Peccata minuta

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Región de Murcia que confirma la responsabilidad de una empresa agrícola por los daños ocasionados al Mar Menor vuelve a plantear una cuestión, quién asume los costes de la contaminación y quién prefiere mirar hacia otro lado.

El TSJ de la región ha confirmado la responsabilidad medioambiental de una empresa agrícola por el vertido de unos 159.400 metros cúbicos de salmuera con nitratos al Mar Menor entre 2012 y 2016, así como la reclamación de 97.603 euros por los costes de prevención y reparación.

No es una consigna política, es una resolución judicial. La justicia recuerda que quien contamina debe reparar el daño. Pero también deja en evidencia la política ambiental del Gobierno regional del PP, presidido por Fernando López Miras.

El Mar Menor no se ha deteriorado de la noche a la mañana. Décadas de presión agrícola, vertidos, transformación del territorio y controles insuficientes han desembocado en una crisis ecológica con episodios dramáticos, como las mortandades masivas de peces de 2019 y 2021.

Mientras tanto, el Ejecutivo regional insiste en presentar la protección ambiental y los intereses agrarios como incompatibles. Es una falsa disyuntiva. Defender la laguna no significa criminalizar a los agricultores, sino distinguir entre quienes cumplen y quienes incumplen, perseguir las prácticas contaminantes y evitar que los costes recaigan sobre toda la sociedad.

Lo preocupante es que, mientras los tribunales confirman responsabilidades, el PP impulsa modificaciones de la Ley del Mar Menor criticadas por organizaciones ecologistas, vecinos, sindicatos y oposición. Sus defensores hablan de adaptar las sanciones a la normativa estatal, sus críticos advierten de rebajas para los infractores y de mayor flexibilidad para acceder a ayudas públicas tras cometer infracciones graves o muy graves.

El Gobierno regional no puede responder a este debate con propaganda ni mayorías parlamentarias coyunturales. Debe explicar por qué promueve cambios que pueden beneficiar a quienes incumplen las normas ambientales. La protección del Mar Menor no puede subordinarse a los intereses de determinados sectores ni a los equilibrios políticos del PP.

La sentencia demuestra que la contaminación puede generar responsabilidades concretas. Pero también que no basta con actuar cuando el daño ya está hecho. Hace falta inspeccionar, prevenir, multar y sancionar a tiempo.

El Mar Menor necesita controles eficaces, una ordenación rigurosa de su cuenca y una reducción real de los aportes contaminantes. Apoyar al sector agrario no significa proteger cualquier práctica empresarial.

López Miras debería asumir que proteger la laguna es una obligación institucional, no una concesión a la oposición ni a los ecologistas. La recuperación de nuestra joya de la corona El Mar Menor, debe estar por encima de cualquier interés partidista. Y quien contamine, sea quien sea, debería pagar y no solo una peccata minuta.