Allá por 2010, cansado de que me tomaran el pelo, en plena crisis y viendo cómo la situación se deterioraba, presenté un recurso de alzada. Un colega se animó a unirse para impugnar la creación de cupos en los exámenes libres de la Escuela Oficial de Idiomas, algo claramente incompatible con la legislación vigente. Gané el recurso, y como resultado, las Escuelas Oficiales de Idiomas tuvieron que abrir un nuevo proceso de matriculación para que todos los interesados pudieran inscribirse.

Ese fue mi primer recurso de alzada. Lo gané, a pesar de que las instituciones, que deberían actuar como contrapeso y defender los derechos de los ciudadanos, se limitaron a darme largas. Y eso que escribí cartas de queja. Esa experiencia me animó a retomar mis estudios de Derecho, aunque siempre me cuesta encontrar tiempo ya que soy un desastre. Al final, la Historia me interesa mucho más, y por eso no avanzo: me pierdo leyendo a Perfecto Andrés Ibáñez o Gustavo Zagrebelsky. En orden y fuerza de voluntad, mi progenitor me supera.

La victoria de aquel recurso marcó un cambio: desde entonces no existieron más cupos, y la administración, algo que ya pensaba y escribía, desarrolló una matrícula regional que distribuye a los alumnos en un sistema más organizado. A cambio, adoptaron una interpretación restrictiva para los exámenes libres, permitiendo a los estudiantes presentarse solo en una convocatoria: junio. Antes, los alumnos libres podían examinarse tanto en junio como en septiembre, pero ya no tienen esa opción. Este cambio ha perjudicado a muchos estudiantes que, debido a compromisos laborales, contaban con ambas fechas para superar sus estudios. En mi experiencia, la convocatoria de septiembre era un alivio y una salida para quienes trabajamos, estudiamos y nos esforzamos en aprender un idioma que, en ciertos niveles, no es nada fácil.