La revolución de los cuidados

Había pensado escribir un artículo sobre los movimientos sociales en España, un tema sobre el que tenía algunas ideas y no pocas dudas, pero durante el viaje de regreso a Murcia ocurrió algo que me hizo cambiar de propósito. En el tren, cerca de mí, viajaba una pareja de personas mayores. Ella parecía padecer alguna enfermedad, aunque no podía saberlo. Él estaba pendiente de sus movimientos, le preparaba la comida y después le daba sus medicinas, la ayudaba sin que tuviera que pedírselo y, de vez en cuando, la besaba en la cara. No eran besos distraídos, de esos que damos casi por costumbre, sino besos que parecían decir algo que yo, naturalmente, desconocía. Me enamoró aquella ternura, quizá porque no es frecuente presenciarla entre desconocidos, o quizá porque nos hemos acostumbrado a no mirar.

Ignoro cuánto tiempo llevaban juntos ni qué dificultades habían atravesado. Durante unas horas, contemplé a alguien cuidando a otra persona sin que pareciera esperar nada a cambio. Anne Carson ha escrito sobre esa distancia que persiste incluso entre quienes se aman, sobre aquello que nunca llegamos a conocer ni a poseer del otro. Pensé que quizá cuidar consista también en eso, es decir, en permanecer cerca sin pretender que la vida ajena nos pertenezca. Y comprendí que debía escribir sobre los cuidados, esa palabra corriente para una realidad de la que depende casi todo.

Nos gusta pensar que somos independientes, que nuestra vida nos pertenece y que hemos llegado hasta donde estamos por nuestros propios méritos. Olvidamos, acaso por conveniencia, que antes de poder elegir alguien nos sostuvo, nos alimentó y nos protegió, y que probablemente volveremos a necesitarlo. Nuestra autonomía es, en buena medida, el resultado de cuidados previos que preferimos olvidar.

Vivimos, empero, en una época en la que la lógica del mercado parece haberse extendido más allá de la economía. El neoliberalismo no explica por sí solo nuestras transformaciones sociales, pero ha contribuido a consolidar una manera de pensar que mide las relaciones por lo que aportan y a las personas por su utilidad. Algunos gobernantes administran el Estado como una empresa y tratan a los ciudadanos como clientes. Nosotros tampoco estamos libres de esa tentación. Hasta el lenguaje del afecto parece tomado de la contabilidad: invertir en una relación, valorar lo recibido, calcular si merece la pena continuar.

Naturalmente, no deberíamos confundir el compromiso con la obligación de permanecer donde nos hacen daño. La libertad de abandonar relaciones perjudiciales constituye una conquista irrenunciable. Pero una cosa es poder marcharse y otra suponer que nuestras decisiones no dejan consecuencias en quienes permanecen. A veces confundimos la autonomía con no deber nada a nadie, como si ser libres nos dispensara de responder por nuestros actos.

Cuidar supone resistirse a esa indiferencia. No significa complacer siempre, renunciar a uno mismo ni sustituir la voluntad ajena. Significa reconocer que el otro tiene una biografía que desconocemos y una dignidad independiente de lo que pueda ofrecernos. Nadie puede hacerse cargo de todas las vidas, pero tampoco deberíamos comportarnos como si la nuestra fuera la única que importara.

Aprendí algo de esto durante mi participación en la PAH. Recuerdo especialmente un desahucio que conseguimos paralizar, el de una pareja de ancianos que nos abrazaron llorando hasta que terminamos llorando con ellos. Dos compañeras y yo continuamos visitándolos hasta que fallecieron. Fueron, de algún modo, mis abuelos políticos. Habíamos acudido para impedir una injusticia y encontramos una relación que sobrevivió a aquella mañana. Comprendí entonces que la solidaridad no termina cuando desaparecen las pancartas y que cuidar también significa permanecer cuando nadie nos observa.

Pero nadie debería depender de encontrar personas generosas para conservar su vivienda o recibir atención sanitaria. El Estado de bienestar expresa precisamente esa convicción: que una sociedad no puede juzgarse únicamente por la riqueza que produce, sino también por las vidas que protege. La eficiencia de los servicios públicos importa, desde luego, porque los recursos son limitados; lo que resulta difícilmente defendible es convertir la rentabilidad en su finalidad última. Quienes ejercen el poder deberían recordarlo: gobernar no consiste solo en defender convicciones, sino en responder por las consecuencias previsibles de las decisiones, especialmente para quienes apenas tienen voz. Y esa responsabilidad exige controles y garantías, no solo buenas intenciones.

El Derecho comienza a reconocerlo. En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció, mediante una opinión consultiva, el cuidado como un derecho humano autónomo, articulado en tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y autocuidado. Es una referencia relevante, aunque no incorpore, por sí misma, un nuevo derecho fundamental al ordenamiento español. Tampoco se trata de imponer afectos, algo tan imposible como indeseable, sino de garantizar condiciones para que cuidar y recibir cuidados no supongan sacrificar la propia dignidad ni perpetuar su reparto desigual, todavía soportado en gran medida por las mujeres.

Quizá necesitemos también una constitución de cuidados. No otra Constitución, sino una lectura más exigente de la nuestra, que proclama a España como Estado social y democrático de Derecho, reconoce la dignidad humana y obliga a promover una libertad y una igualdad reales y efectivas. Una constitución de cuidados no exigiría que nos quisiéramos, sino que enfermar, envejecer o cuidar de alguien no implicara perder la propia autonomía.

Esa responsabilidad también alcanza a nuestra convivencia democrática. Los movimientos sociales recuerdan que cuidar no siempre significa acompañar en silencio; a veces exige protestar y transformar las instituciones. La defensa del Mar Menor ofrece un ejemplo: una movilización ciudadana contribuyó a que la Ley 19/2022 reconociera la personalidad jurídica a la laguna y a su cuenca. También podemos proteger aquello que no tiene voz y de lo que dependerán quienes todavía no han nacido.

Pero ninguna causa justa nos exime de escuchar a quienes discrepan. Cuidar la democracia exige defender sus instituciones sin confundirlas con quienes las ocupan, reconocer nuestros errores y recordar que el adversario no deja de ser una persona.

He seguido pensando en aquel hombre del tren, en la manera en que preparaba la merienda de su compañera y la besaba como si aquel gesto, repetido quizá durante años, conservara intacto su sentido. Ninguna ley puede imponer una ternura semejante; pero acaso deberíamos juzgar nuestras leyes, nuestras instituciones y nuestra idea de progreso por lo que hacen para que nadie quede abandonado cuando más necesita de los demás.