El deterioro de la sanidad pública dispara un 36% el seguro privado

La calidad del servicio de la sanidad pública en España se está deteriorando y así lo perciben con toda claridad los ciudadanos. La segunda oleada del Barómetro Sanitario de 2026, publicado la semana pasada, lo deja muy patente cuando se les pregunta por las listas de espera. El 72,7% piensa que han empeorado los tiempos de espera en las consultas de los especialistas y un 67,6% opina lo mismo de las pruebas diagnósticas. Este retraso en la atención se produce en algo tan sensible como la salud, de manera que es comprensible la búsqueda de alternativas por parte de los ciudadanos, siempre que puedan pagársela claro.

La Encuesta de Salud de España, que se elabora cada dos años de manera conjunta entre el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística, señala que un 24% de los españoles cuenta ya con seguro privado, un porcentaje que es un 36,4% superior al de 2023. Visto en número de personas, el año pasado había 11,9 millones de españoles con seguro privado, que son 3,5 millones más de los que había en 2023. 

La Encuesta de Salud de España es un instrumento muy útil para retratar la sanidad pública y da un retrato muy preciso porque el tamaño de la muestra es enorme. En la última, cuyo trabajo de campo se realizó entre abril de 2025 a marzo de este año, han participado casi 22.000 hogares y han entrevistado a 21.641 personas mayores de 15 años y 4.320 menores. Por tanto, esta encuesta permite sacar conclusiones que pueden ser muy útiles a los gestores públicos de la sanidad.

El aumento de la población no se ha acompañado con más medios

¿Qué ha pasado entre 2023 y 2026 para que tantos españoles hayan decidido asumir el coste de un seguro privado? ¿A qué se debe el crecimiento de las listas de espera? Una de las razones más evidentes es que el crecimiento de la población no ha ido acompañado de un crecimiento semejante en medios (personal, tecnología, centros de salud y hospitales). El 1 de julio pasado, España contaba con 49,8 millones de habitantes, que son 1,72 millones más que a comienzos de 2023, fecha de la anterior encuesta de salud. Por tanto, está claro que la población a atender ha crecido de manera relevante, algo que no ha sido correspondido en medios.

La propia encuesta de salud pone de manifiesto también que hay un mayor uso de los servicios sanitarios, por tanto, no solo es que haya más usuarios, sino que se recurre más a ellos, lo que seguramente tenga que ver con el mayor envejecimiento de la población. Esto podría ser una de las consecuencias de que las cohortes más numerosas, las nacidas durante el baby boom de finales de los años 50 y principios de los 70 del siglo pasado, están alcanzando edades en las que la salud se deteriora más.

En cuanto al uso de los servicios, el dato que registra un salto más llamativo es el de las urgencias, que aumenta un 50%. En 2023, el 22,7% de los encuestados decía haberlos utilizado, porcentaje que salta hasta el 31,5% dos años después. Esto seguramente está ligado a que el crecimiento de las listas de espera en primaria y especialistas provoca que el ciudadano acuda más a urgencias buscando una atención rápida que se le niega por el camino convencional.

La vinculación entre aumento de población y empeoramiento del servicio es sencilla. Esto permite a la extrema derecha dar un salto y asegurar que, como la población aumenta por la inmigración, la culpa de las listas de espera es de ellos, de los extranjeros pobres, ya que los ricos tienen seguro propio. Ese salto tiene agujeros enormes, como es el hecho de que la media de edad de la población inmigrante es mucho más joven que la nacida en España, de manera que utilizan menos la sanidad pública. En enero de 2025, el 14% de los españoles tenía nacionalidad extranjera, porcentaje que bajaba al 5,4% entre los mayores de 65 años, que es donde se concentra el mayor uso de los servicios sanitarios por razones obvias. Todo esto al margen de lo primordial es que la sanidad en España es un servicio universal y que los extranjeros pagan sus impuestos y merecen el mismo trato. De hecho, una de las ventajas de la regularización es que están empezando a cotizar a la Seguridad Social extranjeros que estaban en España trabajando en negro y no por culpa suya.

Los servicios públicos, no solo el transporte por los accidentes de este año, son, y es lógico que lo sean, uno de los grandes campos de batalla dialéctica electoral. La prestación de buena parte de ellos, como es el caso de la sanidad o la educación, es competencia de las comunidades autónomas, pero el Estado no puede taparse los ojos y decir que no tiene nada que ver. El artículo 149.1 de la Constitución establece que corresponde al Estado “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales” y además le confiere las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”. El Gobierno central tiene margen si quiere ejercerlo.