La UCAM Y el PP, décadas de promoción y una universidad pública castigada

La UCAM no nació por generación espontánea. Su crecimiento durante las últimas tres décadas se ha producido bajo gobiernos del Partido Popular que han contribuido a su promoción y consolidación en la Región de Murcia. Por eso, cuando Fernando López Miras presenta el proyecto de Ley de Universidades en la apertura del curso de esta institución privada, coincidiendo con su trigésimo aniversario, resulta inevitable preguntarse qué modelo universitario defiende realmente su gobierno.

No se trata de cuestionar el derecho de la UCAM a existir ni el trabajo de sus estudiantes, docentes e investigadores. Se trata de algo mucho más importante, examinar las prioridades de un gobierno que ha dado una enorme visibilidad institucional a una universidad privada mientras las universidades públicas siguen necesitando financiación suficiente, estabilidad y garantías de futuro.

La UCAM no se ha consolidado al margen de la política. Lo ha hecho en un contexto de respaldo institucional y promoción bajo sucesivos gobiernos populares. No es exagerado atribuir toda su trayectoria al PP, ni tampoco ingenuo ignorar el papel que las decisiones políticas han podido desempeñar en su expansión.

La verdad es que la iniciativa privada ha recibido un respaldo institucional que no siempre ha tenido su equivalente en la universidad pública.

La Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena son patrimonio colectivo. Forman profesionales, investigan, generan conocimiento y permiten que miles de personas accedan a estudios superiores sin que su futuro dependa exclusivamente de la capacidad económica de sus familias.

Su misión va mucho más allá de satisfacer las necesidades inmediatas del mercado laboral. La universidad pública debe fomentar el pensamiento crítico, desarrollar investigación independiente y contribuir al progreso científico, cultural y democrático de la sociedad.

Sin embargo, la modernización universitaria no se garantiza con discursos, fotografías institucionales ni ceremonias de apertura de curso. Se garantiza con presupuestos suficientes, financiación estable, becas, profesorado en condiciones dignas y recursos para investigar.

El Consejo Económico y Social de la Región ha reclamado mayor concreción en cuestiones como la financiación estructural y las becas. Son asuntos fundamentales para valorar el alcance real del proyecto legislativo. ¿Qué compromisos económicos asumirá el Gobierno? ¿Qué garantías tendrán las universidades públicas? ¿Cómo se asegurará que ningún estudiante quede excluido por razones económicas? Estas son las preguntas que deberían ocupar el centro del debate parlamentario.

Nadie cuestiona que las universidades privadas puedan desarrollar su actividad. Lo que debe exigirse es que las relaciones con la administración se rijan por criterios transparentes, objetivos y verificables, y en igualdad de condiciones.

Cada convenio, ayuda o proyecto financiado con dinero público debe justificar su utilidad social, sus obligaciones y sus resultados. No puede haber cheques en blanco ni ventajas basadas en la proximidad institucional.

La colaboración público-privada no debe convertirse en una fórmula para desplazar recursos y oportunidades desde lo público hacia intereses particulares. Tampoco puede utilizarse el crecimiento de una universidad privada como argumento para relegar a las instituciones que sostienen un servicio esencial para toda la ciudadanía.

Y aquí el PP tiene una responsabilidad política ineludible: explicar qué modelo universitario quiere para Murcia y demostrar que su política no consiste en promocionar a la iniciativa privada mientras las universidades públicas tienen que reclamar los recursos que necesitan.

La nueva Ley de Universidades debe ser una oportunidad para fortalecer la universidad pública, garantizar la igualdad de oportunidades y establecer reglas claras para todas las instituciones. La Asamblea Regional debería exigir compromisos presupuestarios verificables, transparencia en las relaciones con los centros privados y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

López Miras puede reconocer las aportaciones de la UCAM. Lo que no debería hacer es confundir ese reconocimiento con una política universitaria equilibrada. La presencia institucional no sustituye a la financiación, y las declaraciones de apoyo no pagan los proyectos de investigación ni mejoran las condiciones del profesorado.

Treinta años después de su nacimiento, la UCAM forma parte del panorama universitario murciano. Pero su consolidación no puede servir para ocultar una cuestión esencial: la responsabilidad de los gobiernos que han contribuido a situarla en el centro de la escena universitaria regional.

La universidad pública no necesita palmaditas en la espalda. Necesita financiación, investigación, estabilidad y oportunidades para todos.

El PP debe demostrar que considera la educación superior un derecho y una inversión colectiva, no un escenario para cultivar relaciones institucionales. Porque una cosa es respetar la universidad privada y otra muy distinta convertir su promoción en una prioridad política.

La universidad pública es de todos. Y no puede ser la hermana pobre de un Gobierno que parece sentirse más cómodo celebrando el crecimiento de la privada que garantizando el futuro de lo público.