La vivienda también es salud mental: hacia una huelga más que necesaria

“La medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala”. Rudolf Virchow, 1848.

En el campo científico de la salud, nadie puede dudar ya de que nuestra salud mental no solo depende de nuestra biología, de los hábitos de vida o de nuestro acceso a la asistencia sanitaria, sino que hay determinantes materiales, económicos, sociales, medioambientales, políticos y culturales que les afecta directa o indirectamente.

La OMS estableció en 2008 que “los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.” Esto no significa más que hay circunstancias que nos enferman antes de que la enfermedad se evidencie, reconociendo así que los contextos en los que las personas nos desarrollamos son elementos complejos que tienen que ser analizados y abordados para cuidar y mejorar la salud de la población.

La desigualdad en el acceso a la vivienda como determinante de la salud mental

La evidencia científica ha certificado cómo entre los factores estructurales que afectan a la salud, destaca la desigualdad como potente determinante de su empeoramiento en amplias poblaciones vulnerables socialmente. Por tanto, es un problema que va mucho más allá de afectar solo a la población más pobre. Y si esto es así, en España, el contexto de las políticas de vivienda es un factor poderoso de generación de desigualdad. No hace falta retroceder mucho en el tiempo para reconocer el impacto cruel que tuvo aquella política que en 1998 promovió a través de una ley, la reclasificación masiva de suelo, la liberalización total de los precios de mercado y su consiguiente especulación que creó aquella burbuja inmobiliaria entre 1999 y 2008. El estallido de esa burbuja causó el mayor sufrimiento social -que también es psíquico- de este país en lo que llevamos de siglo. No podemos olvidar que en el momento más álgido de la crisis, se ejecutaban 200 desalojos diarios, más de uno cada cuarto de hora.

Hoy asistimos a la creación de otra burbuja a través del aumento continuo de los precios del alquiler, sin acompañamiento de políticas reales de vivienda asequible ni de vivienda pública, para poner freno a la especulación que aumenta esos precios y que desahucia. El IX Informe FOESSA señaló en 2025 que casi siete millones de la población del país sostiene gastos excesivos en sus viviendas, y que el 20% de los hogares con más bajos ingresos ocupa el 70% de estos al alquiler. Mientras, el Banco de España no tiene remilgos en mostrarnos también el aumento de esa desigualdad, cuando, entre otros, señala que el 10% más rico ha aumentado su patrimonio en vivienda de un 33% a más de un 40% en veinte años. La publicación de un artículo en la revista Social Science & Medicine coordinado por Vázquez-Vera en 2017, muestra que la revisión de 47 estudios sobre vivienda y salud concluye que las personas que sufren procesos de desahucio empeoran significativamente su salud mental. En Reino Unido y Australia, donde manejan el concepto de vivienda inasequible (unaffordable housing), que significa que comprar o alquilar una vivienda está muy por encima de los ingresos medios de la población, tras estudiar durante años a miles de personas, concluyen que más que la falta de ingresos, no poder pagar la vivienda es altamente perjudicial para la salud mental.

Una sucinta mirada a los pocos análisis en nuestro país en la relación entre vivienda y sufrimiento psíquico, nos lleva a Barcelona, donde sus políticas de vivienda son destacadas por abordar con bastante más inversión anual que la mayoría de ciudades del país. La Agència de Salut Pública de Barcelona publicó en 2021 que casi 9 de cada 10 personas en proceso de desahucio presentan mala salud mental. Esta cifra supera entre cuatro y seis veces la de la población general. Este análisis indicó que entre las niñas y los niños de estas familias que pueden perder su vivienda, la salud mental precaria llega a ser diez veces mayor que la de la población general.

La desigualdad en vivienda es cada vez más un evidente determinante social del sufrimiento psíquico. Y como señalaba Durkheim, en lo individual está lo social. Y en lo social está la feminización de los problemas sociales. El suicidio de Olga Matute el 7 de septiembre pasado, tras ser desahuciada después de 15 años de lucha por poder seguir viviendo en el que era su hogar, vecina de L’Hospitalet de Llobregat de 54 años, con dos hijas a las que el padre no pagaba la pensión de alimentos, y por tanto, con ingresos reducidos, muestra cómo los problemas estructurales de acceso a la vivienda reproducen la desigualdad económica, laboral y social, que afecta a mujeres y menores.

Ampliación del campo de la vivienda inasequible y la Región de Murcia

En el extremo de la exclusión residencial se sitúan las familias y personas que sufren sinhogarismo: que residen en la calle, en albergues, en sistemas habitacionales hiperprecarios -chabolas, derribos, cuevas y otros-. El INE contabilizó en 2022 solo en usuarias de centros de acogida 28.552 personas.-que son menos numerosas que las familias que habitan en infraviviendas-, frente a los 22.938 de 2012. Un 24,5% más en 10 años. La evidencia científica refleja que el sinhogarismo incide en que la prevalencia de problemas de salud sea muy superior al de la población general como: enfermedades infecciosas, consumo de sustancias, mortalidad prematura (relacionada con el suicidio); entre otras. Y de este fenómeno en aumento saben mucho los profesionales de salud y de servicios sociales, y saben que los problemas estructurales de vivienda que afecta a la salud mental de los más pobres, ni se previenen, ni ayudan a recuperar cierta calidad de vida cuando el sufrimiento psíquico ha llegado, con alojamientos temporales para “pacientes con necesidades complejas”.

Desde 1991, el Ministerio de Fomento o ahora, el Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible, junto a la Universidad Politécnica de Madrid, publica el Catálogo de Barrios Vulnerables. Entre 1991 y 2021 la población residente en estos barrios ha aumentado en un 41%, pasando de 2.832.000 habitantes a 3.435.000. Estas desigualdades urbanas están muy diferenciadas por regiones y ciudades, y reflejan a su vez, la desigualdad urbana determinada por las políticas de vivienda y políticas sociales también diferenciadas en nuestro contexto de comunidades autónomas que tienen las competencias en vivienda. En su último análisis, podemos observar cómo ciudades como Córdoba, Bilbao y Barcelona han traducido sus inversiones en políticas públicas en la reducción su vulnerabilidad urbana. En el otro extremo, el de la desinversión en políticas sociales y de vivienda, encontramos con crecimiento sostenido de la vulnerabilidad urbana a Alicante, Valladolid y Murcia. Por lo que nos toca, ese análisis señala que en la Región de Murcia el número de barrios vulnerables entre 2011 y 2021 ha pasado de 34 a 53 en las grandes ciudades, donde residen más de 350.000 habitantes.

La PAH ya lo ha dicho todo hace unos días. La inexistencia de una estrategia o mínima política de vivienda regional queda reflejada en el Decreto-ley 3/2026, de 3 de julio, de Vivienda Asequible, que solo beneficia a empresas promotoras y constructoras, la promoción privada; deja las supuestas viviendas protegidas sin protección pública; afianza la inexistencia de promoción pública (Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, 2026); y no aprovecha aquellas dimensiones de la Ley de Vivienda estatal que podrían beneficiar a muchos murcianos y a muchas murcianas.

Ante la desposesión generalizada, ha sido puesto en evidencia en el espacio público por los sindicatos de inquilinas y de vivienda. La juventud está comenzando a cuidar su salud mental y defendiendo sus derechos vulnerados organizándose y marcando el paso de la acción social para intentar incidir en su futuro. La huelga general que han convocado para el próximo miércoles 11 de noviembre poniendo en el centro la vivienda, los salarios y el coste de la vida, es más que necesaria, y en la Región de Murcia, imprescindible.