El derecho a la vivienda que nunca llega

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de nuestro país, pero en la Región de Murcia adquiere una dimensión especialmente preocupante. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler y trabajadores que, aun teniendo empleo, encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda.

Ante esta realidad, el Gobierno de Fernando López Miras continúa instalado en una política de anuncios, promesas y confrontación con el Gobierno de España. Una estrategia que puede alimentar el enfrentamiento partidista, pero que no resuelve el problema de quienes necesitan una casa.

La reciente prórroga de los contratos de alquiler, que según las estimaciones puede beneficiar a 117.500 murcianos, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de proteger a los inquilinos. Sin embargo, prorrogar contratos no basta. Hace falta actuar sobre las causas que están expulsando a tantas personas del mercado de la vivienda.

Y aquí el Gobierno regional tiene que responder por su propia gestión.

Los datos publicados por este mismo periódico sobre los fondos europeos destinados a vivienda de alquiler asequible son difícilmente justificables. De las 526 viviendas previstas con financiación europea, únicamente cinco habían sido adjudicadas antes de finalizar el plazo establecido. La consecuencia es que la Región se arriesga a tener que devolver el 96% de esos fondos, unos 25,4 millones de euros.

No estamos hablando de una discrepancia ideológica ni de una diferencia de interpretación política. Estamos hablando de recursos públicos, de oportunidades perdidas y de personas que siguen esperando una vivienda que no llega.

A ello se suma otro dato importante, desde que López Miras llegó a la Presidencia regional en 2017, apenas se han construido 23 viviendas de promoción pública. La última promoción se terminó en 2019. ¿Dónde está, después de tantos años, la apuesta por un verdadero parque público de vivienda?

Mientras tanto, el presidente anuncia 25.000 viviendas asequibles en cinco años mediante su nuevo decreto. Una cifra llamativa que habrá que medir por las viviendas efectivamente construidas, sus precios y las condiciones de acceso. Porque anunciar no es construir, y llamar asequible a una vivienda no significa necesariamente que lo sea para quien cobra un salario medio.

Además, el propio modelo regional establece, con carácter general, diez años de protección para estas viviendas. ¿Es ese el camino para consolidar un parque estable de vivienda asequible o estamos ante una protección con fecha de caducidad?

El problema es que el Partido Popular sigue confiando fundamentalmente en los incentivos al sector privado, las rebajas fiscales y los avales para facilitar la compra. Instrumentos que pueden ayudar a determinados sectores, pero que no sustituyen la obligación de las administraciones de garantizar una alternativa a quienes quedan fuera del mercado.

Tampoco resulta comprensible el rechazo político a utilizar todos los instrumentos que ofrece la legislación estatal, incluida la declaración de zonas de mercado residencial tensionado allí donde se cumplan los requisitos. No se trata de convertir una herramienta en una solución mágica, sino de dejar de descartar medidas antes incluso de evaluar sus posibilidades.

El artículo 47 de nuestra Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La vivienda no puede ser únicamente un negocio, una inversión o un activo financiero. Es el lugar donde se desarrolla la vida de las personas y donde se construye buena parte de su futuro. ¿Cuántos años más tendrán que esperar los murcianos para que el derecho a una vivienda digna deje de ser una promesa constitucional y se convierta en una realidad?

López Miras debería explicar qué ha ocurrido con los fondos europeos, por qué la construcción de vivienda pública ha sido tan residual y qué garantías ofrece su nuevo modelo para quienes realmente necesitan una vivienda asequible.

Porque la vivienda no necesita más anuncios de miles de millones. Necesita voluntad política, inversión pública y una gestión que entienda que garantizar derechos está por encima de proteger intereses económicos.

Un buen Gobierno se mide también por las oportunidades que ofrece a quienes no pueden acceder al mercado. Y en materia de vivienda, Murcia lleva demasiados años esperando.