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Opinión - 'En el punto de mira', por Rosa María Artal

El racismo contra los ciudadanos palestinos de Israel amenaza la formación de un nuevo gobierno

Benjamín Netanyahu junto a su esposa, Sara, en Jerusalén, durante la noche electoral tras los comicios del 27 de octubre de 2026.

Francesca Cicardi

6 de noviembre de 2026 22:22 h

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En las negociaciones para formar gobierno tras las elecciones generales del 27 de octubre en Israel ha quedado claro que existe una mayoría en contra del primer ministro, Benjamín Netanyahu, pero para expulsarle del poder son necesarios los partidos integrados mayoritariamente por ciudadanos palestinos, que lograron sus mejores resultados en las urnas. Los 19 escaños que suman la Lista Conjunta (integrada por tres partidos de corte más izquierdista) y el partido islamista moderado Ra’am son clave para determinar quién gobernará, pero el veto de algunas formaciones judías a los partidos palestinos, las reservas o las condiciones de otras han puesto en evidencia la discriminación contra la minoría palestina de Israel (alrededor del 20% de la población).

Los buenos resultados de los partidos liderados por palestinos ponen a prueba el llamado “bloque del cambio” o bloque anti-Netanyahu, que consiguió 48 escaños, lejos de la mayoría necesaria para gobernar (61 escaños de un total de 120). La oposición tendría una amplia mayoría (67 escaños), si al bloque judío liderado por el general retirado Gadi Eisenkot se sumaran los escaños de los partidos palestinos: todos tienen en común el objetivo de expulsar a Netanyahu del poder.

El problema en este cálculo es que, entre otras cosas, uno de los integrantes del bloque no quiere pactar con la Lista Conjunta y con Ra’am por puro racismo: es el partido ultraderechista Israel Beiteinu (7 escaños), liderado por Avigdor Lieberman, quien ha dicho que no quiere contar con el apoyo de los partidos palestinos ni para la investidura. Sólo el partido centrista de los Demócratas, con 8 escaños, no se ha opuesto a un acuerdo con las formaciones palestinas que facilite la formación de un gobierno alternativo. 

Desde el Instituto de la Democracia de Israel (IDI), la investigadora sénior Fahima Abbas explica a elDiario.es que los partidos judíos opositores todavía no han decidido si sólo quieren que los partidos palestinos apoyen un nuevo gobierno en la investidura o que formen parte del mismo, pero si no lo hacen, es más probable una repetición electoral en la que pueden perder votos. La experta en la sociedad árabe de Israel recuerda que, en 2021, Ra’am formó parte de la coalición de gobierno de Naftali Bennet y Yair Lapid, que colapsó en 2022 y dio paso al gobierno de Netanyahu con los partidos más ultras. Bennet y Lapid concurrieron con el nombre Juntos a las elecciones del 27 de octubre y lograron 12 escaños, siendo la tercera fuerza política más votada; no se han opuesto frontalmente a la cooperación con los palestinos. 

Abbas cree que “Lieberman está actuando principalmente por intereses políticos”, pero acabará aceptando colaborar con los partidos palestinos, ya que él también formó parte del gobierno de Bennet y Lapid que interrumpió brevemente la continuidad de Netanyahu en el poder, al frente de distintas coaliciones, desde 2009.

En su intento de seguir al frente de Israel, Netanyahu y el Likud han lanzado una campaña de desprestigio contra los partidos palestinos, basada en el miedo y la islamofobia. En su primer vídeo difundido después de los comicios, el pasado miércoles, el primer ministro dijo que el “islamismo radical” amenaza a Israel “desde fuera, a través de Irán y sus satélites, y desde dentro a través de partidos islamistas partidarios del terrorismo”. Y advirtió de que “un gobierno que dependa del islamismo radical y de esos partidos islamistas que rechazan la existencia misma de un Estado judío” es un peligro para la “esencia” de Israel.

Desde el mismo día de las elecciones, Netanyahu ha acusado a los partidos árabes y, más en concreto a Ra’am, de “robar” las elecciones y ha intentado deslegitimar los resultados, con alegaciones de “financiación e influencia externas” de países hostiles a Israel, como Qatar y Turquía (con Gobiernos de corte islamista moderado) para influir en los comicios. 

