¿Huelga en el comedor escolar y en la residencia de ancianos? Las empleadas de la restauración colectiva exigen sueldos dignos

Son los trabajadores del comedor de tus hijos en el colegio, las empleadas de la cocina de la residencia de tus padres, aquellos que alimentan a los pacientes en un hospital. CCOO y UGT han dado por rotas las negociaciones del convenio estatal de Restauración Colectiva, caducado desde 2025, ante la inmovilidad de la patronal, según denuncian. Sus principales reclamaciones se basan en el reconocimiento de categorías profesionales que existen en la labor que desempeñan, pero oficialmente no recogidas, subida “digna” de los salarios, pues hay regiones que todas las categorías cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) y reducciones de jornada.

La parte empresarial, representada por Food Service España, responde que “mantiene su predisposición al diálogo”. Las centrales sindicales plantean un futuro de movilizaciones para intentar forzar que la patronal tome en consideración sus demandas.

Carmen Ortiz, responsable del sector de la Restauración Colectiva de la Federación de Servicios de CCOO, cifra en 125.000 las personas que están bajo este convenio en España. “Cuando se creó hace diez años, la idea era unir las tablas y condiciones salariales de las 52 provincias. Durante esta década no se ha hecho nada y seguimos con las tablas salariales de origen”, explica la sindicalista. El incremento paulatino del SMI a lo largo de los últimos años –actualmente se encuentra en los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas– ha hecho que muchos convenios provinciales se queden desactualizados, por lo que la mayor parte de sus categorías están sujetas al mismo.

Mónica de la Cámara, de UGT, recalca que todas las categorías de 17 convenios provinciales cobran el SMI, y 15 tienen más de la mitad de las categorías en la misma situación. Ella integra el equipo estatal de la actividad de Restauración Social: “Es un sector en el que tampoco hay complementos. No creo que estemos pidiendo nada que las plantillas, muy feminizadas, no se merezcan”.

Olga Aguilar es cocinera titulada en el Hospital Fremap de Sevilla. Lo primero que dice al hablar con elDiario.es es que en su centro “no estamos excesivamente mal”, ya que se cumplen los horarios definidos. “Nosotras trabajamos con presión, eso es indiscutible, y no podemos sobrevivir con ni siquiera 1.000 euros netos mensuales”, denuncia.

Vivir así es “muy complicado”, subraya la trabajadora, que respira algo más tranquila desde que tiene su casa pagada. “Pero tengo compañeras de alquiler y lo pasan fatal. El tema de la vivienda está muy mal y si encima tienes una familia, todo es mucho más complicado. Por eso necesitamos que las tablas salariales aumenten”, se explaya.

Responsabilidad en la alimentación

Las representantes de los trabajadores coinciden al decir que se han encontrado con una patronal que se niega a negociar las demandas planteadas. En el día a día, en estos centros trabajan figuras como dietistas y coordinadora de monitores que no vienen recogidas como tal en el convenio. “Queremos que se actualice el texto, que plasme la realidad del sector”, reivindica la responsable de CCOO.

De la Cámara ejemplifica que la categoría de coordinador de monitores funciona desde hace años. Todas las Administraciones públicas la reconocen y lo mismo sucede incluso en algunos convenios de hostelería de algunas provincias. “Lo que no se puede entender es que el coordinador cobre lo mismo que un monitor. Su responsabilidad es mayor, su carga de trabajo es mayor, y eso se debe recompensar”, señala la ugetista.

“Llevamos a cabo una labor con mucha responsabilidad como para cobrar el salario mínimo. Nosotras trabajamos con niños, enfermos, ancianos, usuarios de centros de acogida, presos… Nuestro público es delicado y eso nunca está reconocido”, recalca Ortiz. Aguilar confirma este extremo. “Debemos tener mucho cuidado porque uno no puede tomar sal, el otro el diabético, el de allí tiene colesterol… Hay que tener mucho cuidado, y con las alergias también”, ilustra.

