La familia de Minerva no encuentra una vivienda accesible ni por medio millón de euros: “Seguir así es imposible”

Minerva tiene cuatro años, una enfermedad ultrarrara que le obliga a moverse en silla de ruedas y unos padres que llevan meses dándolo todo por encontrar una vivienda accesible. Esta familia de Alcalá de Henares (Madrid), formada por dos maestros y otra niña de nueve meses, es una de las tantas que se enfrentan día tras día al desafío de ofrecer una calidad de vida digna a algunos de sus miembros con movilidad reducida. A la absoluta falta de oferta de viviendas de segunda mano adaptadas, se suma que tan solo aquellas de promoción pública tienen la obligación de hacer accesibles el 4% de las mismas. Arquitectos y asociaciones reivindican a las Administraciones medidas que impulsen la construcción de inmuebles en los que cualquier persona pueda vivir.

Aurora Padrino y Daniel Felipe son los progenitores de Minerva, que sufre una enfermedad degenerativa que tan solo tienen diagnosticada cuatro pacientes en Europa, y que la obliga a ir en silla de ruedas.

Si la búsqueda de una vivienda asequible es una empresa casi imposible para buena parte de la sociedad, la situación se complica en el caso de Minerva. Primero intentaron adaptar su vivienda, una pequeña casa de dos alturas en el centro de la ciudad complutense, pero es muy estrecha de fachada. “El presupuesto que nos dieron era de 200.000 euros, a los que había que sumar el proyecto arquitectónico, autorizaciones y permisos”, recalca Padrino. Pronto desecharon la idea.

Esta pareja de funcionarios de la educación decidió intentar comprar una vivienda ya adaptada. “Nos limitó mucho, porque en Alcalá solo hay dos colegios para niños con problemas motores, y no nos gustaría alejarnos demasiado de ninguno de ellos para utilizar lo menos posible el coche”, explica Aurora. Lo mismo les pasaba con el centro de atención temprana al que acuden con la pequeña. La búsqueda fue infructuosa, pues el precio actual de la vivienda más el coste de la reforma excedía sus posibilidades.

Se enteraron de que las viviendas de obra nueva sufragadas con fondos públicos tienen la obligación de ofertar un 4% de las casas adaptadas. “En ninguna promoción que se estaba construyendo en Alcalá encontramos una vivienda así”, reconoce afligida. Con dos sueldos de maestro y su vivienda actual en propiedad, habían ido elevando su presupuesto poco a poco, hasta alcanzar los 500.000 euros. Ni por esas. Llegaron a un punto de desesperación y colapso. “Nuestra hija va en silla de ruedas y tiene el dormitorio arriba. Seguir así era imposible”.

Los días se sucedían y la situación no cambiaba. “No te lo vas a creer. Después de dos años, encontramos una casa que nos cuadra y andamos atolondrados”, dijo la madre a principios de este junio. Se pusieron manos a la obra para vender su casa y adquirir esta, prácticamente en ruinas a un buen precio porque el vendedor tenía prisa en deshacerse de ella, para reformarla. “Ya veremos dónde vivimos mientras tanto”, decía optimista entonces Aurora, con un horizonte más claro.

Por desgracia, las cosas pronto se empezaron a torcer. Pese a haber a firmado el contrato de arras, los propietarios de la vivienda no tenían el CIF activo, por lo que la venta no pudo materializarse. Padrino y Felipe ya han vendido su anterior casa, por lo que ahora intentar aguantar en un piso por 1.500 euros al mes, también sin adaptar, al que han llegado tras una ardua negociación por un alquiler al que los caseros ponían pegas por tener hijos y por su carácter temporal.

Sin oferta por la baja demanda: es el mercado

Durante este proceso tan tortuoso, la familia de Minerva ha recibido la ayuda de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou, a donde acude la pequeña. Javier Pérez-Mínguez, el director de esta entidad, centrada en mejorar la calidad de niños y niñas con enfermedades neuromusculares, incide en que las familias parten de situaciones socioeconómicas diferentes. “Hay gente que no tiene presupuesto ni siquiera para alquilar una casa, así que imagina tener que invertir para hacer accesible una vivienda”, relata.

A nivel general, estas familias intentan acceder a viviendas de una sola planta, donde el ascensor y las rampas eléctricas no sean necesarias. Asimismo, es esencial la dimensión y anchura de las puertas para que la persona con movilidad reducida pueda operar desde la silla, que en muchos casos también es eléctrica y cada vez ocupa más espacio. Pérez-Mínguez incide en el aseo como la estancia clave en la que fijarse: “Ahí tenemos que tener un váter y una ducha adaptados, eso es incuestionable”. En su dormitorio, lo ideal es que la cama, en ocasiones articulada, pueda ser accesible por tres laterales.

Para el director de esta Fundación, con la construcción de viviendas accesible sucede exactamente lo mismo que con la investigación en enfermedades raras. “Al igual que a la industria farmacéutica no le interesa desarrollar un medicamento que tendrá una baja cuota de mercado, las inmobiliarias, constructoras y promotoras buscan lo más rentable, y las familias con un ser querido con movilidad reducida no es un público objetivo para ellas”, se explaya.

De ahí la obligatoriedad a nivel nacional, recogida en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de reservar el 4% en proyectos de vivienda protegida, así como para los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por las administraciones públicas y demás entidades dependientes o vinculadas al sector público. Por otro lado, Pérez-Mínguez admite que las empresas cada vez desarrollan más y mejor su responsabilidad social corporativa, pero advierte que eso no debería llevar a engaño: “Muchas veces lo hacen por mejorar su imagen o las desgravaciones fiscales que reciben por ello”.

Obligaciones legales como solución

Fernando Landecho, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), recuerda que existe un código técnico que establece no solo la accesibilidad en el interior de la vivienda sino en todos los elementos que permiten llegar a ella. Por ejemplo, obliga a que el edificio tenga ascensor, se respeten unos anchos mínimos en escaleras y, sobre todo, en los distribuidores y espacios de delante de los ascensores. Luego habría que adaptar el interior de cada inmueble.

“El problema es que es muy costoso y que la promoción privada no tiene esa obligación. El mercado no presta atención a las personas que se ven en esta situación”, valora el arquitecto, que defiende que sería necesario introducir modificaciones legales para intentar paliar esta falta de servicio por parte del mercado a personas que sufren enfermedades incapacitantes. “Yo sí obligaría a una pequeña cuota de vivienda adaptada incluso en las promociones privadas y apostaría por subvenciones a las familias para acometer la adaptación”, abunda.

Desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Daniel-Aníbal García, su secretario de Finanzas, detalla un problema asociado a que el porcentaje reservado de vivienda adaptada se dé únicamente en las nuevas promociones: “Así se produce una expulsión geográfica del centro de las ciudades porque la construcción está en las afueras y todo lo que tiene ya un tiempo no es accesible”.

Desde la COCEMFE reiteran que es “esencial” que la cadena de elementos que posibilitan que una persona llegue a su casa y pueda disfrutar de su vida sin cortapisas sea accesible al completo. “Puedes tener una vivienda fabulosa, pero en la que no llegas al telefonillo desde la silla de ruedas, o con un ascensor que termina en una entreplanta o que es tan pequeño que no entra una silla de ruedas”, finaliza García.