De la mano del jefe del Shin Ben (la agencia de seguridad e Inteligencia interior de Israel), su aliado David Zini, está buscando la forma de lanzar una investigación oficial por las supuestas interferencias extranjeras y detener el traspaso de poderes. Sin embargo, todas las instituciones del Estado han confirmado los resultados electorales y han seguido adelante con el proceso que llevará a la inauguración del nuevo Parlamento salido de las urnas la próxima semana.

Netanyahu está empleando una retórica racista contra los ciudadanos palestinos, que no es ajena a la sociedad israelí —no sólo sus votantes— que, desde los ataques de Hamás del 7 de octubre, ha adoptado posturas muy radicales contra los palestinos, especialmente los gazatíes, justificando mayoritariamente el genocidio perpetrado contra ellos. El hijo del primer ministro, Yair Netanyahu, advirtió recientemente en X que “el próximo 7 de octubre vendrá de los árabes de Israel”.

Encargo para formar gobierno

Esta semana, todos los partidos políticos con representación en la Knéset (Parlamento israelí) han participado en la primera ronda de contactos con el jefe del Estado hebreo, Issac Herzog, quien debe encargar la formación de gobierno al candidato con más opciones. Tras la ronda de contactos, ha quedado patente esa mayoría en contra de Netanyahu: 67 diputados electos respaldaron a Eisenkot, cuyo partido, Yashar!, quedó en segundo lugar por detrás del Likud de Netanyahu (con una diferencia de 6 escaños). Mientras, el primer ministro saliente sólo fue respaldado por 46 diputados: todos los miembros de las formaciones ultra nacionalistas y religiosas que integraban la coalición de gobierno que encabezó desde finales de 2022. El único partido que le abandonó fue el ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá que, con 7 diputados, decidió no respaldar a ningún candidato a primer ministro. 

Herzog anunció el jueves que el domingo 8 de noviembre dirá a quién encarga la formación del próximo gobierno. El designado tendrá 28 días para intentar recabar los apoyos para ser investido, un periodo que puede extenderse otros 14 días y, si no lo consigo, el presidente podría designar a otra persona. A pesar de los respaldos recibidos por Eisenkot, el jefe de Estado no consideró que exista una mayoría ni una voluntad tan clara: “Los resultados de las consultas pueden parecer claros, pero la autoridad que me otorga la ley es determinar quién tiene la capacidad de formar un gobierno, y eso no está del todo claro, dados los vetos mutuos entre los bloques y dentro de los propios bloques”.

Los representantes de la Lista Conjunta en la reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en Jerusalén, el 5 de noviembre de 2026.

Herzog, que ya ocupaba el cargo cuando se produjo el 7 de octubre, ha defendido el genocidio en Gaza y no se ha mostrado benevolente respecto a los palestinos en los pasados tres años, pero tras los comicios ha defendido los resultados y que los votos de los ciudadanos palestinos de Israel son igual de válidos que los de los judíos, ante los intentos de deslegitimación. Sin embargo, puede que al propio Herzog no le guste la idea de que esos ciudadanos tengan una influencia real en las políticas del próximo ejecutivo —tal y como reclamaron masivamente en las urnas, con una participación que en algunas zonas de mayoría palestina alcanzó el 80%—.

Fahima Abbas señala a este periódico que “los partidos árabes son una fuerza política significativa que no puede ser ignorada”. Según la investigadora del IDI, hay una “gran posibilidad” de que Ra’am se integre en la coalición de gobierno, mientras que “la Lista Conjunta podría jugar un papel importante en evitar los intentos de hacer caer el gobierno” con su apoyo en el Parlamento.

Ambas formaciones han dado su respaldo a Eisenkot, quien no ha aclarado qué tipo de pacto está dispuesto a aceptar. El opositor, que es conocido por sus posturas de mano dura respecto a los palestinos en los territorios ocupados, afirmó en un comunicado el viernes que espera que el presidente Herzog le encargue formar gobierno porque una “mayoría” de la Knéset le ha respaldado frente a Netanyahu.

