El uso personal de Ayuso de las instituciones de la Comunidad de Madrid

Hace unos meses, en abril de este año, Isabel Díaz Ayuso utilizó a un cargo público de Presidencia para buscar piso en Chamberí, tal y como contó elDiario.es en exclusiva. La presidenta se valió de la ayuda del jefe de despacho de la Secretaría de Presidencia para concertar visitas a un inmueble e incluso negociar el precio de compra. Pero no es el único caso en el que la líder madrileña ha tirado de figuras públicas para cuestiones privadas. Otras polémicas como el chalé con piscina comprado por su gobierno del que puede disfrutar o la defensa a ultranza de su jefe de gabinete a su pareja, Alberto González Amador, después de que este defraudara a Hacienda, han llevado a Ayuso a tener que responder a preguntas incómodas sobre su relación con las instituciones.

No son pocas las veces en las que la líder madrileña se ha quejado de tener que dar explicaciones sobre aspectos de su vida privada, como aquellos relacionados con su novio, a quien tanto ella como su equipo se refieren como un “ciudadano particular”, que defraudó a Hacienda mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla. El escándalo que rodeó al fraude fiscal por el que acabó condenado el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se amplificó por otra información, también publicada en 2024 por elDiario.es: Ayuso y su pareja vivían en un piso de un millón de euros que él compró después de defraudar al erario público. El inmueble estaba ubicado en la zona de Chamberí y González Amador dio entonces de entrada 350.000 euros. Después se conoció que en realidad no era un piso, sino dos, uno encima del otro. El segundo se trataba de un ático por el que su fiscalista pagó 950.000 euros, por el que González Amador desembolsaba 5.000 euros de alquiler y que luego compró. En total, los dos inmuebles, que ahora el empresario ha decidido poner en venta, costaron 1,8 millones de euros.

Solo un día después de la publicación del fraude al fisco de González Amador, la líder madrileña salió en defensa de su pareja. Desde el atril oficial, en la rueda de prensa que se da posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, negó los hechos y se presentó como víctima de una “persecución política escandalosa”: “Mi pareja no está en ninguna trama, está sufriendo una investigación salvaje de Hacienda sacada de quicio que se ha orquestado para dañarme a mí”.

Un jefe de gabinete para defender a la presidenta

Pero Ayuso no solo se ha servido de los medios de la Comunidad de Madrid para defenderse de las acusaciones en torno a González Amador. También lleva tiempo utilizando a uno de los pesos pesados de su gobierno: su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Después de que elDiario.es publicase la exclusiva sobre González Amador, fue el jefe de gabinete de la presidenta quien difundió una supuesta propuesta de negociación de la Fiscalía a la pareja de Ayuso que nunca se había producido y dijo que había “órdenes de arriba” para frenar dicho pacto, que tampoco se habían dado. “No es información, pero tengo el pelo blanco”, dijo durante su declaración en el Tribunal Supremo, donde reconoció cómo difundió un correo del fiscal que investigó a González Amador e intentó quitar importancia a sus amenazas a este periódico.

No es el único ejemplo de Rodríguez defendiendo a González Amador. En mayo tuvo que declarar en el juzgado en un caso en el que se investigaban delitos de revelación de secretos por difundir la identidad de dos periodistas que habían acudido a las inmediaciones de su domicilio para investigar su caso de fraude fiscal y la compra del piso que compartía con la presidenta madrileña. La jueza, finalmente, archivó la causa.

El uso de un cargo público para negociar la compra de un piso

Hace unos meses, en abril de este año, elDiario.es publicó en exclusiva que Ayuso había estado buscando un piso para comprar en Chamberí, el mismo barrio en el que residía con su pareja hasta ahora y donde también vive su madre en una casa familiar, muy cerca de donde la Comunidad de Madrid adquirió el polémico ático de lujo de 6,3 millones de euros que iba a utilizarse para “reuniones” y que finalmente será puesto en venta por 6,69 millones. Para ello utilizó a un cargo público de Presidencia, el jefe de despacho de la Secretaría de Presidencia, Álvaro Sanz. Él fue el encargado de hacer los contactos y concertar las visitas, además de participar en la negociación del precio de compra.

Según confirmó este periódico, fue Sanz quien contactó con la propiedad de un piso de unos 100 metros cuadrados que se anunciaba en Idealista y concertó dos citas para visitarlo. La presidenta acudió el 1 de diciembre de 2025 con sus escoltas a verlo en persona y hubo una segunda visita a la que la presidenta acudió con su pareja. El piso estaba para reformar y tenía un precio de 850.000 euros en la plataforma.

Sanz es secretario de Ayuso desde 2019 y está contratado como personal eventual. Es un cargo de confianza de la presidenta, pero no es funcionario. Entre sus funciones están el “control y coordinación de la agenda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Coordinación y organización de viajes. Recepción de visitas y atención al público, tanto telefónica como presencial. Despacho y gestión de correspondencia y correos electrónicos. Y en general, labores propias de jefatura de secretaría de presidencia”.

El chalé con piscina comprado por la Comunidad de Madrid

Otro episodio que despertó dudas salió a la luz el pasado verano. Se conoció entonces que Ayuso disfruta de un chalé con piscina en Rascafría, un pueblo en la sierra de Madrid, propiedad de la Comunidad con suite, dos plantas y piscina, comprado por el Ejecutivo regional en 2023, según adelantó El País.

La baronesa del PP pasó allí un fin de semana con su familia. Cuando la polémica estalló, decidió atacar al Gobierno de Pedro Sánchez para justificar el uso del chalé y asegurar que había pasado “dos días con el tupper de casa”. “He estado dos días en una casa de la que ahora vamos a dar explicaciones del consejero y yo. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán, con mis medios”, dijo entonces para defenderse de las críticas.