La sindicalista de CCOO admite que este no es un trabajo del que se pueda vivir. “Es más para aportar algo en casa, porque muchos contratos son de media jornada o menos, sobre todo en comedores escolares. En lo público se nota mucho porque en los colegios son jornadas pequeñas con responsabilidades muy grandes”, desarrolla la misma Ortiz. Además, justo estos trabajadores tienen la tarea extra de cuidar de los chavales y enseñarles a comportarse en la mesa.

Adjudicar al precio más bajo

La ley de desindexación hace que el sector de la restauración colectiva se enfrente a otro gran escollo. Esta norma prohíbe actualizar de forma automática los precios, tarifas y contratos del sector público utilizando el IPC u otros índices generales de precios. La gran mayoría de las empresas que operan en la restauración colectiva lo hacen de la mano de la Administración pública, mediante concursos. Desde UGT explican que este tipo de contratos con la Administración hacen que el precio de lo ofertado esté cerrado a lo largo del tiempo que dura el contrato, lo que lastra la negociación colectiva debido al incremento de los productos y del coste de la vida durante el tiempo del contrato.

Por otra parte, reclaman a las administraciones públicas que el criterio de adjudicación no dé tanto valor al precio. “Es un bucle en el que siempre salen perjudicados los trabajadores y llega un momento que ni monitores, ni ayudantes de cocina, ni jefes están dispuestos a trabajar en estas condiciones”, alerta De la Cámara.

Las negociaciones encallan

La representación de los trabajadores en el sector de la restauración colectiva resume en una palabra la respuesta que reciben por parte de Food Service España: inasumibles. Eso es lo que aseguran UGT y CCOO que les dicen cuando plantean sus demandas. “No quieren ni entrar a valorarlas, y no lo entendemos. Quieren una subida lineal del 2,5% en los salarios y reconocer alguna bajada de jornada, pero poco más”, abunda Ortiz.

Las 130 empresas asociadas a Food Service España preparan 4,1 millones de menús al día para 8,7 millones de consumidores diarios, según sus propias cifras, y crean más de 95.000 empleos directos. Tal y como han señalado a elDiario.es, la organización mantiene su disposición al diálogo. “Entendemos que las diferencias forman parte de cualquier proceso de negociación colectiva y confiamos en que los contactos se reanuden próximamente para seguir avanzando en beneficio del conjunto del sector”, han añadido.

La responsable de Restauración Colectiva en CCOO defiende que la patronal “debería pensárselo bien”, pues entre el último trimestre de 2026 y los primeros tres meses de 2027 se suscribirán el 60% de los contratos con la Administración pública, según sus cálculos. “Es el momento de negociar y así ir a los concursos con las reglas del juego escritas, sabiendo a qué se enfrentan y en qué condiciones tendrán que hacerlo”, precisa.

Aguilar habla de posibles movilizaciones futuras y la importancia de dar a conocer su situación. “Hasta que no hay alguna protesta y la gente ve tus condiciones, ni se paran a pensarlo”, comenta. Ante la postura inamovible de la patronal, la trabajadora no cree que se esté pidiendo algo inasumible. “A todo dicen que no cuando las propuestas son bastante razonables”, añade con la vista puesta en este diciembre, cuando se cumplirá un año de la caducidad del convenio.

Ante la ruptura de las negociaciones, las dos centrales sindicales han planteado diversas acciones para intentar forzar que la patronal atienda a sus reclamaciones. Empezarán informando a las plantillas de los centros de trabajo sobre la situación encallada en la que se encuentra la comunicación para actualizar el convenio, y no descartan escalar las protestas hasta concentraciones. Todavía no tienen marcado un calendario concreto de protestas, pero sí saben sus exigencias. “Solo pedimos algo de diálogo por parte de la patronal”, dice De la Cámara. “La huelga debe ser la última medida, pero si hay que ir, se irá. No sería la primera vez que paramos por algo así”, concluye Aguilar.