“Este es el veredicto del pueblo. Esta es la voluntad de los votantes. Es el mandato que recibimos en las urnas”, dijo el aspirante a primer ministro. En la nota, detalló que ha mantenido muchas reuniones con los demás integrantes del bloque del cambio (Juntos, los Demócratas e Israel Beiteinu) para avanzar en su plan de formar un “gobierno de emergencia nacional”. Ese gobierno estaría formado por los cuatro “partidos sionistas”, una expresión que viene empleando Eisenkot y que, en la práctica, discrimina a los palestinos.

Sin embargo, ha dejado abierta la puerta a que otras fuerzas de la Knéset puedan sumarse, “ya sea de inmediato o en una etapa posterior”, siempre y cuando suscriban cuatro precondiciones fijadas por él. Eisenkot ya enunció esos cuatro principios durante la campaña, pero los ha definido posteriormente y, alguno de ellos, pueden suponer un problema para los partidos palestinos. Primero, “reconocer el Estado de Israel como un Estado judío y democrático”; segundo, “aceptar los valores consagrados en la Declaración de Independencia de Israel”; tercero, que todos los ciudadanos hagan un “servicio universal, militar o civil, para fortalecer las Fuerzas de Defensa de Israel”; y cuarto, “reconocer a Hamás como organización terrorista y comprometerse a desmantelar sus capacidades militares y de gobierno” en Gaza.

Condiciones problemáticas

Los partidos palestinos no se han pronunciado sobre cada uno de estos puntos, pero han lamentado que, en el marco de este proceso de negociación y de la ronda de consultas con Herzog, se estén poniendo en duda sus principios democráticos y su lealtad al Estado de Israel. Si ya antes de los ataques del 7 de octubre los ciudadanos palestinos estaban marginados en la sociedad israelí, sus derechos se han visto aún más recortados en los pasados tres años y el Gobierno de Netanyahu ha adoptado políticas en contra de la minoría de unos dos millones de personas. “Para muchos en la sociedad árabe esta es una cuestión de lucha por la supervivencia, después de las demoliciones de casas, el aumento del crimen, la pobreza y el silenciamiento político bajo [el ministro de Seguridad Nacional, Itamar] Ben Gvir”, explica la experta de IDI.

Yusef Yabarín, líder de la Lista Conjunta (la cuarta fuerza más votada, con 11 escaños), defendió que su grupo ha apoyado a Eisenkot para evitar que Netanyahu y sus socios ultraderechistas como Ben Gvir continúen en el poder, pero pidió “un cambio de rumbo total” y “un país igualitario que no distingue entre sangre y sangre”. En una entrevista con EFE dijo lo siguiente respecto a Hamás y la cuarta condición de Eisenkot: “Somos defensores de los derechos humanos. Nos atenemos al derecho internacional y, por supuesto, estamos en contra de cualquier ataque contra civiles”. 

Mientras, el líder del partido Ra’am (8 escaños), Mansur Abás, dijo en su encuentro con Herzog que su formación está a favor del desarme de Hamás y otros grupos. “Yo como individuo así como los ciudadanos árabes en su conjunto somos un puente. No destruyamos ese puente. No nos convirtáis en partidarios del terrorismo ni en traidores”, dijo en declaraciones recogidas por la prensa local.

Además del desmantelamiento de Hamás, otro punto problemático para los partidos palestinos podría ser el servicio nacional, ya que no queda claro cómo lo harían los ciudadanos palestinos que, desde 1948, no son llamados a filas por el Estado de Israel y muy pocos se presentan voluntarios para servir en el ejército —un ejército al servicio de la ocupación de los territorios palestinos, que somete y oprime a la población palestina—. Las condiciones de Eisenkot ponen sobre la mesa cuestiones tan viejas como el Estado de Israel y evidencian las fracturas que existen en su seno, en primer lugar, la discriminación de los llamados palestinos del 48, esto es, los que permanecieron en el recién fundado Estado judío tras la Nakba.

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