de proyectiles tan lesivos se adoptó tras una comisión parlamentaria que se constituyó a raíz de diferentes casos, entre ellos el de Ester Quintana, que también perdió un ojo en la huelga general del 14 de noviembre de 2012 por el impacto de una pelota disparada por los Mossos. En su caso, los dos agentes acusados fueron absueltos, pero, como la autoría policial del disparo estaba fuera de toda duda, Quintana fue indemnizada por la Generalitat. La Conselleria de Interior tuvo que disculparse con una ciudadana de la que, en un inicio, se desentendió.

Así que ahora la Policía Autonómica no puede usar las balas de goma (tampoco en Euskadi y Navarra), mientras que la Policía Nacional las sigue disparando.

Y la segunda cuestión es cómo la desobediencia civil está cada vez más criminalizada. En eso, España tampoco es una excepción. Habermas era de los que defendían que una democracia madura incluye la desobediencia civil como uno de sus elementos importantes. No hace falta retroceder hasta Thoreau para defender la vigencia de la protesta como instrumento para denunciar injusticias.

Hemos visto recientemente cómo se condenaba con multas a cuatro de los nueve activistas climáticos vinculados a los colectivos Rebelión Científica, Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, a los que se juzgó por haber lanzado agua con témpera roja a una de las paredes del Congreso en 2023. Su objetivo era denunciar “la inacción del Gobierno en materia de emergencia climática”. En ese juicio, la Fiscalía pedía una pena de 21 meses de prisión y argumentó que su propósito era escarmentar a los activistas. Es solo un ejemplo.

Por eso es importante que seis organizaciones internacionales dedicadas a los derechos humanos (Amnistía Internacional, la OMCT, INCLO, REDRESS, ICHRP) asistan como observadores a las cuatro sesiones previstas en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra los cuatro policías.

Deberá dirimirse si la actuación de los agentes fue proporcionada. Pero tal vez la pregunta previa que todos deberíamos hacernos, sobre todo los que diseñan dispositivos de seguridad y sus jefes políticos, es si, ante una protesta pacífica, los agentes pueden disparar.

Roger Español espera justicia, pero no está claro que la llegue a obtener.

Por cierto, el juicio, que se celebra tras nueve años, se acabará el próximo 1-O. ¿Casualidad?