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Carlos del Castillo

Acabé en periodismo porque disfruto haciendo preguntas a mentirosos y me dijeron que en esta profesión te pagan por ello. Trabajando en Bruselas comprendí que no es tan fácil hacerlo. En Público, que en el fondo sí. En eldiario.es pienso sobre tecnología y trasteo con el Ministerio de Defensa y la industria militar.

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Facebook cava más hondo y lanza una herramienta de activismo político

¿Son las redes sociales corporativas espacios adecuados para hacer política? Este 2018 se ha empeñado en ponerlo en duda. Desde el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica se han sucedido las investigaciones que han mostrado su vulnerabilidad a las campañas de marketing político que buscan generar apoyos, conflictos o polémicas creados artificialmente. Cualquiera con un poco de dinero puede contratar una agencia que pondrá a su servicio influencers, cuentas falsas, enjambres de bots o una combinación de ellas para trucar a su favor el debate digital. Pero la política también es un gran mercado para las plataformas y ha sido precisamente Facebook la que ha demostrado que su voluntad es seguir explotándolo.

La red social de Mark Zuckerberg implantó este lunes en Estados Unidos una nueva funcionalidad que permitirá a sus usuarios impulsar reclamaciones políticas desde la plataforma. Se llama Community Actions (Acciones Comunitarias) y tras varios meses de prueba en algunos estados, ha dado el paso de instaurarla todo el país. Consultada por eldiario.es, una portavoz de Facebook no ha podido adelantar si la empresa planea extender Community Action a España u otros lugares del mundo.

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El desacuerdo entre países pone en riesgo la polémica directiva de copyright de la UE

La tarde de este lunes estaba señalada en el calendario político de Bruselas como la fecha en que debía celebrarse la última negociación sobre la directiva europea de copyright. Sin embargo, el texto ha sufrido un nuevo traspiés, que se suma al que sufrió en julio en la Eurocámara. Esta vez ha sido el Consejo Europeo, el órgano que agrupa a los representantes de los Gobiernos de los países miembros, el que ha parado el proceso al aplazar la reunión con los miembros del Parlamento y la Comisión europeos.

El motivo es que hasta una decena de países está en desacuerdo con la posición oficial que ha defendido el Consejo hasta ahora. El cisma se centra en dos medidas concretas de la directiva: la primera es una tasa para las plataformas digitales que enlacen contenidos periodísticos, parecido a un canon AEDE a nivel europeo (artículo 11) y la segunda, hacerlas responsables de las violaciones de copyright de sus usuarios (artículo 13). Ambas han sido muy criticadas, en especial el artículo 13, ya que supondría que cualquier plataforma que permita subir contenidos a sus usuarios debería instaurar un filtro automatizado que los censure si detecta potenciales violaciones de los derechos de autor.

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Venezuela y Wikipedia se contradicen: ¿bloqueó Maduro el acceso a la enciclopedia tras una "guerra de ediciones"?

La Wikipedia se ha hecho mayor de edad esta semana. La enciclopedia colaborativa cumplió 18 años el 15 de enero y la Fundación Wikimedia, la organización sin ánimo de lucro que le sirve como matriz, ha organizado actos alrededor del mundo para celebrar el aniversario de una de las páginas más visitadas del mundo. Sin embargo, el capítulo venezolano arrancó el aniversario con el mensaje "Nada que celebrar": la simbólica fecha coincidía con el cuarto día seguido de denuncias de bloqueo del acceso a la enciclopedia por parte del operador de telecomunicaciones público, CanTV.

CanTV es responsable del 85% de las conexiones a Internet de los ciudadanos de Venezuela. Las quejas por la imposibilidad de acceder a Wikipedia con una conexión de la empresa pública comenzaron el 11 de enero, cuando muchos usuarios atestiguaron que los problemas se corregían si se intentaba entrar a la enciclopedia con una conexión suministrada por un teleoperador privado o mediante VPN, un servicio que camufla la ubicación real del usuario.

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Así funciona la sextorsión en Internet y por qué (según los expertos) nunca debes aceptar el chantaje

La extorsión por motivos sexuales es uno de los delitos relacionados con el terreno digital más extendidos pero, según los cálculos de los expertos, la mayoría de casos siguen quedando bajo el radar. Según los datos de la Policía Nacional, hasta un 70% de estos delitos no se denuncian. La posibilidad de ver sus fotos o vídeos íntimos publicados en las redes sociales sigue llevando a una mayoría de las víctimas a intentar llegar a un acuerdo con los extorsionadores y pagar lo que piden. Justo el motivo que provoca que la incidencia de este delito no disminuya, como han explicado varios expertos consultados por eldiario.es.

El modus operandi no ha cambiado demasiado. Alguien se pone en contacto con el usuario y afirma estar en posesión de material íntimo o de contenido sexual, grabado a través de webcam o sustraído de los dispositivos de la víctima, y adjunta pruebas. A continuación, solicita una cantidad de dinero para no publicar este contenido en las redes sociales o enviarlo a familiares y amigos. 

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El Supremo considera que Google tiene responsabilidad sobre las noticias desactualizadas que aparecen en su buscador

La justicia hace a Google cada vez más responsable de contenido que incluye su buscador. El derecho al olvido da una nueva vuelta de tuerca con la última sentencia del Tribunal Supremo, que establece que la compañía tiene el deber de retirar el contenido que con el paso del tiempo se demuestre "sustancialmente inexacto" aunque la web que realmente lo contiene no lo actualice o corrija. 