Las imágenes publicadas por la agencia inmobiliaria que puso en venta la finca permitió entonces hacerse a la idea de cómo era el chalé, descrito por algunas personas que lo vieron por dentro como un “casoplón” pero que el Partido Popular aseguró que era “muy austero”.

La luz verde para la operación de compra del terreno y de la vivienda se dio porque la Consejería de Medio Ambiente consideró que “dadas las características de los terrenos (...)” resultaba “conveniente proceder al ejercicio del derecho de adquisición preferente para su incorporación al patrimonio” de la región. El Gobierno de Ayuso pudo paralizar el acuerdo de compraventa que ya existía entre particulares al aplicar una ley de preservación ambiental, por la cual dejaron por escrito que las construcciones e infraestructuras del terreno serían “destinadas al servicio del monte en el que se ubican”.

¿La reacción de su gobierno? Desde Presidencia defendieron que la vivienda “se puede usar”, que era la primera vez que se disfrutaba de ella y lanzaron críticas contra Pedro Sánchez: “Es un uso permitido, muy austero, no digamos nada con La Mareta (en Lanzarote) o Quintos de Mora (en Toledo)”.

Meses más tarde, el cariz de privacidad del chalet pareció cambiar. Fuentes de la Comunidad de Madrid confirmaron que la casa podía volver a ser usada tanto por la presidenta como por sus consejeros aunque esta vez no de forma personal, sino cuando estuviesen “de guardia” en el trabajo, aunque los altos cargos como el de Ayuso y su equipo de gobierno no están vinculados a horarios y no tienen guardias como tal.

La polémica por los viajes de la presidenta

La oposición lleva tiempo cuestionando la necesidad de los viajes, especialmente los internacionales, de la presidenta regional. Si se echa la vista atrás se puede observar cómo no es raro que el cumpleaños de Ayuso coincida con algún viaje oficial al extranjero, como fue el caso del viaje a Texas de 2025, que incluyó la asistencia al Gran Premio de las Américas de F1 y la firma de contratos menores. En una tecnológica a la que visitó incluso le cantaron el “cumpleaños feliz”, con tarta incluida.

Pero las escapadas también coinciden a veces con situaciones complicadas para la baronesa del PP. Un ejemplo es su viaje a Ecuador de 2025, que se solapó con la fecha en la que su pareja estaba citada como investigada por corrupción de negocios. Ese día, la presidenta no pudo estar en la Asamblea de Madrid porque fue a Quito para “estrechar lazos con Hispanoamérica”.

Desde el comienzo de su mandato, Ayuso ha visitado un total de 14 países en viajes institucionales. Sin embargo, fuera de lo que se podría considerar como un viaje de trabajo, los destinos son más. Algunos de ellos están también en el portal de Transparencia, a pesar de no ser oficiales y a través de la reserva de la sala de autoridades, tal y como adelantó la Cadena Ser, cuando Alberto González Amador intentó desgravarse los gatos de las vacaciones que disfrutaron juntos en 2021.

Estas semanas, al escándalo del ático se han sumado las críticas por otro de sus viajes, el de México del pasado mes de mayo, que terminó de forma abrupta entre acusaciones al gobierno de Claudia Sheinbaum. El motivo es que, después de meses sin conocer exactamente cuánto había costado al erario público, finalmente el Gobierno de Ayuso ha declarado que la presidenta gastó unos 600 euros en los días de su visita, que corresponden a la reserva de la sala de autoridades del aeropuerto. 600 euros frente a los casi 15.000 que suman otros tres cargos públicos que también fueron al país americano esos días y que recientemente han actualizado sus hojas de gasto en el portal de Transparencia.

Una visita que contó con el apoyo de la presidenta al musical del empresario y compositor Nacho Cano, 'Malinche', que también representa en Madrid desde 2022.

Ha pasado ya más de una semana desde que saltase el último escándalo en Sol y ya empieza a pesar dentro del equipo de la líder madrileña, que lleva días sin agenda oficial, a pesar de haber aparecido en actos relacionados con la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. La compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid en abril por 6,3 millones de euros en el distrito de Chamberí, muy cerca de la casa familiar de la presidenta, que iba a ser utilizado para “reuniones” oficiales mientras durasen unas obras en la Real Casa de Correos, ha llevado a la oposición no solo a pedir explicaciones públicamente, sino también a tomar acciones legales ante lo que consideran que puede ser un caso de “prevaricación y malversación”.

Este jueves, el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, trataba de pasar página apuntando hacia la “izquierda y la ultraizquierda” por buscar “fantasmas”. Por su parte, Ayuso ha negado en repetidas ocasiones que el ático fuese para uso personal. Este mismo viernes, ante preguntas de la prensa en uno de esos pueblos, se preguntaba por qué estos “no preguntan por la gente afectada” por los fuegos o por las medidas que está tomando su Ejecutivo.

En sus explicaciones, el consejero al que Ayuso señaló alegando que era Presidencia quien podría dar todos los detalles de la operación, añadió que “lo que no se dice es que Madrid no tiene residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”. La intención es vender esa propiedad, que no puede utilizarse como oficinas ni tampoco como residencia oficial, por 6,69 millones de euros junto a otro inmueble de la empresa pública Planifica Madrid, que se encargó de la operación, situado en Gran Vía. El anuncio se ha publicado en el portal de contrataciones este mismo viernes por la tarde.

En medio del torbellino de informaciones que se han ido sucediendo en los últimos días, un juzgado ha decidido situar al borde del banquillo a otro cargo público del PP, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la presunta filtración de informes policiales para vincular a personas migrantes con delincuencia después de unas polémicas declaraciones que hizo Ayuso en 2024. Según el auto, la alcaldesa del PP aseguró que había que “salvar a la jefa”.

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