El más alto órgano de Justicia en España sienta así un precedente, al hilo de  una noticia publicada por El País en 2010 relacionada con un jefe forestal de la Xunta de Galicia que fue sancionado por cazar de forma furtiva junto a dos personas más.

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El presupuesto de Defensa sube un 1,6% hasta los 8.537 millones de euros

Las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez para 2019 incluyen un ascenso del presupuesto del Ministerio de Defensa del 1,6%, que lo elevan hasta los 8.537 millones de euros desde los 8.456 de 2018. El Gobierno socialista consolida así el cambio de tendencia que inició el PP en 2017, cuando el gasto militar despegó hasta los 7.639 millones de euros tras tres ejercicios congelado en el entorno de los 5.700 millones. 

El aumento en el presupuesto de Defensa que intentará aprobar Sánchez, que todavía no se ha asegurado los apoyos necesarios para sacar adelante estas cuentas en el Parlamento, es el más bajo del apartado de Servicios Públicos Básicos. Así, en Justicia la subida es del 5%; en Seguridad Ciudadana, del 5,5%; y en Política Exterior y Cooperación al Desarrollo, del 6%. La partida de Gasto Social sube un 6,4%. El gasto militar equivale al 2,3% del total del Estado, un 1% menos que el año anterior.

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Por qué criticar directamente a Vox en redes sociales en realidad le beneficia

¿Son suficientes 400.000 votos para acaparar el discurso político de un país de 46 millones? En la era de la política vía redes sociales, sí. No hace falta fichar a un gran gurú tecnológico ni poner en marcha una innovadora estrategia secreta. Basta con explotar algunos mecanismos básicos de Internet y beneficiarse de sus efectos secundarios víricos para los que, pese a haber sido ampliamente estudiados, aún no existe una vacuna efectiva.

En un debate digital lo más importante es quién controla el algoritmo, ya que es quien escribe las reglas del juego. Las redes sociales no son un terreno neutral. Son empresas que ganan dinero gracias a las interacciones de sus usuarios. De ellas extraen datos personales sobre sus gustos, ambiciones o necesidades, que sirven para perfilarlos como consumidores y vender a las agencias de publicidad la posibilidad de poner anuncios solo a potenciales clientes, a usuarios que ya han demostrado algún tipo de interés en su producto.

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La justicia europea aboga por que los contenidos retirados por el derecho al olvido sigan en Google fuera de Europa

Los jueces siguen trazando el alcance del derecho al olvido a golpe de sentencia y, con ello, la frontera entre la posibilidad de decidir qué datos sobre uno mismo se puede encontrar en Internet y la libertad de información del resto de la sociedad. Este jueves, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha recomendado a la sala que no obligue a los buscadores a extender las desindexaciones de contenidos derivadas del derecho al olvido fuera de Europa. 

Los posicionamientos del abogado general no son vinculantes para el Tribunal, pero los fallos suelen seguir sus recomendaciones en una mayoría de procesos. En esta ocasión, el letrado recomienda no convertir el derecho al olvido en universal. Por lo tanto, aunque un motor de búsqueda aceptara desindexar un contenido por no ser informativamente relevante o haber quedado anticuado (o los tribunales le obliguen a hacerlo), este no tendría desaparecer de las búsquedas realizadas en todo el mundo por defecto, sino que solo quedaría oculto en el territorio de la Unión.

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La comisión Sinde cierra webs un 70% más rápido gracias a un programa cazapiratas de La Liga de Fútbol

Los negocios a veces provocan extraños compañeros de viaje. Es lo que ha ocurrido en la batalla contra la piratería, donde el fútbol y las entidades de gestión de derechos de autor han hecho frente común. El nexo ha sido la Sección Segunda de la comisión de propiedad intelectual, el órgano del Ministerio de Cultura encargado de investigar y promover el cierre de páginas web acusadas de violar el copyright, que en 2018 ha conseguido reducir sus plazos de instrucción un 70% y tramitar cuatro veces más procedimientos que en 2017. Ha sido gracias a un software antipiratería cedido gratuitamente por LaLiga, la asociación que engloba a los equipos de fútbol de primera y segunda división.

"Está permitiendo reducir en meses la duración del procedimiento (especialmente por la reducción de la fase de investigación previa de las webs vulneradoras)", explican fuentes del Ministerio a eldiaro.es. Según expone LaLiga, su herramienta puede llegar a acortar los plazos para detectar webs infractoras, localizar a sus administradores, recopilar pruebas y generar un informe de todo ello desde los ocho o nueve meses a los 15 minutos.

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La controversia por anunciar casas de juego online salpica a youtubers adolescentes

Dos adolescentes estadounidenses, con sendos canales en YouTube que suman más de 27 millones de seguidores, han recibido críticas por promocionar una casa de juego online en sus vídeos. Aunque esta práctica no es nueva, su llegada a canales mayoritarios y con contenido orientado a menores ha avivado el conflicto por el aumento de la publicidad de los sitios apuestas online.

La casa de juego que ha provocado la polémica, MysteryBrand, se centra en las denominadas loot boxes, o cajas botín. El usuario paga una cantidad de dinero por abrir un cofre, que puede contener o no un premio. El precio por abrir las cajas varía en función de las recompensas que contienen: hacer una sola apuesta puede costar desde tres dólares hasta 300, aunque puede irse por encima de los 1.000 dólares para premios especiales. La página no especifica qué porcentaje de los cofres tiene premio ni si varía en función del dinero invertido.

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